En la antesala de su desembarco en Brasil el próximo 11 de octubre, directivos de Flybondi fueron recibidos la semana pasada por el gobernador del estado de Río de Janeiro, Wilson Witzel, en el acto de lanzamiento de la nueva ruta entre Buenos Aires/El Palomar y el aeropuerto Galeao de la capital carioca que tuvo lugar en la Embajada de Brasil en nuestro país, reseñó el sitio especializado AviaciónOnLine.
Del mismo también participaron Lucas Tristão, Secretario de Desarrollo Económico; Gabriel Aquino, Subsecretario de Comunicación Social; Otavio Leite, Secretario de Estado de Turismo; y Luiz Costa, Jefe del Sector de Turismo, por la embajada.
En representación de la ultra low-cost participaron Esteban Tossutti, Presidente & Director de Relaciones Gubernamentales; Lucía Ginzo, Directora de Comunicaciones Corporativas; y Agustín Ojea Quintana, Gerente de Legales & Compliance Officer.
Durante el encuentro también se planificaron acciones conjuntas de promoción turística en ambos países y los planes futuros sobre el potencial de esta y otras rutas, de acuerdo a lo señalado por Flybondi a través de un comunicado de prensa.
“Estamos muy entusiasmados por comenzar a operar a Río de Janeiro, nuestro primer destino de Brasil. Esta incorporación demuestra el compromiso que tenemos desde Flybondi para conectar cada vez más a la Argentina y a la región”, expresó Esteban Tossutti, Presidente & Director de Relaciones Gubernamentales. Y agregó: “Cada nueva ruta que operamos significa un crecimiento del empleo directo e indirecto, beneficia el desarrollo económico y turístico del destino y permite que miles de personas puedan volar por tarifas ultra bajas”.
Por su parte, el Gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel expresó “Estamos haciendo inversiones para aumentar el flujo de turistas extranjeros en el estado de Río de Janeiro a través de aerolíneas como Flybondi. Hoy, Río de Janeiro se encuentra entre los principales destinos de los argentinos, pero atraeremos aún más visitantes con el aumento de vuelos semanales de Flybondi. Río está cambiando y esto es el resultado de la divulgación de nuestro trabajo».
Flybondi operará tres vuelos semanales entre Buenos Aires y Río de Janeiro, los miércoles, viernes y domingos, partiendo desde El Palomar a las 6:00 para llegar a Río de Janeiro a las 9:05. El regreso sería a las 9:50, aterrizando en el aeropuerto bonaerense a las 13:15.
A modo de lanzamiento la ultra low-cost ofrece tarifas desde ARS 3.600 por tramo (incluyendo tasas, impuestos y un equipaje de mano de hasta 6 kilos), hasta un 50% menores que las que pueden observarse actualmente en el resto de las compañías.
Será el segundo destino internacional fijo de Flybondi después de Asunción, ciudad en la que opera desde diciembre de 2018 con bastante éxito.
Recientemente se dieron a conocer los ganadores del concurso “Transformando vidas”, un certamen que premia a casos de éxito de alto impacto en la implementación de los proyectos promovidos por el programa de cooperación de la Unión Europea AL-Invest 5.0 en PyMEs de América Latina.
Cabe destacar que la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) lleva adelante en el país la “Plataforma MiPyMe”, y el Núcleo Empresarial de la Madera de Apicofom fue elegido como uno de los 4 mejores de América Latina y serán premiados en el World Chamber Congress, a realizarse del 12 al 14 de junio en Río de Janeiro.
Asistirá por la institución el presidente de APICOFOM don Guillermo Fachinello.
La metodología de núcleos empresariales de desarrolla sobre la base de la asociatividad y la identificación de problemas que las empresas puedan solucionar en forma individual o en conjunto.
En Misiones la licenciada Paula Fleitas, consultora de Al Invest 5.0 acompaña al Núcleo Empresarial de la Madera en actividades que son propuestas por los empresarios y requeridas desde Apicofom, entidad que los nuclea.
El grupo está conformado por las siguientes empresas: Di Madera SRL Dimabe SRL, Villalonga Industrial SRL, El Yerbalito SRL, Forestal Guarani SA, Izzi Ingenieria SRL, Aserradero San Expedito, Valerio Oliva Forestal SA, Magral SA, Forestando SRL, MCR Maderas, JF Maderas, mientras que el coordinador del grupo es Federico Fachinello de la empresa Villaloga Industrial SRL.
Al respecto, la gerente de la institución, Maria Cristina Ryndycz, quien participa activamente en el grupo, destacó que las actividades del núcleo empresarial permitieron a la institución estar en una agenda global de la Unión Europea y llevar adelante acciones financiadas total y parcialmente por el programa.
“Nos une a los integrantes del núcleo a trabajar con objetivos comunes y avanzamos apoyados por técnicos especialistas que brindan asesoramiento continuo. Agradecemos la colaboración de ustedes en la difusión de este premio que para nosotros en APICOFOM es un orgullo debido a que es el primer año que participamos en un concurso y a nivel del país fuimos elegido los mejores de la Argentina, y estamos dentro de los 4 mejores de Latinoamérica en trabajo asociativo de empresas Ahora a seguir trabajando para avanzar a concretar más logros empresariales”, señaló Ryndycz.
RÍO DE JANEIRO, New York Times — Con disparos desde helicópteros, vehículos blindados con soldados o a quemarropa, los oficiales de la policía de Río de Janeiro abatieron a 558 personas durante los primeros cuatro meses del año, la cantidad más grande en este periodo desde que las autoridades comenzaron a llevar un registro hace más de dos décadas.
Esta cifra reciente sucede después de años en los que las autoridades federales y locales instauraron políticas que disminuyeron significativamente los asesinatos a manos de la policía. Sin embargo, debido a que el país cayó en una profunda crisis económica y política en 2014, se agotaron los recursos para los programas de seguridad. Las bandas de delincuentes reclamaron los territorios que perdieron en Río, y estalló la violencia en todo Brasil: el año pasado fueron asesinadas más de 51.500 personas.
Los votantes acudieron a las casillas en octubre y brindaron su respaldo a los candidatos que prometieron combatir la violencia relajando los reglamentos para el porte de armas de fuego y permitiendo que la policía les disparara a los sospechosos armados.
Según las estadísticas del estado, en 2018 la cantidad de personas asesinadas por la policía en Río de Janeiro llegó a un máximo de 1538. Si los asesinatos continúan este año al mismo ritmo —casi cinco al día— se superará ese récord.
El nuevo gobernador del estado, William Witzel, cita la cifra de reducción general de los homicidios para sustentar que esa estrategia estaba funcionando.
“Vamos en la dirección correcta”, escribió Witzel en Twitter el martes celebrando la reducción de los homicidios y de otros delitos. “Vamos a seguir preservando la vida y la libertad de nuestras familias”.
El presidente Jair Bolsonaro, un capitán retirado del Ejército y líder político de extrema derecha, prometió darle a la policía más flexibilidad para matar a los delincuentes sospechosos y suele repetir un refrán popular que dice que “el delincuente bueno es el delincuente muerto”. Witzel, un exjuez federal, aprobó tácticas que los expertos en leyes consideran como asesinatos extrajudiciales.
El presidente Jair Bolsonaro ha prometido darle a la policía más libertad para matar a los sospechosos, a menudo cita un refrán popular que dice que “el delincuente bueno es el delincuente muerto”.CreditAdriano Machado/Reuters
Poco tiempo después de su elección, Witzel señaló que los oficiales de policía deberían estar autorizados para abrir fuego sobre cualquier delincuente que portara un arma. “La policía hará lo correcto: ¡apuntarles a su cabecita y disparar! Así no habrá pierde”, le dijo en noviembre a un diario local. Parecía disfrutar con la posibilidad de que aumentaran los cadáveres, y en enero dijo que no faltarían lugares en donde poner a los delincuentes. “Cavaremos tumbas”, señaló.
En marzo, Witzel anunció que habían desplegado por todo el estado a francotiradores encubiertos que estaban abatiendo a sospechosos armados, los cuales “tenían que ser neutralizados de manera letal”.
Sin embargo, algunos legisladores y activistas locales en las comunidades que han sido blanco de operaciones violentas de la policía dicen que los oficiales llevan a cabo asesinatos extrajudiciales de forma rutinaria.
“En las favelas y otras zonas de la periferia se están realizando ejecuciones sumarias”, afirmó Renata Souza, representante estatal que exhortó a las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos a que investigaran el asunto. “Es una política estatal atroz que equivale al genocidio”.
Los fiscales reconocen que no tienen el personal ni los recursos para investigar a fondo más que una pequeña parte de esos casos.
El despacho del fiscal del estado creó un grupo de trabajo en 2015 para investigar las denuncias de uso excesivo de la fuerza. Desde entonces, la policía ha matado a más de 4000 personas en el estado. Esta unidad ha acusado de homicidio a 72 oficiales; de ellos, al menos diecinueve han sido absueltos y ninguno está en la cárcel.
Paulo Roberto Cunha, director del grupo de trabajo, señaló que su equipo enfrentaba una carga de trabajo abrumadora, investigaciones forenses deficientes y la renuencia de muchos testigos que temen a las represalias de la policía. Aunque la ley requiere que la policía de Río de Janeiro registre los acontecimientos con las cámaras instaladas en las patrullas, estos dispositivos han desaparecido de la mayor parte de los vehículos, despojando a los investigadores de pruebas cruciales.
En 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acusó a Brasil de no investigar las muertes sospechosas perpetradas por la policía y le ordenó que lo hiciera.
Oficiales de la policía militar brasileña en busca de hombres sospechosos de tráfico de drogas en el barrio de Santa Teresa, en Río de Janeiro.CreditCarson Gardiner/Associated Press
No obstante, los montones de expedientes apilados en el escritorio de Cunha —y en archiveros ubicados fuera de su oficina— recalcan la magnitud del reto. Hay catorce fiscales en el grupo de trabajo.
Desde hace mucho tiempo, Río de Janeiro ha sido un estado sumamente complejo para la policía. Decenas de distritos en los que hace décadas se instalaron asentamientos ilegales y que llevan mucho tiempo abandonados por el Estado están controlados por los narcotraficantes y los grupos paramilitares. Jóvenes con rifles semiautomáticos custodian los accesos de entrada a muchas comunidades. Normalmente, la policía solo entra para hacer redadas y, según los residentes, a menudo dejan cadáveres después de sus operativos.
En la mañana del 8 de febrero se desató un tiroteo en el distrito montañoso de Fallet-Fogueteiro, cerca del centro de Río, y pronto los residentes supieron que no era un enfrentamiento común y corriente en esa zona donde las pandillas rivales llevan tiempo peleando por el control.
Mientras un escuadrón de la policía subía estruendosamente la colina, un grupo de presuntos narcotraficantes se escabulleron dentro de una casa. Se quitaron la camisa, lo que, según los residentes, es una señal de rendición.
Entre ellos estaba Felipe Guilherme Antunes, de 21 años. Se quitó la camiseta negra que decía “Lo negro es bello” con la que se había vestido esa mañana y esperó.
Para el momento en que cesó la lluvia de balas, nueve hombres yacían en el suelo sobre charcos de sangre, y otros cuatro fueron abatidos afuera.
En ese momento, los oficiales de la policía dijeron que estaban actuando en defensa propia. Sin embargo, cuando los familiares y los investigadores de derechos humanos analizaron los relatos de los testigos, los informes de las autopsias y las fotografías de los cuerpos y de los muros de la casa salpicados de sangre, muchos estaban convencidos de que los hombres fueron ejecutados. Ninguno de los oficiales de la redada resultó herido.
Según Human Rights Watch, en su análisis de nueve de las autopsias, algunos cuerpos tenían disparos dirigidos a la cabeza o al corazón.
Tatiana Antunes de Carvalho cree que los oficiales de policía mataron a su hijo, Felipe Antunes, después de que él y otros hombres se rindieron.CreditErnesto Londono/The New York Times
“No vinieron a llevárselos en custodia”, afirmó Tatiana Antunes de Carvalho, madre de Antunes, quien dijo que sus heridas no concordaban con la descripción de la autopsia. “Vinieron a matar”.
Witzel y altos oficiales de la policía estatal se negaron en varias ocasiones a conceder entrevistas. En un breve comunicado, el Departamento de Policía señaló que “cumplió todos los protocolos que dictaba la ley en sus operaciones y sus acciones, incluso en el ámbito de las investigaciones”.
En el fuego cruzado, con frecuencia quedan atrapados niños y otros transeúntes: en marzo, le dieron tres disparos a Kauan Peixoto, de 12 años. En abril, una joven de 16 años recibió un disparo mientras estaba en el asiento trasero de un automóvil. En mayo, murió un motociclista de 27 años durante un tiroteo con la policía en el distrito de Rocinha.
Otorgarle poder a la policía para que cometa asesinatos nunca ha reducido la violencia, comentó Roberto Sá, quien supervisó a la policía de ese estado de 2016 a 2018 y trabajó en una unidad élite policial al inicio de su carrera.
“La confrontación genera un ambiente de inseguridad, enfermedades mentales y estrés para los oficiales de policía y para los residentes”, afirmó.
Antes de que se agote la encendida discusión nacional sobre la despenalización del aborto, con los medievales consejos del médico Abel Albino incluidos, el presidente Mauricio Macri hizo otro aporte a la grieta: firmó el decreto autorizando a las fuerzas armadas a volver a operar sobre la seguridad interna.
Con argumentos poco claros, más allá de la mención vaga a lucha contra “nuevos enemigos” como el narcotráfico o el ciberterrorismo, Macri revivió un tema que trae a la memoria los años más oscuros del país. La nostalgia de la mano dura alimenta la grieta que tan buenos dividendos le dio a Cambiemos. Plantea la idea de que quien no apoya su iniciativa, está a favor de. A favor de puede ser del narcotráfico, de las mafias, o de Cristina. Igual suma y refuerza la identidad de quien está a favor, mayoritariamente votante de la alianza gobernante, según muestran las primeras encuestas.
En 1975, la última vez que un presidente constitucional firmaba un decreto similar, se abría la puerta a la “aniquilación” de la subversión, paso previo a la más feroz de las dictaduras en la Argentina. Ahora siquiera hay un enemigo identificado y tampoco una estrategia definida sobre qué harán las fuerzas armadas. Lo único que parece determinar la decisión es la mano dura que obnubila a las derechas del continente.
Colombia, México o el cercano Brasil con su paradisíaco Río de Janeiro son ejemplos claros del fracaso de la militarización en la lucha contra las drogas. Tampoco son iguales las condiciones. En esos países el flagelo de la droga generó estados paralelos, ejércitos narcos y millones de dólares sucios. En Argentina ni siquiera en estado incipiente hay similitudes. En cualquier caso, el problema principal está fronteras afuera. El soldado, cuando dispara, lo hace a matar. Esa es su formación. ¿Qué hará en las fronteras? ¿Tirar a matar a las mulas que cargan los fardos de marihuana? ¿Establecer una pena de muerte exprés?
El dueño del negocio no se expone a un encuentro de ese tipo. Y ahí radica el fracaso de las guerras abiertas en Colombia, México o Brasil. Millones de dólares dilapidados en perseguir y matar, mientras la droga sigue fluyendo.
En México, una de las consecuencias de militarizar las calles fue una ola de violencia inusitada, con más de 150.000 muertos, 27.000 desaparecidos y 35.000 desplazados, carteles más fuertes y militares seducidos por jugosos sobornos. La batalla sigue y encuentra adeptos cada día: México es según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el segundo país con más disparidad económica entre ricos y pobres. Todavía no hay certezas sobre el rumbo que tomará el combate a las drogas con Andrés Manuel López Obrador, quien antes de ganar las elecciones propuso una “amnistía”.
Las consecuencias de la guerra abierta del plan Colombia, con una inyección de dólares y armas de Estados Unidos, todavía son inconmensurables, pero se asemejan a la palabra fiasco. Miles de millones de dólares, recursos y soldados dilapidados en una escalada de violencia que lo único que hizo fue tecnificar la producción de cocaína.
La paradoja es que el tío Sam es el principal consumidor de la exportación colombiana. El novelizado Pablo Escobar fue apenas el precursor de un negocio que se globalizó.
En Brasil la guerra militar de Michel Temer contra el narcotráfico en las favelas despertó las aspiraciones primarias de un generalato nostálgico de la mano dura. Tanto que aspiran a recuperar un rol protagónico en la política, por las urnas o por la fuerza. “Estamos en un momento crítico, al filo de la navaja”, dijo Antonio Mourão, general retirado de cuatro estrellas que el año pasado, cuando aún estaba de servicio, sugirió que sería necesaria una intervención militar para purgar a la clase política.
Mourão, el general retirado, y otros oficiales jubilados han respaldado con entusiasmo la postulación presidencial del senador de ultraderecha Jair Bolsonaro, un excapitán del Ejército que ha hecho propuestas polémicas para la restauración del orden, como darle a la policía más campo de maniobra para matar a presuntos criminales.
En Argentina y menos en sus fronteras, se encuentran paralelismos con las condiciones previas que desencadenaron esas fallidas batallas. No es con militares entrando a la fuerza a las villas que se terminará el narcotráfico. La idea, nada original, se hizo spot de campaña de Fernando De la Rúa, el fugaz presidente radical que huyó dejando un tendal de muertos en plaza de Mayo. Fue refrescada por Sergio Massa, cuando aspiraba a ser Presidente para que las Fuerzas Armadas puedan “atacar y bloquear las fronteras” y “entrar a los barrios más humildes” donde “los narcos infectan a nuestros jóvenes”. ¿Resiste análisis la propuesta de desatar una guerra inmediata con países vecinos? ¿Resiste análisis no advertir que el consumo de droga también se da en los barrios ricos?
La estigmatización es permanente, pero ni en la Triple Frontera, donde conviven decenas de agentes orgánicos e inorgánicos de diversas agencias de seguridad internacionales, se generó en los últimos años alguna prueba concluyente de que sea zona liberada para algo más que un gran mercado de baratijas tax free.
En cualquier caso, un ataque con morteros y armas largas no parece ser la mejor herramienta para tan compleja trama. La seguridad más efectiva viene de la mano de la inteligencia y no de la fuerza. En Misiones se puso en marcha una intervención mucho más fuerte de la Policía en el combate al narcotráfico y en menos de tres años ya se decomisó marihuana por el equivalente a 900 millones de pesos y 37 toneladas de marihuana. Sin estridencias, los resultados están a la vista.
En rigor, tampoco hay demasiadas precisiones sobre qué harán las fuerzas armadas con el permiso del Presidente. Los uniformados no parecen estar cómodos con la idea de salir a la calle a cazar ladrones de gallinas. No están preparados para ello ni cuentan con los elementos necesarios. Tampoco aprecian convertirse en protagonistas de una puja de la que no quieren ser parte en momentos en que la sociedad recién deja atrás los malos recuerdos de los años de plomo.
La última encuesta de la consultora D’Alessio Ariol, arroja que el 50 por ciento cree que la reconversión de las Fuerzas Armadas servirá para mejorar la seguridad. Ocho de cada diez votantes de Cambiemos confían en el éxito, pero solo dos del Frente para la Victoria comparten esa mirada.
La grieta es menor cuando se analiza la política económica del Gobierno. Allí la mayoría reconoce que está peor que hace algunos años y que el ajuste les empeoró las condiciones de vida.
La imagen negativa de Macri asciende a 67,8 por ciento y el 58,3 desaprueba su gestión, según un estudio del Grupo de Opinión Pública.
La imagen negativa del Presidente creció al 59,7 por ciento, según Ricardo Rouvier, para quien la gestión tiene una calificación negativa del 62,8 de sus encuestados. El consultor advierte que creció el voto a Cristina Fernández.
La discusión sobre la despenalización del aborto y las fuerzas armadas en la calle, cobra otra dimensión mirada a la luz de las encuestas. Parece necesario evitar poner el foco en la economía. Y no es solo el éxito de las medidas, sino la permanente vocación por el ajuste siempre, siempre, sobre los que menos tienen.
Es esclarecedor que el Presidente les haya garantizado a los patrones de la soja que no iba a volver a subir -siquiera a congelar la baja- las retenciones agrarias, pero pocas horas después el Gobierno anuncie un severo plan de ajuste sobre las asignaciones familiares. Ahora no habrá plus por zona desfavorable y se puso como tope máximo para cobrar asignaciones familiares un ingreso familiar de 83.917 pesos. La pareja tampoco podrá cobrar las asignaciones si uno de los dos miembros percibe más de 41.959 pesos. Es decir, bajan las retenciones al campo, pero se las suben a cada una de las familias argentinas. La decisión generó un amplio descontento y hasta algunos radicales la criticaron, como Ricardo Alfonsín.
Es cada vez más visible la distancia entre los macristas y los radicales dentro de Cambiemos. El joven Pepe Pianesi no dudó en mostrarse sonriente con el ascendente Federico Villagra, el economista crítico de las decisiones del Gobierno nacional. Ambos quieren “más protagonismo” dentro de la alianza y temen quedar fuera del reparto de candidaturas para 2019. Es que se menciona algunos de la vieja guardia para las principales postulaciones, como Germán Bordón o Mario Pegoraro en la UCR y hasta algunos viejos peronistas ligados a Ramón Puerta. La idea de Villagra y Pianesi es fortalecer la línea de radicales nacidos en democracia. Esa línea generacional no se anima a respaldar las medidas de ajuste impuestas por sus socios y por lo bajo cuestionan a la cúpula que banca banderas de las que el radicalismo abjuró, como la injerencia militar en la seguridad interior. Del otro lado, se lo vio a Luis Pastori, defensor a ultranza de las medidas de ajuste, justificar la política de mano dura para hacer un “uso racional y práctico para las Fuerzas Armadas”.
Misiones se muestra como el contraste a la política de ajuste social que aplica Macri. El Presupuesto 2019, aún con la austeridad de los tiempos, invierte el 60 por ciento de los recursos en las áreas sociales: la Educación sigue siendo la prioridad de la gestión renovadora, complementada con la mejora en la salud y el desarrollo social integral.
En política y economía, las decisiones recién pueden valorarse a mediano plazo. Las buenas y las malas. Alcanzar un buen resultado en educación o en salud es la consecuencia de medidas tomadas hace diez o más años. Son procesos.
A la inversa, es lo mismo. En cinco años se podrán apreciar las consecuencias de los ajustes de este año. La Nación anuncia tijera masiva para todo lo que no sea cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional. Eso implica incluso la desaparición del Fondo Nacional de Viviendas. Es decir, quien no tiene un hogar, no podrá esperar ayuda del Gobierno nacional que había prometido un millón de viviendas en cuatro años. En última instancia, quedará en los malabarismos que puedan hacer los gobernadores para arreglarse con menos recursos. Lo mismo pasa con el Fondo Nacional de Incentivo Docente.
Nicolás Dujovne y Rogelio Frigerio, ya les anticiparon a los gobernadores que puede haber un recorte equivalente al cinco por ciento de la coparticipación que reciben las provincias para alcanzar la reducción del déficit que impone el FMI.
Los ministros se regodean con números que “demuestran” la generosidad de la Nación para con las provincias en los últimos años. Los datos, que son repartidos a los periodistas por los diputados de la alianza gobernante para justificar los ajustes, señalan que en junio, las provincias recibieron 108.221 millones de pesos, 51,7 por ciento más que el mismo mes del año pasado.
Pero hilando fino se advierte que no es tanta la abundancia. Entre enero y junio de este año, la coparticipación creció 46,2 por ciento, pero solo 15,6 por ciento si se le descuenta la inflación acumulada, con el agravante de que, por la devaluación, el peso vale casi 50 por ciento menos que en los primeros días de 2018. Lo mismo sucede con Misiones, con un aumento del 15,6 por ciento de coparticipación, pero con una caída del 60 por ciento en las transferencias de capital, fondos para viviendas, obras viales, programas de salud y hasta el programa El Hambre es Más Urgente, adeudado desde febrero.
La coparticipación, por cierto, es variable, ya que depende de la recaudación y, más allá del efecto inflacionario, es probable que tienda a bajar si se extiende la recesión como pronostica el bueno del FMI.
Es decir, el Gobierno nacional generó condiciones económicas adversas y ahora el peso recaerá sobre los gobernadores, que tendrán que atajar los desbordes que se pudieran generar. El Pacto Fiscal, sellado hace pocos meses, es una muestra del fracaso de las proyecciones nacionales: una de las garantías de que las provincias no iban a perder recursos se daba con la promesa de un crecimiento económico del 3 por ciento. El propio FMI dice que este año no habrá crecimiento y que, con suerte, se recuperará paulatinamente entre 2018 y 2019. Mientras tanto, las provincias ya tienen menos recursos y la enorme transferencia de recursos hacia el sector privado más concentrado, no se tradujo en grandes inversiones ni en más empleo.
De hecho, en Misiones ya se paró una inversión por la escalada del dólar y crece el descontento oficial con el sector forestal, que no generó ni una sola nueva inversión pese a que cuentan con todos los beneficios.
Sin embargo, Misiones es una de las pocas provincias donde el empleo no sufrió en demasía. En mayo, según los datos oficiales, se destruyeron 27 mil puestos de trabajo en todo el país. Aquí, aunque se está lejos del pico de 16 mil puestos, se crearon 1.278 empleos y se llegó a los 111 mil.
La diputada del Parlasur, Distrito Misiones, Cecilia Britto presentó un proyecto para que el Parlamento del MERCOSUR declare en su conjunto el repudio por el asesinato de la concejal brasileña Marielle Franco ocurrido el 14 de marzo último.
A su vez, otro artículo del proyecto que será presentado en la próxima sesión del Parlamento que se reunirá en Montevideo, exhorta al Gobierno de Brasil a que adopte de manera urgente las medidas legales y judiciales pertinentes para el esclarecimiento de los hechos ocurridos, enjuiciamiento y castigo de los culpables.
Cabe recordar que la concejal del Partido Socialismo y Libertad, se destacó como defensora de los afrodescendientes, activista del movimiento feminista, y militante de los Derechos Humanos.
Marielle Franco, fue asesinada en Rio de Janeiro por cinco disparos cuando regresaba de un acto político a su casa, en un confuso episodio que se suma a la cadena de violencia que sufre la ciudad carioca.
