Rosenkrantz

La Corte remitió al Ejecutivo un presupuesto judicial de $378.087 millones para 2026

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó y remitió al Poder Ejecutivo el Presupuesto de Gastos y Recursos del Poder Judicial para el ejercicio 2026, que asciende a $378.087.606.265. La decisión, adoptada mediante la Acordada 28/2025, contempla además un plantel de 4.732 cargos y un plan de obras de infraestructura para la Justicia federal, en línea con lo establecido en la Ley 23.853.

El rol institucional de la Corte y el Consejo de la Magistratura

La definición del presupuesto judicial responde a la obligación legal prevista en el artículo 1° de la Ley 23.853, que faculta a la Corte Suprema, como cabeza del Poder Judicial, a remitir anualmente al Poder Ejecutivo la estimación de gastos y recursos.

El monto fijado se había aprobado previamente en la Acordada 26/2025 (13 de agosto de 2025), que incluyó no solo el cálculo de erogaciones sino también el detalle de personal y un plan de obras (Anexos II A y B). En esa misma decisión, el Máximo Tribunal solicitó al Poder Ejecutivo la incorporación de remanentes de recursos de ejercicios anteriores y de los aportes previstos en el artículo 2° de la Ley 23.853, que permite financiar parte del presupuesto judicial con recursos propios.

En paralelo, el Consejo de la Magistratura remitió la Resolución 3/2025, que contiene el anteproyecto de presupuesto para el conjunto del Poder Judicial en 2026, también elevado junto con la acordada.

Montos, cargos y obras

La Acordada 28/2025, firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Gerardo Prataviera, establece con precisión:

  • Presupuesto total: $378.087.606.265 para 2026.
  • Planta de personal: 4.732 cargos, según el Anexo I.
  • Plan de obras: contemplado en los Anexos II A y B de la Acordada 26/2025.

El documento ordena además:

  • Remitir al Ejecutivo los presupuestos de la Corte y del Consejo de la Magistratura.
  • Solicitar la incorporación de recursos remanentes y aportes legales para asegurar la cobertura financiera.

El dictado de la medida se apoyó en la excepción prevista en la Acordada 15/2023 y en los criterios de quórum fijados en la Acordada 12/2024, dadas las particularidades de la integración del Tribunal al momento de la votación.

impacto político y administrativo

La decisión de la Corte no solo fija la hoja de ruta financiera de la Justicia federal, sino que también proyecta la ejecución de obras de infraestructura en un contexto de fuerte demanda por mejorar el acceso y la eficiencia del sistema judicial.

Desde el plano político, la aprobación del presupuesto judicial llega en un escenario de tensiones por la independencia del Poder Judicial y la distribución de fondos entre poderes del Estado. En los últimos años, las discusiones sobre los recursos asignados a la Justicia se cruzaron con debates sobre el rol del Consejo de la Magistratura, la cobertura de vacantes y la modernización tecnológica de tribunales.

El envío del presupuesto al Poder Ejecutivo abre ahora la instancia de tratamiento legislativo, donde el monto y la asignación de partidas podrían convertirse en un punto de fricción entre el oficialismo y la oposición en el Congreso.

Con el presupuesto ya remitido, el Poder Ejecutivo deberá incorporarlo al proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2026 para su posterior debate en el Congreso. De aprobarse sin modificaciones sustantivas, el Poder Judicial contará con un incremento nominal que, sin embargo, estará condicionado por la dinámica inflacionaria y la disponibilidad de recursos fiscales.

En términos institucionales, la medida refuerza el mensaje de la Corte sobre la necesidad de autonomía financiera y de contar con partidas suficientes para sostener la planta de personal, la modernización y las obras de infraestructura comprometidas para el año próximo.

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Derechos y necesidades

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A poco más de un año de las elecciones en las que se debe elegir a un nuevo presidente de la Argentina, poco y nada se discute de política. El Gobierno ventila internas a la luz del día y la oposición juega una carrera descontrolada para exacerbar a una porción del electorado que se identifica mejor con la antipolítica. Ya no es sólo el outsider Javier Milei, sino que en la alianza Cambiemos, a cada minuto pesan más los halcones que las palomas. El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia argentina, Carlos Rosenkrantz, pintó de cuerpo entero esa fragmentación cuando dijo que “no puede haber un derecho detrás de cada necesidad porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades”. Nombrado por decreto de Mauricio Macri, el asesor radical y ex abogado de Grupo Clarín, Farmacity y el grupo Pegasus, se mete en el barro de la política, con una frase que contradice a la de Evita y se emparenta con aquella del ex presidente del Banco Nación durante el macrismo, Javier González Fraga, quien dijo que durante el kirchnerismo “le hicieron creer a un empleado medio que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior”.

La honestidad brutal de Rosenkrantz también desnuda que la Corte no representa sino a un conjunto de intereses que no son los de la sociedad entera. No alcanza para todos, dice el cortesano, que gana un millón al mes sin impuestos. No hay para repartir, dice el cortesano que tiene un cargo vitalicio. Si no hay para repartir, queda claro que los que menos tienen, nunca tendrán y los que tienen, seguirán siendo privilegiados. 

Corte de pocos, para unos pocos. Política para pocos. Da en el clavo Rosenkrantz. Por eso la rebelión de los gobernadores al exigir una reforma de la Corte y ampliarla con una representación federal con un integrante por provincia. La presión de los “caciques”, como gusta decir a la prensa porteña, obligó al presidente Alberto Fernández a desempolvar su propio proyecto de reforma, idéntico y con paridad de género. Pero la misma prensa advierte que la iniciativa carece de respaldo de “provincias clave”. ¿Cuáles son? Las gobernadas por la alianza Cambiemos, Capital Federal, Corrientes, Mendoza y Jujuy, Santa Fe y Córdoba, de donde son Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

La propuesta de reforma tiene mucho de gestualidad pero también pretende incidir en la balanza política. Los gobernadores están hartos de espectadores en una disputa que siempre termina resolviéndose más o menos en el mismo lugar y de la misma forma: en Capital Federal y alrededores. No es una cuestión de oficialismos. Roberto Lavagna expresó el estupor de la clase política acomodada al rechazar la “extraña idea de provincializar la Justicia”. Statu quo. “Se abre la puerta a un mercado de favores”, advirtió el economista. A otros, faltó agregar. 

Los gobernadores tienen otra mirada. “Esta iniciativa construye consensos en una visión reformista de la Corte por decisión autónoma de nuestra parte entendiendo que constituye un desafío mayúsculo en la construcción de una verdadera república democrática y federal. Las provincias argentinas no podemos ser convidados de piedra del poder central. Somos preexistentes a la Nación y constructores genuinos de la identidad de nuestra patria“, remarcan.

En ese escenario, la unidad de los gobernadores, que además exhiben gestiones mucho más ordenadas que el descalabro general de la Argentina de la última década, tiene un peso inusitado que obliga a tomar nota. Lo hizo el Presidente, un poco para calmar su propia interna. Deberían hacerlo en la oposición. Nadie se aferra a la suerte de los partidos políticos ni sus alianzas.Ni la sociedad, que observa azorada cómo el Gobierno se consume en internas y la oposición dispara propuestas cada vez más alocadas: la venta de órganos como extremo del libre mercado que defiende Javier Milei o el cierre de los ministerios de Salud y Educación, como sugiere Patricia Bullrich. Cada uno, un poco más a la derecha.

Lo cierto es que la fragmentación es inversamente proporcional a la ausencia de resultados. El internismo en el Gobierno nacional es tan intenso como la escasez de alegrías. La fractura expuesta entre el ala dura del cristinismo y el Presidente sumó un nuevo capítulo con la eyección de Matías Kulfas. El ministro de Producción que se ufanaba con los datos de la recuperación económica, era uno de los principales apuntados por la escasa distribución de ese crecimiento. El Presidente le pidió la renuncia después de que llegara a los medios un off idéntico que culpaba al cristinismo por las demoras en la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner. La Argentina tiene una oportunidad enorme con la energía, que demanda el mundo y que se paga en dólares, pero que también significaría soberanía económica interna. No puede darse el lujo de perder tiempo con nimiedades. La salida de Kulfas debería ser una lección: Nadie por encima de lo colectivo. Para atender los derechos y necesidades, hace falta más que protagonismos individuales. 

La inflación, que se convirtió en el principal problema económico de los últimos años, no solamente saquea el bolsillo de los argentinos, sino que corroe la confianza. La inestabilidad nacional contrasta con la solidez de la economía local. Los datos económicos de Misiones se distinguen por el crecimiento en comparación con otras provincias y en relación con los resultados nacionales. El empleo crece de forma sostenida en los últimos años y los principales sectores productivos exhiben números superiores incluso a la prepandemia. Incluso el mercado automotriz, en caída desde fines del gobierno de Cambiemos, pudo cerrar dos meses consecutivos con alzas en las ventas de 0km en Misiones. 

Misiones es terreno fértil para las inversiones y el Parque Industrial de Posadas, por su cercanía con el puerto y la logística capitalina, atrae a inversiones de distintas escalas. La última, la multinacional Macoma, que desembarcará con cinco millones de dólares para producir biotecnología para la salud y exportar desde aquí a Paraguay, Brasil y Uruguay. Incorporará mano de obra calificada. El contacto se inició a través del Silicon Misiones. 

En paralelo a las grandes inversiones, el gobernador Oscar Herrera Ahuad anunció una serie de medidas de alivio fiscal que tendrán impacto sobre todo en los pequeños y medianos contribuyentes, tal como se venía negociando a través del ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria con la Confederación Económica y las cámaras comerciales. 

Las tres medidas establecen que:

  • Se incrementó el monto mínimo de facturación anual para encontrarse obligado a inscribirse como Agente de Retención y Percepción en un 59%, pasando de $85.000.000 a $135.000.000.
  • Se incrementó el monto mínimo en un 233% para la Percepción y Retención de Ingresos Brutos, pasando de $300 a $1.000.
  • Se incrementó en 233% el monto mínimo para realizar el Pago a Cuenta del Formulario SR 322, pasando de $3.000 a $10.000.

La medida era muy esperada por las empresas, sobre todo las pequeñas, que, agobiadas por la inflación, terminaban pagando más impuestos con las mismas ventas. Ahora se espera que haya más dinamismo en el mercado interno, ya que el dinero quedará en las empresas. 

No fue la única medida saliente de la semana. Herrera Ahuad también anunció la vigencia de la moratoria previsional para estatales y municipales. Pero el gesto fuerte se corrió a Oberá: la Provincia decidió intervenir la Cooperativa Eléctrica en razón de la abultada deuda que acumuló con Energía de Misiones por la compra de electricidad. Un embargo de 200 millones por una deuda de más de mil millones de pesos más intereses. Desde diciembre pasado, la Cooperativa donde abrevan varios dirigentes de la oposición, dejó de cumplir con el pago acordado. La ministra de Acción Cooperativa, Liliana Rodríguez tomó la decisión el viernes al mediodía en virtud de que el desmanejo pone en riesgo el servicio de miles de usuarios. Llamó la atención la resistencia de los dirigentes cooperativos, a mostrar los números y abrir las bocas de pago ante las autoridades de Acción Cooperativa y de Energía de Misiones. La Cooperativa Eléctrica de Eldorado debe otro tanto, 2.700 millones. 

Herrera Ahuad insiste en que todas las medidas deben estar enfocadas en custodiar ese mercado interno y potenciar la economía local, para lograr la máxima autonomía posible en momentos en que las respuestas federales son escasas. No es casual que su imagen se mantenga entre las mejor valoradas de la Argentina. Lo mismo que la de Leonardo Stelatto, cuya gestión en la ciudad de Posadas se distingue entre las capitales de la región. El modelo de gestión se expondrá en la Cumbre de las Américas, capítulo de los alcaldes, que se desarrollará en Los Ángeles, Estados Unidos, con el lema “Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo”. Estarán allí líderes políticos del continente para debatir y definir acciones frente a problemas y desafíos compartidos por la región y avanzar en la integración.

La Renovación comienza de a poco a calentar motores en lo electoral, con encuentros en distintos municipios, con el propio Herrera y el ex gobernador Hugo Passalacqua como protagonistas. El armado se afianza con el aporte de intendentes y otros dirigentes que se acercan para sumar. 

La oposición, en cambio, se dedica a navegar en redes sociales o asoma en las pantallas de televisión con argumentos repetidos y usados como eslogan de campañas anteriores. Hasta la idea del cambio perdió originalidad después de la irrupción mediática de Milei.  

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