Lo que está en juego
La certificación de la muerte de Santiago Maldonado sobre el cierre de la campaña electoral confirmó los peores presagios. Fueron casi 80 días de silencios, manipulaciones, operaciones de prensa y toscas burlas. Un Estado que no hizo nada bien, desde el primer día, con una represión sin orden judicial, desproporcionada, engaños y mentiras. Un Estado que ocultó, desvió e hizo un aprovechamiento político de cada minuto. Hasta la misma aparición del cuerpo. La culpa siempre fue del otro. Del propio Maldonado. Del muerto. Un ahogado encontrado convenientemente antes de ir a votar. Un ahogado que ahora servirá para ocultar que hubo una represión sin orden judicial, armas no reglamentarias y brutal uso de la fuerza. El subsecretario de Seguridad Pablo Noceti justo había “pasado a saludar” y frases como que “no hay indicios de que Santiago haya estado en el corte”, o “fue visto en Chile” o “yendo a Entre Ríos”. Alguien debe explicaciones. Santiago no fue a nadar a un río helado.
El silencio del presidente Mauricio Macri es tan oprobioso como el de Cristina Fernández en la Tragedia de Once. La burla de Lilita Carrió al comparar las condiciones del río donde fue encontrado el cuerpo con el congelamiento de “Walt Disney”, es una muestra del desdén del cálculo político. El silencio oficial ante hechos conmocionantes puede ser estratégico, claro. Pero poco republicano también…, dice el politólogo Mario Riorda.
El mensaje está cada vez más distanciado de la acción. Decir, contar, publicar, postear, vale más que el sentido mismo de la acción. La reserva moral de la república celebra la posible remoción de la Procuradora vía decreto, en nombre de la República. El fallo que abre la puerta a la expulsión de Gils Carbó es extremo y avasalla la autonomía y estabilidad del Ministerio Público que no es sólo la funcionaria heredada, sino todos los fiscales y defensores que a partir de este fallo podrán ser removidos por decreto, de un presidente o de un gobernador.
La distancia entre ese cálculo político y Misiones no es sólo geográfica. Los intereses que definen la agenda del país central no tienen nada que ver con los de la provincia.
Misiones tiene sus propios problemas, muchos generados en aquel centro político y otros tantos por su ubicación geográfica, que es, al mismo tiempo, virtud y condena.
Debe resolverlos casi en soledad, con sus propias decisiones y políticas. La construcción de una nueva hegemonía centralista mira con desdén los problemas del interior profundo, que es una carga de “malas administraciones” y “caciques gastadores”. Esa mirada no ha variado demasiado en los últimos 30 años. La dependencia siempre es más conveniente que el federalismo. Es lo que está en juego este domingo. No es solo una cuestión de elegir nombres, sino lo que representarán para el futuro de Misiones.
El nuevo Congreso nacional deberá definir cuestiones clave para las provincias. Y sentar posición ante batallas ya abiertas como la disputa por el Fondo del Conurbano Bonaerense. En lo local, se pone en juego la gobernabilidad y la ratificación de un modelo misionero que se inició en 2003. “Defendemos un proyecto nuestro, soberano, misionero”, recalcó el gobernador Hugo Passalacqua.
No será un Congreso nacional con mayorías absolutas y se abre un tiempo en el que el juego de respaldos puede modificar los escenarios. La articulación con otras provincias será vital para la protección de los intereses locales.
Inmediatamente después de las elecciones, se inicia la cuenta regresiva para un fallo de la Corte, una espada de Damocles que pende sobre las provincias y que puede afectar la sustentabilidad, no solo de Misiones, sino del resto de las provincias. Los cortesanos tienen en sus manos decidir sobre la validez del reclamo de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, para que se le actualice el Fondo del Conurbano Bonaerense mediante el método original de reparto, con el diez por ciento de la recaudación del impuesto a las Ganancias. Si hay un guiño a favor, la gobernadora se alzaría con un botín estimado en 53 mil millones de pesos para este año y un poco más en 2018, dejando a las provincias vacías de recursos. Misiones perdería más de tres mil millones.
No es un tema sencillo de definir. Un fallo de fondo llevaría años, por el cruce de pruebas, contrapruebas y posturas. Es uno contra 23 “acusados”, que al mismo tiempo son víctimas.
Pero los gobernadores temen que se admita el amparo pedido por Vidal. Automáticamente la Nación se vería “obligada” a darle más recursos. Sin embargo, las provincias presentaron sus propios amparos para que si eso sucede, se les deje de descontar todo lo que va a financiar la caja de la Anses. Si una cosa es válida, la otra también debería serlo, entienden los juristas que están trabajando en la defensa de las provincias. Habría un empate técnico y sería la Nación -abstracta- la que perdería. Otros advierten que si la Corte admite el amparo entraría en un lodazal que mezclaría funciones específicas. ¿Puede la Justicia decidir sobre cuestiones de distribución de recursos federales? ¿No es esa la función del Congreso? ¿Se arriesgarían los cortesanos a quedar expuestos a un juicio político?
El Gobierno nacional, abiertamente a favor de un fallo que beneficie a Vidal, promete que se abrirá un canal de diálogo y que las provincias no perderán recursos, pero hasta ahora no hubo una sola explicación de cómo.
No es la única bomba de tiempo que las provincias quieren desactivar. En su cruzada para bajar impuestos, el Gobierno nacional anunció una reforma que permitirá a las empresas ajustar sus balances por inflación, lo que reduciría el pago de Ganancias, un impuesto que se coparticipa. Para las empresas, una buena noticia… las provincias, siquiera fueron advertidas, pese a que recibirán menos coparticipación.
El “revalúo” es opcional. La empresas que decida ajustar su balance por inflación pagará otro tributo, que… no se coparticipa. Misiones perdería, otra vez, 1280 millones de pesos, de una torta estimada en 40 mil millones de pesos.
Y la lista sigue. En el presupuesto 2018 que el ministro de Economía, Nicolás Dujovne giró al Congreso, no se actualizó el monto previsto para el Incentivo Docente, por lo que cualquier actualización salarial recaerá en las provincias, que ya este año sufrieron el recorte de un 25 por ciento en los giros para el adicional educativo.
Tampoco figuran en la ley gestada por Macri la distribución extra del Fondo de la Soja ni los giros de la Nación para cubrir el déficit de las cajas previsionales, una abultada deuda que acumula la Nación.
La concentración del presupuesto de obra pública en Buenos Aires, Capital y Córdoba también preocupa a los gobernadores, en el mismo volumen que el 25 por ciento del presupuesto nacional que no tiene una asignación específica. El Presidente tiene vía libre para usar esa billetera a su antojo, con una facultad delegada que, paradojas de la política, la alianza Cambiemos repudia en Misiones.
En el presupuesto misionero, la posibilidad de modificar partidas fue reducida por decisión del Gobernador. La ley sancionada por unanimidad tiene a la educación y la inclusión social como prioridades. En un esquema de contracción económica no hay ajuste, pero si la necesidad de generar alternativas que permitan un desarrollo que no dependa del humor presidencial. Passalacqua está obsesionado con atraer capitales y generar inversiones. Esta semana tuvo dos motivos para celebrar: la confirmación de la radicación de RETSA, una firma que comercializa y produce su moto eléctrica emblema (Voltu V1S y V1R) y las baterías de litio de diferentes características. RETSA fabricará desde Misiones la novedosa marca de motos eléctricas, única en el mercado mundial, que se exportará con la leyenda identificatoria de producto “Fabricado en Misiones, Argentina”.
Antes se cerró un acuerdo con la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Corrientes para instalar una moderna fábrica y construir 60 mil viviendas de madera en la próxima década. La inversión privada ronda los 180 millones de pesos, con respaldo del Estado provincial. “Si todo sale bien, es una revolución para la industria forestal”, definieron los empresarios tras la firma del acuerdo.
Curiosamente, la discusión del Fondo del Conurbano parece ser la llave para habilitar otras reformas. Resuelto ese conflicto, entienden algunos dirigentes, se abre la tranquera para discutir la reforma impositiva y la previsional, para después, dar paso a una nueva ley de coparticipación que contemple otras variables como mecanismo de distribución.
Desde el bloque misionerista que se sostendrá en el Congreso, sin ataduras ni pertenencias nacionales, se advierte que ninguna reforma puede ser a costa de los recursos provinciales y que cualquier iniciativa debe atender ineludiblemente la situación de frontera, una situación que padece Misiones y que nunca fue atendida como se merece. Una reforma impositiva, por caso, no debe ser igual en Buenos Aires que en Posadas. Lo mismo los aportes patronales. No puede pagar lo mismo un empresario de frontera que uno del centro del país, donde las ganancias son otras.
Si todo se alinea, puede ser la oportunidad de debatir una ley de coparticipación federal que contemple las necesidades de la provincia y que, para evitar oportunismos políticos, comience a regir en 2020, después de la renovación de presidente y gobernadores.
Este panorama recibe a las elecciones legislativas. Los analistas avizoran un escenario similar al de las Primarias, con un crecimiento de las dos fuerzas mejor posicionadas.
Si la Renovación sostiene las bancas que pone en juego o las aumenta en la Legislatura provincial, será un nuevo respaldo a un modelo que se inició en 2003 basado en la defensa de lo propio. De lo local a lo global. Será un bastión ante una ola amarilla que parece imponerse en todo el país. Los candidatos de los sublemas trabajaron a destajo para recuperar terreno perdido en las primarias, cuando no tuvieron participación directa. El candidato a senador Maurice Closs, recorrió palmo a palmo la provincia y cerró la intensa campaña en Andresito, rodeado de una multitud, donde anunció que impulsará un proyecto en el Senado para actualizar el valor de las estampillas de la yerba mate y con esos recursos, generar un fondo similar de la Caja Verde tabacalera, para mejorar las condiciones de vida de trabajadores rurales y pequeños productores.
En Posadas hay mucha expectativa por el trabajo realizado por los sublemas, ya que la pelea por el Concejo Deliberante también aviva la pulseada para 2019.
No sería raro, de cualquier modo, que Cambiemos se imponga en el mapa nacional. Salvo el fiasco de la Alianza, pacto vergonzante que integraban muchos de los que hoy son funcionarios, los oficialismos siempre ganaron la elección de medio término desde que se recuperó la democracia.
El Gobierno nacional sabe que Misiones no es un terreno fácil. No es casual que le haya dedicado tanta atención en los últimos días. Desfilaron el Presidente, la vice, el jefe de Gabinete, Marcos Peña y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Solo faltó Vidal para respaldar a Humberto Schiavoni, el candidato a senador que, aunque no esté en la órbita de los grandes medios, no deja de ser el presidente del PRO y aspirante a convertirse en el negociador de Macri en el Senado. El resultado en Misiones no debe hacer mella en esa potencialidad.
La salida de Shiavoni de Yacyretá también abre el interrogante sobre quien lo sucederá en la presidencia. Es la tercera gestión de un misionero en la entidad binacional y después de la transformación lograda durante la gestión anterior, los correntinos ambicionan asumir la conducción de la represa localizada en Ituzaingó. El gobernador electo, Gustavo Valdés ya advirtió que quiere el manejo de la represa y que las regalías se queden en Corrientes. Pese a la alianza con la Nación, los deseos correntinos podrían ser frustrados. Un porteño se haría cargo de Yacyretá.
La Renovación confía en repetir el triunfo de las primarias y mejorar en algunas ciudades clave como Posadas, donde estará concentrada la mayor expectativa. No es ajena a que la avanzada nacional arrastra consigo a muchas políticas. Por eso, la idea es sostener el esquema de gobernabilidad, pero no perder de vista que lo que le da vida es el modelo misionerista iniciado aquel 28 de septiembre de 2003.
