“El viernes 22, además de adelantar con fondos provinciales el pago del FONID, pagaremos Suplementaria y Garantía Salarial Mínima de Julio”, anunció el gobernador Hugo Passalacqua esta mañana en Twitter.
De esta manera el gobernador se refirió al pago de dos conceptos que se suman a lo ya anunciado el 11 de septiembre pasado.
Doce provincias registraron una recuperación del salario real entre marzo de 2016 y marzo de 2017, de acuerdo con un informe realizado por la consultora Invenomica en base a datos del Ministerio de Trabajo y el IPC Congreso.
Según ese análisis, los trabajadores de San Juan registran el mejor desempeño con una recuperación del salario del 5,3%. Un escalón atrás se encuentran San Luis y Santiago del Estero con 2,8% y 2,7% respectivamente.
Las provincias de peor desempeño son La Rioja con una pérdida de poder adquisitivo del 7,2%, seguido por Tierra del Fuego con una caída del 6,1% y completando el podio se ubica Neuquén con un 5,5%.
Por importancia en cuanto a población, Buenos Aires registra una leve caída del 1%, Santa Fe prácticamente se mantiene sin cambios mientras que Córdoba recupera un 1% del salario real.
“Seguramente con las cifras al mes de junio, sea mayor la proporción de provincias que se encuentren en verde respecto a aquellas que aun registren todavía una pérdida del poder adquisitivo”, concluye el informe.
Los indicadores económicos muestran que la recuperación de la economía se va consolidando, sumando a la industria a los sectores con crecimiento positivo interanual. Todo parece indicar que las elecciones de octubre tendrán lugar en un contexto de crecimiento en el orden de 3% anual, con salarios algo mayores a los actuales corregidos por inflación y una variación de precios cercana al 1% mensual.
Sin embargo, los principales desafíos económicos no pasan por lograr la recuperación de corto plazo, sino por iniciar un sendero de crecimiento sostenido durante un período prolongado. Existe bastante consenso acerca de la necesidad de reducir el déficit fiscal y cada vez gana más adeptos que es necesario también poner el foco en el déficit externo (problema adelantado desde FIEL hace dos años). El desequilibrio externo actual se financia con una enorme entrada de capitales, pero el problema aparece porque no es el resultado de un salto importante en la inversión. Por ahora, nos endeudamos para sostener niveles de consumo público que podían ser manejables con la soja a US$ 500 la tonelada (en lugar de los US$ 340 actuales) y con Brasil creciendo y con una moneda fuerte (en lugar del receso y moneda débil actual), pero que la economía, en especial del sector transable, no aguanta más.
Luego de la elección será necesario encarar un programa de reformas estructurales ambicioso que ponga el foco en lo fiscal y también en la reducción de los sobrecostos que tiene la economía argentina respecto de otros países más eficientes.
Un tema relevante son las señales que recibe el sector privado: costos laborales altos (mucho más altos que en el pasado) y costo del capital que se redujo (y se espera que continúe reduciéndose) por la baja en el riesgo país. En ese contexto, se alienta a una sustitución más rápida de trabajo por capital que la que ocurriría habitualmente.
Peor aún, el punto de partida es uno de baja productividad de la mano de obra en la Argentina. En una aproximación simple, el PIB por ocupado creció sólo 8% entre 2000 y 2015 mientras que en Estados Unidos aumentó en 64% (Cuadro 1). La mayoría de los países europeos tuvo un desempeño similar al americano. Si se abre por sectores del PIB, se observa una diferencia muy importante, con la excepción del sector de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones. Es decir, un salto en la productividad laboral que recupere el tiempo perdido tendría consecuencias positivas sobre el nivel de actividad pero negativas sobre la capacidad de la economía de generar empleo. Nótese que el problema también es importante en sectores de servicios que son más mano de obra intensivos que la industria, la minería o el agro.
Ello requiere revisar el impacto de las políticas públicas sobre el costo laboral. En cualquiera de las dimensiones que se analice, la Argentina sale mal parada. Por un lado, los impuestos al trabajo son los mayores de la región (medidos como la diferencia entre lo que paga el empleador y lo que recibe el trabajador). También hay falencias notorias en la contratación.
Un estudio reciente de la OECD mide la rigidez de las instituciones laborales para la contratación permanente y temporaria de trabajadores. La Argentina se ubica en el cuadrante de mayor rigidez en ambas dimensiones.
Y no se necesitan estudios internacionales para demostrar los problemas que tiene la Argentina por la alta litigiosidad que impacta en el valor de los seguros por accidente de trabajo y en las compensaciones por despido.
Una regulación eficiente es aquella que permite obtener el nivel de cobertura deseado al menor costo posible para el empleador y el Estado (obviamente, mayor protección habitualmente genera más costos). Los costos de transacción en la Argentina son muy altos por la existencia de intermediarios que cobran una parte de lo que paga la empresa (abogados laboralistas, costo presupuestarios de los tribunales laborales abarrotados de expedientes).
En la medida en que los costos laborales se mantengan altos, y aumentando, y el costo del capital se reduzca por el avance de las reformas estructurales en otras áreas como la fiscal, mayor será la urgencia de avanzar en una reforma de las anticuadas instituciones laborales argentinas.
Sin acuerdo entre empresarios y gremios, el Gobierno oficializó el nuevo salario mínimo en $10.000. El nuevo valor representa un aumento de ese ingreso de un 24 por ciento y eleva el actual de $8.060 en tres tramos.
El salario mínimo subirá a 10 mil pesos el año que viene aunque sólo 10% durante 2017. Fue la decisión que adoptó de forma unilateral el Gobierno ante la falta de acuerdo con las centrales sindicales en la reunión del Consejo del Salario, la segunda en la administración de Mauricio Macri. La resolución, instrumentada a través de un laudo inédito desde la reanudación en 2004 del mecanismo de actualización- extenderá además la vigencia del piso salarial por un total de trece meses, lo que también reduce el impacto de bolsillo del 24% de ajuste nominal.
La convocatoria al órgano tripartito de debate se concretó en medio de protestas de las organizaciones sociales que quedaron al margen, a pesar de que desde este año el piso salarial tiene incidencia directa en el valor de los planes sociales a partir de la sanción de la ley de Emergencia Social. También era clave el nuevo monto por su impacto en el salario docente a partir del compromiso del Ejecutivo de garantizar un 20% más que el piso formal para el ingreso de los trabajadores de la educación.
La discusión quedó trunca desde temprano. Una reunión plenaria por la mañana con la participación del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, representantes de la CGT y la CTA y los miembros de las principales cámaras empresarias, selló el destino de la jornada cuando Pablo Moyano, de la central mayoritaria, cerró los discursos con una arenga en la que advertía que el reclamo unitario de los gremios sería por un aumento del 74%, de modo de subir el mínimo salarial de 8.060 pesos a $14.060, equivalente al monto de la canasta básica de bienes y servicios que fija la línea de pobreza.
De ese modo quedaron unificados los planteos del triunvirato de CGT con los de ambas versiones de la CTA. En los días previos Triaca había intentado convencer los gremios mayoritarios de convalidar una suba por debajo del 25% para evitar un impacto fiscal mayor por arrastre sobre subsidios y sueldos docentes. La representación empresaria, en tanto, había propuesto un ajuste del 20,3% en tres tramos, hasta julio del año que viene.
Sin debate
En ese escenario los representantes gremiales ni siquiera concurrieron a dos reuniones de la Comisión del Salario Mínimo, que en teoría debía acordar el nuevo piso. Sólo hubo una reunión informal de un reducido grupo de dirigentes con el ministro Triaca en su oficina para intentar un acuerdo de último momento previo al plenario de cierre, previsto para las 16. En esa instancia ya era claro que la CGT prefería descargar en el Gobierno el peso de una resolución unilateral y no pagar el costo político de un aumento muy lejano a la canasta básica.
El laudo que firmó Triaca estableció que el piso subirá de los actuales $8.060 a 8.860 pesos a partir de julio, lo que representa una variación de menos del 10% para todo 2017 (el último aumento se había registrado en enero de este año). Recién el año que viene habrá un nuevo aumento a partir de enero, cuando el monto se elevará a $9.500, y en julio, cuando debería vencer la vigencia del nuevo acuerdo y renegociarse un nuevo salario mínimo, el valor pasará a 10 mil pesos.
En la cartera laboral explicaron que el mecanismo del laudo, si bien registra pocos antecedentes en la historia de las relaciones laborales en la Argentina (uno de los más recordados fue el que en 1975 firmó el entonces secretario de Trabajo, Carlos Ruckauf, para dirimir una disputa a favor de los metalúrgicos de UOM para representar a trabajadores automotrices, hasta entonces regidos por el convenio de los mecánicos del SMATA) está previsto en la ley de creación del Consejo del Salario. Y que equivale a un fallo de primera instancia, que puede ser apelado ante la Justicia laboral. Ayer sólo en las dos versiones de la CTA analizaban esa posibilidad.
La jornada tuvo largos vacíos por la decisión sindical de ausentarse del debate que era foco de atención. Sólo destacó la participación del hijo de Hugo Moyano en la apertura una vez que, además de fijar la pauta, le reprochó en términos agrios a Triaca por la intervención oficial en las discusiones paritarias. Por lo demás, los participantes realizaron en el arranque un minuto de silencio por el fallecimiento del dirigente rural Gerónimo “Momo” Venegas.
Por la CGT participaron los triunviros Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, así como Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, Carlos Frigerio, José Luis Lingeri, Julio Piumato, Oscar Rojas y Sergio Romero; mientras que de las CTA estuvieron Pablo Micheli, Pedro Wasiejko, José Rigane y Roberto Baradel. La representación empresaria estuvo integrada por Daniel Funes de Rioja, Juan José Etala, Julio Cordero, Ricardo Güell, Horacio Martínez, Eduardo Franciosi, Sergio Nunes y Juan Carlos Mariani (todos por la Unión Industrial); Alberto Frola y Daniel Asseff (entidades del agro); Graciela Fresno y Verónica Sánchez (hoteleros); Pedro Etcheberry y Carlos Echezarreta (mercantiles), Adelmo Gabbi (Bolsa), Ignacio De Jáuregui (CAME) y Jorge Hulton (Cámara de la Construcción).
Las protestas que colapsaron el centro porteño buena parte de la jornada corrieron por cuenta de entidades como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) que contaban con participar del debate pero quedaron afuera a último momento por falta de acuerdo de la CGT y la CTA de Hugo Yasky para invitarla. La posible presencia de organizaciones sociales en el Consejo del Salario apuntaba al impacto que tendrá desde este año el piso fijado en unos 400 mil planes sociales cuyo valor debe ser de al menos la mitad.
Las delegaciones sindicales de la CGT y de ambas CTA rechazaron una oferta de aumento del salario mínimo del 20,5 %, que elevaría ese haber a 8.800 pesos el mes próximo, a 9.200 en enero y a 9.800 en julio de 2018, según confirmaron a Télam fuentes gremiales, las que sostuvieron además que prosiguen “las diferencias en el marco del encuentro” tripartito.
A la salida de la reunión, el titular de Suteba, Roberto Baradel, expresó: “Rechazamos la propuesta de 9800 a julio del año que totaliza, un 20% a julio del año que viene”.
Además, sobre el sueldo docente expresó: “Todas las centrales sindicales hemos planteado el rechazo a que el sueldo docente sea el resultado de esta negociación. Se tiene que convocar a la paritaria nacional. El piso salarial lo discutimos los docentes en la paritaria docente, no en el consejo del salario”.
En tanto Pablo Micheli (CTA Autónoma) aseguró que “es hora de evaluar una protesta nacional de todos los sindicatos”.
El encuentro -que en realidad comenzó esta mañana con el trabajo de las diferentes comisiones que conforman el organismo- se realizó en la dependencia laboral de Avenida Leandro N. Alem 650.
Antes de ingresar a la reunión, Micheli había anticipado que la CTA Autónoma exigiría un haber mínimo de entre 14.500 y 15.000 pesos, lo que sería acompañado por los integrantes de la delegación ceteísta de Hugo Yasky.
Esta mañana el camionero Pablo Moyano aseguró que la central obrera también demandaría un mínimo de 15.000, lo que había sido anticipado la semana anterior por el triunviro Juan Carlos Schmid, aunque luego afirmó que “era una línea a discutir”.
El actual mínimo, vital y móvil es de 8.060 pesos y, una suba del 22 % lo ubicaría en 9.672 pesos, a lo que debe sumarse que siempre ese ingreso se abonó en tres cuotas o tramos.
Esos 8.060 pesos se pagan desde enero último, luego de haber sido elevado de 6.060 a 6.810 el 1° de junio de 2016 y a 7.560 a partir de septiembre de ese año, aunque las CTA exigen 15 mil pesos.
“No es posible aceptar que el mínimo se ubique por debajo del valor de los productos de la canasta básica alimentaria”, ratificaron esta tarde Micheli y los dirigentes Roberto Baradel y Pedro Wasiejko, de la corriente que encabeza el docente Yasky.
Como está estipulado en las facultades del organismo, en caso de que no haya consenso entre las partes el Ministerio de Trabajo tiene la posibilidad de producir un laudo, lo que a lo largo de la historia se evitó para no asumir innecesarios costos políticos.
