salarios estatales

Renunció Marco Lavagna al Indec a días del debut del nuevo IPC

Compartí esta noticia !

Luego de poner en marcha el renovado Índice de Precios al Consumidor (IPC) el mes pasado y en medio de tensiones internas por los salarios congelados en el organismo, el director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, presentó hoy su renuncia, según confirmaron fuentes oficiales Economis.

Lavagna, economista de origen peronista y cercano al Frente Renovador de Sergio Massa, había asumido al frente del Indec el 30 de diciembre de 2019, con el aval del entonces presidente Alberto Fernández y del ministro de Economía Martín Guzmán.

Durante su gestión, Lavagna dio continuidad al proceso de normalización de las estadísticas públicas iniciado por Jorge Todesca al asumir el organismo durante el gobierno de Mauricio Macri. Ese proceso había buscado reconstruir la credibilidad del Indec tras una década de distorsión estadística iniciada en enero de 2007, cuando el entonces secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno intervino el organismo con el aval de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, alterando datos clave como inflación, pobreza y crecimiento económico y desplazando a técnicos especializados.

En ese esquema de recuperación institucional también tuvo un rol central Graciela Bevacqua, una de las funcionarias desplazadas durante la intervención, que junto a Todesca trabajó en la recomposición metodológica de los principales indicadores. Ese sendero fue sostenido por Lavagna durante su gestión.

Entre los hitos de su paso por el Indec se destaca la realización del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, cuyos resultados finales registraron demoras. En ese momento, el propio Lavagna reconoció errores en el operativo y explicó que un número significativo de planillas “no cumplían los estándares de calidad suficientes”, lo que obligó a retrasar la publicación de los datos definitivos.

Más recientemente, desde este mes, el organismo comenzó a aplicar el nuevo IPC, una actualización metodológica de peso que introdujo cuatro cambios centrales. En primer lugar, se adoptó la clasificación internacional Coicop 2018, conforme a las recomendaciones de Naciones Unidas, ampliando de 12 a 13 las divisiones del índice e incorporando el rubro “Seguros y servicios financieros”.

En segundo término, se actualizaron los ponderadores a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018, con el objetivo de reflejar de manera más precisa los patrones de consumo de los hogares argentinos. Además, se modificaron los períodos de referencia de ponderadores, índices y precios, así como la fórmula y el esquema de agregación utilizados en el cálculo del indicador.

Por último, el relevamiento de precios pasó a realizarse mayoritariamente de forma digital, mediante tablets adaptadas a cada tipo de comercio. La cobertura geográfica se amplió a 39 aglomerados y localidades, con una muestra aproximada de 500.000 precios mensuales relevados en más de 24.500 puntos de venta.

La renuncia de Lavagna generó preocupación entre los trabajadores del organismo. “Nos llama poderosamente la atención. Nos pone en alerta la renuncia de Marco Lavagna a ocho días de la salida del IPC con las nuevas ponderaciones de la Encuesta de Gastos 2017-2018. Es un escenario en el que el Indec va a estar en el centro de la opinión pública. Exigimos, históricamente, un Indec independiente del poder político”, afirmó Raúl Llaneza, delegado de ATE Indec, en declaraciones a La Nación.

Compartí esta noticia !

Corrientes sin margen fiscal: Valdés admitió que no hay condiciones para aumentos salariales

Compartí esta noticia !

En un contexto de tensión creciente con los gremios estatales y a semanas del inicio del ciclo lectivo, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, reconoció que la provincia no cuenta con margen financiero para otorgar aumentos salariales en el corto plazo. El mandatario atribuyó la restricción a la caída de la coparticipación federal y a una deuda que la Nación mantiene con el distrito por unos $250.000 millones, un pasivo que, según afirmó, condiciona de manera directa cualquier recomposición de ingresos en la administración pública.

Caída de la coparticipación y reclamo por una deuda millonaria

Consultado este martes por la mañana en una rueda de prensa con cronistas radiales, tras una reunión mantenida el lunes con la ministra de Educación, Valdés evitó comprometer fechas o porcentajes de recomposición salarial. “Lo estamos trabajando”, respondió ante la consulta, aunque de inmediato aclaró: “Tenemos una situación compleja con la caída de la coparticipación”.

El gobernador puso el foco en el frente fiscal y reclamó al Gobierno nacional una deuda estimada en $250 mil millones, correspondiente al consenso fiscal. “Es una deuda importante”, sostuvo, al explicar que ese pasivo limita la capacidad financiera de la provincia, aun cuando aseguró que las cuentas provinciales se encuentran equilibradas.

Desde el punto de vista económico e institucional, la referencia a la coparticipación federal resulta central: se trata de uno de los principales ingresos corrientes de Corrientes y su retracción impacta de manera directa en la masa salarial, que constituye uno de los componentes más relevantes del gasto público provincial.

Presión sindical y educación en el centro del conflicto

Las declaraciones del mandatario se produjeron luego de un encuentro clave con la ministra de Educación, quien venía de reunirse con entidades sindicales del sector. En esa instancia, los gremios reclamaron el inicio inmediato de la discusión salarial, con especial énfasis en la situación de los docentes.

El reclamo adquiere mayor peso político y social ante la cercanía del inicio del ciclo lectivo, previsto en Corrientes para el 2 de marzo. La falta de definiciones concretas sobre los salarios mantiene en vilo a los trabajadores estatales, particularmente al sector educativo, históricamente sensible a los retrasos en la negociación paritaria.

Equilibrio fiscal, límites políticos y expectativas a corto plazo

Valdés intentó equilibrar el mensaje entre la prudencia fiscal y la contención política. Si bien insistió en que la provincia mantiene sus finanzas ordenadas, dejó en claro que el escenario macroeconómico y la relación financiera con la Nación reducen el margen de maniobra para otorgar aumentos salariales.

En términos de proyección, el reconocimiento explícito de la falta de margen fiscal anticipa un escenario de negociaciones tensas con los gremios estatales en las próximas semanas. La evolución de la coparticipación y una eventual definición sobre la deuda reclamada a la Nación aparecen como variables clave para destrabar, o no, la discusión salarial en Corrientes.

Compartí esta noticia !

El Gobierno prorrogó las pautas salariales para el sector público nacional

Compartí esta noticia !

El Poder Ejecutivo Nacional resolvió extender durante todo 2026 los lineamientos de negociación salarial para el Sector Público Nacional, mediante la Decisión Administrativa 43/2025, firmada el 31 de diciembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial el 2 de enero de 2026. La medida prorroga la vigencia de la Decisión Administrativa 28/2024, que fija pautas uniformes para las negociaciones colectivas, con el objetivo explícito de optimizar los recursos del Estado, reducir el gasto público y mantener criterios homogéneos en materia salarial.

La decisión se inscribe en la política de administración del gasto y ordenamiento fiscal impulsada por el Gobierno y alcanza a las jurisdicciones, entidades y organismos del Poder Ejecutivo Nacional comprendidos en el artículo 8°, incisos a) y c), de la Ley 24.156 de Administración Financiera.

Antecedentes normativos y objetivos de la prórroga

Los lineamientos salariales que ahora se extienden hasta el 31 de diciembre de 2026 fueron establecidos originalmente por la Decisión Administrativa 28 del 1° de febrero de 2024, en el marco de las facultades conferidas por la Ley 18.753, que asigna a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público la responsabilidad de estudiar y coordinar una política salarial armónica en el ámbito estatal.

Posteriormente, la Decisión Administrativa 1 del 6 de enero de 2025 prorrogó esas pautas durante todo el ejercicio presupuestario 2025, con el argumento de avanzar en la reducción del gasto público y la eficiencia en la administración estatal. Según se desprende de los considerandos de la nueva norma, desde su implementación “se ha logrado avanzar de manera ininterrumpida hacia el logro de los objetivos señalados, manteniendo durante el Ejercicio Presupuestario 2025 parámetros homogéneos para la negociación de salarios”.

La Decisión Administrativa 43/2025 sostiene que, en virtud de esos resultados, resulta “pertinente prorrogar los lineamientos oportunamente establecidos […] para el Ejercicio Presupuestario 2026”, reforzando la continuidad de un esquema centralizado de pautas salariales para todo el sector público nacional.

Impacto en las negociaciones colectivas y el gasto público

La medida tiene incidencia directa sobre las negociaciones colectivas de trabajo en el ámbito estatal, reguladas por la Ley 14.250 (t.o. 2004), y sobre el funcionamiento de las comisiones negociadoras definidas por los Decretos 183/1988 y 322/2017. En particular, reafirma la representación del sector empleador del Estado nacional en las discusiones paritarias y la aplicación de criterios comunes en organismos centralizados, descentralizados, instituciones de seguridad social y entes estatales comprendidos en la Ley 24.156.

Desde el punto de vista fiscal, la prórroga busca preservar previsibilidad presupuestaria y consolidar un esquema de control del gasto salarial, uno de los componentes más relevantes del gasto corriente del Estado. En ese sentido, la norma aclara que todas las referencias previas a la Ley de Presupuesto 27.701 y al Decreto 88/2023 deberán entenderse realizadas al instrumento que apruebe el Presupuesto 2026, alineando las pautas salariales con el marco presupuestario vigente.

Alcance institucional y continuidad de la política salarial

La decisión fue adoptada por el Jefe de Gabinete de Ministros, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100, incisos 1, 2 y 7 de la Constitución Nacional, y contó con la intervención de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, así como de los servicios jurídicos competentes.

En términos institucionales, la prórroga consolida una política salarial coordinada y centralizada dentro del Sector Público Nacional, reforzando el rol de los organismos rectores en la definición de pautas comunes y limitando la dispersión de criterios entre jurisdicciones. La continuidad de este esquema durante 2026 anticipa un escenario de negociaciones salariales condicionadas por parámetros fiscales y presupuestarios uniformes, en línea con la estrategia general de ordenamiento del gasto público.

Compartí esta noticia !

Ramón Amarilla cuestiona la “aduana paralela” y reclama recomposición salarial en Misiones

Compartí esta noticia !

El flamante diputado Ramón Amarilla cuestiona la situación económica de Misiones y reclama eliminar la “aduana paralela” por su impacto en comercios y productores

En una entrevista pública, el diputado provincial del espacio Algo Nuevo, Ramón Amarilla, advirtió sobre la “situación económica angustiante” que atraviesa Misiones, atribuyó responsabilidades tanto al Gobierno nacional como al provincial y reclamó el fin de la denominada “aduana paralela”, a la que responsabilizó por el encarecimiento del comercio interno, el cierre de empresas y la pérdida de competitividad de la producción local. También anunció que concentrará su agenda legislativa en la recomposición salarial y en la revisión del esquema de distribución de recursos.

Críticas a Nación y Provincia: salarios atrasados, recesión y advertencias sobre la “aduana paralela”

Durante la entrevista, el legislador sostuvo que la crisis se profundizó por decisiones adoptadas a nivel nacional y advirtió que “ha quedado un montón de gente sin trabajo”. Aunque afirmó no tener una adscripción ideológica definida, remarcó que “me gustaría que le vaya bien al presidente porque así nos va a ir a todos bien”, pero consideró que “lamentablemente creo que ha cometido muchos errores”.

Amarilla también apuntó contra medidas provinciales que, según expresó, generan un “ahogo” sobre el desarrollo económico. En ese marco, cuestionó la denominada aduana paralela, señalando que viola los “artículos nueve, diez y once” de la Constitución referidos a la prohibición de aduanas internas. Según su planteo, esa estructura “le perjudicó a todos los comerciantes, a los empresarios madereros, a los empresarios yerbateros, tabacaleros” y provocó que “nadie quiera comercializar con la provincia de Misiones por los costos”.

El diputado describió efectos concretos: Diferencias de precios con Brasil y Paraguay que incentivan el consumo fuera de la provincia. Recargos que, según afirmó, llegan al “cuatro por ciento” en el paso aduanero. Traslado del costo adicional a los consumidores, sumado a la carga tributaria nacional del “veintisiete, veintiocho por ciento”.

“La gente se va a Paraguay o se va a Brasil porque en Brasil tenemos una frontera de dos metros… acá está catorce mil pesos un kilo de carne y usted pasa a la frontera y está a seis mil pesos”, ejemplificó.

Salarios y distribución de recursos: el diputado exige paritarias y cuestiona el “superávit” provincial

Amarilla aseguró que una de sus principales prioridades será la recomposición de haberes de empleados estatales. Planteó que “un agente de policía o un docente no llegan a los ochocientos mil pesos, a los novecientos mil pesos” mientras “la canasta básica está en un millón cuatrocientos treinta y siete mil pesos”.

El legislador indicó que desde “el veinte veintitrés de octubre al veinte veintitrés no ha habido más paritaria”, que “han anulado todas las mesas de diálogo” y que los incrementos salariales fueron “unilaterales de uno por ciento, dos por ciento”.

Sobre el financiamiento de eventuales mejoras, sostuvo que la administración provincial cuenta con recursos suficientes y mencionó declaraciones del oficialismo según las cuales “entra más de cincuenta mil millones mensualmente”, aunque —afirmó— “los recursos están mal distribuidos”. Indicó además que el impacto económico negativo de la aduana paralela “le perjudicó a todos los comerciantes, a todos los empresarios y al ciudadano”.

Seguridad jurídica y garantías constitucionales: denuncias de persecución y reclamo de libertad de expresión

El diputado también abordó cuestiones institucionales. Señaló que en Misiones “han sacado una ley mordaza que no nos permite verdaderamente expresarnos” y sostuvo que “un montón de personas… por expresarse han tenido que abandonar la provincia”. Afirmó que han existido “allanamientos” y “causas inventadas”, y que la provincia “tiene que ser libre donde se respete la Constitución”.

Amarilla aseguró que él mismo se puso “a disposición de la justicia” y negó que haya tenido intención de eludir investigaciones: “Yo nunca disparé de la justicia… yo me fui a entregar porque creía en la justicia”.

Alianzas y armado legislativo

El diputado anticipó que trabaja en conjunto con otro legislador para formar un bloque legislativo articulado: “Hasta ahora estoy con el diputado Miguel Núñez. Hemos hecho un bloque con él”. Aseguró que espera la respuesta de “los otros treinta y ocho diputados” para avanzar en propuestas vinculadas a salarios, impuestos y revisión de la estructura de controles en frontera.

Amarilla remarcó que su agenda se orientará a “trabajar entre todos” y a que los representantes nacionales “peleen por los intereses de la provincia”.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin