vie. Ago 14th, 2026

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Misiones activa recomposición salarial escalonada hasta septiembre y prioriza a docentes, policías y jubilados

By Economis Redacción 3 semanas ago
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En un escenario económico marcado por la desaceleración de la inflación, pero con fuertes restricciones fiscales a nivel nacional, el Gobierno de Misiones puso en marcha un cronograma escalonado de actualización salarial que se extenderá entre julio y septiembre y alcanzará a toda la administración pública provincial.

La decisión, dispuesta por el gobernador Hugo Passalacqua, contempla incrementos para docentes, fuerzas de seguridad, jubilados y pensionados durante julio, una actualización para el personal retirado en agosto y una segunda etapa de recomposición para docentes y policías en septiembre. Paralelamente, ese mismo mes se retomarán las negociaciones salariales con los trabajadores de Salud y de la Administración Central.

El Ejecutivo provincial sostuvo que la planificación financiera y la disponibilidad de recursos permiten avanzar con una política de recomposición progresiva de los salarios, pese al complejo contexto macroeconómico.

Uno de los sectores donde el impacto será más significativo es el docente, especialmente entre quienes tienen menor antigüedad y perciben los salarios más bajos.

Según el Gobierno provincial, al comparar los haberes de julio de 2026 con los de diciembre de 2025 -y los previstos para septiembre con esa misma base-, la mejora acumulada supera la inflación nacional registrada en ese período, generando una recuperación del poder adquisitivo para los maestros que inician su carrera.

Desde julio, un maestro de grado sin antigüedad percibirá $801.000, mientras que en septiembre ese salario ascenderá a $820.000. En el caso de quienes además cobran el programa Hora Más, el ingreso llegará a $1.101.000 en julio y a $1.120.000 en septiembre.

Para los docentes con mayor trayectoria, el incremento será de $36.191 por cargo de nivel primario en julio, alcanzando una mejora acumulada de $72.656 por cargo en septiembre.

La Provincia también ratificó la continuidad del Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid), creado tras la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) por parte del Gobierno nacional desde diciembre de 2023, con el objetivo de sostener ese complemento salarial para el sector.

Policía: actualización diferenciada según la zona

Las fuerzas de seguridad también tendrán dos etapas de recomposición.

Un agente destinado en la zona capital cobrará $1.116.251 en julio y alcanzará $1.155.006,26 en septiembre.

En tanto, para el personal que presta servicios en la zona norte de la provincia, donde existen adicionales específicos por destino, el salario será de $1.326.576 este mes y llegará a $1.373.429,69 en septiembre.

Jubilados, retirados y nuevas negociaciones

El esquema también contempla una actualización para jubilados y pensionados en julio, mientras que el personal retirado percibirá su recomposición durante agosto.

Ese mismo mes el Gobierno volverá a convocar a las mesas salariales de Salud y Administración Central, donde se discutirán las nuevas mejoras para esos sectores.

Cronograma de actualización salarial

Julio

  • Docentes.
  • Fuerzas de Seguridad.
  • Jubilados y pensionados.

Agosto

  • Personal retirado.
  • Reapertura de las mesas salariales de Salud y Administración Central.

Septiembre

  • Segunda etapa de actualización para docentes.
  • Segunda etapa de actualización para las fuerzas de seguridad.

Con este esquema, el Gobierno provincial busca distribuir las recomposiciones a lo largo del tercer trimestre, priorizando los sectores con mayor impacto presupuestario y sosteniendo una política salarial diferenciada frente al escenario económico nacional.

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Misiones paga aguinaldos sin descuentos bancarios y vuelca $72.000 millones a la economía provincial

By Economis Redacción 2 meses ago
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El Gobierno de Misiones dispuso que los aguinaldos acreditados este viernes para los trabajadores activos de la administración pública provincial no estarán sujetos a descuentos automáticos por deudas bancarias vencidas durante toda la jornada.

Según se informó oficialmente, las entidades financieras postergarán la ejecución de los débitos hasta las 20 del viernes, permitiendo que los empleados públicos puedan disponer de la totalidad de sus haberes complementarios antes de que se apliquen eventuales retenciones vinculadas a compromisos crediticios pendientes.

La decisión apunta a preservar el carácter excepcional del Sueldo Anual Complementario (SAC) y garantizar que los trabajadores cuenten con liquidez inmediata para afrontar gastos familiares, consumo y compromisos propios de mitad de año.

La medida no alcanza al personal activo del Instituto de Previsión Social (IPS) ni a jubilados, pensionados y retirados. Desde el Gobierno provincial explicaron que existen dificultades operativas en el proceso necesario para evitar la aplicación de descuentos en estos sectores, lo que impidió extender el beneficio en esta oportunidad.

El desembolso representa además una fuerte inyección de recursos para la economía misionera. La Provincia destina aproximadamente 72.000 millones de pesos al pago de aguinaldos, una masa salarial que impactará de manera directa sobre el consumo, el comercio y la actividad económica en todo el territorio provincial, a horas del Día del Padre y en medio del Mundial.

En un contexto de desaceleración económica y caída del consumo en distintos sectores, el pago del medio aguinaldo constituye uno de los movimientos de liquidez más relevantes del semestre, con efecto multiplicador especialmente en comercios, servicios y pequeñas empresas que dependen de la demanda interna.

La decisión de diferir los débitos bancarios busca precisamente maximizar ese impacto, permitiendo que los trabajadores dispongan libremente de sus ingresos extraordinarios antes de que operen las compensaciones automáticas por obligaciones financieras vencidas.

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Renunció Marco Lavagna al Indec a días del debut del nuevo IPC

By Economis Redacción 6 meses ago
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Luego de poner en marcha el renovado Índice de Precios al Consumidor (IPC) el mes pasado y en medio de tensiones internas por los salarios congelados en el organismo, el director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, presentó hoy su renuncia.

Lavagna, economista de origen peronista y cercano al Frente Renovador de Sergio Massa, había asumido al frente del Indec el 30 de diciembre de 2019, con el aval del entonces presidente Alberto Fernández y del ministro de Economía Martín Guzmán.

Durante su gestión, Lavagna dio continuidad al proceso de normalización de las estadísticas públicas iniciado por Jorge Todesca al asumir el organismo durante el gobierno de Mauricio Macri. Ese proceso había buscado reconstruir la credibilidad del Indec tras una década de distorsión estadística iniciada en enero de 2007, cuando el entonces secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno intervino el organismo con el aval de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, alterando datos clave como inflación, pobreza y crecimiento económico y desplazando a técnicos especializados.

En ese esquema de recuperación institucional también tuvo un rol central Graciela Bevacqua, una de las funcionarias desplazadas durante la intervención, que junto a Todesca trabajó en la recomposición metodológica de los principales indicadores. Ese sendero fue sostenido por Lavagna durante su gestión.

Entre los hitos de su paso por el Indec se destaca la realización del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, cuyos resultados finales registraron demoras. En ese momento, el propio Lavagna reconoció errores en el operativo y explicó que un número significativo de planillas “no cumplían los estándares de calidad suficientes”, lo que obligó a retrasar la publicación de los datos definitivos.

Más recientemente, desde este mes, el organismo comenzó a aplicar el nuevo IPC, una actualización metodológica de peso que introdujo cuatro cambios centrales. En primer lugar, se adoptó la clasificación internacional Coicop 2018, conforme a las recomendaciones de Naciones Unidas, ampliando de 12 a 13 las divisiones del índice e incorporando el rubro “Seguros y servicios financieros”.

En segundo término, se actualizaron los ponderadores a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018, con el objetivo de reflejar de manera más precisa los patrones de consumo de los hogares argentinos. Además, se modificaron los períodos de referencia de ponderadores, índices y precios, así como la fórmula y el esquema de agregación utilizados en el cálculo del indicador.

Por último, el relevamiento de precios pasó a realizarse mayoritariamente de forma digital, mediante tablets adaptadas a cada tipo de comercio. La cobertura geográfica se amplió a 39 aglomerados y localidades, con una muestra aproximada de 500.000 precios mensuales relevados en más de 24.500 puntos de venta.

La renuncia de Lavagna generó preocupación entre los trabajadores del organismo. “Nos llama poderosamente la atención. Nos pone en alerta la renuncia de Marco Lavagna a ocho días de la salida del IPC con las nuevas ponderaciones de la Encuesta de Gastos 2017-2018. Es un escenario en el que el Indec va a estar en el centro de la opinión pública. Exigimos, históricamente, un Indec independiente del poder político”, afirmó Raúl Llaneza, delegado de ATE Indec, en declaraciones a La Nación.

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Corrientes sin margen fiscal: Valdés admitió que no hay condiciones para aumentos salariales

By Redacción Economis 7 meses ago
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En un contexto de tensión creciente con los gremios estatales y a semanas del inicio del ciclo lectivo, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, reconoció que la provincia no cuenta con margen financiero para otorgar aumentos salariales en el corto plazo. El mandatario atribuyó la restricción a la caída de la coparticipación federal y a una deuda que la Nación mantiene con el distrito por unos $250.000 millones, un pasivo que, según afirmó, condiciona de manera directa cualquier recomposición de ingresos en la administración pública.

Caída de la coparticipación y reclamo por una deuda millonaria

Consultado este martes por la mañana en una rueda de prensa con cronistas radiales, tras una reunión mantenida el lunes con la ministra de Educación, Valdés evitó comprometer fechas o porcentajes de recomposición salarial. “Lo estamos trabajando”, respondió ante la consulta, aunque de inmediato aclaró: “Tenemos una situación compleja con la caída de la coparticipación”.

El gobernador puso el foco en el frente fiscal y reclamó al Gobierno nacional una deuda estimada en $250 mil millones, correspondiente al consenso fiscal. “Es una deuda importante”, sostuvo, al explicar que ese pasivo limita la capacidad financiera de la provincia, aun cuando aseguró que las cuentas provinciales se encuentran equilibradas.

Desde el punto de vista económico e institucional, la referencia a la coparticipación federal resulta central: se trata de uno de los principales ingresos corrientes de Corrientes y su retracción impacta de manera directa en la masa salarial, que constituye uno de los componentes más relevantes del gasto público provincial.

Presión sindical y educación en el centro del conflicto

Las declaraciones del mandatario se produjeron luego de un encuentro clave con la ministra de Educación, quien venía de reunirse con entidades sindicales del sector. En esa instancia, los gremios reclamaron el inicio inmediato de la discusión salarial, con especial énfasis en la situación de los docentes.

El reclamo adquiere mayor peso político y social ante la cercanía del inicio del ciclo lectivo, previsto en Corrientes para el 2 de marzo. La falta de definiciones concretas sobre los salarios mantiene en vilo a los trabajadores estatales, particularmente al sector educativo, históricamente sensible a los retrasos en la negociación paritaria.

Equilibrio fiscal, límites políticos y expectativas a corto plazo

Valdés intentó equilibrar el mensaje entre la prudencia fiscal y la contención política. Si bien insistió en que la provincia mantiene sus finanzas ordenadas, dejó en claro que el escenario macroeconómico y la relación financiera con la Nación reducen el margen de maniobra para otorgar aumentos salariales.

En términos de proyección, el reconocimiento explícito de la falta de margen fiscal anticipa un escenario de negociaciones tensas con los gremios estatales en las próximas semanas. La evolución de la coparticipación y una eventual definición sobre la deuda reclamada a la Nación aparecen como variables clave para destrabar, o no, la discusión salarial en Corrientes.

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El Gobierno prorrogó las pautas salariales para el sector público nacional

By Redacción Economis 7 meses ago
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El Poder Ejecutivo Nacional resolvió extender durante todo 2026 los lineamientos de negociación salarial para el Sector Público Nacional, mediante la Decisión Administrativa 43/2025, firmada el 31 de diciembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial el 2 de enero de 2026. La medida prorroga la vigencia de la Decisión Administrativa 28/2024, que fija pautas uniformes para las negociaciones colectivas, con el objetivo explícito de optimizar los recursos del Estado, reducir el gasto público y mantener criterios homogéneos en materia salarial.

La decisión se inscribe en la política de administración del gasto y ordenamiento fiscal impulsada por el Gobierno y alcanza a las jurisdicciones, entidades y organismos del Poder Ejecutivo Nacional comprendidos en el artículo 8°, incisos a) y c), de la Ley 24.156 de Administración Financiera.

Antecedentes normativos y objetivos de la prórroga

Los lineamientos salariales que ahora se extienden hasta el 31 de diciembre de 2026 fueron establecidos originalmente por la Decisión Administrativa 28 del 1° de febrero de 2024, en el marco de las facultades conferidas por la Ley 18.753, que asigna a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público la responsabilidad de estudiar y coordinar una política salarial armónica en el ámbito estatal.

Posteriormente, la Decisión Administrativa 1 del 6 de enero de 2025 prorrogó esas pautas durante todo el ejercicio presupuestario 2025, con el argumento de avanzar en la reducción del gasto público y la eficiencia en la administración estatal. Según se desprende de los considerandos de la nueva norma, desde su implementación “se ha logrado avanzar de manera ininterrumpida hacia el logro de los objetivos señalados, manteniendo durante el Ejercicio Presupuestario 2025 parámetros homogéneos para la negociación de salarios”.

La Decisión Administrativa 43/2025 sostiene que, en virtud de esos resultados, resulta “pertinente prorrogar los lineamientos oportunamente establecidos […] para el Ejercicio Presupuestario 2026”, reforzando la continuidad de un esquema centralizado de pautas salariales para todo el sector público nacional.

Impacto en las negociaciones colectivas y el gasto público

La medida tiene incidencia directa sobre las negociaciones colectivas de trabajo en el ámbito estatal, reguladas por la Ley 14.250 (t.o. 2004), y sobre el funcionamiento de las comisiones negociadoras definidas por los Decretos 183/1988 y 322/2017. En particular, reafirma la representación del sector empleador del Estado nacional en las discusiones paritarias y la aplicación de criterios comunes en organismos centralizados, descentralizados, instituciones de seguridad social y entes estatales comprendidos en la Ley 24.156.

Desde el punto de vista fiscal, la prórroga busca preservar previsibilidad presupuestaria y consolidar un esquema de control del gasto salarial, uno de los componentes más relevantes del gasto corriente del Estado. En ese sentido, la norma aclara que todas las referencias previas a la Ley de Presupuesto 27.701 y al Decreto 88/2023 deberán entenderse realizadas al instrumento que apruebe el Presupuesto 2026, alineando las pautas salariales con el marco presupuestario vigente.

Alcance institucional y continuidad de la política salarial

La decisión fue adoptada por el Jefe de Gabinete de Ministros, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100, incisos 1, 2 y 7 de la Constitución Nacional, y contó con la intervención de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, así como de los servicios jurídicos competentes.

En términos institucionales, la prórroga consolida una política salarial coordinada y centralizada dentro del Sector Público Nacional, reforzando el rol de los organismos rectores en la definición de pautas comunes y limitando la dispersión de criterios entre jurisdicciones. La continuidad de este esquema durante 2026 anticipa un escenario de negociaciones salariales condicionadas por parámetros fiscales y presupuestarios uniformes, en línea con la estrategia general de ordenamiento del gasto público.

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