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Estudio asegura que se redujo 3% la participación de los asalariados en el PBI
Las profundas transformaciones en la política económica que desplegó la alianza Cambiemos no solo provocaron una importante recesión en 2016 sino también alteraciones sustanciales en el régimen económico. Si bien el examen de los cambios estructurales es prematuro en cuanto a su profundidad no lo es en lo que concierne a su naturaleza y orientación. Por ello, la evaluación del primer año de gobierno resulta sumamente útil como para advertir el nuevo esquema de “ganadores” y “perdedores” que se tiende a configurar en la economía argentina y, consiguientemente, la orientación del modelo de acumulación de capital que se busca establecer.
Al respecto, lo primero que cabe señalar es que las medidas adoptadas (devaluación, quita o baja de retenciones a las exportaciones, aumento de las tarifas de los servicios públicos, apertura comercial, liberalización del movimiento de capitales, suba de la tasa de interés, etc.) generaron una profunda transferencia de ingresos del trabajo al capital. A tal punto que la participación de los asalariados en el ingreso cayó del 37,4% al 34,3% entre 2015 y 2016, lo que equivale a una apropiación por parte del capital de aproximadamente 16.000 millones de dólares.
Sin embargo, las intensas pugnas por la distribución del ingreso no solo se entablaron entre el trabajo y el capital sino también en el plano intra-capital. Se trata de transferencias de ingresos que emanan tanto de la punción en el salario real como de las rentabilidades relativas sectoriales. Así es que en el marco de la aceleración inflacionaria de 2016, y en forma consistente con la nueva política económica, los sectores que pudieron aumentar sus precios relativos por encima del promedio fueron el agro (83,9%), la intermediación financiera (60,9%), electricidad, gas y agua (57,4%) y minas y canteras (49,9%).
Las ramas que, en cambio, se ubicaron dentro del segmento de los “perdedores” son, en lo fundamental, la industria, la construcción y el comercio. En la generalidad de los casos, estas actividades estuvieron afectadas por la caída del consumo, el incremento de los costos de los servicios públicos y la apertura comercial (que fue muy escasamente compensada por la suba del tipo de cambio real). Este cambio de precios relativos se desplegó en un marco internacional complejo, caracterizado por la intensificación de la lucha competitiva que se reflejó en una importante caída de los precios externos.
En ese marco, el eje ordenador de la economía argentina se desplazó de la economía real y el consumo hacia la especulación financiera, reprimarizándose asimismo la canasta exportadora del país. De hecho, el único componente de la demanda agregada que experimentó un crecimiento en 2016 fueron las exportaciones por efecto del comportamiento de las ventas primarias. En tanto que se redujo el consumo privado, en virtud de la caída del salario real y el aumento del desempleo, y se derrumbó la inversión productiva.
Al respecto, cabe apuntar que la tasa de inversión cayó desde el 16% hasta el 13,9% del PIB entre 2015 y el cuarto trimestre de 2016, mientras que la radicación de inversiones extranjeras directas se redujo a la mitad. Sin embargo, la supuesta lluvia de inversiones pretendidas por el gobierno tuvo su manifestación en un masivo ingreso de capital especulativo a partir de los altos rendimientos en dólares que posibilitaron fundamentalmente las Lebac. Así es que las inversiones de cartera, que habían sido negativas en 2015, treparon a USD 44.585 millones en 2016. En ese marco, la fuga de capitales al exterior, medida a través del método residual de la balanza de pagos, aumentó de USD 7.505 a 11.666 millones entre 2015 y 2016 y, como contrapartida, el ratio de la deuda externa pública se elevó del 13,3% al 23,4% del PIB.
En efecto, el marcado descenso de las inversiones orientadas a la economía real constituye un indicador relevante de que si, efectivamente, existe reactivación de la actividad en 2017 será esencialmente por efecto del “rebote estadístico”, con escaso impacto en la economía real y el empleo y, lo que es más importante aún, no sostenible en el tiempo. De todos modos, los últimos indicadores de coyuntura aún no permiten advertir un cambio de tendencia en este sentido.
Si bien en enero el nivel de actividad había registrado un incremento interanual del 1,1%, en la comparación mensual se contrajo 0,5%, interrumpiendo la tendencia de los meses previos. Por el lado de la oferta, la industria y la construcción registraron en febrero caídas interanuales superiores a las de enero (-6% y -3,4% respectivamente). Por el lado de la demanda, el nivel de consumo, que no había tenido un buen desempeño en enero, profundizó su contracción en febrero en virtud de la aceleración inflacionaria, en tanto que las cantidades exportadas registraron caídas significativas. En ese marco, el único dato relativamente positivo, pero con escasa capacidad de tracción sobre el conjunto de la economía, provino por el lado del gasto en obra pública, que se duplicó en febrero y arrastró el incremento de los despachos de cemento en marzo.
Bajo estas circunstancias, cada vez queda más claro que el eje de la política económica no tiene como objetivo prioritario el de apuntalar el nivel de actividad sino el de contener la inflación, que devino en la principal apuesta electoral del gobierno.
En ese marco, el reciente incremento de las tasas de interés tiene el propósito de “secar la plaza” con el objetivo de restarle presión al dólar y, consiguientemente, al nivel de precios. Cabe señalar que ello ocurre en un contexto de elevados vencimientos de las Lebac cuyo stock asciende a $ 773.989 millones (equivalente a las reservas totales del Banco Central).
En ese escenario, existe la posibilidad de que ante una modificación de las expectativas cambiarias los inversores privados, que tienen ahora una elevada presencia en las Lebac, dolaricen su cartera. El gobierno reduce, así, su margen de maniobra y se torna más dependiente de mantener las altas tasas de interés y acceder al endeudamiento externo -una vez pasados los efectos extraordinarios del blanqueo de capitales-, realimentando el proceso de valorización financiera.
El otro punto neurálgico para reducir el nivel de precios es el de la represión salarial. De allí que la negociación paritaria, tal como lo indica el caso testigo de los docentes, constituye la madre de todas las batallas. Sus resultados dependen de las relaciones de fuerza y de la acción del movimiento sindical, al cual pretenden doblegar con políticas dirigidas a desprestigiar a su dirigencia más activa frente al ajuste económico.
El 38% de los adultos mayores asegura que sus ingresos no les alcanzan para vivir
Casi un 40% de los adultos mayores aseguró que sus ingresos no les alcanzan para vivir, según un nuevo informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) y la Fundación Navarro Viola.
La mayoría de los entrevistados es del conurbano bonaerense, tiene carencias habitacionales, cobra jubilación o tienen empleos precarios, no terminó el secundario y pertenecen a estratos muy bajo y bajo.
Así lo sostiene el informe “Los problemas económicos de las personas mayores: una aproximación a las múltiples dimensiones de su vulnerabilidad”, que presentaron esta semana el Observatorio de la Deuda Social de la UCA y la Fundación Navarro Viola.
Según esta investigación, el 38% de los mayores de 60 años considera que los ingresos de su hogar son insuficientes para cubrir sus necesidades.
Además, la falta de sustento también muestra relación con el estado de salud: tienen malestar psicológico, ansiedad o depresión (37,5%), y su salud bastante o muy comprometida (31,6%); se sienten poco o nada felices (19,2%) y carecen de proyectos personales que les permitan trascender el día a día (30%).
Acerca de la importancia de poner en agenda las necesidades de este grupo subrayó Enrique Amadasi, coordinador del estudio y del Barómetro de la Deuda Social con las Personas Mayores de la UCA.
“Entre los especialistas no hay acuerdo acerca de que la línea que se utiliza para medir la pobreza en la población en general (según el nivel de ingresos) sea aplicable a las personas mayores”, dijo.
Además explicó: “esto es porque tienen una canasta distinta, que aún no se ha valorizado. Mientras no se defina esa canasta alternativa, utilizamos este indicador de pobreza subjetiva, que consiste en relevar a aquellas personas que declaran que los ingresos de su hogar no les alcanza para cubrir las necesidades del mes”.
Inés Castro Almeyra, directora ejecutiva de la Fundación Navarro Viola, enfatiza en la necesidad de estudiar las condiciones de vida de las personas mayores, por cómo está creciendo este grupo que en 2050 será más numeroso que el de niños y adolescentes y por la poca información que existe.
“Hay muchas vejeces: las personas tienen necesidades, capacidades y trayectorias de vida muy diferentes. Buscamos repensar cuáles son sus recursos y expectativas para entenderlos en toda su dimensión. Contar con esta información es clave a la hora de pensar en políticas públicas”, manifestó.
Castro Almeyra piensa que los adultos mayores no ocupan hoy el lugar en la agenda que deberían y que aún hay muchos mitos por derribar.
“Hoy hay mucha discriminación basada en estereotipos que no son inocentes: no hay que asociar la vejez a la enfermedad o a la dependencia. Más del 60% percibe que su salud es buena y está en plena actividad. Hay que resignificar esta etapa de la vida“, añadió.
El salario privado en Misiones está 43 por ciento debajo del promedio nacional
En el mercado laboral del sector privado registrado a nivel nacional para el mes de diciembre del 2016 la provincia de Misiones posee salarios promedio 43% inferiores al promedio nacional, mientras que en el caso de la provincia de Corrientes la diferencia es del 38%, en Chaco asciende a 34% y en la provincia de Formosa la diferencia con respecto al promedio nacional ascendió al 29%. Al analizar las posibles causas que hacen que las provincias del NEA se encuentren en los últimos puestos del ranking de salarios registrados del país tendríamos que mencionar, entre otras cosas, la baja tasa de actividad (cuantos personas trabajan o buscan trabajo sobre el total de la población total) existente en la región y las causas que la generan. En esta línea, la baja tasa de actividad de las ciudades que componen el NEA obedece a la baja productividad que poseen los trabajadores de esta región del país (explicada por el bajo nivel de capacitación formal promedio registrada) y a las diferencias existentes entre las habilidades ofrecidas por aquellos que buscan empleo y las habilidades o la calificación requerida por aquellas empresas que demandan mano de obra (lo cual genera el fenómeno denominado “desempleados desanimados”).
Se aprecia que la tasa de actividad en el total país entre el 3º trimestre del 2016 y el 4º trimestre del 2016 disminuyó 1,6%, en la región noreste del país fue igual al total país en donde esta tasa disminuyó 4%, la ciudad de Corrientes tuvo una leve variación negativa del 0,2%, en Formosa esta variable disminuyo 9,4%, Gran Resistencia su retroceso fue de 6,1%, y la ciudad de Posada fue de 3,4%.
La tasa de empleo en el total país entre el 3º trimestre del 2016 y el 4º trimestre del 2016disminuyó el0,5%, en la región noreste tuvo un comportamiento similar al total país en donde esta variable tuvo una variación negativa del 3,3%, Gran Resistencia con 5,2%, Formosa 8,9%, Posadas con 2,6% y la excepción fue Corrientes con leve crecimiento del 0,2%
La tasa de desempleo en el total país entre el 3º trimestre del 2016 y el 4º trimestre del 2016 en el total país disminuyó 10,6%, en la región noreste al igual que el total país tuvo un comportamiento similar para esta variable, el cual mermó 21,1% mostrando igual resultado en todas sus ciudades integrantes, Posadas 27% Gran Resistencia 24,2% Formosa un 16,7% y la ciudad de Corrientes 11,9%.
La tasa de subempleo en el total país entre el 3º trimestre del 2016 y el 4º trimestre del 2016se incrementó un 1%, en cambio en la región noreste este indicador disminuyó 11,1% dentro de las ciudades que la componen, en Posadas31,2%, Corrientes 15,9%, Formosa 10% y el caso opuesto fue Gran Resistencia en donde este indicador se incrementó 30,3%.
En el mercado laboral del sector privado registrado a nivel nacional para el mes de Diciembre del 2016 el promedio nacional fue de 19.587 pesos y la provincia de Misiones posee, las remuneraciones ante última (13.702 pesos, 43% debajo del salario bruto promedio nacional) la provincia de Corrientes (con 14.182 pesos, 38% debajo del salario bruto promedio nacional) se ubica un puestos más arriba que Misiones y Chaco es la provincia que precede a la mencionada anteriormente con un salario bruto de 14.633 pesos y 34% debajo del salario bruto promedio nacional.
Por último encontramos a la provincia de Formosa con 15.218 pesos, un 29% debajo del salario bruto promedio nacional y se ubicó en el ranking nacional número 18. Cabe aclarar que estas remuneraciones son brutas, las cuales para tener una remuneración neta tendríamos que descontarle aportes y contribuciones que en promedio suelen ser cuarenta por ciento.
Buscando las causas que hacen a que las provincias del NEA se encuentren en los últimos puestos del ranking de salarios del país tendríamos que buscar entre otras cosas, la tasa de actividad (cuantos personas trabajan o buscan trabajo sobre el total de la población total) de las distintas ciudades que componen la región NEA (el cual se puede apreciar en este documento), en donde para el cuarto trimestre del 2016, solamente dos ciudades pudieron tener una tasa de actividad mayor al cuarenta por ciento mientras que las dos restantes se encuentran debajo del cuarenta por ciento, mientras que en el total país esta tasa se ubica por arriba del cuarenta y cinco por ciento.
Esta baja tasa de actividad de las ciudades que componen el NEA obedece, entre otras razones, a la baja productividad que poseen los trabajadores de esta región del país (explicada por el bajo nivel de capacitación formal promedio registrada) y por las diferencias existentes entre las habilidades ofrecidas por aquellos que buscan empleo y las habilidades o la calificación requerida por aquellas empresas que demandan mano de obra (lo cual genera el fenómeno denominado “desempleados desanimados”).
Memoria no oficial
La ausencia es una declaración. Es claro que al Gobierno nacional no le interesa la memoria como al anterior. Y no se le pide eso. Pero al menos, algún gesto de comprensión del dolor ajeno. Por las ausencias que nadie discute, salvo los funcionarios macristas y algún que otro procesista rezagado.
En cambio, se elige la confrontación, la provocación. Sobran los diputados con un burdo cartelito que pide “nunca más a la interrupción” del orden democrático. Interrupción. Como apagar la luz. Como frenar el tránsito. Puro eufemismo. No hubo interrupción. Hubo un golpe de Estado. Sangriento. Voraz. Con miles de víctimas. Un plan sistemático para destruir conquistas sociales e imponer un modelo económico cuyos efectos perduran y se repiten en el ahora. Los derechos humanos no tienen dueño, dicen los diputados. Con un cartel de Cambiemos. Una contradicción tras otra.
El ministro de Derechos Humanos, Claudio Avruj, afirma el mismo 24 de marzo que el número de 30 mil desaparecidos durante la última dictadura militar “fue una construcción”, pero “el ‘Nunca Más’ “indiscutible”, marca 8.500 personas” como víctimas del terrorismo de Estado. El Nunca Más no dice eso. Estima en 8.960 las personas que “continúan” en situación de desaparición forzosa al momento en que se entregó el informe, el 20 de septiembre de 1984, a menos de un año del fin de la dictadura. “Esa cifra no puede considerarse definitiva”, aclara la Conadep.
Pero Avruj va por más. “No procesamos todo lo que pasó en la dictadura porque la política metió mucho la cola“. La política. Un funcionario político desdeña la política. Casi como la vicepresidenta Gabriela Michetti, que pide, por las dudas, suspender –que sí es sinónimo de interrumpir-, las elecciones de medio término.
El año pasado, el presidente Mauricio Macri lo tuvo más liviano, al acompañar a Barack Obama a recorrer el Parque de la Memoria. Ahora se fue a Holanda.
Los gestos del Gobierno y de sus representantes son innecesarios. Nadie les pide que sean lo que no son. Pero quienes llegaron para cerrar la grieta, no hacen más que profundizarla. En la calle, miles de argentinos en todo el país volvieron a refrescar la Memoria, que va mucho más allá de la violencia de los militares. La dictadura puso en marcha un proceso de concentración económica cuyos efectos perduran hasta hoy. Muchos grandes grupos se hicieron fuertes en negocios con el Estado, obra pública o la estatización de la deuda. Socma, la empresa de la familia presidencial, no está fuera de esa lista.
“Hay que hablar de responsabilidad empresaria y no de complicidad con la Dictadura”, advierten las investigadoras Victoria Basualdo, Andrea Copani y Alejandra Esponda. Rastrearon pruebas de cómo las empresas aportaron logística, medios, recursos y cuadros a los mandos del gobierno. Un compromiso mucho más allá de la “complicidad”. El caso emblemático es José Alfredo Martínez de Hoz, de directivo de Acindar a ministro de Economía. Pero hubo una enorme cantidad de firmas que escalaron posiciones y se expandieron hasta posiciones oligopólicas gracias la sintonía fina con la dictadura. Esos efectos perduran hasta hoy. El mismo modelo económico de la Dictadura volvió con fuerza durante los 90 y está más vigente que nunca. El negocio de los derechos humanos, que cuestiona el oficialismo, tiene su contracara potente aunque invisible.
Poner un manto de olvido, pretende ocultar que la historia se repite. Entonces, como ahora, lo que estuvo en juego es un modelo económico en el que pocos ganan y muchos sobran. La dictadura endeudó al país en 45 mil millones de dólares –más la estatización de la deuda privada-, en un record que se rompió en el primer año de Cambiemos: durante 2016 Argentina emitió deuda por más de 50 mil millones de dólares, a una tasa promedio mayor que el resto de los países de Latinoamérica y en una vorágine que no se detiene. Ahora se emitirá deuda hasta en francos suizos.
Pese a que la deuda se tomó para “reestructurar” vencimientos y achicar el déficit, el déficit creció en comparación con la última etapa del kirchnerismo. Para controlar la sangría, la receta es idéntica a la usada en los 90. El ajuste. En esa palabra puede resumirse el acuerdo impulsado por Nación para un nuevo “pacto fiscal” que obligará a las provincias a achicar sus gastos de acuerdo a la inflación oficial.
Las recetas que emanan de los economistas de Cambiemos no tienen demasiados resultados positivos para exhibir. Los datos oficiales son contundentes. La economía se contrajo 2,3 por ciento en relación a 2015, cuando había crecido 2,6 por ciento.
Lo peor es que no hay repunte a la vista. En febrero volvió a retroceder 2,3 por ciento y 1,4 por ciento si se compara el bimestre. La actividad industrial sufrió una caída del 9,5 por ciento en febrero, según FIEL, una de las más fervorosas consultoras ortodoxas.
La lluvia de inversiones prometida se convirtió en una angustiante sequía. La inversión, cayó 7,7 puntos en el último trimestre de 2016 y finalizó con una baja de 5,5 en el acumulado del año.
Solo algunos sectores concentrados de la economía celebran el cambio. Pero otros, sufren horrores. Cerró Moño Azul, tradicional firma de frutas. Sancor está a punto de despedir mil trabajadores. Puma bajó las persianas de sus fábricas porque no puede competir con la importación. La producción de las economías regionales sufre por igual en todo el país.
La yerba mate, que durante los años de plomo fue testigo de la persecución de productores y una enorme concentración, vuelve ahora a sufrir por los bajos precios, lo mismo que ocurrió en los 90. Solo el enorme esfuerzo del Gobierno provincial logró ponerle fin a una protesta que se extendió por casi dos semanas con los productores reclamando medidas de fondo al Instituto Nacional de la Yerba Mate.
La Provincia decidió volcar 200 millones de pesos para que pequeños secaderos y cooperativas compren la yerba al precio oficial, mientras que el INYM, a regañadientes, se hará cargo de los intereses financieros de las operatorias bancarias. El desdén con que la Nación trató la problemática yerbatera quedó en evidencia cuando el secretario de Agricultura, Santiago Hardie pegó el faltazo a una reunión cumbre, cuando los ánimos ya estaban caldeados. La excusa fue no haber conseguido pasajes de avión para llegar hasta Misiones.
El levantamiento de la protesta se logró después de que el INYM se comprometiera a mejorar la fiscalización y el establecimiento de cupos de cosecha y de nuevas plantaciones. No fue el mejor acuerdo, pero fue el acuerdo posible. No debe pensarse que las soluciones ya están logradas, sino que es un paso hacia ellas.
Uno de los avances del acuerdo es que la cupificación de cosecha alcanzará solo a quienes tengan más de 25 hectáreas. De este modo, se protege al pequeño productor, que es el más afectado por la suba de costos. Los productores, de todos modos, siguen en estado de alerta y es casi un hecho que volverán a paralizar la cosecha mañana, al menos en la zona norte, ya que no hay ninguna garantía de los secaderos de pagar el precio oficial.
Las industrias misioneras aceptaron las condiciones del acuerdo, pero también reclaman que se controle a las empresas extrafronteras, que, con su volumen de compra, rompen el mercado, tirando los precios hacia abajo y generando una competencia desleal.
Los datos oficiales –escondidos bajo siete llaves- revelan que la industria misionera perdió terreno ante Corrientes y especialmente ante Molinos, que compra yerba y la cola a bajo precio en los supermercados del país. Hace algunos años, la porción misionera del mercado era del 82 por ciento. Hoy llega al 63. Molinos pasó en el mismo tiempo de vender 800 mil kilos a dos millones de kilos mensuales.
“Los molinos extraprovinciales no tienen compromiso con Misiones ni con su problemática social. Venden la materia prima y no rinden cuenta a los misioneros y no le importa el productor. Los misioneros no solo estamos obligados a cumplir con la ley, sino que ayudamos a los productores a quienes conocemos desde siempre”, señaló un ejecutivo de una yerbatera misionera.
Rosamonte, una de las principales firmas misioneras, que cumple con el precio oficial a rajatabla, vende 2,5 millones de kilos menos, lo que significa una pérdida de ingresos para Misiones de 60 millones de pesos.
Es decir, la solución de fondo no se alcanzó. Pero se hizo evidente que el Gobierno de Misiones fue el más interesado en hallar una salida al conflicto. Es lógico. La problemática social se vive en la tierra colorada, donde producen miles de pequeños productores, que dan trabajo a una enorme masa de trabajadores rurales que en Corrientes, donde la producción está concentrada, no son necesarios.
La Nación deslizó un compromiso de mejorar los controles en los supermercados y grandes distribuidoras, para evitar una cartelización de precios y competencia desleal. También reconoció que los controles realizados por el INYM son como mínimo ineficientes. Pero ya se anticipa que el laudo que debe conocerse en los próximos días, no estará a la altura de las expectativas de los productores y tomará como parámetro, la inflación oficial. Es decir, que no debe esperarse que el nuevo precio sea superior a los seis pesos.
No fue el único conflicto desactivado en la semana. La protesta de un sector del sindicalismo docente pasó casi sin pena ni gloria con un nulo respaldo de los educadores. Los popes sindicales, que fueron candidatos de Cambiemos en las últimas elecciones, no lograron juntar a más de cien docentes en un acampe en la plaza 9 de Julio. A las pocas horas se tuvieron que ir ante la escasa repercusión de sus quejas, que contrastó con la enorme movilización en Buenos Aires que congregó a docentes de todo el país en reclamo de paritarias federales.
Los referentes del Frente Unido de Trabajadores de la Educación -conformado por ocho sindicatos- tienen problemas para plantear sus reivindicaciones. Con varios referentes como candidatos de la alianza Cambiemos, como Beto Pighin y Mariana Lescafette, reclaman en Misiones romper el techo salarial que impuso Macri. Como los diputados radicales, no confían en la inflación estimada por el propio Gobierno nacional.
Peor aún, en la maraña de planteos, hasta se opusieron a uno de los principales acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogo docente: la titularización de cinco mil educadores. Por oponerse al Gobierno, ponen en cuestionamiento que cinco mil docentes accedan a un cargo como titular.
Sin embargo, el fracaso se hizo evidente. Carlos Lezcano, un referente del autodenominado Movimiento “Pedagógico” de Liberación, admitió que “la gran mayoría de las escuelas trabajó con normalidad”. “Hemos sentido que el acompañamiento no es el que uno necesita. Uno no puede ser mártir y que ocho o diez terminemos en la agonía”, reconoció el sindicalista. Ocho o diez no es un número exagerado. Y es mínimo en comparación con los miles de docentes que cuestionaron al Gobierno nacional, que, para justificar el ajuste, estigmatiza a la educación pública, como generadora de baja calidad educativa.
No fue casual la presentación de los resultados del operativo Aprender en medio de la protesta docente. Y los datos dados a conocer, son malos. Pero no exclusivos de la escuela pública. De hecho, pedagogos consultados por Economis, advierten que una generalización es peligrosa. Sencillamente, hay más alumnos en las escuelas públicas que en las privadas –en Misiones, donde no hay educación exclusivamente privada, la relación es 75 a 25-. Por lo tanto, porcentualmente en las escuelas públicas será mayor el porcentaje de resultados negativos o positivos. Pero también se hallan en la escuela privada. Y otro elemento central: la calidad educativa depende del contexto socioeconómico del alumno. No es lo mismo un chico del oriente misionero –donde se registraron los peores resultados- que uno nacido y criado en un barrio de Capital Federal.
Con la pobreza en crecimiento, es muy difícil que los resultados sean mejores el año que viene. Sin embargo, en Misiones, donde la educación está a la cabeza de las prioridades con una asignación de recursos de varios miles de millones de pesos en los últimos años, los resultados han mejorado en comparación con los últimos datos del Operativo Nacional de Evaluación, de 2013. El camino es arduo. Pero los frutos se recogen con más y no menos inversión.
El gobernador Hugo Passalacqua tiene como prioridad sostener el empleo. Por eso, la mirada está puesta en mantener la economía misionera. En las últimas horas se conoció el impacto del tarifazo aplicado por la Nación en el consumo eléctrico. En Misiones las facturas residenciales tendrán aumentos del 60 por ciento, pero se subsidiará el consumo de las empresas, ya agobiadas por la crisis de bajas ventas y las asimetrías con Paraguay. El objetivo es que no se pierdan puestos de trabajo.
La preocupación no es menor. El año pasado se perdieron más de dos mil empleos formales en Posadas, donde además el costo de vida es más alto que el promedio del Indec.
El empeño puesto en preservar las fuentes laborales ha sido reconocido por el sector empresario, donde muchos dirigentes se jugaron por el cambio en las elecciones pasadas. Por lo bajo, admiten haberse equivocado y reconocen que esperaban más que promesas de cambio. Otros, más memoriosos, advierten que el comercio hasta 2015 tuvo un crecimiento exponencial. Hoy, en cambio, el centro posadeño ofrece un paisaje distinto. Decenas de carteles de alquiler en oficinas y locales. Son pocos los que pueden pagar los costosos alquileres y prefieren correrse más lejos para poder tener un margen de ganancia aceptable. Incluso, más allá de las cuatro avenidas, hasta hace poco despreciadas por el gran público.
En la Renovación advierten que más allá de garantizar la gobernabilidad, en el tiempo electoral, habrá que hacer notar ese contraste.