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Furiase niega crisis de consumo y apuesta a la desinflación

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El secretario de Finanzas, Federico Furiase, salió a fijar posición en un momento sensible para el Gobierno: negó que exista una crisis de consumo y aseguró que “no cree que haya mucha gente que esté peor”, en una intervención pública que busca ordenar la narrativa económica oficial mientras crecen las advertencias empresarias. Las declaraciones, realizadas el 26 de marzo, llegan en paralelo a la reconfiguración del equipo económico y a la expectativa por una baja de la inflación desde abril. La pregunta queda planteada: ¿se trata de una señal de consolidación del rumbo o de una tensión creciente entre diagnóstico oficial y percepción social?

El dato político no es menor. En un contexto donde el consumo aparece como termómetro de la actividad, el funcionario eligió minimizar las señales de enfriamiento y encuadrarlas como “historias particulares”, al tiempo que reivindicó indicadores agregados como el crecimiento del PBI —10,3% desde 2023— y niveles “récord” de consumo privado. La estrategia es clara: sostener la consistencia del programa económico frente a críticas sectoriales.

Macro estabilizada y cambio en los patrones de consumo

El planteo de Furiase se apoya en un argumento central: la economía habría cambiado su composición de demanda. Según explicó, el consumo no se retrae sino que se reorienta hacia bienes durables como autos, viviendas, electrodomésticos o viajes, impulsado por la recuperación del crédito.

Esa lectura se inscribe en el marco de la política económica del Gobierno, que prioriza la estabilización macroeconómica como condición previa para la reactivación. En ese esquema, la duplicación del crédito a familias y empresas aparece como uno de los pilares, junto con la desaceleración inflacionaria proyectada para los próximos meses.

Sin embargo, el propio funcionario reconoció que marzo volverá a mostrar presión inflacionaria, atribuida a factores estacionales: subas en combustibles por la guerra, ajustes en educación, tarifas y alimentos como la carne. Aun así, anticipó una caída “muy fuerte” de la inflación desde abril o mayo, bajo el argumento de que “están dadas las condiciones macro”.

La narrativa oficial combina así dos tiempos: un presente todavía tensionado por precios y un futuro inmediato de alivio que permitiría recomponer el poder adquisitivo.

Consumo, percepción y disputa de legitimidad

Las declaraciones del secretario de Finanzas no solo buscan explicar variables económicas, sino también disputar el sentido político de la coyuntura. Al afirmar que “no se cuenta la otra cara de la moneda”, introduce una tensión con sectores empresarios y comerciales que vienen señalando caída en las ventas.

En ese cruce, el Gobierno intenta sostener la idea de que la estabilización ya está generando efectos positivos, aunque de manera desigual. La referencia a que “hay mucha gente a la que le está yendo mejor en poco tiempo” apunta a reforzar esa narrativa.

El dato electoral también aparece como argumento: Furiase vinculó el resultado de una elección de medio término —con un 40%— con la percepción social de la economía, sugiriendo que el respaldo político valida el rumbo económico. Es una señal de cómo la correlación de fuerzas políticas se integra al diagnóstico económico.

Un escenario abierto entre expectativas y resultados

La clave hacia adelante estará en la verificación empírica de esa promesa de desinflación y en su impacto concreto sobre ingresos y consumo. Si la baja de precios se consolida, el Gobierno podría reforzar su narrativa de estabilización exitosa. Si no ocurre en los tiempos previstos, la brecha entre discurso y realidad podría ampliarse.

También habrá que observar si la recuperación del crédito logra sostener el consumo de bienes durables o si la falta de dinamismo en sectores más cotidianos sigue marcando el pulso económico. En paralelo, las tensiones por precios relativos —combustibles, tarifas, alimentos— seguirán condicionando la percepción social.

Por ahora, el oficialismo apuesta a que los indicadores macro terminen alineando expectativas. Pero en una economía atravesada por cambios rápidos, la disputa no es solo técnica: es también política y, sobre todo, perceptiva.

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El aserradero ASECOR de Virasoro paga salarios con vales y expone el deterioro del sector

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Un aserradero ubicado en Gobernador Virasoro comenzó a pagar parte de los salarios con vales, en un contexto de atraso en los haberes y caída del consumo interno que ya había sido advertido por referentes del sector. La situación, que surge del testimonio directo de trabajadores de la firma ASECOR, introduce un dato incómodo para la política productiva regional: cuando una actividad estratégica como la forestoindustria recurre a mecanismos informales de pago, la discusión deja de ser sectorial y pasa a ser estructural.

El hecho ocurre en una provincia que, junto a Misiones, concentra buena parte del complejo maderero del país. Y aparece en un momento donde el discurso público todavía apuesta a la expansión industrial basada en recursos forestales. La pregunta se vuelve inevitable: ¿se trata de un caso puntual de crisis empresaria o de una señal temprana de un ajuste más profundo en la cadena?

Un síntoma que desborda lo laboral

La situación en ASECOR se conoció a partir de testimonios difundidos por el portal Corrientes Hoy de trabajadores, quienes aseguran que “hace meses” no perciben sus salarios en efectivo y que, ante la falta de alternativas, aceptan vales para adquirir mercadería. La práctica no solo implica un deterioro directo del ingreso, sino que también tensiona los marcos regulatorios laborales vigentes.

El dato no es menor: el pago en vales remite a esquemas que históricamente fueron cuestionados por desnaturalizar la relación laboral formal. En términos concretos, limita la capacidad de los trabajadores para decidir sobre su consumo, reduce liquidez en economías locales y desdibuja la trazabilidad del salario.

El contexto empresarial tampoco es ajeno. Según se indicó, la firma tendría entre sus socios a una referente del sector maderero que recientemente había advertido sobre la crisis derivada de la caída del consumo interno. Esa lectura sectorial ahora encuentra una expresión concreta en el territorio.

Marco productivo: una cadena estratégica bajo presión

La industria maderera en la región se apoya en un esquema integrado que va desde la producción forestal hasta la industrialización y exportación. Sin embargo, el eslabón industrial —especialmente los aserraderos— suele ser el más expuesto a variaciones en la demanda y a los costos operativos.

Cuando el consumo interno se retrae, el impacto se traslada rápidamente a la actividad de transformación. En ese escenario, las empresas con menor espalda financiera enfrentan tensiones de liquidez que terminan trasladándose a la variable más sensible: el salario.

El caso de ASECOR se inscribe en esa lógica. No aparece como una decisión aislada, sino como la consecuencia de un desequilibrio económico que todavía no encuentra mecanismos de compensación. Y que, además, convive con un escenario donde otras provincias impulsan inversiones forestales de gran escala, buscando posicionar al sector como motor exportador.

Correlación de fuerzas: entre la crisis empresarial y la respuesta estatal

El episodio deja expuesta una zona gris en la articulación entre el sector privado y el Estado. Por un lado, la forestoindustria continúa siendo presentada como un eje de desarrollo regional. Por otro, emergen situaciones que cuestionan la sostenibilidad de ese modelo en el corto plazo.

En términos de poder, el caso coloca en tensión a varios actores: Empresas del sector, que advierten sobre la caída del consumo y la necesidad de sostener la actividad. Trabajadores, que quedan atrapados en esquemas informales para sostener ingresos. Estado, que enfrenta el desafío de garantizar condiciones laborales sin desarticular la producción.

La aparición de pagos en vales no solo afecta a los empleados involucrados. También introduce ruido en el conjunto de la cadena, porque puede anticipar conflictos laborales, inspecciones o incluso intervenciones regulatorias si la situación escala.

Además, impacta indirectamente en la economía regional: menos ingreso líquido implica menor circulación de dinero en comercios locales, lo que retroalimenta la caída del consumo que originó el problema.

Un escenario abierto: señales a monitorear

El caso ASECOR no define por sí solo el rumbo del sector maderero, pero sí funciona como indicador temprano. Sobre todo en un contexto donde la política económica nacional apuesta a la generación de divisas a través de complejos productivos como el forestal.

En las próximas semanas habrá variables clave a observar: Si la situación se replica en otras empresas del sector. Si aparecen respuestas institucionales para regularizar los pagos. Si el mercado interno muestra señales de recuperación o profundiza su retracción.

También quedará bajo análisis la capacidad del sistema productivo para absorber shocks de demanda sin trasladarlos directamente al empleo. Porque, en definitiva, el equilibrio entre competitividad y condiciones laborales sigue siendo uno de los puntos más sensibles de la agenda industrial.

Por ahora, el episodio en Virasoro pone en evidencia que, detrás de los grandes anuncios de inversión, la realidad cotidiana de algunas empresas empieza a mostrar fisuras que todavía no encuentran respuesta clara.

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Nueva ley de financiamiento universitario: ajuste por inflación, suba salarial en tramos y refuerzo para hospitales escuela

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Ingresó a través de la Cámara de Diputados un proyecto para modificar la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, con el declarado objetivo de “armonizar las necesidades de financiamiento de las universidades nacionales… con las reales posibilidades de financiamiento en relación con la Ley N° 27.798 de Presupuesto 2026”.

En el mensaje adjunto, el Gobierno enmarca la iniciativa como un modo de “lograr el cumplimiento efectivo del objeto (…) de garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina”. Entre los ejes, vuelve a enumerar y precisar los objetivos del Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior”: desde afianzar ingreso, permanencia y terminalidad del estudiantado hasta “asegurar la provisión y el mantenimiento de la infraestructura y del equipamiento de las universidades” y “profundizar los programas de bienestar estudiantil” para garantizar el acceso a la educación superior gratuita.

Se establece que las partidas presupuestarias previstas en el Programa “Desarrollo de la Educación Superior” deberán ser destinadas a cumplir con los siguientes objetivos: afianzar el ingreso, la permanencia y la terminalidad, garantizar las condiciones laborales y salariales, asegurar la provisión y el mantenimiento de la infraestructura y del equipamiento, incrementar la inversión destinada a programas de becas estratégicas.

Si bien el Gobierno envía este proyecto en tiempo de extraordinarias y lo agregó al temario de las mismas, está claro que no será tratado en lo que resta de este período, sino quedará para ordinarias. Recordemos que es la primera ley propia que el Ejecutivo impulsa en la materia, habiendo tenido que vetar en 2024 y 2025 sendas iniciativas lanzadas por la oposición; la segunda de las cuales prosperó en el Congreso, al rechazar ambas cámaras el veto, pero nunca fue implementada.

Lo que cambia en números y compromisos

El artículo 3° del proyecto (que sustituye el art. 3° de la 27.795) ata la actualización de los gastos de funcionamiento a la inflación observada (IPC-INDEC) por encima del 14,3%, que es “el valor promedio anual utilizado para la confección del proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2026”. Es decir, si la inflación efectiva supera ese 14,3%, el crédito para las actividades 14 (Funcionamiento), 15 (Hospitales Universitarios) y 16 (Ciencia y Técnica en Universidades) del Programa 26 se ajustará para preservar el incremento real.

En paralelo, el artículo 4° dispone un refuerzo específico para el sistema de salud universitario: “Increméntase en la suma de $80.072.460.000 el crédito presupuestario de la Actividad Presupuestaria 15 ‘Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios’… con el fin de financiar el funcionamiento del sistema de salud universitario”.

Respecto de salarios, el artículo 5° fija una recomposición 2025 paga en 2026 para docentes y no docentes, con tres incrementos del 4,1% cada uno (marzo, julio y septiembre), calculados sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025—en total, 12,3%—y ordena al Ejecutivo convocar paritarias obligatorias al mes de sancionada la ley, con periodicidad no mayor a tres meses. “Dicha convocatoria deberá ser abarcativa del personal docente y no docente”, expresa la norma.

Un punto técnico relevante: el mensaje oficial subraya que, a diferencia de la Ley 27.795, esta versión cumple con el artículo 38 de la Ley 24.156 al “prever expresamente las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”, y por eso evitaría la suspensión por el artículo 5° de la Ley 24.629, dado que autoriza gasto indicando su fuente. En términos operativos, el Artículo 5° del proyecto (nuevo art. 9° de la 27.795) detalla que los gastos se afrontarán con las partidas Jurisdicción 88, Subjurisdicción 4, Servicio 330, Programa 26, Actividades 14, 15 y 16; y si el gasto excede esos créditos, el exceso se cubrirá con la Jurisdicción 91, Programa 99, Actividad 4.

El proyecto establece que el presupuesto destinado a cubrir los gastos de funcionamiento se ajustará en la medida en que la inflación observada supere el 14,3% promedio anual utilizado para la confección del proyecto de Presupuesto 2026”.

La reforma traslada el corazón de la 27.795 —sostener el financiamiento universitario— a un mecanismo de actualización condicionado: solo habrá recomposición adicional cuando la inflación efectiva supere 14,3%. En la práctica, el 14,3% funciona como umbral: si el IPC cierra por debajo, no habría ajuste por esta vía; si lo supera, se gatilla el incremento. El Gobierno argumenta que así “procura mantener el incremento real otorgado” y evitar su depreciación ante una inflación mayor a la prevista en el Presupuesto 2026. El criterio brinda previsibilidad contable al Tesoro, pero también traslada el riesgo inflacionario al sistema hasta cruzar el umbral, algo que universidades y gremios podrían cuestionar si el arranque de 2026 muestra variaciones de precios aceleradas.

El 12,3% escalonado sobre salarios básicos de diciembre 2025 es, por diseño, un reconocimiento acotado a cuenta del 2025 que se terminaría de pagar en 2026. La llamativa novedad es la obligatoriedad de paritarias con frecuencia trimestral como piso procedimental. En contextos de alta nominalidad, frecuencia no reemplaza magnitud: el debate político se desplazará a la mesa paritaria, donde los actores buscarán recuperar poder adquisitivo por encima del 12,3% inicial. El oficialismo, por su parte, introduce la periodicidad como garantía de revisión—una válvula institucional—sin comprometerse desde la ley a un sendero más agresivo de recomposición.

Hospitales universitarios

El incremento puntual de $80.072 millones al rubro de hospitales escuela separa la cuestión sanitaria de la masa de funcionamiento general, reconociendo su sensibilidad pública y su impacto territorial. Es un gesto político hacia universidades con estructuras hospitalarias (UBA, Córdoba, La Plata, Cuyo, Nordeste, etc.), y una apuesta a contener tensiones en sistemas que combinan docencia, asistencia e investigación. Habrá que ver cómo se distribuye internamente ese refuerzo y si alcanza frente a costos hospitalarios empujados por insumos dolarizados. 

Cumplimiento de la 24.156 y la 24.629

La explícita referencia a las fuentes de financiamiento y a la Jurisdicción 91 como respaldo busca evitar impugnaciones de ejecución. En otras palabras: el Ejecutivo intenta que, una vez sancionada, la norma no quede inmovilizada por trabas técnicas. Esto es crítico porque la 27.795 original fue cuestionada por no prever fuentes claras, algo que el Gobierno ahora describe como una “deficiencia” a subsanar. En términos de gobernanza fiscal, la propuesta se alinea con el manual de la 24.156 y ofrece a la oposición un punto de acuerdo técnico aun cuando el nivel de gasto siga en discusión.

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Criar un niño en Argentina ya cuesta más de $600 mil al mes

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Canasta de crianza (enero 2026) — composición

Fuente: INDEC. Valores en pesos. Barras apiladas: bienes y servicios + cuidado = total.
Menor de 1 año 1 a 3 años 4 a 5 años 6 a 12 años $476.230 $567.124 $483.497 $607.848 Bienes y servicios Cuidado

El costo de criar a un niño en la Argentina volvió a mostrar en enero de 2026 una presión significativa sobre los ingresos familiares. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió la actualización de la canasta de crianza para la primera infancia, la niñez y la adolescencia (0 a 12 años), un indicador que no solo contempla los bienes y servicios básicos, sino también el tiempo de cuidado necesario para cada etapa.

Según el organismo, el costo mensual total se ubicó en $476.230 para menores de un año, $567.124 para niños de 1 a 3 años, $483.497 para el tramo de 4 a 5 años y alcanzó su nivel más alto en $607.848 para chicos de 6 a 12 años. La cifra no es uniforme: varía según la edad y, sobre todo, según la intensidad del cuidado requerido en cada etapa.

La estructura de la canasta muestra una realidad muchas veces invisibilizada en el debate económico: en los primeros años de vida, el componente más pesado no es el consumo de bienes, sino el cuidado. En el caso de los menores de un año, más de dos tercios del costo total corresponden al tiempo necesario para su atención. El INDEC valoriza ese tiempo tomando como referencia la remuneración del personal de casas particulares en la categoría “asistencia y cuidado de personas”, aplicando una cantidad de horas normativas mensuales según la edad del niño.

Para enero de 2026, el componente “bienes y servicios” -que surge de la Canasta Básica Total del Gran Buenos Aires con ponderaciones por edad- fue de $154.079 para menores de un año y de $314.331 para el tramo de 6 a 12 años. En paralelo, el costo estimado del cuidado fue de $322.151 en el primer año de vida, bajó a $230.108 entre los 4 y 5 años y volvió a crecer a $293.517 en la franja de 6 a 12 años.

El informe también permite observar la evolución. En comparación con diciembre de 2025, la canasta total registró una suba cercana al 3,5% en todos los tramos etarios. En términos interanuales, el incremento frente a enero de 2025 se ubicó entre el 21% y el 24%, dependiendo de la edad. Detrás de esa variación se advierte que el componente de bienes y servicios -atado al comportamiento de precios de la economía- tiende a crecer con mayor dinamismo, mientras que el cuidado depende de la actualización de las remuneraciones del sector de casas particulares.

Más allá de las cifras puntuales, la canasta de crianza introduce un cambio conceptual en la medición social: reconoce que criar no es solo consumir, sino también dedicar tiempo, y que ese tiempo tiene un valor económico concreto. En un contexto de recomposición salarial dispar y alta sensibilidad del gasto familiar, el indicador se consolida como una referencia clave para discusiones sobre ingresos, transferencias sociales, cuotas alimentarias y políticas de cuidado.

La radiografía de enero confirma una tendencia estructural: el costo de criar supera ampliamente el medio millón de pesos mensuales en casi todas las edades y pone en evidencia que el cuidado -especialmente en la primera infancia- es el componente central del esfuerzo económico que asumen los hogares argentinos.

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Misiones tiene el changuito más barato del país: la canasta cayó casi $17 mil en enero

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La canasta Analytica -una selección de productos de supermercado que representa el consumo mensual típico de una familia tipo de clase media, compuesta por dos adultos y dos menores- volvió a mostrar fuertes diferencias regionales en enero. En ese mapa de precios, Misiones se ubicó como la provincia con el changuito más económico de la Argentina.

Con un valor total de $798.252, Misiones encabezó el ranking de menor costo, por debajo de La Rioja ($807.716) y Chaco ($808.958). Además, fue una de las pocas jurisdicciones donde la canasta registró una baja nominal respecto de diciembre, con una reducción de $16.849, el mayor descenso del país en términos absolutos.

Este comportamiento contrasta con lo ocurrido en otras provincias. En enero, los mayores aumentos mensuales del changuito se observaron en Chubut (+3,0%), Entre Ríos (+3,0%) y el interior de Buenos Aires (+2,9%). En el extremo opuesto, La Rioja (+1,1%) y Catamarca (+0,9%) mostraron las subas más moderadas.

Al interior de la canasta, algunos productos tuvieron incrementos generalizados en casi todo el país. El aceite de girasol aumentó entre 3% y 5% en la mayoría de las provincias, mientras que las hamburguesas registraron subas de entre 4% y 7%. En cambio, el precio de la docena de huevos se mantuvo estable en casi todo el territorio nacional, con excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde incluso bajó 1,3%.

El contraste regional sigue siendo marcado. Las canastas más caras se concentran en la Patagonia, encabezadas por Santa Cruz ($911.587), Chubut ($903.640) y Tierra del Fuego ($891.399). En esas provincias, los mayores precios están parcialmente compensados por salarios privados más elevados.

En el NEA, donde se ubica Misiones, ocurre lo contrario: los precios son más bajos, pero también lo son los ingresos. Aun así, el informe destaca una mejora relativa: el costo del changuito representa el 29,7% de la suma de dos salarios privados registrados promedio, lo que implica una mejora de 0,5 puntos porcentuales respecto del mes anterior. Este patrón es consistente con la evidencia histórica, que muestra que los hogares del norte argentino destinan una mayor proporción de su ingreso a alimentos y bebidas.

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