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Este año el poder adquisitivo aumentaría en promedio 2%, por debajo de la recomposición de 2013 y 2015

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Con buena parte de las paritarias cerradas, es posible trazar la evolución del salario formal de los trabajadores. Si a esto le sumamos nuestra proyección de inflación, podemos inferir que este año el poder adquisitivo aumentaría en promedio 2%, es decir por debajo de la recomposición de 2013 y 2015. 

 

Con buena parte de las paritarias cerradas, es posible trazar la evolución del salario formal de los trabajadores. Si a esto le sumamos nuestra proyección de inflación, podemos inferir que este año el poder adquisitivo aumentaría en promedio 2%, es decir por debajo de la recomposición de 2013 y 2015. 

·      A poco del cierre del primer semestre del año ya se han firmado acuerdos paritarios en la mayoría de los sindicatos, en un contexto que no lucía nada sencillo: el gobierno quería morigerar la pauta nominal tras la aceleración de la inflación que produjo una caída del 5,5% del salario formal en 2016.

·      Tal como el gobierno pretendía, se logró reducir la nominalidad de los aumentos salariales. Si bien estos se ubicaron lejos de la banda superior de la meta de inflación establecida por el Banco Central (+17% anual), y de la intención inicial del Ejecutivo (+18% anual), también es cierto que los aumentos registrados (entre 20%-25%) son considerablemente menores a los del año pasado (30%-35%).

·      El pico de la mejora de salario real se dará entre julio y septiembre de este año (+4,3% en relación al trimestre anterior), en los meses previos a las elecciones de mitad de término. 

·      En la medida en que los aumentos otorgados vayan terminándose, las mejoras se irán diluyendo sobre el cierre del año. Más aún, si el gobierno aplica incrementos en tarifas de servicios públicos tras las elecciones, el salario real finalizaría apenas por encima del nivel de fines de 2016.

·      A pesar de que la mejora del salario será acotada en 2017, el gobierno ha logrado morigerar el alza de precios y salarios, lo que es un logro en materia de expectativas inflacionarias.

·      Si en los próximos dos años esta tendencia se repite, el salario real podrá crecer lento, pero la reducción de la inflación sería más rápida ayudando a los sectores de menor poder adquisitivo (el impuesto inflacionario afecta más a lo que menos tienen).

·      Sin embargo, para que la apuesta sea fructífera en el mediano plazo, primero hay que desactivar el riesgo que trae aparejada las cláusulas gatillo firmadas: si la variación de los precios supera los valores acordados, habrá reapertura de paritarias y/o indexación automática, afectando sensiblemente la estrategia oficial de desinflación.

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La pelea que se viene: sindicalistas piden hasta $ 22.000 de salario mínimo vital y móvil

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Luego del cierre de las principales paritarias del año, el Gobierno nacional, los sindicalistas y los empresarios se embarcarán en una durísima puja por el incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que hoy está en $ 8.060.

En el Ministerio de Trabajo creen que “todavía falta” para iniciar esa discusión y evitaron dar un porcentaje o monto estimado de la suba que se viene. Cerca del ministro Jorge Triaca consideran apresurado hablar de estos temas, aunque celebran el cierre de casi 40% de las negociaciones salariales en marcha. “El promedio de los acuerdos es del 20% y en la mayoría de ellas se incorpora este concepto de cláusula revisión o gatillo”, dijo Triaca, al admitir la desconfianza que genera en los gremios el cumplimiento de la meta de inflación oficial.

“Si se la mira para adelante estará en 18% y ese es el promedio cercano al 20%” que se firma, resaltó el ministro en una entrevista radial. “La proyección del año pasado terminó en 37%”, añadió el funcionario. En 2016 el órgano tripartito firmó 33% en tres cuotas para el SMVyM.

Fuentes gubernamentales deslizaron a este medio que en la próxima reunión del Consejo del Salario la Casa Rosada buscará fijar el nuevo Salario Mínimo entorno a $ 9.500 para 2017. Los trabajadores piden más. Algunos, muchísimo más.

La CGT espera que los convoquen para la segunda quincena de junio. “Queremos mejorar el piso a través de la recomposición del salario, incluida la pérdida de poder adquisitivo del año pasado. Las expectativas para este año están muy por encima del 17% o 18%, que ahora han actualizado al 20%. Como sigan así los índices inflacionarios ninguna mediación estará por abajo del 25%”, anticipó a ámbito.com un integrante del Consejo Directivo de la central obrera.

En la calle Azopardo destacaron que el SMVyM debe “estar fuertemente impregnado por los aumentos en alimentos, a donde va principalmente el salario de los trabajadores, y ahí tenemos un aumento mayor que la inflación promedio o núcleo, como le dicen”.

El Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT reveló que la inflación de abril fue de 2,45% y que en los últimos 12 meses acumula 33,28%. Según el sondeo, una familia compuesta por dos adultos y dos hijos menores necesitó $ 14.761 mensuales para no ser pobre, lo cual representó un ingreso diario de $ 485. Ese mismo hogar para no caer en la indigencia debió contar con una entrada de $ 6.562 por mes, es decir $ 215 por día.

Según el índice que realiza el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET-UMET) integrado por gremios de la CGT y la CTA, la inflación anual suma 27,1%, aunque remonta al 29,2% para el decil de ingresos más bajos.

Hugo Yasky se reúne el próximo miércoles con los economistas del CIFRA para definir un monto. “El aumento no debería bajar de 35% teniendo en cuenta la pérdida que se ha acumulado en un año y medio”, anticipó el dirigente gremial a este medio. “El SMVyM es la referencia para casi la totalidad de trabajadores que no tienen convenio. En la Argentina hay un 50% de la fuerza laboral que no está en convenio y, generalmente, ellos tienen de piso salarial lo que establece el Salario Mínimo Vital y Móvil”, señaló el titular de la CTA de los Argentinos.

Yasky consideró que la pauta oficial de 18% está “forzando la realidad” y que es “imposible” de sostener. “Puertas adentro en el Gobierno ya se está discutiendo que la meta inflacionaria que pusieron es inalcanzable, que la tendrán que modificar. Y que después de octubre habrá un cambio que significará barajar y dar de nuevo. Si el propio Gobierno está discutiendo eso, no tiene sentido que quiere imponer una pauta desactualizada”, afirmó.

El jefe de la CTA Autónoma Pablo Micheli es el que más pide: $ 22.000. “Debe tender a esa valor porque un matrimonio con dos chicos en edad escolar necesitan esa cifra para vivir dignamente. Pero mientras discutimos cómo llegamos a $ 22.000, porque ni el Gobierno ni los empresarios lo van a aceptar, ningún trabajador debe ganar menos de la línea de la pobreza de $ 14.000. Es una postura firme, es un piso para la discusión en la próxima convocatoria del Consejo del Salario”, explicó el sindicalista de ATE.

Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie, coincidió que el “piso” del SMVyM debería estar en la misma línea de la Canasta Básica Total (CBT) del INDEC. “El salario mínimo está en niveles que deberían llamar a la reflexión por lo miserable del monto actual. Tiene que haber un aumento acorde a lo desproporcionado en que está ahora, y creemos que no tendría que seguir la pauta que se está siguiendo para los distintos sectores, que ronda el 20% o 25%”, enfatizó el líder social.

“Debe tener un aumento considerable y que las centrales obreras tomen nota de lo importante que sería una suba significativa que permita poner presión en la base de la pirámide, porque es referencia de empleo informal”, remarcó el jefe de la agrupación piquetera, que para este miércoles prometió desplegar 1.000 ollas populares por todo el país para denunciar la malnutrición de los chicos y la caída en el consumo de leche.

Desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) exigen un suba de 24% para elevar el Salario Social Complementario de $ 4.000 a $ 5.000. “Según establece la ley de emergencia el salario social es el 50% del mínimo, vital y móvil, así que estimamos que debe rondar los $ 10.000 o un poco más”, anunció el dirigente de la CTEP y el Movimiento Evita, Gildo Onorato. “Los índices de pobreza están por encima de eso, que sería ideal, pero no vemos decisión del Gobierno en llevarlo a ese nivel, y pretendemos que suba todo lo posible. A la CGT le planteamos un escenario de máxima, y si no se da, tenemos que estar en $ 10.000”, completó Onorato.

Al igual que Barrios de Pie y la CTA, en la CTEP también rechazaron el 18% que buscaría el Gobierno.“Es bastante irracional, teniendo en cuenta que la tarifa de luz en la provincia subió 58%, los impuestos aumentan por arriba del 30% o 40% y el piso de inflación es de 17% o 18%, y confirma la tendencia de que el Gobierno nacional favorece a los sectores que más tienen”, se quejó el cooperativista.

Cifras

El año pasado el salario mínimo se incrementó 33% en dos cuotas de $ 750 y una tercera de $ 500hasta llegar en enero pasado a $ 8.060. El seguro de desempleo subió 650% a $ 3.000, tras permanecer congelado desde 2006.

Según el INDEC, una familia necesitó en marzo un ingreso de $ 14.090 para no ser pobre. Mientras que la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide los precios de los alimentos de primera necesidad y que marca el umbral para no caer en la indigencia, alcanzó los $ 5.798. El 23 de mayo se conocerán los valores de las CBT y CBA de abril. La inflación oficial fue de 2,6%.

La única medición de abril de canastas que ya se conoce es de consultora FIEL, que estimó la CBT en $ 13.049 y la Alimentaria en $ 5.621. En tanto, el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) midió que una familia integrada por dos adultos y dos niños necesitó el mes pasado $ 13.764 para no ser pobre y unos $ 5.664 para no caer en la indigencia.

Desde marzo la jubilación mínima se clavó en $ 6.394, mientras que la máxima trepó a $ 46.849. En el mismo mes, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascendió $ 1.246 y la asignación escolar quedó en $ 1.043 al año. La Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires aseguró que la canasta básica de los jubilados ya cuesta $ 16.134 mensuales. La discusión por el nuevo salario mínimo ya arrancó. (Ambito)

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Se acordó la escala salarial marco para trabajadores de Estaciones de Servicio

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Por Surtidores. A pesar de no haber recibido respuesta aun de las empresas petroleras al reclamo de mayores comisiones por las ventas de combustibles, la Confederación de Entidades del Comercio de los Hidrocarburos de la República Argentina (CECHA), representada por su Presidente Carlos Gold, y la Federación y el Sindicato de Empleados de Estaciones de Servicio, personificados por su titular, Carlos Acuña y los dirigentes Marcelo Guerrero y Juan Pedro Fiorani, acordaron la escala salarial marco para los operarios del sector.

Empresarios y sindicalistas convinieron frente a las autoridades del Ministerio de Trabajo un incremento de los salarios comprendidos en el CCT 371/03 de un 20 por ciento en dos cuotas. La primera, del 10 por ciento, en el mes de abril tomando como base las remuneraciones del mes de marzo, mientras que la restante en agosto.

Las partes asumieron el compromiso de volver a encontrarse en octubre de este año y en enero de 2018 a fin de analizar las posibles variaciones económicas que puedan ocurrir desde la vigencia del acuerdo tomando en consideración los índices inflacionarios que publique el INDEC.

En estos casos, de comprobarse la modificación del costo de vida que pudieran haber afectado las escalas convenidas, estas se volverán a corregir aplicando los ajustes correspondientes desde los períodos pactados.

El plazo de vigencia del acuerdo comprende los meses de abril 2017 a marzo 2018 y se espera que el mismo sea homologado a la brevedad.  Según precisaron los expendedores, el  modelo sería imitado por el resto de las entidades empresarias, aunque con mínimas variaciones en los períodos de aplicación.

MEJORAS POSTERGADAS

Los estacioneros aguardaron con gran expectativa el llamado de las compañías petroleras, quienes debían responder esta semana a la solicitud de una mejora en los índices de rentabilidad, especialmente para hacer frente al aumento de salarios.

Pese que la contestación aun no llegó, los empresarios decidieron hacer frente al reclamo de los empleados. “No podíamos dilatar una definición, los trabajadores necesitan actualizar sus ingresos”, expresó a surtidores.com.ar uno de los directivos de CECHA al salir del edificio de la cartera laboral.

No obstante advirtió que si en los próximos días no reciben una propuesta, “iniciaremos un plan de acción para que la sociedad conozca como es nuestra situación”.

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Estudio asegura que se redujo 3% la participación de los asalariados en el PBI

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Las profundas transformaciones en la política económica que desplegó la alianza Cambiemos no solo provocaron una importante recesión en 2016 sino también alteraciones sustanciales en el régimen económico. Si bien el examen de los cambios estructurales es prematuro en cuanto a su profundidad no lo es en lo que concierne a su naturaleza y orientación. Por ello, la evaluación del primer año de gobierno resulta sumamente útil como para advertir el nuevo esquema de “ganadores” y “perdedores” que se tiende a configurar en la economía argentina y, consiguientemente, la orientación del modelo de acumulación de capital que se busca establecer.

Al respecto, lo primero que cabe señalar es que las medidas adoptadas (devaluación, quita o baja de retenciones a las exportaciones, aumento de las tarifas de los servicios públicos, apertura comercial, liberalización del movimiento de capitales, suba de la tasa de interés, etc.) generaron una profunda transferencia de ingresos del trabajo al capital. A tal punto que la participación de los asalariados en el ingreso cayó del 37,4% al 34,3% entre 2015 y 2016, lo que equivale a una apropiación por parte del capital de aproximadamente 16.000 millones de dólares.

Sin embargo, las intensas pugnas por la distribución del ingreso no solo se entablaron entre el trabajo y el capital sino también en el plano intra-capital. Se trata de transferencias de ingresos que emanan tanto de la punción en el salario real como de las rentabilidades relativas sectoriales. Así es que en el marco de la aceleración inflacionaria de 2016, y en forma consistente con la nueva política económica, los sectores que pudieron aumentar sus precios relativos por encima del promedio fueron el agro (83,9%), la intermediación financiera (60,9%), electricidad, gas y agua (57,4%) y minas y canteras (49,9%).

Las ramas que, en cambio, se ubicaron dentro del segmento de los “perdedores” son, en lo fundamental, la industria, la construcción y el comercio. En la generalidad de los casos, estas actividades estuvieron afectadas por la caída del consumo, el incremento de los costos de los servicios públicos y la apertura comercial (que fue muy escasamente compensada por la suba del tipo de cambio real). Este cambio de precios relativos se desplegó en un marco internacional complejo, caracterizado por la intensificación de la lucha competitiva que se reflejó en una importante caída de los precios externos.

En ese marco, el eje ordenador de la economía argentina se desplazó de la economía real y el consumo hacia la especulación financiera, reprimarizándose asimismo la canasta exportadora del país. De hecho, el único componente de la demanda agregada que experimentó un crecimiento en 2016 fueron las exportaciones por efecto del comportamiento de las ventas primarias. En tanto que se redujo el consumo privado, en virtud de la caída del salario real y el aumento del desempleo, y se derrumbó la inversión productiva.

Al respecto, cabe apuntar que la tasa de inversión cayó desde el 16% hasta el 13,9% del PIB entre 2015 y el cuarto trimestre de 2016, mientras que la radicación de inversiones extranjeras directas se redujo a la mitad. Sin embargo, la supuesta lluvia de inversiones pretendidas por el gobierno tuvo su manifestación en un masivo ingreso de capital especulativo a partir de los altos rendimientos en dólares que posibilitaron fundamentalmente las Lebac. Así es que las inversiones de cartera, que habían sido negativas en 2015, treparon a USD 44.585 millones en 2016. En ese marco, la fuga de capitales al exterior, medida a través del método residual de la balanza de pagos, aumentó de USD 7.505 a 11.666 millones entre 2015 y 2016 y, como contrapartida, el ratio de la deuda externa pública se elevó del 13,3% al 23,4% del PIB.

En efecto, el marcado descenso de las inversiones orientadas a la economía real constituye un indicador relevante de que si, efectivamente, existe reactivación de la actividad en 2017 será esencialmente por efecto del “rebote estadístico”, con escaso impacto en la economía real y el empleo y, lo que es más importante aún, no sostenible en el tiempo. De todos modos, los últimos indicadores de coyuntura aún no permiten advertir un cambio de tendencia en este sentido.

Si bien en enero el nivel de actividad había registrado un incremento interanual del 1,1%, en la comparación mensual se contrajo 0,5%, interrumpiendo la tendencia de los meses previos. Por el lado de la oferta, la industria y la construcción registraron en febrero caídas interanuales superiores a las de enero (-6% y -3,4% respectivamente). Por el lado de la demanda, el nivel de consumo, que no había tenido un buen desempeño en enero, profundizó su contracción en febrero en virtud de la aceleración inflacionaria, en tanto que las cantidades exportadas registraron caídas significativas. En ese marco, el único dato relativamente positivo, pero con escasa capacidad de tracción sobre el conjunto de la economía, provino por el lado del gasto en obra pública, que se duplicó en febrero y arrastró el incremento de los despachos de cemento en marzo.

Bajo estas circunstancias, cada vez queda más claro que el eje de la política económica no tiene como objetivo prioritario el de apuntalar el nivel de actividad sino el de contener la inflación, que devino en la principal apuesta electoral del gobierno.

En ese marco, el reciente incremento de las tasas de interés tiene el propósito de “secar la plaza” con el objetivo de restarle presión al dólar y, consiguientemente, al nivel de precios. Cabe señalar que ello ocurre en un contexto de elevados vencimientos de las Lebac cuyo stock asciende a $ 773.989 millones (equivalente a las reservas totales del Banco Central).

 En ese escenario, existe la posibilidad de que ante una modificación de las expectativas cambiarias los inversores privados, que tienen ahora una elevada presencia en las Lebac, dolaricen su cartera. El gobierno reduce, así, su margen de maniobra y se torna más dependiente de mantener las altas tasas de interés y acceder al endeudamiento externo -una vez pasados los efectos extraordinarios del blanqueo de capitales-, realimentando el proceso de valorización financiera.

El otro punto neurálgico para reducir el nivel de precios es el de la represión salarial. De allí que la negociación paritaria, tal como lo indica el caso testigo de los docentes, constituye la madre de todas las batallas. Sus resultados dependen de las relaciones de fuerza y de la acción del movimiento sindical, al cual pretenden doblegar con políticas dirigidas a desprestigiar a su dirigencia más activa frente al ajuste económico.

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