Santiago Caputo

La Casa Rosada reactiva su agenda política y busca destrabar las reformas clave en el Congreso

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Con el objetivo de recuperar la iniciativa política y legislativa tras la pausa generada por el Mundial de Fútbol 2026, el Gobierno nacional reunió este martes a la Mesa Política en la Casa Rosada para delinear la estrategia del segundo semestre. El encuentro, encabezado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, tuvo como eje la reactivación del Congreso y la construcción de consensos que permitan avanzar con las principales reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo.

Durante casi dos horas, los principales referentes de La Libertad Avanza analizaron el escenario parlamentario y definieron los lineamientos para intentar destrabar proyectos que permanecen pendientes tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. La reunión reunió al jefe de Gabinete, Diego Santilli; al ministro de Economía, Luis Caputo; al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; a la senadora Patricia Bullrich; al asesor presidencial Santiago Caputo y a otros integrantes del gabinete político.

El diagnóstico compartido por el oficialismo es que la segunda mitad del año será determinante para consolidar el programa de reformas económicas e institucionales que el Gobierno considera centrales para profundizar su esquema de estabilización y modernización del Estado. Por ello, la estrategia combinará negociación política, acuerdos con gobernadores y una agenda parlamentaria escalonada.

Entre las iniciativas consideradas prioritarias figuran la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, modificaciones al régimen de Zona Fría, cambios vinculados a la protección de la propiedad privada y la denominada Inocencia Fiscal II, un proyecto orientado a introducir nuevas modificaciones en materia tributaria y de administración fiscal.

La intención del Ejecutivo es que estas propuestas comiencen a debatirse una vez finalizado el receso invernal, período en el que el Gobierno buscará fortalecer los acuerdos necesarios para superar la fragmentación parlamentaria que caracteriza al Congreso desde el inicio de la gestión.

Además del frente legislativo, la Mesa Política también avanzó sobre la planificación electoral de cara a 2027. El oficialismo entiende que la construcción territorial y la articulación con las provincias serán factores decisivos tanto para la aprobación de las reformas como para consolidar su proyecto político en el mediano plazo.

En ese marco, Diego Santilli confirmó que continuará la ronda de reuniones con gobernadores para formalizar convenios vinculados a obras de infraestructura y fortalecer la coordinación institucional con las provincias. Entre los próximos encuentros figuran autoridades de Santa Fe, Catamarca y Santiago del Estero, con una agenda que incluye el traspaso de obras viales, proyectos de acueductos y nuevas plantas potabilizadoras.

La estrategia refleja un cambio de enfoque respecto de los primeros meses de gestión. Si inicialmente el Ejecutivo priorizó los instrumentos administrativos y regulatorios para avanzar con parte de su programa, ahora el énfasis vuelve a concentrarse en la construcción de mayorías legislativas que otorguen mayor estabilidad jurídica a las reformas estructurales.

El cronograma previsto por el Gobierno comenzará a acelerarse esta misma semana. El ministro de Economía, Luis Caputo, presentará el proyecto de ley Inocencia Fiscal II, que será enviado a la Cámara de Diputados, mientras que el presidente Javier Milei anunciará la próxima semana la propuesta de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, considerada una de las iniciativas económicas más relevantes del segundo semestre.

Para el oficialismo, el desafío ya no pasa únicamente por diseñar reformas, sino por construir los consensos políticos necesarios para convertirlas en ley. En un Congreso sin mayorías propias, la negociación con gobernadores, bloques provinciales y sectores dialoguistas vuelve a convertirse en una pieza central para sostener la agenda de transformación impulsada por la Casa Rosada.

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El Gobierno avanza con la licitación de la Hidrovía y deja en carrera a dos firmas

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El Gobierno nacional formalizó el avance de la licitación para la privatización de la Hidrovía al aprobar la evaluación técnica inicial y dejar en competencia a solo dos empresas internacionales: Jan de Nul y DEME. La decisión se oficializó tras el análisis del Sobre 1 y marca el inicio de la etapa clave del proceso, en un contexto atravesado por cuestionamientos sobre la transparencia y el diseño de los pliegos.

La definición ocurre en un momento sensible: la Hidrovía concentra cerca del 80% de las exportaciones de granos del país, lo que la convierte en un activo central para la economía argentina y en un foco de disputa política y empresarial.

Marco institucional: una licitación con reglas bajo la lupa

Según el acta oficial, la Comisión Evaluadora consideró que ambas compañías cumplieron con los requisitos técnicos, operativos y financieros exigidos. En paralelo, otras firmas quedaron fuera del proceso, con la posibilidad de impugnar la decisión en un plazo de siete días.

El procedimiento continúa con la apertura del Sobre 2, donde se evaluará el plan de trabajo de los oferentes. Esa instancia definirá aspectos clave como la ejecución del dragado, el balizamiento y los servicios asociados.

Sin embargo, el diseño del pliego aparece como uno de los puntos más sensibles. De acuerdo con la información disponible, las condiciones técnicas habrían dejado fuera a competidores considerados más agresivos en términos de oferta, lo que condicionó el universo de participantes desde el inicio.

Menos oferentes y mayor concentración del proceso

El resultado de esta primera etapa reduce la competencia a dos actores internacionales con experiencia en el sector. Ambas compañías ya operan en el mercado global del dragado y la infraestructura portuaria.

El esquema licitatorio contempla una concesión integral que incluye múltiples servicios, lo que amplía el alcance del negocio y eleva su complejidad técnica. A su vez, el pliego habilita la participación de socios o subcontratistas, un punto que adquiere relevancia en la lectura política del proceso.

Actores locales y redes de influencia

Más allá del resultado formal, el foco se desplaza hacia los posibles beneficiarios indirectos de la adjudicación. En ese entramado aparecen nombres vinculados al empresariado local y a la política nacional.

Entre ellos, el Grupo Neuss y el expresidente Mauricio Macri, asociados a esquemas de negocios en infraestructura y energía. También se menciona al Grupo Román —rebautizado como CSM— como actor con inserción local que podría operar como socio en el esquema.

En paralelo, los vínculos empresariales con Santiago Caputo, asesor cercano al gobierno, agregan un componente político adicional a la licitación.

La dinámica sugiere que, más allá de la competencia entre firmas internacionales, el verdadero foco de poder podría estar en la estructura de alianzas locales que se configure tras la adjudicación.

Una concesión clave para exportaciones

La Hidrovía es el principal canal logístico del comercio exterior argentino. Su operación impacta directamente en costos de transporte, competitividad exportadora y flujo de divisas.

El modelo de concesión que surja de esta licitación definirá condiciones estructurales para sectores como el agroindustrial, donde los costos logísticos son determinantes. También influirá en la inversión en infraestructura y en la eficiencia del sistema portuario.

Implicancias para el NEA y Misiones

Aunque la licitación se centra en el corredor troncal, su impacto se proyecta sobre toda la red fluvial. Para provincias del NEA como Misiones, la Hidrovía funciona como vía indirecta de conexión con mercados internacionales.

Cualquier cambio en tarifas, servicios o condiciones operativas puede repercutir en la competitividad regional, especialmente en economías que dependen del transporte fluvial y de la integración logística.

Definiciones pendientes y variables críticas

El proceso entra ahora en una etapa donde se evaluarán los planes técnicos, pero las variables políticas siguen abiertas. La posibilidad de asociaciones posteriores, la estructura de subcontratación y la resolución final del Ejecutivo serán determinantes.

También quedará bajo observación la eventual judicialización del proceso por parte de oferentes excluidos y la reacción de actores económicos vinculados a la exportación.

En un negocio de alta sensibilidad estratégica, la licitación de la Hidrovía avanza formalmente, pero el desenlace real todavía se juega fuera del expediente.

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Nuevos audios complican a Milei y reavivan dudas en el caso $LIBRA

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La investigación judicial por la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo con la aparición de audios atribuidos al empresario Mauricio Novelli, que refuerzan las sospechas sobre su influencia en la estrategia comunicacional del presidente Javier Milei, especialmente en redes sociales.

Según surge del peritaje realizado sobre el celular de Novelli por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), el lobista habría mantenido una relación fluida y directa con el mandatario y su entorno inmediato en momentos clave del lanzamiento del token.

Uno de los principales puntos bajo análisis es cómo Milei accedió al código alfanumérico de 44 caracteres que publicó en su cuenta de X el 14 de febrero de 2025, apenas minutos después del lanzamiento de $LIBRA. Ese dato, central para operar la criptomoneda, sigue sin una explicación concluyente dentro del expediente.

Audios, chats y coordinación en tiempo real

Los nuevos audios revelan que Novelli no solo tenía contacto directo con el Presidente, sino que además intervenía en la dinámica de publicaciones en redes sociales.

En distintas grabaciones, el empresario afirma que enviaba contenido para que Milei lo difundiera, e incluso menciona la necesidad de insistir para lograr que se publiquen determinados mensajes vinculados a sus negocios.

El análisis forense también detectó una intensa actividad de comunicaciones: entre el 14 y el 16 de febrero de 2025, Novelli registró 38 contactos con Milei, su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo. Solo el día del lanzamiento del token hubo 19 intercambios, en una franja horaria que coincidió con la salida al mercado y posterior colapso de la criptomoneda.

Estas evidencias contrastan con la explicación pública que dio el propio Milei tras el escándalo. En una entrevista televisiva, el Presidente aseguró que había difundido el proyecto por interés personal en temas tecnológicos y sin una vinculación previa con sus impulsores.

Sin embargo, la información surgida del celular de Novelli plantea un escenario distinto: una posible coordinación previa en la difusión del activo digital, lo que abre interrogantes sobre el grado de conocimiento e involucramiento del jefe de Estado.

En paralelo, la causa judicial continúa su curso en el Juzgado Federal a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi. La querella solicitó la indagatoria de Novelli, de los hermanos Milei y de otros actores vinculados al lanzamiento de $LIBRA.

Por su parte, la defensa de Novelli pidió la nulidad del peritaje sobre su celular, argumentando presuntas irregularidades y filtraciones durante el proceso.

El expediente se encamina hacia una etapa clave, con posibles definiciones judiciales en los próximos días que podrían reconfigurar el alcance político y penal del caso.

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Adorni admite “una pésima decisión” por el viaje de su esposa y denuncia un intento de “desestabilización” contra el Gobierno

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Una semana después de que estallara la polémica por la presencia de su esposa en la comitiva que viajó con el presidente Javier Milei a Estados Unidos, el jefe de Gabinete Manuel Adorni reconoció que se trató de “una pésima decisión”, aunque insistió en que el episodio no constituyó un delito ni generó gasto público. El funcionario eligió el canal LN+ para hacer su descargo y, además de pedir disculpas, planteó una interpretación política del conflicto: aseguró que la controversia forma parte de una serie de maniobras destinadas a “desestabilizar al Gobierno”.

La explicación introduce una tensión que atraviesa la comunicación política de la administración libertaria: hasta qué punto los errores propios se convierten en episodios de desgaste interno o en señales de conflicto político más amplio. Adorni asumió el error de haber aceptado que su esposa integrara la comitiva presidencial, pero simultáneamente sostuvo que el episodio fue utilizado como “un golpe más” contra la gestión.

“Fue una mala decisión, una pésima decisión. No advertí el error y por eso pido disculpas”, afirmó el funcionario. Al mismo tiempo, subrayó que el viaje “no generó ni un dólar de gasto para el Estado”.

Un episodio que expone el sistema de comunicación del Gobierno

El descargo volvió a mostrar una dinámica que se consolidó en los últimos meses: la Casa Rosada evita conferencias de prensa abiertas y canaliza sus respuestas a través de entrevistas en medios afines. En este caso, Adorni utilizó LN+, del mismo modo que el propio Javier Milei había elegido ese espacio televisivo antes de su gira por Estados Unidos.

En el centro del conflicto está la inclusión de su esposa en el vuelo presidencial. Según explicó el jefe de Gabinete, la invitación provino de Presidencia y él aceptó sin advertir que la decisión podía generar cuestionamientos políticos. La defensa que construyó se apoya en dos ejes: por un lado, que no hubo uso de recursos públicos; por otro, que la reacción política frente al caso responde a un estándar de exigencia más alto para la actual administración.

“No somos casta y por eso estoy acá dando explicaciones”, sostuvo el funcionario, al intentar marcar una diferencia con gobiernos anteriores.

El episodio se volvió más complejo cuando comenzó a circular un video que mostraba a Adorni junto a su familia en el aeródromo de San Fernando durante el feriado de Carnaval, cuando viajaban hacia Punta del Este. El funcionario aseguró que el viaje fue pagado con recursos personales y que el material audiovisual podría haber sido filtrado desde dentro del propio gobierno.

“El video salió de las puertas para adentro”, afirmó.

Sospechas internas y disputa política

El jefe de Gabinete fue más allá de la autocrítica y dejó entrever que la difusión del video podría responder a disputas internas. Según señaló, las imágenes fueron grabadas desde el interior del aeropuerto, lo que —a su entender— sugiere que alguien con acceso a ese espacio habría registrado y guardado el material durante semanas antes de hacerlo público.

El planteo se produjo cuando se le consultó por versiones sobre tensiones dentro del oficialismo, particularmente en torno a la relación entre Karina Milei y el asesor Santiago Caputo. Adorni no confirmó esa hipótesis, pero reforzó la idea de que la filtración se produjo desde el propio entorno gubernamental.

La sospecha introduce una dimensión política adicional: el episodio deja de ser solo un problema de comunicación o transparencia y se transforma en un indicador de posibles disputas internas dentro del espacio oficialista.

Adorni también rechazó una acusación de la diputada Marcela Pagana, quien había mencionado un gasto de 30 millones de pesos en tarjetas de crédito. El funcionario afirmó que ese dato es falso y sostuvo que la información financiera está protegida por ley.

El relato oficial y la narrativa de la “desestabilización”

La explicación pública del jefe de Gabinete incluyó una lectura política más amplia. Adorni vinculó la polémica con lo que describió como una ofensiva sistemática contra la gestión libertaria.

“Ayer fue el vuelto para Federico Sturzenegger y hoy fue para mí”, afirmó, al sugerir que distintos episodios mediáticos forman parte de una secuencia dirigida contra el Gobierno.

En ese marco, insistió en que el escándalo no debe interpretarse como un problema personal sino como un ataque institucional. “La operación no fue contra mí sino contra el Gobierno”, sostuvo.

Ese enfoque refleja una estrategia discursiva cada vez más visible en el oficialismo: los errores administrativos o políticos se explican dentro de un marco de confrontación permanente con sectores que, según el relato gubernamental, buscan erosionar la gestión.

Lo que queda abierto

Más allá de las disculpas públicas, el episodio deja varias preguntas sin resolver. Por un lado, el impacto político de la controversia en la imagen de un gobierno que construyó buena parte de su legitimidad sobre la promesa de diferenciarse de las prácticas de la “casta”. Por otro, la posibilidad de que las filtraciones y disputas internas se conviertan en un factor de desgaste dentro del propio oficialismo.

También queda por observar si la estrategia de atribuir estas polémicas a intentos de desestabilización logra cerrar la crisis o, por el contrario, amplifica el debate sobre los límites entre decisiones personales, responsabilidades institucionales y transparencia en el ejercicio del poder.

Por ahora, el caso muestra algo más que un error administrativo. Expone la tensión permanente entre un gobierno que busca consolidar su narrativa política y un escenario donde cada episodio puede transformarse rápidamente en un frente de conflicto.

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La causa $LIBRA: la Justicia revela llamadas que conectan a Novelli con el círculo íntimo de Milei

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La investigación judicial sobre el colapso del criptoactivo $LIBRA volvió a impactar en el corazón del poder político argentino. Un peritaje realizado sobre el teléfono celular del empresario Mauricio Novelli reveló una intensa red de comunicaciones con el entorno inmediato del presidente Javier Milei durante la noche del 14 de febrero de 2025, fecha en la que se lanzó el token.

Los registros muestran que Novelli mantuvo ocho comunicaciones con el Presidente ese mismo día, además de siete contactos con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. También aparecen intercambios con el asesor presidencial Santiago Caputo —al menos 14 comunicaciones registradas— y con el entonces jefe de asesores Demian Reidel.

El dato central no es solo la existencia de contactos, sino la sincronía entre esas comunicaciones y el lanzamiento del criptoactivo, un episodio que más de un año después continúa generando repercusiones judiciales y políticas. La aparición de estos registros vuelve a colocar bajo escrutinio la relación entre el ecosistema cripto que impulsó el proyecto y el núcleo político que rodea al mandatario.

La pregunta que sobrevuela la escena es inevitable: ¿se trató de una interacción circunstancial con actores del sector tecnológico o de un vínculo más estrecho en la gestación del proyecto?

El ecosistema $LIBRA y los actores que orbitaban alrededor del proyecto

El peritaje reconstruye una red de empresarios y operadores tecnológicos que mantuvieron contacto con el Presidente en distintos momentos previos al lanzamiento del token.

En el centro de esa red aparece Mauricio Gaspar Novelli, fundador del evento tecnológico Tech Forum y de la firma N&W Professional Traders. Según registros oficiales, el empresario había establecido vínculos con Milei desde 2020, cuando el entonces economista dictaba capacitaciones en su academia.

Con la llegada de Milei a la presidencia, el vínculo continuó. Novelli visitó seis veces la Casa Rosada, siendo recibido por Karina Milei en su primer ingreso el 8 de enero de 2024. Los encuentros se produjeron en el contexto de la organización del Tech Forum realizado en octubre de 2024, evento patrocinado por la Presidencia de la Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Ese foro tecnológico funcionó como un punto de contacto entre el mandatario y figuras del ecosistema cripto global. Entre ellas aparecen el empresario Hayden Davis, señalado por la investigación como la figura detrás de Kelsier Ventures, y Julian Peh, quien participó como expositor.

La propia documentación analizada por la Justicia agrega un elemento adicional: un archivo titulado “LOI_KELSIER.docx”, recuperado del teléfono de Novelli. El documento fue enviado por el empresario a sí mismo por WhatsApp el 29 de enero de 2025, un día antes de una reunión entre Milei y Davis en la Casa Rosada.

Ese encuentro quedó registrado públicamente cuando el Presidente publicó una selfie con el empresario en redes sociales, señalando que lo estaba asesorando en temas vinculados a blockchain.

El “triángulo de hierro” y la dinámica interna del poder

Los registros telefónicos también iluminan la estructura política que rodeaba al Presidente durante los primeros meses de gestión.

En ese momento, el Gobierno funcionaba con un esquema informal de poder en el que Karina Milei y Santiago Caputo representaban dos vértices centrales del llamado “triángulo de hierro” que articulaba las decisiones estratégicas del oficialismo.

La aparición de comunicaciones frecuentes entre Novelli y Caputo —14 registros telefónicos— introduce un elemento sensible en esa dinámica. No porque pruebe responsabilidades directas, sino porque vincula al núcleo político del Gobierno con los actores que promovían el proyecto cripto.

En ese entramado también figura Demian Reidel, economista y físico que había asumido como jefe del Gabinete de Asesores al inicio del mandato presidencial. Su salida del cargo el 21 de julio de 2025 ya había marcado un cambio en la estructura de asesores del Gobierno.

Posteriormente fue designado al frente de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que opera las centrales nucleares del país. Sin embargo, su gestión quedó bajo presión en las semanas previas a su renuncia el 9 de febrero, tras cuestionamientos internos por un contrato tecnológico cuyo costo habría pasado de 600.000 dólares a 7 millones.

La coincidencia temporal entre esas tensiones y el avance de la investigación judicial sobre $LIBRA vuelve a ubicar a su figura dentro del radar político del caso.

Empresarios, tecnología y acceso al poder

La investigación también reconstruye el rol de otros actores vinculados al proyecto.

Uno de ellos es Manuel Terrones Godoy, socio de Novelli en distintas iniciativas empresariales y participante del Tech Forum. Los peritajes registran un mensaje de WhatsApp entre ambos el 20 de febrero, en el que Novelli escribió: “Llevo eso para allá, pero borrá”.

El contenido de ese intercambio se suma a la reconstrucción judicial de los vínculos entre los organizadores del foro tecnológico y el entorno presidencial.

En paralelo, el empresario estadounidense Charles Hoskinson, que también participó del Tech Forum, declaró en una entrevista internacional que le pidieron dinero para concretar una reunión con el presidente argentino. Su testimonio lo convirtió en uno de los 20 citados a declarar en la investigación.

La causa, sin embargo, atraviesa un momento procesal particular: se encuentra parcialmente paralizada tras maniobras de dilación atribuidas al bloque libertario y a sus aliados parlamentarios.

La política detrás del expediente

La aparición de los registros telefónicos tiene un impacto político inmediato. No modifica por sí sola el estado judicial de la causa, pero vuelve a colocar el caso $LIBRA dentro del debate público y legislativo.

El oficialismo enfrenta así una tensión que combina dos dimensiones sensibles:
por un lado, la relación del Presidente con el ecosistema tecnológico y financiero que impulsaba el token; por otro, la cercanía de algunos de esos actores con el núcleo político del Gobierno.

La investigación también expone un rasgo estructural de la administración actual: la fuerte interacción entre el poder político y redes informales de asesores, empresarios y promotores tecnológicos.

Ese modelo de interacción —que en otros contextos suele presentarse como una apuesta a la innovación— se vuelve más complejo cuando la Justicia intenta reconstruir responsabilidades en torno a proyectos financieros de alto riesgo.

Un expediente que podría reactivarse en medio del calendario político

La causa $LIBRA todavía no definió responsabilidades penales. Sin embargo, el avance de los peritajes informáticos y la citación de empresarios extranjeros indican que la investigación sigue abierta.

Además, existe un elemento que podría aumentar la tensión política: las declaraciones judiciales previstas podrían producirse en pleno escenario electoral, lo que amplificaría el impacto del caso.

El expediente, en ese contexto, deja de ser solo una investigación sobre un criptoactivo fallido. También se convierte en una ventana para observar cómo se articuló el vínculo entre tecnología, financiamiento y poder político durante los primeros meses del gobierno de Milei.

Por ahora, los registros telefónicos ofrecen piezas de un rompecabezas que todavía está lejos de completarse.

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