Milei celebró su sobreseimiento en la causa $LIBRA y reavivó el cruce político con periodistas y opositores
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El presidente Javier Milei celebró el sobreseimiento dictado por la Justicia federal en la causa $LIBRA y cuestionó a dirigentes opositores y periodistas que habían informado sobre la investigación. La resolución fue adoptada el viernes 23 de octubre por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 8, luego de que el fiscal Eduardo Taiano solicitara el cierre de las actuaciones al considerar que los hechos investigados no encuadraban en una figura penal. La decisión también alcanzó a Karina Milei y a otros nueve investigados.
Tras conocerse el fallo, el Presidente publicó un extenso mensaje en su cuenta de X en el que preguntó quién lo compensaría por lo que definió como “un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias”. Milei sostuvo que la Justicia había puesto las cosas en su lugar y calificó la investigación como una operación política y mediática destinada a perjudicar la investidura presidencial.
En el mismo mensaje, el mandatario celebró el funcionamiento de las instituciones republicanas y dirigió críticas a medios de comunicación y periodistas que habían cubierto el caso, entre ellos Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosín y Luis Novaresio. También cuestionó a sectores de la oposición y planteó que quienes difundieron acusaciones deberían asumir responsabilidades por sus publicaciones.
La Oficina del Presidente difundió, a su vez, un comunicado oficial en el que celebró la decisión judicial y sostuvo que la causa había sido utilizada para dañar la imagen del mandatario durante un año electoral. El texto destacó que el juez hizo lugar al pedido fiscal y fundamentó el sobreseimiento en el artículo 336, inciso 3, del Código Procesal Penal de la Nación, que contempla esa resolución cuando el hecho investigado no constituye delito.
El comunicado del Gobierno interpretó el fallo como una demostración del funcionamiento independiente de la Justicia y cuestionó el costo institucional y económico de la investigación. Esas afirmaciones corresponden a la posición oficial del Poder Ejecutivo y forman parte de la disputa política que volvió a activarse tras la decisión.
El alcance judicial de la resolución
La causa investigaba posibles delitos vinculados con el lanzamiento y la promoción de la criptomoneda $LIBRA, cuyo valor registró una fuerte suba inicial y luego se desplomó. La investigación buscaba establecer si los hechos podían configurar delitos como estafa u otras conductas relacionadas con la operatoria del activo digital.
El juez Martínez de Giorgi aceptó el pedido de sobreseimiento presentado por el fiscal Taiano, quien consideró que los hechos denunciados no encuadraban en las figuras penales analizadas. La decisión comprendió, además de Javier y Karina Milei, a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Mark Davis y otros investigados vinculados con el caso.
El alcance jurídico del fallo debe distinguirse de las interpretaciones políticas expresadas por el Presidente y sus funcionarios. El sobreseimiento resuelve la situación procesal de las personas alcanzadas por esa decisión en el expediente correspondiente; no convierte automáticamente en hechos probados las acusaciones cruzadas entre el Gobierno, la oposición y los medios de comunicación.
Caputo y Santiago Caputo también cuestionaron a los críticos
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, apuntó contra el periodista Hugo Alconada Mon y sostuvo que la Justicia estadounidense había fallado en la misma dirección que la argentina, incluso antes. En un mensaje publicado en redes sociales, planteó dos alternativas: que los sistemas judiciales de ambos países no funcionaran o que las acusaciones contra una persona inocente se hubieran formulado de manera malintencionada. También afirmó que no esperaba disculpas.
Por su parte, el asesor presidencial Santiago Caputo celebró el sobreseimiento y calificó la investigación como “la causa más pelotuda de la historia”. Según expresó, el caso había generado un escándalo que, a su juicio, buscaba perjudicar al Presidente. Además, cuestionó la posibilidad de que los periodistas y dirigentes que criticaron al Gobierno reconocieran errores o pidieran disculpas.
Las declaraciones profundizaron el enfrentamiento entre el oficialismo y parte del periodismo, una controversia que excede el resultado procesal y vuelve a poner en discusión la responsabilidad pública al informar sobre investigaciones judiciales, la diferencia entre una denuncia y un hecho acreditado y los límites de las descalificaciones personales en el debate democrático.
La oposición cuestionó el fallo
Desde la oposición también hubo reacciones. Germán Martínez, presidente del bloque de Fuerza Patria en la Cámara de Diputados, publicó un mensaje crítico sobre la decisión judicial y calificó el resultado como “vergonzoso”. Su pronunciamiento expresó el rechazo de ese sector político al desenlace de la causa.
El contraste entre las reacciones muestra que el sobreseimiento no cerró la controversia política alrededor de $LIBRA. Mientras el oficialismo lo presenta como una confirmación de que las acusaciones no tenían sustento penal, sus críticos cuestionan la resolución y el desarrollo de la investigación.
Más allá de esas posiciones, el caso deja una cuestión de interés público: cómo se investigan posibles irregularidades vinculadas con activos digitales promocionados en redes sociales, qué estándares se aplican para determinar responsabilidades penales y qué información necesitan los ciudadanos para evaluar riesgos antes de invertir. La claridad de las decisiones judiciales y la posibilidad de acceder a sus fundamentos son elementos centrales para comprender tanto el alcance legal del fallo como sus consecuencias políticas y económicas.
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