Schiaretti

Passalacqua dialogó con Schiaretti sobre la visión del país y la cooperación entre Misiones y Córdoba

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El gobernador Hugo Passalacqua se reunió este jueves en Córdoba con su par Juan Schiaretti, en un ameno mano a mano sobre las cuestionen que los mantienen cercanos en materia política dentro de lo que denominan “Alternativa Federal”, desde donde se promueve una nueva y distintiva propuesta, con miras a las elecciones presidenciales de octubre de este año.
Cerca del mediodía se concretó el encuentro de más de una hora entre los gobernadores y tuvo su continuidad en un almuerzo compartido con otros miembros del gabinete cordobés. Por la tarde, asistieron juntos al VIII Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), que se desarrolla en la capital de la provincia mediterránea, desde el miércoles 27 hasta el sábado 30 de marzo; cuenta con la presencia de más de 200 escritores, académicos y lingüistas de 32 países y tiene como objetivo central el de debatir sobre el futuro del español.
Passalacqua destacó por una parte que con el cordobés lo une escencialmente “una misma visión de país federal”, coincidencia que llevó al Gobierno de Misiones a concretar ya varios convenios de cooperación en temas turísticos, tecnológicos y políticos con la provincia cordobesa; y en este momento de construcción de espacios alternativos a la “grieta” y ahora, a “proponer una forma de hacer política que tenga en cuenta los verdaderos intereses de las provincias, camino or el que transitamos convencidos de lo que pensamos. Compartimos con mi amigo la misma visión de futuroe y la cooperación entre Misiones y Córdoba”, dijo Passalacqua al término de la reunión.

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Se reunieron los cuatro peronistas que aspiran a la presidencia

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Los principales referentes del peronismo “no K” (aunque prefieren ser considerados como una “alternativa para Argentina”) estuvieron reunidos ayer jueves: El líder del Frente Renovador, Sergio Masa, el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, el de Salta, Juan Manuel Urtubey y el jefe del bloque justicialista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto. Todos buscan posicionarse por encima de la grieta, como una opción superadora del kirchnerismo y al macrismo. Pero todos quieren alcanzar la presidencia y aún no está claro cómo planean definir al candidato.
Hace meses que vienen cruzando negociaciones, pero no está claro quienes de los cuatro vas a ser los que cedan el puesto. Tambien se habla de la posibilidad de realizar elecciones internas en el partido para definir el candidato.
No trascendió el contenido de lo hablado hoy, pero lo más importante fue la foto: la escena es digna de una serie de Netflix. Además, realizaron un video en el que “dialogan” y sonríen. Ante todo, la reunión fue una muestra de que, al menos para la foto, pueden estar juntos.
Lo que está claro es que los cuatro quieren “convertirse en una alternativa para los argentinos sin volver al pasado y mejorando los errores del gobierno insensiblE de Mauricio Macri” y lograr la presidencia. Además, hasta el momento ninguno se mostró apoyando a alguno de sus “compañeros”.
Motivos de agenda, la crisis económica y la muerte de De la Sota provocaron la postergación de la esperada reunión de la cumbre del peronismo no kirchnerista. El encuentro tomó lugar en el centro de la ciudad de Buenos Aires.
En un momento, se habló de otros gobernadores peronistas para formar parte de la reunión. Por ejemplo, Gustavo Bordet (Entre Ríos), Mariano Arcioni (Chubut), Rosana Bertone (Tierra del Fuego) y Sergio Casas (La Rioja). Sin embargo, solo Massa, Schiaretti, Urtubey y Pichetto estuvieron en la foto. Se trata, justamente, de los cuatro que se vienen perfilando como candidatos a la presidencia.
Lo que viene a partir de la foto de hoy: supuestamente, comenzarían a trabar en e quipo, formando equipos técnicos en distintas áreas para afrontar la campaña del año próximo.
Presupuesto
Schiaretti y Urtubey encabezan al grupo de mandatarios peronistas que quieren cerrar un acuerdo político con la Casa Rosada para aprobar el Presupuesto en el Congreso nacional.
Massa, por otro lado, viene criticando el proyecto pero no dice que trabará su aprobación. Se espera que los cuatro terminen dando el visto bueno al Presupuesto 2019.

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Repudiable: apedrearon el auto de Schiaretti tras un acto en Córdoba

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El automóvil en el que se trasladaba el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, en la localidad de Villa Allende, fue apedrado por desconocidos en momentos en que se registraba una protesta en el lugar.
El episodio se produjo en el marco de la inauguración de una obra de reasfaltado de la avenida Padre Luchesse, de la localidad ubicada a 19 kilómetros de la capital cordobesa. Al finalizar el acto, Schiaretti abordó un auto y, mientras dejaba el lugar, el vehículo fue agredido con una piedra que causó la rotura de la luneta.
El gobernador se encontraba en la parte frontal del habitáculo y no resultó lesionado. La Policía detuvo a tres personas que, según trascendió, no formaban parte del gremio de Luz y Fuerza. “Serían comerciantes. Pero hasta que no veamos bien las imágenes no podemos saber mucho más”, dijo el fiscal Guillermo González, en declaraciones publicadas por el sitio web La Voz.
Desde el gremio de Luz y Fuerza reconocieron que se manifestaron en el lugar, pero se desligaron de cualquier tipo de agresión que se haya producido. Los trabajadores habían concurrido al lugar para protestar en medio del conflicto con la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec).
El ministro de Comunicación y Conectividad provincial, Manuel Calvo, dijo que los hechos se investigarán “hasta las últimas consecuencias”. “Esto es obra de un grupo de inadaptados y facistas. No vamos a permitir que amedrenten con actos que están fuera de las normas democráticas. No podemos afirmar que los agresores hayan sido del gremio Luz y Fuerza, pero en el lugar había una manifestación del sindicato”, dijo.
Calvo agregó que el Gobierno provincial concurrirá a la Justicia para que se lleve a cabo una investigación para determinar quiénes fueron los autores de las agresiones. “Yo no los identifico. No son de Villa Allende seguramente”, dijo el intendente de Villa Allende, Eduardo Romero, a radio Mitre Córdoba.
En tanto, el comisario mayor Edgardo Corvalán dijo que son tres personas las detenidas. “Estamos poniendo en conocimiento a la fiscalía. Son dos hombres y una mujer del Centro de Comerciantes de Villa Allende”, indicó el policía.

Sachiaretti mientras inauguraba la obra vial en Villa Allende. Foto gentileza hoydia.com.ar

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Macri ya vetó la ley que de tarifas que aprobó la oposición

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Tras un debate que se extendió por 12 horas, el peronismo de Miguel Pichetto, el kirchnerismo y otros bloques lograron aprobar, con 37 votos contra 30, el proyecto que retrotrae valores a noviembre pasado y establece un mecanismo de actualización por variación salarial. Cruces, ausencias sugestivas y cambios de último momento.
Como se esperaba, el presidente Mauricio Macri vetó esta mañana (31/5) la ley que retrotrae los valores de las tarifas de los servicios públicos a noviembre de 2017. Se trata del 8vo veto en su gestión como Presidente. El primer mandatario dará más tarde una conferencia de prensa desde Salta, donde asistirá a una cumbre de gobernadores del NOA. Según explicó Peña, la norma sancionada esta madrugada por el Senado “no respeta el mandato constitucional del parlamento” e insistió en que no es facultad del Legislativo fijar los valores de las tarifas.

Peña anunció que Macri ya vetó la ley de tarifas y habrá conferencia en Salta

A horas de la sanción en el Senado de la ley contra el aumento en las tarifas de los servicios públicos, el presidente Mauricio Macri vetó esta mañana (31/5) la norma convertida en ley por el Congreso. Así lo anunció en una rueda de prensa en Casa Rosada el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Macri, en tanto, estaba viajando a Salta para un encuentro con mandatarios de la región del NOA. Desde esa provincia celebraría una conferencia de prensa, según informó el jefe de ministros.
“La ley está vetada. El fundamento conceptual de lo que se votó anoche es la política tarifaria del kirchnerismo, que fue una mentira y nos llevó a los problemas que hoy estamos enfrentando”, explicó Peña al anunciar el 8vo veto de Macri desde que llegó a la Presidencia.
“Nosotros ratificamos plenamente el rumbo del cambio, creemos que la mayoría de los argentinos quiere seguir por este rumbo. No vamos a negociar la verdad, la transparencia y la vuelta al pasado”, agregó Peña.
“Va en contra de los intereses de las provincias y no lo podemos permitir. Es una ley irresponsable porque no fundamente de dónde se paga aquello que se votó ayer, que equivale a toda la obra pública al interior del país, a todo el sistema universitario de la Argentina, a dos veces la UAH que pagamos todos los argentinos para proteger a los sectores vulnerables, a todo el presupuesto de seguridad y defensa de nuestra republica”, añadió el ministro coordinador.

Anoche se aprobó la Ley en el Senado

El proyecto de la oposición ya es ley. Ahora el debate consiste en si habrá o no costo político para Mauricio Macri en su decisión de vetar la ley votada por el Parlamento acerca de tarifas. El senador nacional Miguel Pichetto dijo que el veto es el paradigma del fracaso en la política. Hasta ahora el gobierno no ha conseguido convencer a la sociedad que el incremento sistemático de las tarifas resulte lo más apropiado para la sociedad argentina.
El proyecto sobre tarifas recibió media sanción de la Cámara de Diputados el 09/05, aprobado por 133 votos afirmativos, 94 negativo s y 3 abstenciones. La iniciativa impulsada por los bloques Argentina Federal y el Frente Renovador, establece que la actualización de las tarifas no debe superar a la variación salarial para los usuarios residenciales, y en el caso de las pymes a la variación del índice de precios mayoristas -sólo para las de consumos medios y bajos-. La norma sólo alcanzaría a los servicios de concesión nacional (es decir Área Metropolitana de Buenos Aires), y las provincias podrían adherir o no. Otro de los puntos centrales es el que retrotrae los valores a noviembre de 2017.
Si hubiese sido rechazado el proyecto aprobado en la Cámara baja, se votaría el dictamen de minoría, impulsado por Cambiemos, que establece la rebaja del IVA para los servicios de luz, gas y agua, con vigencia por un año, que alcanzaría a usuarios residenciales -con una alícuota del 10,5%- y PyMEs -alícuota del 21%-. Se trata de un proyecto que presentó sobre la hora en el plenario de comisiones de la semana pasada y que es un reflejo de la propuesta que Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta, le llevó a Macri.
La oposición ejecutó en la madrugada de este jueves la ofensiva final contra Cambiemos y logró aprobar, con 37 votos contra 30, el proyecto que pone un límite a los incrementos de las tarifas. Con el destino del veto presidencial ya asegurado, el peronismo liderado por Miguel Pichetto, el kirchnerismo y otros bloques le enviaron una señal al Gobierno, que no consiguió imponer su iniciativa para rebajar el IVA de las facturas.
La iniciativa fue sancionada tras un debate agitado, que se extendió durante 12 horas. Si bien circuló durante la jornada la posibilidad de que el texto sufriera cambios y volviera a la Cámara de Diputados, la amenaza se disipó cuando se acordó votar el proyecto en general junto al articulado. Aunque senadores peronistas del interior del país cuestionaron que la ley sólo sea aplicable en el AMBA, donde prestan servicio Edenor y Edesur.
El proyecto, nacido de las usinas económicas del bloque Justicialista y el Frente Renovador, retrotrae las tarifas a los niveles de noviembre pasado y establece una actualización de acuerdo al Coeficiente de Variación Salarial (CVS) para los usuarios residenciales y al Índice de Precios Mayoristas para las pymes.
El oficialismo advirtió que el costo fiscal ronda los 75 mil millones de pesos. “Nadie dice de dónde van a salir esos fondos”, advirtió Esteban Bullrich, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y agregó: “Entre hacer las cosas bien y hacerlas para la tribuna hay más o menos 50 mil millones de pesos” de diferencia.
En su dictamen de minoría, Cambiemos proponía reducir el IVA a la mitad para usuarios residenciales (10,5%) y en seis puntos para las pymes (21%), con un costo que orilla los 26 mil millones de pesos, compartido entre Nación y provincias. La propuesta había surgido de los gobernadores peronistas Juan Manuel Urtubey (Salta) y Juan Schiaretti (Córdoba). Pero la oposición la consideró insuficiente, y las presiones de Casa Rosada no surtieron efecto.
La flamante ley reunió los votos del interbloque Argentina Federal, con Carlos Menem incluido; el Frente para la Victoria-PJ, referenciado en la expresidenta Cristina Kirchner; la puntana Eugenia Catalfamo; el porteño Fernando “Pino” Solanas; la rionegrina Magdalena Odarda; el neuquino Guillermo Pereyra y dos de los tres senadores por Santiago del Estero -Ada Itúrrez y Gerardo Montenegro-.
El de Pereyra fue un caso particular. El senador -que preside la Comisión de Energía y Minería y también el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa- había visitado este martes Casa Rosada junto a sus colegas del interbloque Parlamentario Federal, y se presumía votaría en contra. Finalmente lo hizo a favor, aunque reconoció que el texto “tiene un montón de imperfecciones”.
En el seno del bloque Justicialista se consumó la “minirrebelión” del salteño Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador Juan Manuel Urtubey, que tal como había anunciado votó en contra del proyecto del peronismo, sin emitir palabra en el recinto. Su primo, el senador por Catamarca Dalmacio Mera, se pronunció a favor: “Están dadas las condiciones para declarar la emergencia”, puntualizó.
De este modo, al rechazo de Cambiemos se sumaron Urtubey y sus comprovincianos Juan Carlos Romero y Cristina Fiore, además de Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino) y el santafesino Carlos Reutemann. Crexell reveló en plena sesión que negoció su voto en contra ante el propio Macri a cambio de un compromiso del Gobierno para prorrogar la ley de emergencia frutícola, que vence este año.
Otra perlita de la jornada fue la de Adolfo Rodríguez Saá, que en pleno debate regresó a San Luis. En el entorno del legislador omitieron detalles de su intempestiva partida. La compañera de bloque del exgobernador, Eugenia Catalfamo, había defendido en su discurso la necesidad de la ley. Por el contrario, el senador restante por esa provincia, Claudio Poggi, tildó de “injusto” el proyecto por mantener a Edenor y Edesur bajo la jurisdicción nacional.
Además de Rodríguez Saá, se ausentaron la santiagueña Blanca porcel de Ricobelli -antepuso “problemas de salud”-, los misioneros Maurice Closs y Magdalena Solari Quintana, y la sanjuanina Cristina López Valverde (Justicialista).

Un debate intenso

Al inicio del debate, se puso al hombro la defensa del proyecto el formoseño José Mayans (Justicialista), quien pronosticó que “si no ponemos límite, esto no va a terminar bien”. Remarcó que “hay una emergencia cuando la gente no puede pagar” y acusó al Gobierno de “querer imponer un plan económico que ya fracasó”.
“Más del 90% de la población está de acuerdo con que votemos este tema de tarifas, porque la gente está saturada con la situación económica, entonces obviamente si la propia coalición no puede juntar los votos en Diputados, ¿qué nos puede reclamar el presidente a nosotros de un programa económico que tiene muchas falencias?”, se preguntó.
Por parte del kirchnerismo, Anabel Fernández Sagasti alertó que “la política energética de Macri es una gran estafa nacional” porque “transfiere millones de pesos del bolsillo de los ciudadanos a un grupo de empresarios amigos del poder”, en particular “Nicolás Caputo, Marcelo Midlin y Joe Lewis”.
María de los Ángeles Sacnun, otra integrante del Frente para la Victoria-PJ, remarcó que “se considera pobre energético al que destina más de un 10% al pago de las tarifas”. En ese sentido, detalló que “a diciembre de 2015, se destinaba el 6% de los ingresos al pago de las tarifas, y a mayo de 2018, sin contar la última corrida cambiaria, es el 21 el porcentaje que se utiliza para dicho pago”.
Por su parte, Norma Durango, del PJ La Pampa, sostuvo que “estos aumentos han trastocado todos los presupuestos y todas las previsiones, justo en este momento de mucha incertidumbre y de crisis, donde hay un dólar altísimo, una suba que cómo siempre se traslada a los precios y lo vemos en el día a día en el supermercado”.
Gladys González sumó su voz en contra. “Hasta el último minuto pensé que los senadores de la oposición iban a elegir la responsabilidad, que iban a dejar de lado sus intereses electoralistas y cortoplacistas. Yo puedo pensar que hay senadores que no les importa, pero la mayoría tiene conciencia. En este Senado hay una expresidenta hay funcionarios que saben lo que es gobernar y lo que significa el efecto negativo de aprobar esta ley”, sugirió la senadora del Pro.
Muy duro fue el cordobés Carlos Caserio, hombre del gobernador Juan Schiaretti, que enfatizó que “el Gobierno se ha encerrado en sí mismo”, y en ese marco sostuvo que “se pudo mejorar esto y se pudo hablar, pero no hubo una decisión firme del Gobierno nacional para buscar una alternativa”.
“Les pido que no rompamos todo. Estuvieron hasta último momento tratando de lograr que no votemos esto. Si para ustedes eso es la política, bárbaro, pero no jueguen con fuego porque nos necesitamos todos”, advirtió Caserio, desafiante.
En la discusión se coló un furcio del tucumano José Alperovich, quien dijo que “nadie quiere que le vaya bien al presidente”. El legislador se corrigió luego, pero su comprovinciana Silvia Elías de Pérez no se la dejó pasar: “Un acto fallido de uno de los senadores nos puso el título de lo que quieren que sea esta sesión: están queriendo que le vaya mal al presidente, pero somos más los que estamos empeñados en hacer lo correcto para que de una vez por todas la Argentina salga adelante”.
Fernando “Pino” Solanas, de Proyecto Sur, subrayó que “este proyecto es un paliativo necesario para poner freno a una política de abusos que castiga a los sectores más carenciados, a las pymes y a grandes sectores de las capas medias”, y denunció que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, “actúa más como representante de las multinacionales que como defensor de los intereses de la Argentina”.
Hacia el final habló Cristina Kirchner, quien se excedió casi 20 minutos del tiempo establecido. La senadora y expresidenta Cristina Kirchner subrayó en la madrugada de este jueves, al cierre del debate sobre las tarifas, que “ahora son los ciudadanos los que están subsidiando la rentabilidad de las empresas”, y sostuvo que la ley que la oposición pretende sancionar “no es inconstitucional”.

“Es mentira que se hayan eliminado los subsidios: se eliminaron los subsidios que financiaba el Tesoro Nacional, pero ahora son los ciudadanos los que están subsidiando la rentabilidad de las empresas”, retrucó Cristina en un discurso que se excedió casi 20 minutos del tiempo establecido. La exmandataria advirtió que “es catastrófico el estado de estos cinco precios de la economía: dólar, tarifas, tasas de interés, salario y el precio de bienes y servicios”.
“Los salarios se han depreciado, el dólar se ha detonado, la tasa de interés vuela por los aires y el precio de las cosas que la gente consume también se ha disparado”, observó Cristina, y agregó que “cuando todo esto se junta con los ‘tarifazos’, estamos ante un problema muy grave”.
La sucedió Pichetto, quien insistió en que por parte del oficialismo “no llegó ninguna propuesta” alternativa sobre tarifas. El rionegrino aprovechó para meterse en la interna de Cambiemos: afirmó que perdieron la votación en la Cámara de Diputados porque “devaluaron” a su presidente, Emilio Monzó, y cuestionó que “todo lo controlaban en Jefatura de Gabinete esos dos ministros sin cartera”, en alusión a Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.
El jefe del bloque Justicialista pidió “desdramatizar” el debate y aseguró que “nadie está en campaña” con el tema de las tarifas. “No me gusta votar leyes para el veto”, aclaró y recordó: “Este debate no lo empezamos nosotros”.
Al final del debate, el jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, le enrostró al kirchnerismo: “Ustedes eligieron otro camino, y tienen que hacerse cargo de la disciplina y el silencio. De los 12 años del colapso energético tienen que hacerse cargo, porque ustedes sabían las consecuencias de pisar tarifas, de subsidiar indiscriminadamente, de perder el autoabastecimiento energético”.
El radical criticó que se haya llegado a esta instancia para “enviar un mensaje” al Gobierno, y sugirió: “Los mensajes en Argentina del 83 a la fecha tienen otra connotación. Cuando la mirada es apocalíptica y un gobierno comienza a transitar los dos años y medio de su mandato y es una coalición opositora que no tiene una raíz peronista, es una señal de alerta”.

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Revolución siglo XXI

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El 2018 encuentra a la Argentina lejos de los ideales de 1810, cuando la revolución asomaba como idea de independencia para despegarse del yugo imperial. Hoy el imperio no tiene bandera pero su alcance es global. Impone condiciones y toma decisiones con consecuencias directas en lo local, en la mínima mesa familiar. Puede que no sea el mismo de hace 18 años, puede ser un FMI más humano, pero el sistema financiero, tal como está concebido, juega con sus propias reglas y, generalmente, gana o gana. Siempre es un partido desigual.
Depende, claro, de quien acepte entrar en el juego y sus reglas. Argentina había recuperado cierta independencia en 2006, cuando se le pagó toda la deuda junta al Fondo Monetario. Mantuvo su presencia en los mercados financieros, pero dictó propia política económica.
Volver al Fondo significa resignar esa autonomía y someterse a modelos y controles que dejan exhausta a la economía para poder cumplir las metas. Ya le pasó a la Argentina y a los países que recurrieron en busca de auxilio. Otra es la suerte de los países que mandan en el Fondo.
Nunca es buena noticia recurrir al Fondo, porque ya agotaste tus propias ideas o porque ya no hay salida al exceso de endeudamiento. En la Argentina hubo una combinación de ambos. Una acumulación de deuda de corto plazo que asfixió las posibilidades de financiación y un exceso de optimismo que se agotó rápidamente.  
El mercado, así, en abstracto, marca los tiempos. Reclama ajustes y cuestiona que haya más o menos empleo público y que se destine más o menos a las jubilaciones. Desprecia a un Estado presente y exige que los números cierren para “atraer inversiones”.
Misiones es un ejemplo para graficar el derrotero que significa “pertenecer” al club. Hubo un tiempo en que el gobernador era “el alumno más aplicado del modelo económico”. La Provincia era  asidua a los bancos y organismos financieros para tomar deuda, que fue creciendo hasta los mil millones de dólares, en paralelo a una pobreza y desempleo creciente.
Desde hace 18 años se cambió el paradigma. Misiones no tomó más deuda y refinanció sus vencimientos hasta convertirlos en una ínfima porción del presupuesto. El 95 por ciento de la deuda estaba en dólares. Hoy apenas el cinco por ciento, lo que se convirtió en una virtud: es una de las pocas provincias que no sufrió con la corrida del dólar. Otras provincias tienen hoy una deuda 40 por ciento más abultada que el año pasado.  
La consultora Moody’s, que califica las cuentas de Misiones, al igual que otras provincias y la Argentina, destaca las potencialidades locales. Son extensas, pero se pueden resumir en cuatro: gasta poco en relación con sus ingresos, no toma deudas, recuperó superávit operativo y hace obras con recursos propios. Todo lo contrario a lo que se le achaca a la Nación.
En el promedio de los últimos siete años de la ejecución presupuestaria de Misiones se observa un superávit económico equivalente al 9,4 % de los ingresos corrientes. En 2017 obtuvo un resultado económico positivo equivalente a 2.570 millones de pesos. Los ingresos corrientes alcanzaron a los 45.076 millones, superiores a los gastos corrientes que ascendieron a 42.506 millones, permitiendo destinar el remanente a inversiones reales directas.
Esa inversión real en gasto de capital es mayor que en el promedio del país: Misiones de cada 100 pesos que gastó en 2016, 16 lo destinó a gasto de capital, cinco puntos porcentuales por encima de la media de las provincias. 
Y, por último, tiene un bajo nivel de ocupación estatal con respecto a la media nacional, lo que refleja una política de austeridad a los fines de no comprometer el normal desenvolvimiento de las finanzas públicas.
Sin embargo, la economía real sufre las consecuencias de las turbulencias nacionales. La construcción se frena por la falta de financiamiento y quienes tenían créditos casi cerrados, hoy dudan de firmar por el nivel de tasas, que además están atadas a la inflación.
La yerba mate es un ejemplo bien local para graficar el estado de situación. Usted se preguntará ¿qué relación tiene un tarefero o un colono con las inversiones en Lebacs y la “bicicleta financiera” que se armó a partir de la política del Central? ¿Qué culpa tiene un molino yerbatero de las especulaciones de los fondos de inversión extranjeros que vinieron a hacer el famoso carry trade (traer dólares, cambiarlos por pesos y ponerlos a trabajar en Lebacs o bonos)?
El sector yerbatero requiere de mucho capital para levantar la cosecha. Son 50 millones de pesos semanales. Es dinero para pagarle a las cuadrillas de tareferos cada viernes, más dinero para el flete de esa hoja verde hasta el secadero. También, claro está, el dinero para el productor y luego ese capital que queda inmovilizado por 12 o 14 meses con la yerba canchada estacionándose en los galpones. El sector yerbatero necesita capital y lo necesita por un tiempo.
¿Cómo se financia? Generalmente los secaderos o las industrias adelantan pagos para la cosecha o los productores descuentan cheques propios o de terceros en los bancos, en el mejor de los casos, o en financieras o directamente en “cuevas”.
Con las tasas de referencia del Banco Central encima del 40 por ciento, el financiamiento se hace casi imposible de afrontar. Para descontar cheques algunos bancos están cobrando tasas de 50 o 60 por ciento o aún más. Y algunas entidades como el Banco Nación suspendieron algunas de esas líneas.
En tanto, las financieras cobran más que los bancos y las “cuevas” más que las financieras.
A todo esto hay que agregarle el dinero que necesitan los molinos para comprar la materia prima y ponerla a estacionar en períodos que pueden superar los 12 meses.
Juntar 10 millones de kilos de yerba para un molino de los “top” tiene un costo de 250 millones de pesos aproximados. Si una industria pusiera el dinero en Lebac tendría un rendimiento de 100 millones de pesos al año y sin hacer nada.
Hasta antes del comienzo de la crisis cambiaria, según datos del BCRA, los principales molinos tenían una deuda con el sistema financiero de 2.200 millones de pesos. Un parte importante de esta deuda es a tasa variable, con lo cual, se incrementa con la suba que dispuso el Banco Central.

La yerba está en cada uno de los hogares argentinos, pero apenas presente en la mesa de decisiones del superministro Nicolás Dujovne. Solo Luis Miguel Etchevehere exhibe un mate en la mesa de los varones economistas.
Dujovne todavía no hizo ningún anuncio sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ni sobre las medidas que tomará para frenar el déficit fiscal. Solo trascendió que les pidió a sus colegas una mayor coordinación para el ajuste que se aplicará. Sin embargo, abrió un nuevo frente de batalla con la base de sustento electoral de Cambiemos: la patria sojera.
Deslizó la posibilidad de frenar la baja mensual de las retenciones a la soja y que podrían reimplantarse retenciones al maíz y el trigo y desató un cisma con el campo, simiente del Gobierno actual en los días de lock out patronal contra Cristina.
El paro sojero había sido la respuesta a las retenciones móviles que pretendió imponer aquel Gobierno. En cambio, desde 2015 se eliminaron y bajaron retenciones y se quitaron cada uno de los obstáculos para girar dólares al exterior. ¿Resultado? Los dólares se fueron y hoy escasean para pagar los compromisos de deuda y frenar corridas contra el peso. Por eso, someterse nuevamente al FMI es una salida elegante.
El “campo” ahora reclama una reunión urgente con Macri para que desmienta a su superministro.
El campo, claro, no el mismo en todo el país. La chacra misionera no tiene tanto poder de lobby. La deuda con el sector tabacalero asciende a 1.200 millones de pesos del Fondo Especial del Tabaco, lo que pone al borde de la parálisis a las obras sociales. Los productores de distintas asociaciones se unieron para elevar el reclamo a la Nación. No hay argumentos que expliquen la demora. La burocracia y hasta el desinterés parecen ser las respuestas.
Los diputados del bloque misionerista advierten que detrás de la demora se esconde la idea de dar de baja el FET. No es descabellada ni nueva. Ricardo López Murphy ya había querido manotear los recursos durante la fugaz alianza. Ahora figuraba -para 2022- en la reforma impositiva impulsada por Dujovne.

Fue quitada en el recinto por presión de los misioneros de la Renovación. “El FET no corre peligro”, defiende el radical Luis Pastori y promete que se pagará lo adeudado. Por las dudas, no pone fechas. La prometida reglamentación del artículo 10 de la ley Pymes dejó algunas enseñanzas.
“No estamos contentos con el atraso en la reglamentación”, justificó –nuevamente- Marcos Peña en el Congreso. Menos mal. Los misioneros tampoco, desde agosto de 2016. La mirada de la Nación siempre ha sido condescendiente con la demanda misionera y eso quedó en evidencia cuando el propio presidente Mauricio Macri admitió desconocer de qué se trataba el mentado artículo 10, que habían enarbolado en campaña los radicales Pastori y Alex Ziegler.
Ahora el argumento para estirar la demora es que las asimetrías menguaron por la brusca devaluación del peso argentino. En Paraguay, cuya economía está dolarizada, es más caro comprar lo que antes era baratija. Pero la teoría dista de la realidad. Es cierto que en los primeros días pos devaluación menguó el cruce a Encarnación, pero eso no se tradujo en un boom de compras en Posadas. Sucede que en la capital misionera los precios siguen siendo altos, acompañando la inflación y el potencial traslado a los precios de la suba del dólar. Del otro lado del Paraná, lentamente los precios tenderán a un nuevo equilibrio, explican los comerciantes. Es que estaban artificialmente altos por la fuerte demanda misionera. Tienen margen para bajar y volver a ser atractivos. La ventaja misionera, por estas horas es el precio del combustible –congelado aquí por lo menos hasta junio-.
En Paraguay está prácticamente igual que aquí, pero es en Brasil donde se revirtió la balanza. El presidente Michel Temer aplicó un tarifazo a los combustibles similar al de Macri en la Argentina y subió 14 por ciento el precio del combustible, lo que desató la furia de camioneros y transportistas. En 2015 los camioneros ya habían paralizado Brasil en una protesta contra Dilma por una suba de impuestos.
Ahora el litro de combustible está 4,98 Reales -34 pesos, tres pesos más caro que en Posadas-, por lo también se frenó el cruce para llenar el tanque en tierras brasileñas.
Sin embargo, los empresarios locales advierten que hay una inflación contenida en el congelamiento de los precios de las naftas en la Argentina, que podría dispararse en junio, cuando venza el plazo puesto por Juan José Aranguren. Algunos cálculos muestran la desmesura de los aumentos: el litro de nafta Premium podría irse a 38 pesos de acuerdo a lo que calculan los expendedores.
Un combustible caro, combinado con las altas tasas que “no volverán rápidamente al valor que tenían” antes de la corrida, según anticipó el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, se convierten en un coctel amargo para la economía real. Pero hoy la prioridad está puesta en “dar certidumbre a inversores y mercados”, como explicó el ministro de Finanzas, Luis Caputo.
En ese escenario se juega la política. La oposición advierte que el Gobierno necesita respaldos para sostener el timón, pero al mismo tiempo, exhibe una debilidad que no tenía hasta hace unos meses.
El peronismo, en todas sus variantes, comienza a moverse para recuperar terreno perdido porque ve que no es una quimera ganar en 2019.
En cambio, en Cambiemos mantienen la calma. Aseguran que las turbulencias son pasajeras y consecuencias de la pesada herencia.
En ese tablero, los gobernadores cobran dimensión. Son los garantes de la gobernabilidad y actores necesarios para construir nuevos liderazgos. Ya no habrá candidatos “del partido”, sino que serán productos del consenso, principalmente de la mesa chica de los gobernadores. La nueva visita de Juan Manuel Urtubey –en otra fiesta patria- tiene que ver con eso. El salteño busca atar respaldos para una eventual candidatura presidencial que surja del interior y con apoyos locales. Lo mismo hizo antes el cordobés Juan Schiaretti, a quien muchos quieren impulsar para el sillón de Rivadavia. El misionerismo, entendido como legado de Guacurarí, tiene muchos puntos en común con la historia de Salta, custodiada por el caudillo Miguel de Güemes.  Es una identidad y sentido de pertenencia del interior profundo que puede “exportarse” al resto del país.

“La única política económica que parece haber en el país es la monetaria”, cuestionó Urtubey al plantear la necesidad de una “alternativa superadora” por encima de un partido para “pensar en una Argentina federal”.
El apoyo de la Renovación es singular. No es un partido político con marcha o boinas, sino la conjunción de ambas con el condimento independiente. Ha dado muestras de gobernabilidad por encima de egoísmos, con la suma de cuadros de distintas extracciones para sacar como resultado algo distinto. Cualquier proyecto de gobernabilidad futura debe contar necesariamente con el respaldo misionerista. Pero no es tiempo de pensar en candidaturas, sino en aportar soluciones a la salida de la crisis nacional. Passalacqua, Urtubey y el vicegobernador Oscar Herrera Ahuad  pasaron la tarde del viernes hablando de eso.
Nadie de afuera nos manda, fue la semilla que nos dejó la Junta de Mayo”, señaló el gobernador Hugo Passalacqua.

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