Secretaría de Energía

El Gobierno habilita más bioetanol en naftas para contener el impacto del petróleo

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Un ajuste técnico con lectura económica En un contexto de presión sobre los precios energéticos, el Gobierno avanzó con una decisión de impacto indirecto pero estratégico: habilitó a las refinadoras a incrementar el contenido de bioetanol en las naftas hasta un 15%. La medida, formalizada el 26 de marzo a través de la Resolución 79/2026 de la Secretaría de Energía, busca amortiguar el traslado del encarecimiento del petróleo a los surtidores.

El movimiento no modifica el corte obligatorio vigente, pero introduce una flexibilidad clave en la composición del combustible. Para hacerlo viable, el Ejecutivo elevó el límite máximo de oxígeno permitido en naftas al 5,6%, un ajuste técnico que habilita mayor presencia de biocombustibles sin alterar formalmente la estructura regulatoria. La decisión abre una pregunta de fondo: ¿es una herramienta coyuntural para contener precios o el inicio de un rediseño más amplio en la política de combustibles?

Marco regulatorio y lógica de intervención

La resolución se inscribe en el esquema definido por la Ley de Hidrocarburos y la Ley 27.640 de biocombustibles, que establece los porcentajes obligatorios de mezcla. En ese marco, la Secretaría de Energía actúa como autoridad de aplicación y tiene facultades para ajustar las especificaciones técnicas de los combustibles.

El punto central de la norma no está en el porcentaje en sí —que ya estaba contemplado en regulaciones previas— sino en la adecuación del parámetro de oxígeno. Ese indicador resulta determinante para la calidad del combustible y está directamente vinculado con la proporción de bioetanol en la mezcla.

Según los informes técnicos que respaldan la decisión, elevar el contenido de oxígeno mejora la eficiencia de la combustión, incrementa el número de octano y reduce las emisiones de monóxido de carbono. Pero, en términos políticos, el efecto más relevante es otro: habilita a las empresas a sustituir parcialmente componentes derivados del petróleo por biocombustibles, con potencial impacto en los costos.

La resolución aclara un punto sensible: no se incorporan nuevos compuestos oxigenados. Es decir, el cambio se limita a ampliar el margen para el bioetanol, sin alterar la naturaleza del producto final ni imponer nuevas exigencias regulatorias.

Impacto en el mercado y señales a la cadena energética

El Gobierno elige un camino intermedio. No interviene directamente en precios ni modifica los cortes obligatorios, pero introduce una herramienta que puede influir en la estructura de costos de las refinadoras. En un escenario de volatilidad internacional del petróleo, esa flexibilidad puede funcionar como amortiguador.

Para las empresas, la medida abre un margen de decisión: podrán aumentar el contenido de bioetanol hasta el nuevo límite si lo consideran conveniente. No es una obligación, sino una opción habilitada por regulación. Esa lógica preserva el funcionamiento de mercado, pero bajo parámetros redefinidos por el Estado.

Al mismo tiempo, el sector de biocombustibles encuentra una señal implícita de respaldo. Aunque no se modifican los porcentajes mínimos, la ampliación del techo potencial refuerza su rol dentro de la matriz energética. En paralelo, el gasoil mantiene sin cambios su esquema, con mezclas de hasta el 20% de biodiesel ya contempladas.

Entre la coyuntura y la estrategia

La decisión aparece alineada con un objetivo inmediato: reducir el impacto del petróleo en los precios internos. Pero también deja abierta una dimensión más amplia. El uso de biocombustibles como herramienta de política energética no es nuevo, pero su activación como variable de ajuste frente a shocks externos introduce un matiz distinto.

En ese sentido, el Gobierno evita una intervención directa en precios —con alto costo político y fiscal— y opta por un mecanismo técnico que desplaza parte del problema hacia la composición del producto. Es una forma de intervenir sin hacerlo de manera explícita.

Queda por ver hasta qué punto las refinadoras utilizarán esta flexibilidad y cómo impactará en la dinámica de precios. También, si este tipo de medidas se consolidan como parte de una estrategia más amplia o quedan circunscriptas a la coyuntura.

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Energía regula el recambio de válvulas de garrafas y redefine estándares en la industria del gas envasado

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El Gobierno activó una señal concreta sobre el control del sistema energético doméstico: la Secretaría de Energía dispuso el reemplazo obligatorio de válvulas de garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) fabricadas entre 1960 y 1971, con un plazo máximo de cinco años para su retiro total del mercado. La medida quedó formalizada el 18 de marzo de 2026 mediante la Resolución 72/2026, publicada en el Boletín Oficial, y apunta directamente a los actores clave de la cadena: los fraccionadores registrados.

La decisión no es neutra. Se inscribe en un contexto donde la seguridad pública y la confiabilidad del abastecimiento conviven con tensiones estructurales del sector energético. La pregunta que sobrevuela es si se trata de un ajuste técnico necesario o de un movimiento que busca reforzar capacidad de control sobre un segmento históricamente atomizado.

Un problema técnico que escala a decisión política

El núcleo de la resolución se apoya en un diagnóstico preciso: existen válvulas en circulación con más de 60 años de antigüedad, con desgaste acumulado y sin posibilidad de trazabilidad ni provisión de repuestos originales. El informe técnico que sustenta la medida advierte que estas piezas —tipo “Universal” para garrafas de 10 y 15 kilos— están superadas por los estándares actuales y representan un riesgo potencial para la seguridad pública.

El listado oficial incluye doce modelos específicos, con fechas de fabricación que van desde 1960 hasta 1971, producidos por fabricantes que en varios casos ya no operan en el mercado.

En ese marco, la Secretaría de Energía no introduce una prohibición inmediata, sino un esquema progresivo: obliga a los fraccionadores a presentar en un plazo de 180 días un “Esquema de Sustitución” que deberá ser aprobado por la Subsecretaría de Hidrocarburos. A partir de esa validación comenzará a correr el plazo de cinco años para completar el recambio total.

La arquitectura de la medida muestra un equilibrio deliberado. Por un lado, se reconoce la urgencia técnica. Por otro, se evita un shock operativo que podría afectar la continuidad del abastecimiento, especialmente en segmentos donde la garrafa sigue siendo un insumo crítico.

Regulación, antecedentes y control: el Estado ordena la cadena

La resolución no aparece en el vacío. Se apoya en el marco de la Ley 26.020, que regula la industria del GLP y establece obligaciones explícitas sobre el mantenimiento seguro de equipos y envases, incluso fuera de uso.

Además, retoma un entramado normativo acumulado durante décadas: desde las normas técnicas heredadas de Gas del Estado hasta los sistemas de registro y control creados en los años 2000, pasando por los regímenes de inspección periódica y sanciones vigentes.

Lo que cambia ahora es el foco. El Estado pasa de un esquema general de control a una intervención puntual sobre un componente específico del sistema: las válvulas. Y lo hace con una lógica preventiva explícita, invocando el principio de anticipación frente a riesgos derivados de la obsolescencia tecnológica.

La Subsecretaría de Hidrocarburos queda en el centro operativo: evaluará los planes de sustitución, controlará su ejecución y podrá activar sanciones si, una vez vencidos los plazos, continúan en circulación envases con válvulas prohibidas.

Impacto en la industria: costos, adaptación y poder regulatorio

Para los fraccionadores —actores obligados por la norma— la resolución implica una reconfiguración operativa y financiera. Deberán diseñar planes de recambio, asegurar provisión de nuevas válvulas y gestionar la transición sin interrumpir el suministro.

El plazo de cinco años introduce previsibilidad, pero no elimina el desafío. La magnitud del recambio dependerá del volumen de válvulas antiguas aún en circulación, un dato que la propia resolución sugiere relevante pero no cuantifica públicamente.

En términos de poder, la medida refuerza la capacidad del Estado para intervenir en eslabones específicos de la cadena energética. No se trata solo de seguridad: también implica ordenar estándares, homogeneizar prácticas y reducir zonas grises donde históricamente convivieron tecnologías obsoletas con controles dispares.

Al mismo tiempo, el régimen sancionatorio vigente —que se activa ante incumplimientos— introduce un incentivo claro para acelerar la adaptación. La regulación deja de ser declarativa y se vuelve operativa.

Un movimiento técnico con derivaciones políticas

La resolución puede leerse como un punto de inflexión en la gestión del GLP o como un ajuste dentro de una estrategia más amplia de actualización regulatoria. En ambos casos, expone una tensión estructural: cómo modernizar infraestructuras críticas sin afectar el acceso ni trasladar costos de forma abrupta.

En las próximas semanas, la clave estará en la respuesta de los fraccionadores: la calidad de los esquemas de sustitución, los tiempos propuestos y la capacidad de coordinación con la autoridad de aplicación marcarán el ritmo real de implementación.

También habrá que observar si esta intervención abre la puerta a nuevas revisiones técnicas en otros componentes del sistema o si se mantiene acotada a este segmento específico.

Por ahora, el Gobierno eligió intervenir donde el riesgo técnico es más evidente. El efecto político de esa decisión dependerá de algo menos visible: la capacidad de convertir una norma en cumplimiento efectivo dentro de una cadena históricamente compleja.

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Shell y QP se retiran de CAN_107 y el Gobierno recupera un bloque offshore

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El Gobierno nacional decidió dar por terminado el permiso de exploración hidrocarburífera en el área offshore CAN_107 y recuperar su control directo, tras la renuncia de las empresas adjudicatarias. La medida quedó formalizada el 18 de marzo de 2026 a través de la Resolución 73/2026 de la Secretaría de Energía, que declara extinguida la concesión otorgada en 2019 a SHELL ARGENTINA S.A. y QP OIL AND GAS S.A.U.

El dato central no es solo administrativo. La decisión implica que el Estado vuelve a tener disponibilidad plena sobre un bloque adjudicado en la primera ronda offshore, luego de que las compañías resolvieran no avanzar al segundo período exploratorio. En un contexto donde la política energética busca maximizar renta y actividad, la salida abre una incógnita: ¿se trata de una retirada puntual o de una señal más amplia sobre los riesgos y tiempos del offshore argentino?

De la adjudicación al repliegue: un ciclo completo en CAN_107

El área CAN_107 forma parte del paquete de bloques licitados en el marco del Concurso Público Internacional Costa Afuera N° 1 (Ronda 1), convocado en 2018 bajo el régimen de la Ley 17.319. En 2019, el Gobierno adjudicó ese bloque a un consorcio integrado por SHELL ARGENTINA y QP OIL AND GAS.

Desde entonces, el proyecto atravesó distintas etapas. El primer período exploratorio fue extendido en dos oportunidades: primero por dos años en 2022 y luego por doce meses en 2025. Esa secuencia ya reflejaba que los plazos originales no alcanzaban para completar las tareas previstas.

Finalmente, el 4 de diciembre de 2025, las empresas notificaron su decisión de no avanzar al segundo período exploratorio y renunciar al permiso. La Secretaría de Energía evaluó el cumplimiento de las obligaciones asumidas y confirmó que: Se realizaron la totalidad de las inversiones comprometidas. Se abonó el canon de exploración 2025 por $383.036.825,91. Y no se registraron observaciones ambientales

Con esos elementos, el Gobierno aplicó los artículos 81 y 85 de la Ley 17.319, que habilitan la extinción del permiso y la reversión del área al Estado.

Un retiro ordenado, pero con impacto en la política energética

La resolución describe un proceso sin incumplimientos. No hubo sanción ni conflicto contractual: las empresas cumplieron con sus compromisos y decidieron no continuar.

Sin embargo, el dato político es otro. CAN_107 era parte del núcleo de la estrategia offshore lanzada en 2018, que buscaba posicionar a la Argentina en la exploración en aguas profundas.

La salida de dos actores relevantes del proyecto —tras completar la primera fase— introduce una señal que no pasa desapercibida: el desarrollo offshore sigue enfrentando incertidumbres operativas, económicas o estratégicas que condicionan las decisiones de inversión.

Al mismo tiempo, el Estado recupera un activo que puede volver a licitar, reasignar o mantener bajo evaluación. Esa capacidad de decisión reabre el juego, pero también obliga a redefinir los próximos pasos.

Reconfiguración de actores y margen de decisión estatal

La reversión del área CAN_107 fortalece la posición del Estado en un punto específico del mapa energético: recupera control directo sin conflicto y con cumplimiento previo de obligaciones por parte de los privados.

En términos institucionales, la Secretaría de Energía reafirma su rol como autoridad de aplicación, ejecutando el marco previsto en la ley de hidrocarburos y cerrando el ciclo administrativo del permiso.

Pero la salida también reordena el tablero. Sin adjudicatarios en ese bloque, el Gobierno queda frente a varias alternativas: Relanzar el área en futuras rondas offshore. Redefinir condiciones de exploración. Y reconfigurar el esquema de incentivos

Cada opción tiene implicancias distintas en términos de atracción de inversiones, tiempos de desarrollo y perfil del sector.

Un punto de inflexión en el offshore argentino

El caso CAN_107 no es aislado dentro de la dinámica de proyectos exploratorios, donde es habitual que las empresas evalúen resultados antes de avanzar a etapas más costosas. Pero sí funciona como un indicador.

La política energética argentina, según la Ley 17.319 y la Ley 26.741, busca maximizar la renta de los recursos y garantizar el abastecimiento. En ese equilibrio, el offshore aparece como una apuesta de largo plazo, con altos niveles de inversión y riesgo.

La decisión de las empresas de no continuar —pese a haber cumplido con las obligaciones— sugiere que ese equilibrio todavía está en construcción.

Mientras tanto, el Gobierno recupera el área y mantiene la potestad de decidir su destino. Lo que ocurra con CAN_107 en los próximos meses será una señal relevante para el mercado: no solo por el activo en sí, sino por lo que refleje sobre las condiciones reales del offshore argentino.

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Argentina rompe su récord petrolero y el Gobierno apuesta a Vaca Muerta en medio de la suba global del crudo

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Argentina alcanzó en enero la producción de petróleo más alta desde que existen registros oficiales: 4.262.675 metros cúbicos de crudo. El dato, informado por la Secretaría de Energía de la Nación, supera el récord previo de diciembre de 2025 (4.245.403 m³) y marca un punto de inflexión tras 26 años sin perforar de forma sostenida la barrera de los cuatro millones en el primer mes del año.

La cifra adquiere dimensión política y económica por el contexto internacional. Con el recrudecimiento del conflicto entre Irán e Israel y la amenaza sobre el Estrecho de Ormuz —por donde transita cerca del 20% del suministro mundial— el barril Brent volvió a ubicarse por encima de los 80 dólares. En ese tablero energético inestable, el salto productivo local abre una pregunta estratégica: ¿puede el Gobierno convertir este récord en mayor ingreso de divisas sin trasladar la presión a los surtidores?

El rol decisivo de Vaca Muerta y la concentración territorial

El Ministerio de Economía celebró el resultado y precisó que en enero el país generó 882,2 barriles por día, un 16,5% más que en igual período del año pasado. El crecimiento interanual de la producción total fue de 15,7%.

El motor del récord fue Vaca Muerta. La formación no convencional impulsó un aumento interanual del 35,5% y explicó la mayor parte del salto. Si se desagrega el volumen total, la provincia de Neuquén produjo 2.971.259 m³ en enero, lo que representa el 69,7% del total nacional y un crecimiento del 32,37% interanual. La concentración territorial es evidente: una sola jurisdicción sostuvo casi siete de cada diez metros cúbicos extraídos en el país.

El contraste con otras provincias petroleras es marcado. Chubut produjo 587.163 m³, con una caída del 6,51% interanual y el peor enero en 25 años. Santa Cruz registró 255.014 m³, un retroceso del 21,5% y su inicio de año más bajo desde que se tiene registro. En 1999 había producido 1.243.834 m³, un 387% más que en la actualidad. Mendoza, por su parte, alcanzó 240.586 m³, con una baja del 10,63% frente a enero de 2025 y niveles que equivalen a la mitad de lo que extraía a comienzos de siglo. Río Negro mostró una suba del 6,97%, con 114.849 m³, aunque aún lejos de los más de 200 mil m³ que superaba entre 2000 y 2002.

El mapa productivo consolida una reconfiguración estructural: el eje energético se desplaza hacia el no convencional neuquino mientras las cuencas maduras continúan en declive.

Impacto económico: divisas, inversiones y riesgo inflacionario

El escenario externo ofrece una ventana de oportunidad. Un precio internacional más alto mejora la “caja” de las productoras que exportan y podría acelerar decisiones de inversión en infraestructura y desarrollo en Vaca Muerta. Hasta hace una semana, el crudo local se comercializaba en torno a los USD 70 por barril; un Brent por encima de los 80 dólares modifica proyecciones y rentabilidad.

Pero el beneficio tiene un límite interno. El petróleo representa alrededor del 40% del precio final del combustible. Si la cotización internacional continúa en alza, la presión sobre naftas y gasoil podría trasladarse al surtidor. Y cada ajuste impacta en costos logísticos y, en cadena, en bienes y servicios de la economía. Para el Gobierno, el desafío será administrar esa tensión entre ingreso de divisas y estabilidad de precios.

En términos de poder real, el récord fortalece la narrativa oficial sobre el desarrollo energético como pilar macroeconómico. También refuerza el peso político de las provincias productoras, en especial Neuquén, en la discusión sobre infraestructura, regalías y reglas de juego para el sector.

Un récord con interrogantes abiertos

El dato de enero no es un hecho aislado: en los últimos 325 meses, apenas cinco veces se superaron los cuatro millones de m³. Tras el antecedente de enero de 1999, hubo que esperar hasta agosto de 2025 para volver a cruzar ese umbral, con repeticiones en octubre, noviembre y diciembre de 2025 y ahora en enero de 2026. La diferencia es que hoy la marca comienza a consolidarse.

La incógnita es doble. Por un lado, si la producción podrá sostener este ritmo sin cuellos de botella en transporte y exportación. Por otro, si la volatilidad internacional se convertirá en una oportunidad estratégica o en una fuente adicional de presión inflacionaria.

El mercado energético global seguirá bajo tensión mientras el conflicto en Medio Oriente no encuentre un canal de desescalada. En ese contexto, Argentina exhibe números récord. La dimensión política y económica de ese logro dependerá menos del dato histórico y más de cómo se gestione la próxima curva del precio internacional.

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Energía: el Gobierno activa una licitación por 700 MW en baterías para reforzar la confiabilidad del mercado eléctrico

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La Secretaría de Energía abrió una licitación nacional e internacional para sumar hasta 700 MW de almacenamiento eléctrico con baterías (BESS) al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). La medida, formalizada mediante la Resolución 50/2026 y publicada el 2 de marzo en el Boletín Oficial, apunta a contratar potencia disponible durante al menos cuatro horas consecutivas, con el objetivo de reforzar reservas, cubrir picos de demanda y reducir riesgos de cortes en nodos críticos.

El instrumento crea la convocatoria “AlmaSADI” y encomienda a CAMMESA la adjudicación y administración de los contratos. El dato clave: la potencia objetivo es de 700 MW, que se suman a los 713 MW ya adjudicados en el Área Metropolitana bajo el esquema AlmaGBA. La señal es clara: el Gobierno acelera la incorporación de almacenamiento como pieza estructural del mercado eléctrico mayorista.

Una nueva capa de oferta firme para el MEM

La norma convoca a presentar ofertas para celebrar Acuerdos de Almacenamiento destinados a prestar servicios de potencia y reservas operativas de corto plazo en el Mercado Eléctrico Mayorista.

Las centrales deberán ser nuevas, basadas en sistemas BESS, y garantizar la entrega de energía y potencia comprometida durante un mínimo de cuatro horas seguidas. Ese requisito no es menor: define el perfil de activos buscado —capacidad firme de corta duración— orientado a cubrir picos, estabilizar la red y aportar respuesta rápida.

El pliego aprobado fija: Niveles de potencia comprometida. Precios referenciales por potencia puesta a disposición y por energía. Metodología de evaluación con ponderación por mejora de confiabilidad según nodo y región. Requisitos técnicos y formales de conexión.

Los proyectos necesitarán la conformidad del transportista troncal o del prestador adicional de la función técnica de transporte correspondiente. En otras palabras, no alcanza con la tecnología: el valor sistémico en cada nodo será determinante.

CAMMESA actuará como compradora de la potencia y energía comprometida y pagará mensualmente los contratos. El costo se incorporará a las transacciones económicas del MEM como servicio de Reserva de Confiabilidad, a cargo de toda la demanda.

Reservas en tensión y expansión renovable

La decisión se inscribe en el marco de la Ley 24.065, que obliga a garantizar suministro seguro al menor costo posible. Pero también responde a una realidad operativa: la expansión de generación renovable intermitente y la demora en ampliaciones de transporte en alta tensión generan cuellos de botella y tensiones de corto plazo.

El Gobierno ya había avanzado con AlmaGBA, donde se adjudicaron 713 MW para el Área de Gran Buenos Aires. Además, en 2025 se creó el Programa de Gestión de Demanda para grandes usuarios, con un esquema voluntario y remunerado de reducción de carga.

Sin embargo, esos instrumentos no alcanzan para recomponer reservas en todo el SADI. La convocatoria AlmaSADI amplía el foco al resto del país con una visión federal. El almacenamiento aparece así como solución transitoria —y en algunos casos sustitutiva— frente a obras de transporte que requieren plazos y financiamiento más extensos.

En términos técnicos, las baterías permiten: Cubrir requerimientos de capacidad de corta duración. Aportar reservas de rápida respuesta. Regular tensión y potencia reactiva. Limitar aporte al cortocircuito, facilitando integración segura. Evitar Energía No Suministrada (ENS) en zonas abastecidas radialmente.

La norma no modifica el marco legal vigente, pero sí amplía la arquitectura contractual del MEM al consolidar al almacenamiento como actor específico dentro de la planificación de potencia.

Inversión intensiva y costos socializados

Desde el punto de vista económico, el programa puede movilizar inversiones relevantes en infraestructura electroquímica y sistemas de control. Los proyectos BESS demandan importación de equipamiento, ingeniería local y montaje, con impacto en empleo técnico y proveedores especializados.

Al mismo tiempo, el esquema traslada el costo a toda la demanda del MEM. Es decir, el financiamiento de la reserva se socializa vía transacciones económicas. Para las empresas distribuidoras y grandes usuarios, el efecto dependerá del precio adjudicado por MW y del peso relativo del nuevo cargo.

En términos de competitividad sistémica, el almacenamiento puede: Reducir costos asociados a cortes o restricciones. Optimizar despacho y uso de generación existente. Diferir inversiones en transporte. Facilitar mayor penetración renovable sin desestabilizar la red.

El beneficio es indirecto pero estructural: menos riesgo operativo implica menor costo de energía no suministrada y mayor previsibilidad para sectores industriales intensivos en electricidad.

Señal política y regulatoria

La convocatoria no implica una desregulación. Por el contrario, consolida un esquema centralizado de contratación donde CAMMESA actúa como comprador único y el costo se prorratea entre usuarios.

Sin embargo, también envía una señal pro-inversión: el almacenamiento deja de ser un complemento experimental y pasa a formar parte explícita de la planificación de confiabilidad. La decisión combina intervención coordinada con apertura a capital nacional e internacional.

En clave política, la medida refuerza la idea de transición energética pragmática. No se trata solo de sumar renovables, sino de garantizar firmeza y estabilidad en un sistema que enfrenta crecimiento de demanda y limitaciones de infraestructura.

Lo que habrá que seguir de cerca

El impacto real dependerá de tres variables: el nivel de precios adjudicados, la distribución regional de los proyectos y la velocidad de ejecución. También será clave observar cómo se integra esta nueva capacidad con la gestión de demanda y con futuras ampliaciones de transporte.

En los próximos meses, el mercado mirará si la competencia en la licitación logra contener costos y si el almacenamiento efectivamente reduce restricciones operativas. La señal ya está dada: el Gobierno apuesta a que las baterías no sean un complemento, sino una pieza central en la confiabilidad del sistema eléctrico argentino.

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