La Secretaría de Energía avanzó el 27 de abril de 2026 con la Resolución 103/2026, una modificación clave del marco regulatorio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) que elimina el tope de capacidad para instalaciones a granel y actualiza los estándares técnicos vigentes desde 2015. La medida entra en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial y apunta a reordenar un sector que creció sin una actualización normativa equivalente.

El dato central es político y regulatorio: el Gobierno decide habilitar mayor escala operativa en el almacenamiento de GLP, alineando la normativa local con estándares internacionales más recientes. La incógnita que se abre es si este movimiento busca liberar capacidad productiva o si responde a la necesidad de cerrar vacíos regulatorios que el propio crecimiento del sector dejó expuestos.

De un esquema limitado a una regulación más amplia y técnica

La resolución se inscribe en la Ley 26.020, que establece el régimen del GLP y fija como eje la seguridad en toda la cadena. Bajo ese paraguas, la Secretaría de Energía reemplaza anexos completos de la Resolución 1.097/2015, que hasta ahora regulaban depósitos y almacenamiento con parámetros que quedaron desactualizados.

El cambio más significativo es la eliminación del límite de SIETE COMA SEIS METROS CÚBICOS (7,6 m³) para instalaciones de GLP a granel. Ese tope había sido definido bajo una versión antigua de la norma internacional NFPA 58 (año 2004). La nueva resolución habilita aplicar esa norma sin restricciones de capacidad, incorporando además referencias más actualizadas, como la versión 2024.

En términos concretos, esto permite ampliar la escala de almacenamiento y operación, especialmente para actores vinculados al fraccionamiento en recipientes a granel. Al mismo tiempo, el Gobierno reconoce un vacío normativo: las instalaciones con capacidades superiores al límite previo no tenían un marco claro, lo que ahora se corrige extendiendo las reglas a todas las capacidades.

La actualización no se limita a volumen. También introduce cambios técnicos en componentes críticos, como las válvulas con norma UL, equiparando su vida útil bajo iguales condiciones de fabricación y control, independientemente de la certificación específica.

Seguridad como argumento y control como eje

Aunque la medida amplía la capacidad operativa, el texto mantiene el foco en la seguridad pública. La ley obliga a los operadores a mantener instalaciones, envases y equipos en condiciones seguras, incluso cuando no estén en uso. Además, la autoridad conserva amplias facultades de fiscalización, incluyendo inspecciones y la posibilidad de ordenar medidas urgentes.

La incorporación de estándares internacionales más recientes refuerza esa lógica: el crecimiento del sector en la última década obligó a revisar criterios técnicos que ya no respondían a la realidad operativa.

En paralelo, se establece que las instalaciones existentes seguirán siendo válidas hasta su modificación o baja, lo que evita un impacto inmediato sobre la infraestructura actual pero introduce una transición hacia el nuevo esquema.

Más margen operativo, mayor exigencia técnica

La decisión reconfigura el equilibrio dentro de la industria del GLP. Por un lado, habilita a los operadores a expandir capacidad y optimizar logística, lo que podría mejorar eficiencia en distribución y almacenamiento. Por otro, eleva el estándar técnico y regulatorio, lo que exige inversiones y adecuaciones.

El movimiento también ordena un terreno donde coexistían reglas desactualizadas con prácticas más avanzadas. Al eliminar el límite de capacidad y definir criterios para todas las instalaciones, el Gobierno reduce zonas grises regulatorias que podían generar incertidumbre.

Para los actores del sector, el cambio implica una doble dinámica: mayor flexibilidad para crecer, pero bajo un esquema más exigente en términos de cumplimiento técnico y supervisión.

Un ajuste que combina apertura y control

La Resolución 103/2026 no aparece como una desregulación pura. Más bien combina una apertura en términos de capacidad con un refuerzo en estándares y controles. El uso de normas internacionales actualizadas sugiere una estrategia de convergencia técnica más que un simple alivio regulatorio.

Queda por ver cómo impactará en la estructura del sector en los próximos meses: si acelera inversiones, si consolida operadores con mayor escala o si tensiona a quienes deben adaptarse a nuevos requisitos.

El cambio ya está en marcha. Lo que todavía no se define es si este nuevo marco será leído como una oportunidad de expansión o como un filtro que reordene el mapa del GLP en Argentina.