Secretaría de Trabajo

Empleo formal en retroceso y salarios en caída: Misiones pierde más que el promedio nacional

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El mercado laboral misionero atraviesa una etapa de fuerte reconfiguración. Así lo señala el Informe Disciplinar-Febrero 2026 del Observatorio para el Desarrollo Económico de Misiones (ODEM), dependiente de la Universidad Gastón Dachary, que analiza la evolución del empleo formal y los salarios reales en la provincia y en la Argentina a partir de datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino, el Instituto Nacional de Estadística y Censos y la Secretaría de Trabajo de la Nación.

El documento advierte que, aunque la economía nacional logró cierta estabilización macroeconómica en el corto plazo, esa mejora no se tradujo todavía en una recuperación sostenida del empleo ni del poder adquisitivo. En Misiones, incluso, el deterioro resulta más marcado que en el promedio del país.

A nivel nacional, el empleo asalariado formal privado se ubica en torno a los 6,2 a 6,3 millones de trabajadores, pero arrastra más de una década de estancamiento. 

En la provincia, la dinámica es más preocupante. Entre 2015 y 2024 el empleo privado nacional creció apenas 1,65%, mientras que en Misiones se registró una leve contracción. Si se compara 2023 con 2024, la caída fue del 1,91% en el país y del 3,38% en la provincia. El dato más reciente profundiza la tendencia: el primer trimestre de 2025 muestra una disminución del 5,1% del empleo privado registrado en Misiones respecto al mismo período de 2023.

La contracción no fue homogénea. La construcción explica buena parte de la pérdida de puestos. Desde el máximo alcanzado en el tercer trimestre de 2015 hasta el primer trimestre de 2025 se destruyeron 9.637 empleos formales en ese sector en la provincia. Solo entre el primer trimestre de 2023 y el de 2025 se perdieron 4.690 puestos privados registrados.

Mientras tanto, comercio y servicios continúan ganando participación dentro del total del empleo privado. De acuerdo con el promedio 2020–2024, los servicios explican cerca del 40% del empleo formal en Misiones, mientras que la industria y el comercio concentran alrededor del 20% cada uno. En conjunto, estos tres sectores reúnen aproximadamente el 80% del empleo privado registrado. 

Esta estructura consolida un cambio productivo que se viene profundizando desde hace años: menos peso relativo de la construcción y mayor centralidad de las actividades terciarias.

El informe también pone el foco en los salarios. Desde 2013 el salario real del sector privado en Misiones mantiene una tendencia descendente. En 2024 los ingresos reales eran un 24% inferiores a los de 2013, medidos a precios constantes de septiembre de 2025. 

Si bien durante algunos meses de 2024 se registró una recuperación parcial, esa mejora se revirtió a comienzos de 2025. Entre enero y junio del año pasado, el salario real privado cayó alrededor de un 10%, profundizando la pérdida de poder adquisitivo.

El ODEM enmarca este escenario en lo que denomina el “problema de la sábana corta”: las políticas orientadas a reducir la inflación -mediante un enfoque fiscal y monetario contractivo- lograron una desaceleración inflacionaria, pero al mismo tiempo impactaron sobre la actividad y el empleo.

El mercado laboral misionero combina menor nivel de empleo formal, una estructura cada vez más concentrada en servicios y comercio, y salarios reales debilitados. El desafío, concluye el informe, será compatibilizar la estabilidad de precios con políticas que impulsen la actividad, diversifiquen la estructura productiva y promuevan empleo de mayor calidad, para que la mejora macroeconómica pueda reflejarse finalmente en los bolsillos y en la generación de trabajo genuino en la provincia.

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Fracaso salarial entre la UTA y las empresas en AMBA: audiencia clave el 30 de enero

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La negociación paritaria entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte volvió a fracasar este martes en la Secretaría de Trabajo. El gremio rechazó la propuesta salarial presentada por las empresas, la consideró insuficiente y advirtió que, si no hay acuerdo en la próxima audiencia convocada para el viernes 30 de enero a las 11 horas, anunciará medidas de fuerza. El conflicto se da en un contexto de restricciones financieras del sistema de transporte, debate por subsidios y cambios recientes en la conducción del área laboral.

El salario básico del sector se ubica actualmente en $1.370.000, aunque se compone de distintos adicionales. El reclamo sindical apunta a elevar ese piso por encima de los $1.550.000, mientras que la oferta empresaria, que ronda el 1%, fue descartada de plano por la UTA por no cubrir la pérdida de poder adquisitivo ni la situación económica de los trabajadores.

Un nuevo fracaso paritario y una audiencia clave el 30 de enero

El encuentro desarrollado desde las 14:30 horas constituyó la tercera reunión paritaria entre las partes y concluyó sin avances. Desde la UTA confirmaron que, si bien se postergó un paro inmediato, la tregua está atada al resultado de la próxima audiencia fijada para el viernes 30 de enero a las 11 horas.

En un comunicado difundido tras la reunión, el sindicato advirtió que “resulta imposible pasar por alto que los trabajadores y trabajadoras del transporte automotor de pasajeros atraviesan una situación económica sumamente delicada, con necesidades urgentes e inmediatas de cobertura”, y remarcó que esta realidad “no admite más dilaciones ni respuestas evasivas”.

La organización gremial también cuestionó la postura empresaria al señalar que “las entidades empresarias conocieron el pedido salarial, lo asumieron como viable y manifiestan no acceder al mismo por no contar con los fondos suficientes para hacerle frente”. No obstante, aclararon que, “al solo efecto conciliatorio y en la búsqueda de mantener la paz social”, aceptaron concurrir a una nueva audiencia, aunque dejaron explícito que, de no alcanzarse un acuerdo, “se anunciarán inmediatamente medidas de acción gremial”.

Empresas sin margen financiero y el debate por subsidios y tarifas

Del lado empresario, las cámaras reiteraron que no cuentan con fondos para afrontar el aumento salarial solicitado. Según sostienen, una mejora de ese nivel solo sería posible mediante un incremento de los subsidios al transporte o una actualización de las tarifas, dos variables que dependen de definiciones oficiales.

En la mesa de negociación participaron representantes de la UTA y de las principales cámaras del sector: la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba).

La falta de acuerdo expone la tensión estructural del sistema de transporte de pasajeros, atravesado por costos crecientes, discusión salarial y una fuerte dependencia del esquema de subsidios. En este marco, las empresas advierten que cualquier recomposición salarial sin respaldo financiero pone en riesgo la sostenibilidad operativa del servicio.

Cambios en Trabajo y una negociación bajo presión política e institucional

Las negociaciones se desarrollan, además, en un contexto de cambios recientes en la Secretaría de Trabajo. El pasado miércoles, el arquitecto Fernando Herrmann reemplazó a Luis Pierrini y quedó como la nueva cara visible del organismo en la conducción de las discusiones salariales con los gremios del transporte y en el reclamo empresario por la actualización de subsidios.

Este recambio institucional agrega un componente adicional de expectativa y presión sobre la audiencia del 30 de enero, que aparece como un punto de inflexión. De no destrabarse el conflicto, el anuncio de un paro por parte de la UTA podría afectar de manera directa la movilidad urbana y el funcionamiento cotidiano de millones de usuarios, con impacto económico y social inmediato.

Mientras tanto, el escenario permanece abierto: las empresas sostienen que no tienen margen financiero, el gremio considera insuficiente la oferta del 1%, y el Gobierno deberá arbitrar entre la contención del conflicto, la política de ingresos y la sustentabilidad del sistema de transporte.

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