Secretaría de Trabajo

Se levantó el paro de controladores y desactivó una amenaza sobre el sistema aéreo en pleno fin de semana

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El Ministerio de Capital Humano anunció la suspensión del paro de controladores aéreos previsto para el 28 de febrero y el 1 y 2 de marzo de 2026, en el marco del conflicto entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). La decisión garantiza la operación normal de vuelos domésticos e internacionales en todo el país durante el fin de semana y desactiva, al menos por ahora, un foco de tensión sobre un servicio considerado esencial.

El dato no es menor. La aviación comercial atraviesa un período de alta sensibilidad operativa y cualquier interrupción impacta de forma directa en turismo, comercio y logística. La intervención de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social apunta a encauzar la negociación y evitar un nuevo episodio de parálisis que hubiera afectado a todos los aeropuertos del país.

Intervención oficial y negociación en curso

La suspensión de las medidas de fuerza fue notificada formalmente por la representación legal del sindicato. Desde la Secretaría de Trabajo señalaron que continúan impulsando instancias de negociación para alcanzar un entendimiento que asegure la normal prestación y la seguridad del servicio de navegación aérea.

Atepsa ya había levantado los paros previstos para el 26 y 27 de febrero, que también iban a afectar a toda la aviación. El gremio sostuvo que se avanzó hacia una “mesa de diálogo real” con el objetivo de continuar negociaciones y dar respuesta a sus reclamos.

El conflicto no se limita a una discusión salarial. Al tratarse de una empresa estatal, cualquier mejora en haberes y condiciones laborales depende de las pautas fijadas por la Oficina Nacional de Empleo Público, lo que agrega una instancia institucional adicional al proceso paritario. Atepsa sostiene que EANA incumplió puntos del Convenio Colectivo de Trabajo, mientras que la empresa cuestiona la legitimidad de algunos reclamos y advierte que, al tratarse de un servicio esencial, las medidas de fuerza no pueden afectar más del 45% de la actividad.

Impacto económico y operativo: lo que estaba en juego

Los controladores aéreos cumplen un rol crítico en la gestión del flujo de aeronaves, partidas y arribos, y supervisan todas las fases de vuelo desde torres y centros de control. Una interrupción parcial o total del servicio hubiera generado cancelaciones, reprogramaciones y sobrecostos para aerolíneas, operadores turísticos y pasajeros.

Durante 2025, el conflicto se expresó en paros y asambleas en momentos de alta demanda, como vacaciones de invierno y fiestas de fin de año. En varias oportunidades, la Secretaría de Trabajo dictó conciliaciones obligatorias para evitar mayores disrupciones.

La estabilidad operativa del sistema aéreo no sólo afecta al turismo. También impacta en la logística empresarial, en la conectividad de economías regionales y en la percepción de previsibilidad regulatoria. Cada conflicto en un servicio estratégico introduce ruido en el mercado.

Judicialización y tensión institucional

El diferendo escaló además al plano judicial. En Comodoro Py avanza una causa que involucra a la conducción gremial de Atepsa y a la ex presidenta de EANA, Gabriela Logatto. La Justicia investiga un posible acuerdo paritario firmado a fines de 2023 que no figura en los registros oficiales de la empresa.

El expediente surgió tras un planteo sindical para que se reconociera un acta con incrementos correspondientes al primer trimestre de 2024. Según la investigación, el documento no fue registrado ni aplicado durante la gestión de Logatto, por lo que se analiza la eventual responsabilidad de la ex presidenta y de la secretaria general de Atepsa, Paola Barritta.

En paralelo, EANA presentó una denuncia penal contra el gremio al considerar que ciertas protestas pudieron poner en riesgo la seguridad operacional. Entre los episodios mencionados figura la colocación de una bandera sindical en el exterior de una torre de control, hecho que, según la empresa, habría interferido con la operatoria aérea.

Señales al sistema: negociación, límites y servicio esencial

El levantamiento del paro envía una señal de contención en un área crítica. El Gobierno busca preservar la prestación de un servicio esencial sin ceder la conducción del proceso de negociación. Al mismo tiempo, el gremio mantiene abiertos sus reclamos y la instancia judicial agrega un componente de presión adicional.

La resolución de este conflicto no sólo definirá condiciones laborales. También marcará el tono de la relación entre empresas estatales, sindicatos y autoridades laborales en sectores estratégicos. Por ahora, el sistema aéreo operará con normalidad este fin de semana. La discusión de fondo, sin embargo, sigue en desarrollo.

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Empleo formal en retroceso y salarios en caída: Misiones pierde más que el promedio nacional

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El mercado laboral misionero atraviesa una etapa de fuerte reconfiguración. Así lo señala el Informe Disciplinar-Febrero 2026 del Observatorio para el Desarrollo Económico de Misiones (ODEM), dependiente de la Universidad Gastón Dachary, que analiza la evolución del empleo formal y los salarios reales en la provincia y en la Argentina a partir de datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino, el Instituto Nacional de Estadística y Censos y la Secretaría de Trabajo de la Nación.

El documento advierte que, aunque la economía nacional logró cierta estabilización macroeconómica en el corto plazo, esa mejora no se tradujo todavía en una recuperación sostenida del empleo ni del poder adquisitivo. En Misiones, incluso, el deterioro resulta más marcado que en el promedio del país.

A nivel nacional, el empleo asalariado formal privado se ubica en torno a los 6,2 a 6,3 millones de trabajadores, pero arrastra más de una década de estancamiento. 

En la provincia, la dinámica es más preocupante. Entre 2015 y 2024 el empleo privado nacional creció apenas 1,65%, mientras que en Misiones se registró una leve contracción. Si se compara 2023 con 2024, la caída fue del 1,91% en el país y del 3,38% en la provincia. El dato más reciente profundiza la tendencia: el primer trimestre de 2025 muestra una disminución del 5,1% del empleo privado registrado en Misiones respecto al mismo período de 2023.

La contracción no fue homogénea. La construcción explica buena parte de la pérdida de puestos. Desde el máximo alcanzado en el tercer trimestre de 2015 hasta el primer trimestre de 2025 se destruyeron 9.637 empleos formales en ese sector en la provincia. Solo entre el primer trimestre de 2023 y el de 2025 se perdieron 4.690 puestos privados registrados.

Mientras tanto, comercio y servicios continúan ganando participación dentro del total del empleo privado. De acuerdo con el promedio 2020–2024, los servicios explican cerca del 40% del empleo formal en Misiones, mientras que la industria y el comercio concentran alrededor del 20% cada uno. En conjunto, estos tres sectores reúnen aproximadamente el 80% del empleo privado registrado. 

Esta estructura consolida un cambio productivo que se viene profundizando desde hace años: menos peso relativo de la construcción y mayor centralidad de las actividades terciarias.

El informe también pone el foco en los salarios. Desde 2013 el salario real del sector privado en Misiones mantiene una tendencia descendente. En 2024 los ingresos reales eran un 24% inferiores a los de 2013, medidos a precios constantes de septiembre de 2025. 

Si bien durante algunos meses de 2024 se registró una recuperación parcial, esa mejora se revirtió a comienzos de 2025. Entre enero y junio del año pasado, el salario real privado cayó alrededor de un 10%, profundizando la pérdida de poder adquisitivo.

El ODEM enmarca este escenario en lo que denomina el “problema de la sábana corta”: las políticas orientadas a reducir la inflación -mediante un enfoque fiscal y monetario contractivo- lograron una desaceleración inflacionaria, pero al mismo tiempo impactaron sobre la actividad y el empleo.

El mercado laboral misionero combina menor nivel de empleo formal, una estructura cada vez más concentrada en servicios y comercio, y salarios reales debilitados. El desafío, concluye el informe, será compatibilizar la estabilidad de precios con políticas que impulsen la actividad, diversifiquen la estructura productiva y promuevan empleo de mayor calidad, para que la mejora macroeconómica pueda reflejarse finalmente en los bolsillos y en la generación de trabajo genuino en la provincia.

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Fracaso salarial entre la UTA y las empresas en AMBA: audiencia clave el 30 de enero

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La negociación paritaria entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte volvió a fracasar este martes en la Secretaría de Trabajo. El gremio rechazó la propuesta salarial presentada por las empresas, la consideró insuficiente y advirtió que, si no hay acuerdo en la próxima audiencia convocada para el viernes 30 de enero a las 11 horas, anunciará medidas de fuerza. El conflicto se da en un contexto de restricciones financieras del sistema de transporte, debate por subsidios y cambios recientes en la conducción del área laboral.

El salario básico del sector se ubica actualmente en $1.370.000, aunque se compone de distintos adicionales. El reclamo sindical apunta a elevar ese piso por encima de los $1.550.000, mientras que la oferta empresaria, que ronda el 1%, fue descartada de plano por la UTA por no cubrir la pérdida de poder adquisitivo ni la situación económica de los trabajadores.

Un nuevo fracaso paritario y una audiencia clave el 30 de enero

El encuentro desarrollado desde las 14:30 horas constituyó la tercera reunión paritaria entre las partes y concluyó sin avances. Desde la UTA confirmaron que, si bien se postergó un paro inmediato, la tregua está atada al resultado de la próxima audiencia fijada para el viernes 30 de enero a las 11 horas.

En un comunicado difundido tras la reunión, el sindicato advirtió que “resulta imposible pasar por alto que los trabajadores y trabajadoras del transporte automotor de pasajeros atraviesan una situación económica sumamente delicada, con necesidades urgentes e inmediatas de cobertura”, y remarcó que esta realidad “no admite más dilaciones ni respuestas evasivas”.

La organización gremial también cuestionó la postura empresaria al señalar que “las entidades empresarias conocieron el pedido salarial, lo asumieron como viable y manifiestan no acceder al mismo por no contar con los fondos suficientes para hacerle frente”. No obstante, aclararon que, “al solo efecto conciliatorio y en la búsqueda de mantener la paz social”, aceptaron concurrir a una nueva audiencia, aunque dejaron explícito que, de no alcanzarse un acuerdo, “se anunciarán inmediatamente medidas de acción gremial”.

Empresas sin margen financiero y el debate por subsidios y tarifas

Del lado empresario, las cámaras reiteraron que no cuentan con fondos para afrontar el aumento salarial solicitado. Según sostienen, una mejora de ese nivel solo sería posible mediante un incremento de los subsidios al transporte o una actualización de las tarifas, dos variables que dependen de definiciones oficiales.

En la mesa de negociación participaron representantes de la UTA y de las principales cámaras del sector: la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba).

La falta de acuerdo expone la tensión estructural del sistema de transporte de pasajeros, atravesado por costos crecientes, discusión salarial y una fuerte dependencia del esquema de subsidios. En este marco, las empresas advierten que cualquier recomposición salarial sin respaldo financiero pone en riesgo la sostenibilidad operativa del servicio.

Cambios en Trabajo y una negociación bajo presión política e institucional

Las negociaciones se desarrollan, además, en un contexto de cambios recientes en la Secretaría de Trabajo. El pasado miércoles, el arquitecto Fernando Herrmann reemplazó a Luis Pierrini y quedó como la nueva cara visible del organismo en la conducción de las discusiones salariales con los gremios del transporte y en el reclamo empresario por la actualización de subsidios.

Este recambio institucional agrega un componente adicional de expectativa y presión sobre la audiencia del 30 de enero, que aparece como un punto de inflexión. De no destrabarse el conflicto, el anuncio de un paro por parte de la UTA podría afectar de manera directa la movilidad urbana y el funcionamiento cotidiano de millones de usuarios, con impacto económico y social inmediato.

Mientras tanto, el escenario permanece abierto: las empresas sostienen que no tienen margen financiero, el gremio considera insuficiente la oferta del 1%, y el Gobierno deberá arbitrar entre la contención del conflicto, la política de ingresos y la sustentabilidad del sistema de transporte.

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