Secretaría de Trabajo

La recuperación salarial se frenó en casi todo el país

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La desaceleración de la inflación y la estabilidad macroeconómica todavía no lograron traducirse en una recuperación sostenida de los salarios privados. Los datos del primer trimestre de 2026 muestran que el ingreso de los trabajadores formales volvió a perder terreno frente al costo de vida en la mayoría de las provincias argentinas, profundizando además las brechas regionales que caracterizan al mercado laboral nacional.

De acuerdo con un informe elaborado por Politikon Chaco sobre la base de estadísticas del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), el salario bruto promedio del sector privado registrado alcanzó en marzo los $2.207.129 a nivel nacional. Sin embargo, detrás de ese promedio se esconde una Argentina salarial partida en dos.

Las provincias vinculadas a la energía y los recursos naturales continúan liderando el ranking de remuneraciones. Neuquén encabezó la tabla con un salario bruto promedio de $3.808.627, seguida por Santa Cruz con $3.768.615 y Chubut con $2.958.750. Completan el lote de privilegio la Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego, únicas jurisdicciones que también superaron holgadamente la media nacional.

Salarios privados: Misiones en el lote más bajo del país

Salario bruto promedio del sector privado formal. Marzo 2026.

Jurisdicción Salario promedio Variación real interanual Lectura
Total país $2.207.129 -0,9% Promedio nacional
Neuquén $3.808.627 -0,5% Mayor salario del país
Santa Cruz $3.768.615 -1,0% Alta incidencia minera y energética
Misiones $1.410.385 -1,8% Entre los salarios más bajos
Corrientes $1.437.891 -3,3% Baja real superior al promedio
Chaco $1.448.454 -2,4% También debajo de la media nacional
Formosa $1.525.717 +0,3% Una de las tres subas reales
Fuente: Politikon Chaco en base a OEDE-STEySS e INDEC. Elaboración: Economis.

En el otro extremo aparecen las economías regionales y las provincias con menor desarrollo industrial. La Rioja registró el salario promedio más bajo del país con $1.308.235, seguida por Santiago del Estero, Tucumán y Misiones, donde la remuneración promedio alcanzó apenas $1.410.385 mensuales. Corrientes quedó apenas por encima, con $1.437.891.

La situación misionera presenta una doble preocupación. Por un lado, la provincia ocupa el quinto lugar entre las jurisdicciones con menores salarios privados registrados. Por otro, los ingresos continuaron perdiendo capacidad de compra durante el primer trimestre.

Según el informe, el salario privado formal promedio de Misiones cayó 1,8% en términos reales respecto del mismo período de 2025, una baja superior al promedio nacional, que fue de 0,9%. La provincia se ubicó entre los distritos donde la recuperación salarial todavía no logra consolidarse.

El dato adquiere relevancia porque apenas tres jurisdicciones lograron mostrar mejoras reales interanuales: Catamarca (+5%), San Juan (+0,8%) y Formosa (+0,3%). El resto del país continuó registrando retrocesos o estancamiento.

La energía paga mejor; el agro, menos

El informe también permite observar cómo la estructura productiva condiciona los ingresos.

En Misiones, el sector de Electricidad, Gas y Agua es el que paga los salarios más altos dentro del empleo privado formal. Sin embargo, se trata de una actividad con baja incidencia en la generación de puestos de trabajo, ya que representa apenas 1,8% del empleo privado provincial.

Por el contrario, Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura aparece como la actividad con los salarios promedio más bajos de la provincia. La situación resulta especialmente significativa porque ese sector concentra 7,2% del empleo privado formal misionero, una participación considerablemente superior a la de los sectores de mayores remuneraciones.

La fotografía revela una característica estructural de muchas economías regionales: las actividades que generan más empleo no necesariamente son las que ofrecen mejores salarios.

La geografía de los salarios

El mapa salarial argentino sigue mostrando una fuerte relación entre recursos naturales y remuneraciones.

Las provincias petroleras y mineras exhiben los salarios más elevados gracias al peso de actividades de alta productividad y fuerte demanda de mano de obra calificada. Neuquén, Santa Cruz y Chubut constituyen el ejemplo más claro de este fenómeno. En Santa Cruz, por caso, la minería explica más del 20% del empleo privado formal y sostiene los ingresos más altos del país.

En cambio, las provincias con economías más diversificadas o basadas en actividades agroindustriales tradicionales muestran salarios considerablemente inferiores y una mayor vulnerabilidad frente a los ciclos económicos.

La consecuencia es una brecha salarial que supera ampliamente el 190% entre la provincia con mayores remuneraciones y la que exhibe los ingresos más bajos.

Los datos del primer trimestre dejan una conclusión contundente: la desaceleración inflacionaria aún no alcanza para recomponer plenamente el poder adquisitivo de los trabajadores formales.

La caída real de los salarios privados registrada en la mayoría de las provincias muestra que la recuperación económica sigue siendo heterogénea y que las mejoras macroeconómicas todavía no llegan con la misma intensidad a todas las regiones.

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Reforma laboral: el Gobierno acelera la revisión de 800 convenios colectivos y abre una pulseada clave con los gremios

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El Gobierno nacional puso en marcha una de las transformaciones más profundas del sistema de relaciones laborales de las últimas décadas. Tras la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral, la Secretaría de Trabajo comenzó a notificar a empresas y sindicatos para iniciar la revisión de aproximadamente 800 convenios colectivos de trabajo, una medida que promete redefinir las reglas de negociación en sectores estratégicos de la economía argentina.

La decisión encuentra su principal sustento en la eliminación de la ultraactividad, el principio jurídico que garantizaba la continuidad automática de los convenios colectivos una vez vencidos hasta que fueran reemplazados por un nuevo acuerdo. Con la nueva normativa, el Gobierno busca acelerar la actualización de marcos regulatorios que, en muchos casos, llevan décadas sin modificaciones sustanciales y que el oficialismo considera incompatibles con las nuevas dinámicas productivas y tecnológicas.

Desde la Secretaría de Trabajo, conducida por Julio Cordero, evitaron fijar plazos concretos para completar el proceso. Sin embargo, las primeras notificaciones reflejan una clara intención de avanzar con rapidez sobre los acuerdos más relevantes del mercado laboral argentino, especialmente aquellos vinculados a actividades con fuerte impacto económico y alta capacidad de movilización sindical.

La primera etapa incluye convenios correspondientes a algunos de los gremios más poderosos del país. Entre ellos figuran Aceiteros, Bancarios, Camioneros, Construcción, Alimentación, Sanidad, Gastronómicos y los distintos sindicatos del sector aeronáutico. También quedaron alcanzadas actividades estratégicas como petroleros, ferroviarios, marítimos, portuarios, estaciones de servicio y trabajadores vinculados a la logística.

La revisión se extiende además a sectores industriales y de servicios que representan una porción significativa del empleo formal argentino. La industria láctea, el sector textil, químicos, plásticos, seguridad privada, entidades deportivas, futbolistas profesionales, trabajadores de prensa y televisión forman parte del universo de convenios que deberán adecuarse al nuevo marco legal.

Para el Gobierno, el objetivo declarado es modernizar las relaciones laborales y generar condiciones que favorezcan la competitividad y la creación de empleo privado. La visión oficial sostiene que muchos convenios contienen cláusulas diseñadas para estructuras productivas que ya no existen y que dificultan la incorporación de nuevas modalidades de trabajo, tecnologías y esquemas organizacionales.

Sin embargo, la lectura sindical es radicalmente distinta. En los principales despachos de la CGT interpretan la ofensiva como un intento de avanzar sobre conquistas históricas mediante una flexibilización gradual de las condiciones laborales. Los dirigentes gremiales advierten que detrás de la renegociación masiva podrían discutirse aspectos sensibles como jornadas laborales, sistemas de categorías, esquemas de productividad y condiciones operativas específicas de cada actividad.

La preocupación sindical también radica en el desequilibrio de fuerzas que podría generar el nuevo escenario. Con convenios vencidos y bajo presión para renegociar, muchos gremios consideran que las empresas buscarán introducir cambios que durante años resultaron imposibles de negociar en el marco tradicional de las paritarias.

No obstante, la respuesta sindical no aparece homogénea. Algunos gremios comenzaron a marcar diferencias respecto de la estrategia confrontativa impulsada por sectores de la CGT. Uno de los primeros casos fue el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGyPE), liderado por Carlos Acuña, uno de los integrantes del triunvirato cegetista. La organización manifestó su disposición a participar del proceso de renegociación, aunque aclaró que lo hará con una agenda propia y defendiendo las particularidades del sector.

La posición del gremio refleja una realidad que atraviesa a buena parte del sindicalismo argentino: muchos convenios arrastran temas pendientes de actualización desde hace años y algunos dirigentes consideran que la reapertura de las negociaciones puede transformarse también en una oportunidad para incorporar demandas históricas de los trabajadores.

Más allá de las diferencias internas, el proceso abre una nueva etapa en la relación entre el Gobierno y las organizaciones sindicales. La revisión de 800 convenios colectivos no solo implica una discusión técnica sobre normas laborales, sino una disputa por el modelo de relaciones laborales que regirá en la Argentina de los próximos años.

La magnitud de la reforma convierte a esta negociación en uno de los capítulos más relevantes del programa de transformación impulsado por Javier Milei. El resultado de esa pulseada determinará no solo el alcance real de la modernización laboral, sino también el equilibrio de poder entre el Estado, las empresas y los sindicatos en una economía que busca redefinir sus reglas de funcionamiento.

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Se perdieron más de 106.000 puestos registrados en 2025 mientras crece el monotributo

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El mercado laboral argentino cerró 2025 con un dato que, en apariencia, sugiere estabilidad pero esconde un cambio profundo en la calidad del empleo. Según datos de la Secretaría de Trabajo basados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el total de trabajadores registrados se mantuvo prácticamente sin variaciones interanuales, pero con una transformación significativa: el empleo asalariado cayó en más de 106.000 puestos mientras el trabajo independiente, especialmente el monotributo, creció con fuerza.

El dato central revela una mutación en la estructura laboral. El empleo asalariado —que incluye al sector privado, al sector público y al trabajo en casas particulares— retrocedió 1% interanual en diciembre de 2025 frente al mismo mes de 2024. En números concretos, la economía perdió 106.200 puestos formales bajo relación de dependencia.

Al mismo tiempo, el trabajo independiente aumentó 3,8%, con 104.800 nuevos inscriptos. Esa expansión compensó estadísticamente la caída del empleo asalariado y evitó que el total de puestos registrados mostrara un descenso más marcado.

El resultado plantea una tensión que ya comienza a discutirse en el plano político y económico: el empleo formal no desaparece del todo, pero cambia de forma. Y en ese proceso, el peso del trabajo con menor protección laboral crece.

La caída del empleo asalariado y el impacto sectorial

El retroceso del empleo registrado bajo relación de dependencia se distribuyó en varios segmentos del mercado laboral.

El sector privado explicó la mayor parte de la contracción, con una caída interanual del 1,4% equivalente a 88.800 puestos menos. El empleo público también mostró retrocesos, aunque más moderados: bajó 0,5%, lo que representa 18.700 empleos menos.

El único segmento con estabilidad fue el trabajo en casas particulares, que registró una variación prácticamente neutra, con un leve aumento de 0,3%.

Los datos muestran que el problema no se concentra en un solo sector. El deterioro atraviesa tanto al empleo privado como al estatal, lo que sugiere un impacto más amplio del contexto económico.

La dinámica tampoco es reciente. Según la serie del SIPA, la destrucción neta de puestos comenzó en septiembre de 2023 y se profundizó durante 2024. Aunque hacia fines de ese año se observó una recuperación moderada, durante 2025 el mercado laboral volvió a mostrar señales negativas.

Entre junio y diciembre del año pasado, el empleo privado acumuló siete meses consecutivos de variaciones negativas. En ese período se perdieron 96.800 puestos.

Si se amplía la mirada temporal, el deterioro es más marcado: entre septiembre de 2023 y diciembre de 2025 desaparecieron aproximadamente 150.000 empleos privados registrados.

Industria y comercio, los sectores más golpeados

El análisis sectorial revela que el impacto del ajuste económico se concentró en actividades intensivas en mano de obra.

Durante 2025 la industria perdió cerca de 40.000 puestos de trabajo registrados, la mayoría durante el segundo semestre del año. El comercio también mostró una caída significativa: desde mayo se redujeron 22.600 empleos.

El fenómeno no parece limitado a sectores tradicionalmente vulnerables. Incluso áreas consideradas beneficiarias del actual esquema económico —como agro, minería o intermediación financiera— destruyeron empleo durante el segundo semestre de 2025.

Ese comportamiento sugiere que la desaceleración laboral responde a un cuadro económico más amplio, marcado por la caída de la actividad y el ajuste fiscal.

El crecimiento del monotributo como amortiguador estadístico

El crecimiento del trabajo independiente aparece como el principal factor que evita una caída más pronunciada del empleo registrado total.

Durante 2025, el monotributo incorporó más de 104.800 trabajadores. Desde noviembre de 2023, el aumento acumulado alcanza 159.501 nuevos monotributistas.

Sin embargo, ese crecimiento también abre un debate sobre la calidad del empleo generado. En muchos casos, el monotributo funciona como un esquema laboral con menor estabilidad, menos protección social y sin las condiciones propias del empleo asalariado formal.

El fenómeno no es nuevo en el mercado laboral argentino, pero los datos recientes indican que se aceleró en el contexto del ajuste económico.

Un mercado laboral en transición

El balance de 2025 deja un diagnóstico ambiguo: el empleo registrado no colapsó en términos cuantitativos, pero sí experimentó un desplazamiento hacia modalidades laborales más flexibles.

Esa transformación ocurre en paralelo a una economía que todavía no logra consolidar una recuperación sostenida de la actividad.

El comportamiento del empleo en los próximos meses dependerá de dos variables centrales: la evolución del nivel de actividad y la capacidad de los sectores productivos de volver a generar empleo bajo relación de dependencia.

Por ahora, los datos sugieren un mercado laboral que se mantiene en pie, aunque con una estructura cada vez más distinta de la que existía apenas dos años atrás.

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Se levantó el paro de controladores y desactivó una amenaza sobre el sistema aéreo en pleno fin de semana

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El Ministerio de Capital Humano anunció la suspensión del paro de controladores aéreos previsto para el 28 de febrero y el 1 y 2 de marzo de 2026, en el marco del conflicto entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). La decisión garantiza la operación normal de vuelos domésticos e internacionales en todo el país durante el fin de semana y desactiva, al menos por ahora, un foco de tensión sobre un servicio considerado esencial.

El dato no es menor. La aviación comercial atraviesa un período de alta sensibilidad operativa y cualquier interrupción impacta de forma directa en turismo, comercio y logística. La intervención de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social apunta a encauzar la negociación y evitar un nuevo episodio de parálisis que hubiera afectado a todos los aeropuertos del país.

Intervención oficial y negociación en curso

La suspensión de las medidas de fuerza fue notificada formalmente por la representación legal del sindicato. Desde la Secretaría de Trabajo señalaron que continúan impulsando instancias de negociación para alcanzar un entendimiento que asegure la normal prestación y la seguridad del servicio de navegación aérea.

Atepsa ya había levantado los paros previstos para el 26 y 27 de febrero, que también iban a afectar a toda la aviación. El gremio sostuvo que se avanzó hacia una “mesa de diálogo real” con el objetivo de continuar negociaciones y dar respuesta a sus reclamos.

El conflicto no se limita a una discusión salarial. Al tratarse de una empresa estatal, cualquier mejora en haberes y condiciones laborales depende de las pautas fijadas por la Oficina Nacional de Empleo Público, lo que agrega una instancia institucional adicional al proceso paritario. Atepsa sostiene que EANA incumplió puntos del Convenio Colectivo de Trabajo, mientras que la empresa cuestiona la legitimidad de algunos reclamos y advierte que, al tratarse de un servicio esencial, las medidas de fuerza no pueden afectar más del 45% de la actividad.

Impacto económico y operativo: lo que estaba en juego

Los controladores aéreos cumplen un rol crítico en la gestión del flujo de aeronaves, partidas y arribos, y supervisan todas las fases de vuelo desde torres y centros de control. Una interrupción parcial o total del servicio hubiera generado cancelaciones, reprogramaciones y sobrecostos para aerolíneas, operadores turísticos y pasajeros.

Durante 2025, el conflicto se expresó en paros y asambleas en momentos de alta demanda, como vacaciones de invierno y fiestas de fin de año. En varias oportunidades, la Secretaría de Trabajo dictó conciliaciones obligatorias para evitar mayores disrupciones.

La estabilidad operativa del sistema aéreo no sólo afecta al turismo. También impacta en la logística empresarial, en la conectividad de economías regionales y en la percepción de previsibilidad regulatoria. Cada conflicto en un servicio estratégico introduce ruido en el mercado.

Judicialización y tensión institucional

El diferendo escaló además al plano judicial. En Comodoro Py avanza una causa que involucra a la conducción gremial de Atepsa y a la ex presidenta de EANA, Gabriela Logatto. La Justicia investiga un posible acuerdo paritario firmado a fines de 2023 que no figura en los registros oficiales de la empresa.

El expediente surgió tras un planteo sindical para que se reconociera un acta con incrementos correspondientes al primer trimestre de 2024. Según la investigación, el documento no fue registrado ni aplicado durante la gestión de Logatto, por lo que se analiza la eventual responsabilidad de la ex presidenta y de la secretaria general de Atepsa, Paola Barritta.

En paralelo, EANA presentó una denuncia penal contra el gremio al considerar que ciertas protestas pudieron poner en riesgo la seguridad operacional. Entre los episodios mencionados figura la colocación de una bandera sindical en el exterior de una torre de control, hecho que, según la empresa, habría interferido con la operatoria aérea.

Señales al sistema: negociación, límites y servicio esencial

El levantamiento del paro envía una señal de contención en un área crítica. El Gobierno busca preservar la prestación de un servicio esencial sin ceder la conducción del proceso de negociación. Al mismo tiempo, el gremio mantiene abiertos sus reclamos y la instancia judicial agrega un componente de presión adicional.

La resolución de este conflicto no sólo definirá condiciones laborales. También marcará el tono de la relación entre empresas estatales, sindicatos y autoridades laborales en sectores estratégicos. Por ahora, el sistema aéreo operará con normalidad este fin de semana. La discusión de fondo, sin embargo, sigue en desarrollo.

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Empleo formal en retroceso y salarios en caída: Misiones pierde más que el promedio nacional

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El mercado laboral misionero atraviesa una etapa de fuerte reconfiguración. Así lo señala el Informe Disciplinar-Febrero 2026 del Observatorio para el Desarrollo Económico de Misiones (ODEM), dependiente de la Universidad Gastón Dachary, que analiza la evolución del empleo formal y los salarios reales en la provincia y en la Argentina a partir de datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino, el Instituto Nacional de Estadística y Censos y la Secretaría de Trabajo de la Nación.

El documento advierte que, aunque la economía nacional logró cierta estabilización macroeconómica en el corto plazo, esa mejora no se tradujo todavía en una recuperación sostenida del empleo ni del poder adquisitivo. En Misiones, incluso, el deterioro resulta más marcado que en el promedio del país.

A nivel nacional, el empleo asalariado formal privado se ubica en torno a los 6,2 a 6,3 millones de trabajadores, pero arrastra más de una década de estancamiento. 

En la provincia, la dinámica es más preocupante. Entre 2015 y 2024 el empleo privado nacional creció apenas 1,65%, mientras que en Misiones se registró una leve contracción. Si se compara 2023 con 2024, la caída fue del 1,91% en el país y del 3,38% en la provincia. El dato más reciente profundiza la tendencia: el primer trimestre de 2025 muestra una disminución del 5,1% del empleo privado registrado en Misiones respecto al mismo período de 2023.

La contracción no fue homogénea. La construcción explica buena parte de la pérdida de puestos. Desde el máximo alcanzado en el tercer trimestre de 2015 hasta el primer trimestre de 2025 se destruyeron 9.637 empleos formales en ese sector en la provincia. Solo entre el primer trimestre de 2023 y el de 2025 se perdieron 4.690 puestos privados registrados.

Mientras tanto, comercio y servicios continúan ganando participación dentro del total del empleo privado. De acuerdo con el promedio 2020–2024, los servicios explican cerca del 40% del empleo formal en Misiones, mientras que la industria y el comercio concentran alrededor del 20% cada uno. En conjunto, estos tres sectores reúnen aproximadamente el 80% del empleo privado registrado. 

Esta estructura consolida un cambio productivo que se viene profundizando desde hace años: menos peso relativo de la construcción y mayor centralidad de las actividades terciarias.

El informe también pone el foco en los salarios. Desde 2013 el salario real del sector privado en Misiones mantiene una tendencia descendente. En 2024 los ingresos reales eran un 24% inferiores a los de 2013, medidos a precios constantes de septiembre de 2025. 

Si bien durante algunos meses de 2024 se registró una recuperación parcial, esa mejora se revirtió a comienzos de 2025. Entre enero y junio del año pasado, el salario real privado cayó alrededor de un 10%, profundizando la pérdida de poder adquisitivo.

El ODEM enmarca este escenario en lo que denomina el “problema de la sábana corta”: las políticas orientadas a reducir la inflación -mediante un enfoque fiscal y monetario contractivo- lograron una desaceleración inflacionaria, pero al mismo tiempo impactaron sobre la actividad y el empleo.

El mercado laboral misionero combina menor nivel de empleo formal, una estructura cada vez más concentrada en servicios y comercio, y salarios reales debilitados. El desafío, concluye el informe, será compatibilizar la estabilidad de precios con políticas que impulsen la actividad, diversifiquen la estructura productiva y promuevan empleo de mayor calidad, para que la mejora macroeconómica pueda reflejarse finalmente en los bolsillos y en la generación de trabajo genuino en la provincia.

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