La Sociedad Rural Argentina salió a fijar posición en medio del debate por el precio del pan y buscó despejar cuestionamientos sobre la incidencia del trigo en el valor final que paga el consumidor en la panadería.
Desde la entidad remarcaron que actualmente el valor del trigo representa apenas el 6,7 por ciento del precio final de un kilo de pan, lo que equivale a menos de una décima parte del valor abonado por el consumidor.
Según explicaron, el precio del pan se conforma a partir de múltiples factores a lo largo de toda la cadena de valor, donde intervienen impuestos, costos laborales, logística, energía, alquileres y la estructura comercial, elementos que impactan directamente en los márgenes de cada eslabón y, en consecuencia, en las decisiones de precios.
En ese marco, sostuvieron que las variaciones en el precio del trigo tienen una incidencia limitada sobre el valor final del pan, por lo que consideran incorrecto atribuir al productor agropecuario la principal responsabilidad por los aumentos.
La entidad también señaló que entre comienzos de 2024 y la actualidad la participación del trigo en el precio del pan cayó del 10 por ciento al 6,7 por ciento, en un contexto de menor intervención sobre el mercado y con una reducción de los derechos de exportación, que pasaron del 12 por ciento al 7,5 por ciento.
Para la Sociedad Rural Argentina, un análisis adecuado debe contemplar el funcionamiento integral de todos los eslabones que conforman la cadena de valor, evitando simplificaciones que terminan asignando responsabilidades que no reflejan la dinámica real del sector.
Finalmente, desde la entidad reafirmaron que el campo argentino continuará produciendo, invirtiendo y generando empleo en todo el país, y consideraron fundamental consolidar un entorno que incentive la producción, la inversión y el funcionamiento pleno de los mercados, en beneficio de toda la cadena y también de los consumidores.
El Banco Central dispuso el 9 de abril eliminar una exigencia adicional de capital mínimo que pesaba sobre los créditos otorgados a productores agrícolas no Mipyme que mantuvieran acopios superiores al 5% de su capacidad anual. La medida, formalizada en la Comunicación A 8418 y con vigencia desde el día siguiente a su publicación, modifica un punto sensible del esquema prudencial bancario. El dato técnico es claro; la lectura política abre interrogantes: ¿se trata de un alivio financiero sectorial o de una señal más amplia de recalibración del vínculo entre el sistema financiero y el agro?
Un ajuste puntual en la regulación prudencial
Hasta ahora, las entidades financieras debían aplicar una mayor exigencia de capital —es decir, inmovilizar más recursos propios— cuando financiaban a clientes agrícolas de gran escala que retenían parte de su producción por encima del umbral del 5%. Esa sobrecarga operaba como desincentivo: encarecía el crédito o directamente limitaba su disponibilidad.
La nueva disposición elimina ese recargo para las financiaciones que se acuerden a partir de la entrada en vigencia de la norma. En términos prácticos, reduce el costo regulatorio de prestar a ese segmento y mejora las condiciones de acceso al financiamiento para productores no encuadrados como Mipyme.
El cambio se incorpora al texto ordenado de “Capitales Mínimos de las Entidades Financieras”, el núcleo del esquema prudencial que regula cuánto capital deben mantener los bancos en función del riesgo de sus activos. No se trata de una política crediticia directa, pero sí de una señal que impacta en la oferta de financiamiento.
Del castigo al incentivo: un giro en la lógica regulatoria
El esquema anterior partía de una premisa: penalizar, desde el punto de vista financiero, la retención de producción agrícola. La exigencia adicional de capital funcionaba como un mecanismo indirecto para desalentar ese comportamiento.
La eliminación de ese recargo implica un cambio de enfoque. El Banco Central deja de considerar esa situación como un factor que amerite mayor cobertura de riesgo, al menos en términos regulatorios. No prohíbe ni promueve explícitamente la retención, pero elimina un costo asociado.
En ese movimiento se redefine la relación entre regulación prudencial y política económica. El organismo mantiene su rol técnico, pero introduce una modificación que tiene efectos concretos sobre decisiones productivas y financieras.
Impacto en el sistema financiero y el sector agrícola
Para los bancos, la medida libera capital regulatorio. Al reducir la exigencia sobre determinados créditos, mejora la eficiencia en el uso de recursos propios y amplía el margen para otorgar financiamiento sin necesidad de incrementar capital.
Para el sector agrícola no Mipyme, el efecto es directo: acceso potencialmente más fluido y menos costoso al crédito. En particular, para productores con capacidad de almacenamiento, que hasta ahora enfrentaban condiciones más restrictivas.
En términos de correlación de fuerzas, el ajuste favorece a actores de mayor escala dentro del agro, un segmento con peso económico relevante. Al mismo tiempo, no modifica las condiciones para el resto de los sectores ni introduce beneficios explícitos para otros segmentos productivos.
La decisión no pasa por el Congreso ni requiere acuerdos legislativos. Se inscribe en la capacidad del Banco Central de modificar regulaciones prudenciales, lo que refuerza su margen de maniobra en la política económica cotidiana.
Una señal en construcción
La Comunicación A 8418 no es una reforma estructural del sistema financiero. Es un cambio puntual, pero con impacto concreto. Se inscribe en una serie de medidas recientes que ajustan regulaciones sin desmontar el andamiaje general.
Queda por ver cómo reaccionan los bancos: si trasladan el alivio regulatorio a mejores condiciones crediticias o si priorizan otros usos del capital liberado. También será clave observar si este tipo de decisiones se extiende a otros sectores o queda circunscripto al agro.
El Banco Central mueve una pieza específica, pero en un tablero más amplio. La dirección general todavía no está cerrada.
Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario muestra que la agroindustria exportó USD 51.070 millones en 2025. En cantidades, los despachos del agro tocaron un récord el último año. Además, el 70% de los principales complejos exportadores están vinculados al agro.
En el año 2025 las exportaciones de bienes de Argentina alcanzaron un total de USD 87.077 millones, solo por detrás del récord nominal de 2022 cuando se arribó a USD 88.703 millones. Este desempeño representa una variación interanual del 9,3% y un incremento del 14,7% respecto al promedio de los últimos 5 años.
Las cadenas agroindustriales continúan desempeñando un rol central en las exportaciones con ventas que alcanzan los USD 51.070 millones en 2025, el tercer total nominal más alto de la historia. Al mismo tiempo, explican el 58,6% del total exportado en bienes en el último año, siendo un share que está por encima de los últimos dos años, pero por detrás de lo visto entre 2015 y 2022, cuando la participación del sector se ubicó en un rango de entre 59,9 y 68,9%.
Es importante mencionar que, los años en los cuales se supera el 65% de participación entre 2020 y 2022, acontecieron sucesos extraordinarios como la pandemia en 2020, que afectó las exportaciones industriales y energéticas, a lo que se agrega una suba sustancial de los precios internacionales de los commodities agro entre 2021 y 2022. Más allá de ello, se tiende a vislumbrar una mayor solidez en las exportaciones anuales de otros complejos no vinculados al agro, lo cual es positivo desde el punto de vista de la diversificación de la canasta exportadora.
Tal como se mencionó anteriormente, el valor exportado de Argentina en 2025 creció 9,3% respecto a 2024, que se explica por un efecto precio negativo de 0,6% que fue más que compensado por un crecimiento de 10,0% en el índice de cantidades exportadas.
En el siguiente gráfico se puede observar que, los precios de exportación vienen cayendo por tercer año consecutivo tras el pico alcanzado en 2022. Mientras que, las cantidades exportadas alcanzaron en 2025 un récord histórico, ante un gran crecimiento del indicador en los últimos dos años. De esta manera, a pesar de precios FOB de exportación más bajos el mercado argentino sigue creciendo en términos de volúmenes.
A nivel de grandes rubros de exportación, el índice de cantidades exportadas marca un récord en Productos Primarios (PP) y Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA); es decir, los sectores vinculados a la agroindustria. Por su parte, las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) se mantienen por encima del promedio de la última década, pero lejos del máximo de 2011. En el caso de Combustibles y Energía (CyE), los volúmenes de exportación no paran de crecer desde 2018 salvo el 2021 que estuvo afectado por la pandemia y recuperando gran parte del terreno perdido entre 2003 y 2017. En este sentido, aún se encuentran 26% por detrás del pico de 2002.
Por último, si se analizan los diez principales complejos exportadores de Argentina en 2025, se observa que siete de ellos pertenecen a cadenas agroindustriales: soja, maíz, carne y cueros bovinos, trigo, pesquero, girasol y lácteos. El valor exportado por estos complejos representa el 48% de las exportaciones nacionales según los últimos datos anuales.
En lo referido al año 2025, la mayor parte de los complejos exportadores creció en valor exportado salvo Complejo Maíz (-8,3% i.a.) y Complejo Automotriz (↓1,4% i.a.). Respecto a los complejos que más crecieron, lideran el podio Complejo Girasol (↑47,0% i.a.), Complejo Oro y Plata (↑28,1% i.a.) y Complejo Carne y Cueros Bovinos (↑24,3% i.a.).
Por su parte, si se tiene una mirada de mediano plazo, el único complejo que viene creciendo por cinco años consecutivos es el Complejo Oro y Plata, que pasó de exportar USD 2.365 millones en 2020 a USD 4.877 millones en 2025, es decir, más que duplicó el valor exportado en cinco años. Esto, en el contexto de un boom en el precio de exportación de oro, ya que el volumen exportado de dicho mineral alcanzó el último año el tercer total más bajo en la última década y 40% por debajo del promedio para dicho período, pero aun así en términos de valor se arriba a un récord desde que se tienen registros desde 2002.
Asimismo, entre los principales complejos exportadores también es importante mencionar el crecimiento que está registrando el Complejo Petrolero-Petroquímico, que poco a poco se está consolidando de forma estructural como el segundo puesto de mayor importancia, por detrás del Complejo Soja. En 2025, alcanzó un valor exportado por USD 11.495 millones, un crecimiento de 135% respecto a 2021 y 15,1% respecto al año pasado. De esta forma, pasó de ser el cuarto complejo exportador en 2021 a ubicarse desde 2023 en el segundo puesto y ampliando la brecha frente a los otros sectores.
En el marco de la jornada “Misiones Productiva”, uno de los organizadores del evento, el diputado provincial Miguel Núñez planteó la necesidad de un giro en la política productiva de la provincia y anticipó que impulsará un proyecto de ley para alinear regulaciones locales con el SENASA. La definición introduce una discusión de fondo: si Misiones debe sostener su esquema actual o avanzar hacia un modelo más abierto, con menos restricciones al productor.
Explicó que el fin a largo plazo de estos encuentros es conformar un gran frente donde converjan todos los sectores que apuesten por un cambio de modelo donde se apliquen las ideas reformistas de “menos Estado” y “más libertades” para que el sector privado pueda desarrollarse.
Para dar sustento a las propuestas esta vez contaron con el apoyo de dos técnicos de Brasil que trabajan en Santo Antonio do Sudoeste. La principal contradicción de este aporte radico en que Brasil desde el 2003 de forma continua lleva adelante una política de Estado presente donde el gobierno Federal, el Estadual y el Comunal trabajan en conjunto con el sector productivo para desarrollar unidades productivas que generen proyectos sostenibles y altamente rentables.
Un planteo que interpela el rumbo productivo
El eje del planteo de Núñez apunta a lo que definió como “incertidumbre” en las reglas que rigen la producción. Según sostuvo, la falta de previsibilidad desalienta inversiones de largo plazo, como la compra de maquinaria o el desarrollo de nuevas actividades.
En ese marco, cuestionó regulaciones vigentes que —según su visión— terminan frenando el crecimiento del sector. Puso como ejemplo la prohibición de la quema programada, aplicada por decreto y por tiempo limitado, lo que, a su criterio, evidencia falta de planificación estructural.
El diputado también buscó correr el foco de la histórica centralidad de la yerba mate en la economía provincial. Si bien reconoció su peso, planteó que atraviesa ciclos de crisis recurrentes y que la provincia cuenta con tierras suficientes para diversificar la producción.
El modelo a seguir está al alcance
Núñez remarcó que “todos sabemos lo que sucede en la costa del Uruguay del otro lado y en la costa del Paraná nos pasaron por arriba. La responsabilidad es de todos. Mayormente de nosotros los legisladores. Porque somos los que tenemos que marcar las políticas públicas”. Valoró el acompañamiento de los técnicos de Brasil que explicaron como una comuna con 47 mil unidades productivas de 24 hectáreas en promedio producen alimentos por casi 1 billón de Reales al año.
Los técnicos brasileros destacaron que el programa se sustenta de la sinergia público-privada. Donde los productores presentan proyectos y luego de aprobarse su viabilidad pueden acceder a créditos con tasas subsidiadas y acompañamiento técnico (federal-estadual-municipal). El objetivo es aumentar la rentabilidad, mejorar la productividad y fomentar el desarrollo sostenible.
Si miramos a la otra orilla de Misiones, sobre el río Paraná se desarrolla un modelo cooperativo donde Colonias Unidas nuclea a más de 3000 socios que desarrollan unas19 unidades de negocios que van desde la producción agrícola a la comercialización final de alimentos, derivados y banca cooperativa de crédito.
De la especialización a la diversificación
La propuesta de Núñez se apoya en una idea concreta: producir en Misiones lo que se consume en Misiones. En ese sentido, mencionó como ejemplos la harina, la carne vacuna, el maíz y otros alimentos básicos que actualmente llegan desde otras provincias.
El planteo según el legislador “implica pasar hacia un sistema multiproductivo”, con impacto directo en la estructura económica provincial. Sin embargo, el propio legislador parece desconocer leyes aprobadas en los últimos años que hablan de esos desarrollos multiproductivos y todo el desarrollo de la agricultura familiar para el autosustento con fines de comercialización de en el marco de las Ferias Francas y Mercados Concentradores que vienen desarrollándose hace más de 30 años en Misiones. A la vez, Núñez. marcó límites a ciertas alternativas, como el impulso al café, al considerar que no tendría rentabilidad en el corto plazo frente a cultivos de ciclo más rápido.
El legislador al igual que los empresarios que disertaron durante el encuentro hacen una crítica más amplia al modelo vigente, al señalar que se promovió una provincia “verde” pero con bajos niveles de desarrollo productivo. Para ellos Misiones debe abandonar el cuidado ambiental promoviendo el corrimiento de la frontera agrícola con los modelos intensivos de las provincias sojeras y de los grandes pooles del agronegocio que manejan el modelo agrícola del centro del país, lo que abre una discusión sobre el equilibrio entre ambiente y producción.
Como contraste los técnicos brasileños remarcaron que ellos están incentivando un modelo de producción sostenible, ambientalmente protegiendo el bosque nativo. Incluso con reglas fijas que marcan la protección de las cuencas hídricas y un mínimo de protección del 20% del suelo de cada unidad productiva destinada al monte nativo.
Regulación, poder y disputa “de modelos”
El anuncio de un proyecto para que Misiones adopte las habilitaciones y prohibiciones del SENASA como marco regulatorio marca un punto de tensión institucional. De avanzar, implicaría ceder margen de decisión provincial en favor de criterios nacionales, en un área donde históricamente hubo regulaciones propias.
En paralelo, el cuestionamiento a decisiones tomadas por decreto —como la quema programada— introduce un debate sobre los instrumentos de gobierno y su impacto en la actividad productiva.
El posicionamiento del diputado también interpela al propio sistema político: atribuyó a los legisladores la responsabilidad de definir políticas públicas que acompañen al sector y llamó a los productores a asumir un rol más activo.
Un debate que recién empieza
La jornada dejó expuesta una discusión más amplia sobre el modelo productivo misionero y sus límites actuales. La eventual presentación del proyecto en la Cámara de Diputados será el primer test para medir apoyos y resistencias.
En un contexto donde las comparaciones con países vecinos aparecen como referencia constante, la clave estará en observar si estas propuestas logran traducirse en consensos políticos o si abren un nuevo frente de debate sobre el rumbo económico de la provincia.
El presidente de Federación de Cooperativas de Misiones, Gustavo Hein, expuso la crítica situación del sector yerbatero durante la reunión del Consejo de Coninagro, realizada el miércoles por la noche, de la que participó el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli.
En el encuentro, Hein tuvo a su cargo la presentación vinculada a la yerba mate, donde realizó una reseña detallada del momento que atraviesa el sector primario, con foco en las dificultades que enfrentan los productores yerbateros y las cooperativas.
Según explicó, el mercado yerbatero “es un mercado especial” que requiere reglas de juego diferentes a las del mercado general, debido a sus características propias. En ese sentido, sostuvo la necesidad de contar con instrumentos específicos que permitan equilibrar la oferta y la demanda, evitar la depresión de los precios que recibe el productor y, al mismo tiempo, garantizar que el consumidor pague un precio razonable por el producto terminado.
Hein señaló que Santilli escuchó el planteo con atención y se mostró receptivo, al tiempo que manifestó que ya estaba al tanto de la problemática, dado que había dialogado previamente sobre el tema con el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua.
De acuerdo a lo expresado en la reunión, el funcionario nacional indicó que la cuestión deberá canalizarse a través de la Secretaría de Agricultura de la Nación, ámbito en el cual se deberían formalizar los planteos y abrir una instancia de diálogo y negociación.
“El desafío es convencer a la Secretaría de que el sector necesita otros instrumentos para mejorar la situación del productor”, resumió Hein, al sintetizar los pasos que, a su entender, deberían seguirse tras el encuentro.
