sector forestal Misiones

Implementación del acuerdo UE-MERCOSUR: Implicancias y oportunidades para Argentina

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Desde el 1ro de mayo pasado, se encuentra plenamente vigente el Acuerdo Interino de Comercio MERCOSUR-UE. Como bien destacó la Cancillería Argentina en la presentación del acuerdo, estamos ante un nuevo impulso con un socio estratégico de la Argentina. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, para el bloque sudamericano representa un hito de madurez comercial: estamos ante el acuerdo de mayor envergadura que el Mercosur logra cerrar en toda su historia, revitalizando y dándole un nuevo impulso al bloque.

La Unión Europea es el segundo destino de exportación y el principal inversor extranjero en la República Argentina. De acuerdo con el INDEC, en 2025 las exportaciones totalizaron US$ 8.486 millones, mientras las importaciones fueron de US$ 10.478 millones, concentrando el 9,7% de las exportaciones y el 13,8% de las importaciones. En el primer trimestre del 2026 la participación de la UE en las exportaciones fue del 9,3%, un mínimo en décadas de participación europea que podría empezar a revertirse de la mano de este acuerdo. 

Los productos exportados al bloque europeo van desde harina de soja y biodiesel hasta minerales de plata, pasando por carne bovina y maní, entre otros productos. Los principales destinos de las exportaciones son los Países Bajos, Alemania, España, Italia e Irlanda. Sin embargo, el hecho de que Países Bajos se encuentre primero tiene que ver con el peso del Puerto de Rotterdam como puerta de entrada al bloque europeo, luego transitando a otros países.

El acuerdo Mercosur – UE beneficia a un gran número de empresas, en tanto una de cada cuatro empresas que exportan en Argentina lo hacen al mercado europeo. Esto lo convierte a la vez en la segunda región a la que más empresas argentinas exportan, sólo detrás de América Latina. 

Por su parte, desde la UE se importa otro amplio abanico de productos, que abarca desde combustibles hasta medicamentos, pasando por bienes de capital hasta fertilizantes. Los principales orígenes de la UE son Alemania, Italia, España, Francia y Países Bajos, en ese orden. Alemania es por sí sola el quinto abastecedor de importaciones de Argentina, con especial protagonismo de bienes de capital. 

En qué consiste

Este acuerdo crea reglas de juego claras para el comercio entre los cuatro países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y los veintisiete de la Unión Europea (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia). 

La firma de este tratado constituye el área de libre comercio más grande del mundo, eliminando la discrecionalidad potencial en política comercial. En este sentido, se liberan el 100% de los bienes industriales y el 82% de los bienes agrícolas para ingresar a la Unión Europea. Asimismo, para los bienes agrícolas que no tienen liberalización total, se establecen cuotas de acceso. Estas incluyen productos como carnes, huevos, quesos, leche en polvo, etanol, azúcar, arroz, maíz, entre otros productos. No obstante, la baja de aranceles es sin cuota para otros productos agro como hortalizas, frutas, vino, entre otros.

El 99% de las exportaciones del Mercosur ingresan al acuerdo con beneficios. Un 74% ya está libre de aranceles desde el 1ro de mayo pasado y un 18% progresivamente en diez años. Por su parte, el 7,8% entran con preferencias fijas o bajo cuotas, mientras que sólo el 0,3% del total de las exportaciones quedan fuera del acuerdo. Este acuerdo tiene a la agroindustria como protagonista: el 85% de las exportaciones argentinas a la Unión Europea consiste en productos del agro. Asimismo, como bien destacó Cancillería, el 15% de las exportaciones de alimentos al bloque europeo consiste en productos altamente diferenciados, proporción menor al 1% en otros socios como India e Indonesia y de 9% de promedio general.

Del lado del acceso europeo al Mercosur, cerca del 60% de las importaciones se desgravarán en 10 años o más, y además un 9% no estará sometido a desgravaciones o preferencias. Asimismo, de ser necesario se podrán aplicar salvaguardias bilaterales hasta los 18 años de entrada en vigor del acuerdo. Al mismo tiempo, como bien ponderó Cancillería, se aplicarán reglas de origen para asegurar la integración birregional y se podrán suspender preferencias en caso de fraude aduanero. Sólo el 14% de las importaciones de la UE se desgravaron totalmente desde la aplicación del acuerdo, y el 9% de los bienes están excluidos del acuerdo. 

El acuerdo nivela las condiciones de acceso a un mercado en el que muchos competidores ya tienen un acuerdo de libre comercio, como Chile, Ecuador, Perú, Colombia, México, Canadá, Sudáfrica y Nueva Zelanda. Asimismo, garantiza estabilidad en las reglas de acceso y mejora el acceso a insumos industriales, esenciales en las importaciones desde la UE. Además, y como fue bien destacado por la Cancillería Argentina, el Estado conserva herramientas de política productiva, al mantener el poder de compra para desarrollo productivo en gran parte de sus adquisiciones.

Como bien fue comentado extendidamente desde BCR, este acuerdo contiene regulaciones tanto para bienes como para disciplinas. No conforme con ello, reafirma compromisos internacionales, como los de la Organización Mundial del Comercio (OMC) relativos a defensa comercial, comercio electrónico, facilitación el comercio, entre otras modernizaciones regulatorias. En este sentido, el Mercosur logró un trato preferencial en la clasificación de riesgo y la validación de sus propios sistemas de control y datos locales ante las autoridades europeas frente a la Normativa 1115/2023 de deforestación y potenciales normativas que quieran imponerse a las exportaciones.

Más allá de la apertura comercial

La apertura de mercados con baja de aranceles y cuotas de ingreso espera impulsar el comercio entre bloques. Sin embargo, el alcance de este tratado no se queda ahí. A partir del tercer año de aplicación del acuerdo, es decir, desde el 1ro de mayo del 2029, Argentina no podrá establecer derechos de exportación a exportaciones hacia la UE, salvo algunas excepciones. Por su relevancia exportadora, una de las cuestiones más relevantes para el agro consiste en los DEX relativos al Complejo Soja.

En este sentido, con el acuerdo Argentina se compromete a un techo de derechos de exportación para el Complejo Soja del 18% al quinto año (1 de mayo de 2031), bajando al 14% para el décimo año (1 de mayo de 2036). Nada impide a las autoridades fijar derechos de exportación por debajo de esos umbrales. Además, se consolidan cronogramas de bajas de aranceles para todos los productos del complejo. De generalizarse, se estima un ingreso adicional de divisas por exportaciones agroindustriales de US$ 10.529 millones en 10 años. 

Más allá de ello, por sus disposiciones generales el acuerdo llevaría a cero en tres años a los derechos de exportación de los complejos maíz, trigo, sorgo, girasol, carnes, entre otros destacados productos que se envían al bloque europeo. Las excepciones a la baja de derechos de exportación incluyen 191 posiciones incluidas en un anexo específico y la posibilidad de reimplantarlos “ante desequilibrios fiscales graves o una depreciación brusca y repentina de la moneda local, que requiera acción inmediata”, lo cual no puede ser permanente. 

Por su parte, el acuerdo Mercosur – UE espera ser también un catalizador de inversión extranjera directa. El millonario anuncio de la Embajada de Alemania en esta semana de un acuerdo para abastecer dos millones de toneladas de gas natural licuado (GNL) al país europeo a partir de 2027 es un hito en esta línea.

Además, en términos de inversiones sólo provenientes de la UE (es decir, sin incluir las inversiones del sector privado), el bloque europeo comprometió 1.800 millones de euros para el Mercosur con fondos de su actual presupuesto. La asignación de fondos dependerá del interés, proactividad y capacidad de cada país, y consiste en 400 millones de euros en subvenciones directas y para reforzar programas existentes y 1.400 millones de euros para canalizar a través de intermediarios financieros y el Banco Europeo de Inversiones (BEI). 

El acuerdo Mercosur-UE no es solo un acuerdo comercial. Representa la consolidación de un marco institucional que Argentina no tenía. En un contexto global donde las reglas de acceso a mercados están marcadas por la incertidumbre, contar con certeza jurídica frente al segundo destino exportador del país es un activo de largo plazo. Aprovechar la previsibilidad que el acuerdo ofrece será esencial para atraer inversiones, generar empleo y escalar exportaciones.

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Acuerdo UE-Mercosur: la oportunidad exportadora que pone a Misiones frente a un nuevo mapa comercial

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El ingreso en vigencia del Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea desde el 1° de mayo abre un escenario de reconfiguración para la economía argentina, pero el impacto no será uniforme. En Misiones, donde la matriz productiva depende de economías regionales con fuerte exposición externa —yerba mate, madera, té, tabaco, forestoindustria y turismo— el tratado puede convertirse en una plataforma de expansión exportadora, aunque también expone tensiones vinculadas a competitividad, costos logísticos y presión tributaria.

La Unión Europea representa actualmente el 9,3% de las exportaciones argentinas y es el principal inversor extranjero en el país. El acuerdo elimina o reduce aranceles para el 99% de las exportaciones del Mercosur, con una liberalización inmediata para el 74% de los productos y desgravaciones progresivas durante la próxima década.

Por qué Misiones puede ganar más que el promedio argentino

A diferencia del modelo exportador pampeano —centrado en soja, maíz y carnes— Misiones tiene una canasta exportadora basada en productos con mayor valor agregado relativo y diferenciación ambiental. Ese punto es clave frente al mercado europeo, donde crece la demanda por trazabilidad, certificaciones sostenibles y productos premium.

El acuerdo contempla acceso preferencial para: Productos forestales y derivados industriales. Frutas, hortalizas y alimentos regionales. Vinos y productos agroindustriales diferenciados. Y bienes con estándares ambientales certificados

La provincia ya posee experiencia en mercados exigentes gracias a la exportación de madera elaborada, pasta celulósica, té y yerba mate. El dato estratégico es que Europa paga mejores precios por productos diferenciados que otros destinos asiáticos o regionales.

En paralelo, la validación de sistemas locales frente a la normativa europea de deforestación (Reglamento 1115/2023) reduce uno de los principales riesgos para la forestoindustria del NEA. El acuerdo reconoce mecanismos propios de control y trazabilidad del Mercosur, algo que evita costos adicionales inmediatos para exportadores argentinos.

El sector forestal aparece como uno de los grandes candidatos

La industria maderera misionera puede encontrar una ventana relevante por tres factores simultáneos: Reducción progresiva de barreras arancelarias. Mayor previsibilidad jurídica para inversiones. Y demanda europea de materiales sostenibles para construcción

    Europa atraviesa una transición hacia materiales de baja huella de carbono y la madera gana terreno frente al hormigón y el acero. Para Misiones, que concentra el núcleo forestal más importante del país, eso puede traducirse en más oportunidades para: Madera aserrada, Tableros MDF y multilaminados, Viviendas industrializadas, Biomasa y energía renovable, Manufacturas forestales

    El desafío no estará únicamente en vender más, sino en lograr escala competitiva. La carga logística desde Misiones sigue siendo uno de los principales cuellos de botella estructurales frente a competidores brasileños o chilenos.

    Yerba mate y alimentos premium: una oportunidad silenciosa

    Aunque la yerba mate no aparece entre los grandes complejos tradicionales del acuerdo, Europa ya viene consolidándose como un consumidor creciente de bebidas funcionales y productos naturales.

    La eliminación gradual de barreras comerciales y la mayor estabilidad regulatoria pueden favorecer: Yerba mate orgánica. Productos gourmet. Infusiones premium. Alimentos regionales certificados. Y producción agroecológica

    El diferencial misionero aparece en la posibilidad de posicionar origen y sustentabilidad, dos atributos cada vez más valorizados por consumidores europeos.

    Para el sector tealero también se abre un escenario favorable, especialmente en nichos de alto valor agregado vinculados a certificaciones ambientales y comercio justo.

    El impacto sobre el comercio fronterizo y las asimetrías

    El acuerdo llega en un contexto particularmente sensible para Misiones: la provincia compite diariamente con Paraguay y Brasil por precios, consumo y presión tributaria.

    Las llamadas asimetrías fronterizas —diferencias cambiarias, impositivas y de costos laborales entre países vecinos— seguirán siendo determinantes para el comercio local. Un exportador misionero puede ganar acceso preferencial a Europa y aun así perder competitividad frente a un productor brasileño si persisten: altos costos logísticos internos. Presión fiscal nacional y provincial. Tasas financieras elevadas. E infraestructura insuficiente

    Por eso, el tratado no resuelve automáticamente el problema de competitividad regional. Lo que sí hace es mejorar el acceso a mercado y dar previsibilidad comercial de largo plazo.

    El punto más relevante para el NEA

    El aspecto menos discutido del acuerdo puede terminar siendo el más importante para el norte argentino: la inversión extranjera.

    La Unión Europea comprometió 1.800 millones de euros para proyectos vinculados al Mercosur, combinando subvenciones y financiamiento canalizado mediante organismos europeos y el Banco Europeo de Inversiones.

    Para Misiones, eso podría abrir oportunidades en: infraestructura logística. Energías renovables. Bioeconomía. Economía circular. Industrialización forestal. Tecnología aplicada al agro. Y turismo sustentable.

    La provincia ya viene trabajando en una narrativa vinculada a economía verde y sustentabilidad. El acuerdo puede transformarse en un puente financiero para profundizar esa estrategia.

    Derechos de exportación: una señal de previsibilidad

    Uno de los puntos más sensibles para el sector privado argentino es el compromiso de reducción de derechos de exportación.

    El acuerdo establece límites futuros para retenciones y elimina gradualmente los DEX para varios complejos agroindustriales orientados a Europa. En el caso del complejo soja, se fija un techo del 18% en 2031 y del 14% en 2036.

    Aunque Misiones no depende de la soja, el dato importa porque introduce un concepto clave para cualquier inversor: previsibilidad tributaria.

    Ese marco puede favorecer decisiones de largo plazo en sectores exportadores regionales que históricamente enfrentaron cambios permanentes en reglas de juego.

    Lo que el empresariado misionero deberá seguir de cerca

    El acuerdo UE-Mercosur crea una ventaja comercial relevante, pero no garantiza competitividad automática. La provincia necesitará resolver problemas estructurales para transformar apertura comercial en crecimiento real.

    Los próximos años estarán atravesados por cuatro variables críticas: Costo logístico del NEA. Adaptación a estándares ambientales europeos. Acceso a financiamiento productivo. Y capacidad de industrializar exportaciones

    Europa ofrece un mercado de alto valor, pero también de alta exigencia. Para Misiones, el desafío no será únicamente vender más, sino exportar con mayor sofisticación, trazabilidad y escala.

    El tratado abre una ventana estratégica. La diferencia entre aprovecharla o quedar relegado dependerá menos del acuerdo y más de la capacidad regional para construir competitividad sistémica.

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    Misiones activa una Mesa de Gestión Forestal para ordenar trámites y acelerar planes sobre bosques nativos

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    El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones puso en marcha la Primera Mesa de Gestión Forestal, un nuevo ámbito institucional destinado a ordenar y agilizar la tramitación de planes vinculados al manejo de bosques nativos y al cambio de uso del suelo. La iniciativa introduce un mecanismo de diálogo técnico permanente entre el organismo provincial y los profesionales que elaboran proyectos forestales, con un objetivo político y administrativo claro: mejorar la previsibilidad del sistema y reducir fricciones en los procesos de aprobación.

    La decisión abre un espacio formal de intercambio en un área donde los tiempos administrativos y los criterios técnicos suelen incidir directamente sobre la actividad productiva y la conservación ambiental. El movimiento del Gobierno provincial busca, en ese marco, fortalecer la coordinación interna del Estado y al mismo tiempo mejorar la articulación con los técnicos del sector privado.

    La pregunta que subyace es operativa pero también institucional: si el nuevo esquema permitirá reducir los tiempos de evaluación de expedientes sin afectar los estándares técnicos que rigen la gestión de los bosques nativos.

    Un espacio técnico para ordenar el sistema de tramitación forestal

    La Mesa de Gestión Forestal se plantea como un ámbito de trabajo técnico e institucional orientado a revisar los procedimientos que atraviesan los expedientes forestales en la provincia.

    El foco está puesto en tres ejes centrales: mejorar la calidad de los planes presentados, unificar criterios técnicos de evaluación, y optimizar los tiempos administrativos dentro del Ministerio.

    En la práctica, el espacio apunta a ordenar el circuito que siguen los Planes de Manejo Sostenible, los Planes de Cambio de Uso del Suelo y otras presentaciones técnicas vinculadas con la gestión de bosques nativos.

    Desde el organismo provincial sostienen que el objetivo es consolidar un esquema de trabajo basado en transparencia, trazabilidad de los procesos y profesionalismo técnico, tres variables que inciden directamente en la previsibilidad del sistema administrativo.

    El funcionamiento de estos procesos resulta clave en una provincia donde la regulación de los bosques nativos combina criterios ambientales, productivos y territoriales.

    El rol de los técnicos y el diálogo con el sector privado

    El director de Bosques Nativos, Milton Morán, explicó que la creación de la mesa responde a la necesidad de abrir un canal directo con los profesionales que tramitan expedientes ante el Ministerio.

    “El objetivo es fortalecer el diálogo para acercar las inquietudes que tienen los profesionales en la tramitación de expedientes dentro del Ministerio”, señaló.

    Según detalló el funcionario, durante el encuentro se tomaron distintos planteos vinculados con la gestión administrativa y la evaluación técnica de los proyectos. La intención, explicó, es avanzar en una optimización del sistema de gestión que beneficie tanto a los técnicos como al propio organismo estatal.

    El ingeniero forestal José Ruiz, representante del sector privado, valoró la apertura del espacio y destacó que el intercambio permitió identificar áreas de mejora dentro del circuito administrativo.

    Entre los puntos analizados mencionó el aprovechamiento forestal, los procesos de cambio de uso del suelo y la articulación interna entre distintas áreas del Ministerio.

    Para el técnico, una mejor coordinación institucional podría facilitar la actividad privada y reducir los costos asociados a la tramitación de expedientes.

    Actores institucionales y construcción de consensos técnicos

    La primera jornada reunió a actores clave del sistema forestal provincial.

    Participaron el ministro de Ecología Martín Recamán, el subsecretario de Ordenamiento Territorial Lucas Russo y el director de Bosques Nativos Milton Morán, junto a equipos técnicos del organismo.

    También estuvieron presentes representantes de instituciones profesionales vinculadas al sector, entre ellos el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Mario Alcina, y la vicepresidenta del Colegio de Ingenieros Forestales, Graciela Flores.

    La presencia de estas entidades refleja un intento de construir consensos técnicos en torno a la gestión de los bosques nativos, un campo donde confluyen intereses productivos, ambientales y regulatorios.

    Gestión forestal y previsibilidad administrativa

    El trasfondo del encuentro tiene una dimensión administrativa que impacta directamente sobre la actividad forestal.

    Los procesos de aprobación de planes de manejo o de cambio de uso del suelo determinan el ritmo con el que se desarrollan distintos proyectos vinculados al aprovechamiento de recursos forestales y al ordenamiento territorial.

    En ese contexto, la Mesa de Gestión Forestal busca instalar un mecanismo permanente de diálogo que permita detectar cuellos de botella en el sistema y ajustar los procedimientos técnicos.

    El desafío será sostener ese espacio en el tiempo y traducir los intercambios en cambios concretos dentro del circuito administrativo.

    Un instrumento de gestión que recién empieza a tomar forma

    La creación de la Mesa de Gestión Forestal abre un nuevo canal de articulación entre el Estado provincial y los profesionales que operan dentro del sistema forestal.

    En términos institucionales, el espacio aparece como una herramienta de gestión destinada a mejorar la calidad técnica de los expedientes y reducir fricciones administrativas.

    El impacto real dependerá de cómo evolucione el funcionamiento del mecanismo y de si logra transformar las observaciones técnicas en ajustes operativos dentro del Ministerio.

    Por ahora, la iniciativa marca un primer paso en la búsqueda de mayor previsibilidad en la tramitación de planes forestales, un terreno donde las decisiones administrativas suelen tener consecuencias directas sobre la gestión de los bosques y la actividad productiva vinculada al sector.

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    La baja escala de los aserraderos exige una reingeniería para ganar en competitividad

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    El sector maderero PyME argentino -con fuerte presencia en el nordeste del país- atraviesa una encrucijada estructural que condiciona su competitividad en los mercados globales. En particular, las industrias del NEA enfrentan dificultades históricas vinculadas a la baja escala productiva, la obsolescencia tecnológica y una limitada integración vertical dentro de la cadena forestoindustrial.

    El ingeniero Aldo Grasso viene analizando estos desafíos desde hace varios años y propone una mirada estratégica para el sector. En su tercera participación en la serie de podcasts “Árboles y bosques”, el especialista profundiza sobre el impacto de la baja escala productiva y plantea la necesidad de una reingeniería creativa del subsector PyME para garantizar su sostenibilidad.

    Según Grasso, el tamaño reducido de muchas industrias forestoindustriales genera costos unitarios elevados y dificulta el acceso a los mercados internacionales, donde la competencia está dominada por grandes plantas altamente tecnificadas.

    La escala productiva y el “licuado de costos”

    En una actividad basada en commodities -como la producción de madera- la competitividad depende en gran medida de las economías de escala. En el caso de los aserraderos pequeños, los costos fijos deben distribuirse sobre un volumen menor de producción, lo que encarece el costo unitario del producto final.

    Este fenómeno se conoce como “licuado de costos”, un concepto contable que explica cómo la distribución de los costos fijos sobre mayores volúmenes de producción reduce significativamente el costo por unidad.

    Un ejemplo ilustra el problema: un aserradero con costos fijos mensuales de 20.000 dólares y una producción de 200 metros cúbicos tendrá un costo unitario de 100 dólares por metro cúbico. Si esa misma planta pudiera elevar su producción a 1.000 metros cúbicos mensuales, manteniendo los mismos costos fijos, el costo unitario descendería a 20 dólares por metro cúbico.

    En un mercado donde la rentabilidad promedio mundial del negocio forestal se ubica apenas entre 4% y 6%, estas diferencias resultan determinantes. Competir contra gigantes industriales de Finlandia, Canadá o el sur de Chile, que operan a escalas masivas, se vuelve extremadamente complejo para las pequeñas y medianas empresas argentinas.

    Tecnología, productividad y acceso a mercados

    La baja escala no solo impacta en los costos. También limita la capacidad de inversión en tecnología, lo que genera una espiral de ineficiencia productiva.

    Equipamientos clave para mejorar la productividad -como escáneres ópticos, optimizadores de corte, secaderos continuos o líneas de madera estructural tipo CLT– requieren volúmenes de producción elevados para amortizar la inversión. Para muchas PyMEs del sector, esos niveles de producción están fuera de alcance.

    La consecuencia es la persistencia de procesos más manuales o semiartesanales, que derivan en:

    • menor rendimiento industrial
    • baja productividad
    • limitaciones en automatización
    • escaso aprovechamiento de subproductos como aserrín o chips

    En muchos casos, estos subproductos terminan vendiéndose a precios muy bajos en lugar de convertirse en una fuente adicional de ingresos.

    A esto se suma una barrera decisiva: el acceso a los mercados internacionales. Los compradores globales demandan volúmenes constantes, calidad homogénea y certificaciones ambientales -como FSC o PEFC- que muchas PyMEs no logran sostener de manera individual.

    La brecha de la escala mínima eficiente

    En la economía industrial existe un concepto clave: la Escala Mínima Eficiente (EME), que representa el volumen de producción a partir del cual el costo unitario se estabiliza y permite competir internacionalmente.

    En la industria maderera global, esa escala se ubica actualmente entre 120.000 y 250.000 metros cúbicos anuales.

    En contraste, el 75% de las industrias PyMEs del NEA produce entre 8.000 y 25.000 metros cúbicos por año, una brecha que explica gran parte de las dificultades estructurales del sector.

    Consorcios productivos como salida estratégica

    Frente a este escenario, Grasso plantea que la modernización tecnológica directa resulta inviable para muchas empresas debido a la falta de capital. Por ello, propone explorar modelos asociativos entre empresas, que permitan alcanzar mayor escala productiva y mejorar la articulación con compañías de mayor tamaño.

    La conformación de consorcios industriales o plataformas de servicios compartidos podría permitir a las PyMEs acceder a tecnología, logística y certificaciones que hoy resultan inaccesibles de manera individual.

    Este enfoque también abriría la puerta a abordar otros desafíos estructurales del sector, como la obsolescencia tecnológica y la débil integración vertical de la cadena forestoindustrial.

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