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Misiones Productiva: presión del sector para cambiar reglas y reorientar la matriz económica

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El encuentro bautizado “Misiones Productiva”, realizado este miércoles 25 de marzo a las 17 en el Hotel Julio César de Posadas, reunió a dirigentes de la oposición, identificados con Cambiemos y aliados al Gobierno nacional con empresarios forestales y ganaderos que insisten en cambiar la matriz productiva y pagar menos impuestos.

El evento organizado por los empresarios Alfredo Gruber, Gabriel Montiel y el diputado Miguel Núñez. Entre el público estaban referentes empresarios del sector forestal, yerbatero y ganadero. Productores de diferentes sectores de la provincia y legisladores del sector opositor como Cristian Castro del PAyS, Martín Arjol, del partido Libertario, Santiago Koch de la UCR, Elvani Goring del PAyS, Ramón Amarilla del partido Algo Nuevo por la Dignidad de los Trabajadores, Rosa Kurtz de la UCR. Además, estaban referentes del radicalismo Gustavo González, Ariel Pianesi, Walter Molina y del PRO, Jerónimo Lagier.

El planteo central giró en torno a las condiciones estructurales que enfrenta el sector productivo misionero. Desde la organización, se insistió en que las reglas actuales resultan “inciertas” y sin un direccionamiento claro, lo que desalienta inversiones de largo plazo, como la compra de maquinaria o la ampliación de escala.

En ese marco, se cuestionaron regulaciones específicas —como la quema programada— y se puso en debate la orientación de políticas públicas que, según se expuso, terminan condicionando la capacidad productiva. La crítica no se limitó a una medida puntual: se planteó una revisión integral del esquema normativo de Nación.

El diagnóstico incluyó además una propuesta concreta en el plano institucional: avanzar con un proyecto legislativo para que la provincia adopte como referencia las habilitaciones y prohibiciones del organismo sanitario nacional, en un intento por alinear criterios y reducir superposiciones regulatorias.

A la par, se introdujo un cambio de enfoque en la política productiva. La consigna fue directa: producir lo que se consume. Se mencionaron ejemplos concretos de productos que hoy llegan desde otras provincias —harina, carne, maíz— y que, según se planteó, podrían generarse localmente. La idea de diversificación productiva apareció así como alternativa a la dependencia de actividades tradicionales.

Empresarios en alerta: costos, crédito y mercado en tensión

El sector empresario reforzó el diagnóstico con una mirada operativa. La falta de acceso al crédito, la presión impositiva y la superposición de normativas fueron señaladas como los principales obstáculos para sostener la actividad.

Desde el ámbito forestal, se advirtió que el financiamiento en la provincia resulta más caro tanto para quien toma como para quien otorga crédito, en parte por las alícuotas vigentes. Esa estructura encarece la inversión y limita la expansión productiva. A eso se suma la carga administrativa: registros, controles y trámites que, según se expuso, “no generan beneficios concretos y sí costos operativos”.

En paralelo, se describió un escenario económico complejo. La actividad muestra señales de estancamiento, con caída de la demanda tanto en el mercado interno como en el externo. La falta de obra pública y la inestabilidad global —con impactos en comercio exterior y precios— agravan el cuadro.

A ese contexto se suma un factor emergente: el aumento de los combustibles, vinculado a tensiones internacionales, que ya empieza a ser percibido como un nuevo vector de presión sobre costos e inflación.

Correlación de fuerzas: presión sectorial y desafío político

El tono del encuentro dejó en evidencia un reacomodamiento en la relación entre el sector productivo y la política. Los empresarios no sólo plantearon demandas económicas, sino que también interpelaron directamente a los decisores públicos.

El reclamo por una baja de impuestos —en los tres niveles del Estado— aparece como un punto de coincidencia transversal. Sin embargo, también se reconoció la dificultad fiscal para avanzar en esa dirección, lo que introduce una tensión estructural: la necesidad de aliviar costos sin desfinanciar al Estado.

En ese escenario, el sector productivo busca ganar centralidad en la agenda política. La convocatoria a que los productores “sean protagonistas” del cambio y la referencia al rol de los legisladores como responsables de definir políticas públicas marcan una intención de incidir directamente en el diseño institucional.

Al mismo tiempo, el modelo comparativo con regiones vecinas de Brasil —particularmente en materia de financiamiento y productividad— opera como presión adicional sobre las autoridades locales.

Escenario abierto: entre la expectativa y la incertidumbre

El encuentro dejó planteado un punto de inflexión, aunque sin certezas sobre su traducción concreta en políticas públicas. La iniciativa de llevar propuestas al ámbito legislativo abre un canal institucional, pero el margen de acción dependerá de la capacidad de articular consensos y de las restricciones fiscales.

En paralelo, el contexto macroeconómico y global introduce un factor de incertidumbre que condiciona cualquier estrategia de mediano plazo. La falta de definiciones claras sobre el rumbo económico, sumada a la volatilidad externa, frena decisiones de inversión.

La discusión de fondo —qué producir, cómo y bajo qué reglas— quedó instalada. Lo que resta observar es si ese debate se transforma en reformas concretas o si queda absorbido por la dinámica política y económica que todavía no termina de estabilizarse.

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Empresarios misioneros reclaman reconocimiento al rol productivo de las PyME y advierten sobre el peso de la informalidad

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El Movimiento Industrial Misionero difundió un comunicado en el que reivindica el papel de las pequeñas y medianas empresas e industrias (PyME y PyMI) y de los emprendedores en la economía argentina, al tiempo que advierte sobre el peso estructural de la informalidad en el entramado productivo. La declaración, firmada por el ingeniero Gerardo Grippo, plantea que estos actores representan más del 47 % de la economía y reclama que sean reconocidos como sujetos productivos centrales dentro del sistema económico.

La intervención pública del espacio empresarial introduce un mensaje con lectura política: en medio de un escenario económico atravesado por reformas estructurales y cambios en el marco regulatorio, sectores industriales del interior buscan instalar en la agenda la situación de las empresas de menor escala, que sostienen buena parte del empleo y la producción cotidiana.

El planteo deja una pregunta abierta en el debate económico: cómo integrar al sector productivo informal dentro de una estrategia de desarrollo sin desarticular el tejido de pequeñas unidades económicas que sostienen la actividad en muchas regiones del país.

El peso de las PyME en el entramado productivo

El comunicado enfatiza que las PyME y PyMI cumplen una función central en la generación de recursos y en el desarrollo económico. Según el Movimiento Industrial Misionero, estos actores no sólo impulsan la producción sino que también generan una parte significativa del empleo y activan los multiplicadores económicos en todo el sistema productivo.

El documento destaca que esa dinámica se extiende tanto al sector formal como al informal, donde operan miles de pequeños emprendimientos que, en muchos casos, funcionan con estructuras familiares o con escalas reducidas de producción.

Dentro de ese universo conviven realidades muy distintas: desde emprendedores individuales que elaboran un producto hasta pequeños negocios que sostienen cadenas de valor locales.

Para el espacio industrial, ese entramado constituye uno de los pilares invisibles de la economía, capaz de sostener actividad incluso en contextos adversos.

La informalidad como fenómeno estructural

Uno de los ejes del comunicado apunta a la informalidad que atraviesa buena parte de ese universo productivo.

El Movimiento Industrial Misionero sostiene que muchos de estos emprendimientos desarrollan su actividad en condiciones de informalidad “inevitable y no deseada”, un fenómeno que, según el documento, debe ser abordado desde una perspectiva económica y no únicamente normativa.

La afirmación introduce una mirada que aparece con frecuencia en los debates sobre desarrollo regional: la informalidad no siempre surge como una estrategia deliberada para eludir regulaciones, sino que muchas veces responde a limitaciones estructurales de acceso al financiamiento, a la formalización o a mercados más amplios.

En ese contexto, el espacio empresario plantea que estos actores deben ser reconocidos como parte del sistema productivo y no sólo como un problema regulatorio.

Reconocimiento y legitimidad económica

El texto también plantea una defensa explícita del rol de los empresarios y emprendedores que sostienen pequeñas unidades productivas.

Según el comunicado, estos actores enfrentan circunstancias adversas y falta de recursos, pero aun así continúan apostando al trabajo y a la producción como forma de sostener el ingreso de sus familias.

La declaración introduce una reinterpretación del concepto de eficiencia económica. Frente a discursos que cuestionan la productividad de las pequeñas unidades productivas, el Movimiento Industrial Misionero plantea que la verdadera eficiencia radica en la capacidad de persistir y sostener actividad en contextos de restricciones.

Desde esa perspectiva, el documento busca revalorizar el rol de quienes operan en los márgenes del sistema económico formal pero mantienen activa una parte significativa de la economía real.

Una intervención en el debate económico

Más allá del contenido sectorial, el comunicado puede leerse como una intervención en el debate más amplio sobre el modelo productivo y la estructura empresarial del país.

Al subrayar que las pequeñas empresas representan más del 47 % de la economía, el Movimiento Industrial Misionero introduce un argumento que suele aparecer en las discusiones sobre políticas industriales y desarrollo regional: el crecimiento económico no depende únicamente de grandes inversiones o conglomerados empresariales, sino también de la capacidad de sostener y fortalecer el entramado de pequeñas unidades productivas.

En regiones como Misiones, donde la estructura económica se caracteriza por la presencia de empresas de escala media y pequeña, ese debate adquiere un peso particular dentro de la agenda productiva.

Un debate que recién comienza

El posicionamiento del Movimiento Industrial Misionero aparece en un momento en el que el escenario económico argentino atraviesa transformaciones vinculadas a reformas, apertura comercial y reconfiguración de sectores productivos.

En ese contexto, la discusión sobre el lugar que ocupan las PyME, los emprendedores y los trabajadores autónomos dentro del sistema económico vuelve a cobrar centralidad.

El comunicado no plantea medidas concretas ni propuestas regulatorias específicas. Pero sí busca instalar un punto de partida en el debate: el reconocimiento del peso económico y social de las pequeñas unidades productivas.

La discusión sobre cómo integrarlas plenamente al sistema formal —sin desarticular el tejido productivo que representan— queda ahora abierta en el terreno de la política económica.

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Sin industria no hay Nación: fuerte réplica de la UIA a Milei y pedido de diálogo de los empresarios de AEA

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La industria responde a Milei y reclama respeto en plena transición económica

La reacción del sector industrial al discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones del Congreso fue inmediata. Tras una reunión de su junta directiva, la Unión Industrial Argentina (UIA) difundió un duro pronunciamiento en el que advierte sobre la situación crítica que atraviesan numerosas empresas y reivindica el rol estratégico de la industria en la economía nacional.

En un comunicado cargado de contenido político, la entidad apeló incluso a la historia institucional del país al citar al presidente liberal Carlos Pellegrini (1890-1892), recordando su célebre definición: “sin industria no hay nación”. Con esa referencia, la UIA buscó reforzar su mensaje de preocupación por el presente productivo y por el clima de tensión que se instaló entre el Gobierno y parte del empresariado.

El documento expresa la “preocupación por la situación de diversos sectores industriales y de distintas provincias” y advierte que muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas, enfrentan un escenario complejo caracterizado por bajo nivel de actividad, presión fiscal elevada, dificultades de financiamiento y caída del empleo.

En ese marco, la entidad introdujo una frase que, sin nombrar al Presidente, fue interpretada como una respuesta directa a los cuestionamientos formulados desde el Gobierno hacia empresarios y dirigentes industriales. “El respeto es condición básica del desarrollo. Respeto hacia quienes producen, invierten y generan empleo en todo el país”, señala el texto.

El Norte productivo, entre las mayores preocupaciones

Uno de los puntos más sensibles del comunicado se refiere a la situación de las provincias del Norte argentino. Los representantes de las uniones industriales de esa región solicitaron a la conducción nacional de la UIA impulsar medidas de estímulo a la actividad.

Según el diagnóstico de la entidad, la región integrada por Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán —que reúne cerca de una cuarta parte de la población del país— exhibe los niveles de poder adquisitivo más bajos de Argentina y una escasa densidad de empleo privado formal, lo que deriva en una elevada dependencia del empleo público.

La advertencia no es menor: para el sector industrial, las asimetrías regionales se han profundizado en los últimos años y requieren políticas específicas que permitan equilibrar las condiciones de competitividad.

El peso de la industria en la economía

La UIA también buscó reforzar su argumento con cifras estructurales. De acuerdo con la entidad, la industria representa el 19% del producto interno bruto argentino y aporta el 27% de la recaudación fiscal nacional. Además, genera de manera directa cerca del 19% del empleo formal —unos 1,2 millones de trabajadores— y moviliza otros 2,4 millones de puestos indirectos a lo largo de la cadena productiva.

En total, más de 3,6 millones de empleos dependen directa o indirectamente del entramado industrial. “Detrás de cada fábrica existe un capital social construido por empresarios y trabajadores”, subraya el comunicado.

Apoyo a las reformas, pero con advertencias

A pesar del tono crítico en algunos pasajes, la UIA también reconoce avances en la estrategia económica del Gobierno. El documento destaca el equilibrio fiscal alcanzado, la desaceleración inflacionaria, la actualización del marco laboral y la apertura de la economía como reformas estructurales largamente postergadas.

Sin embargo, la entidad advierte que la transición hacia un nuevo esquema económico implica un proceso de adaptación “profundo y no homogéneo”, especialmente para sectores que compiten directamente con el exterior y que enfrentan costos financieros, logísticos e impositivos superiores a los estándares internacionales.

Por eso, el sector industrial insiste en avanzar en una agenda que reduzca las distorsiones acumuladas durante décadas y permita mejorar la competitividad de las empresas.

La salida de Diego Coatz y las lecturas políticas

El comunicado de la UIA estuvo acompañado por otro movimiento que no pasó desapercibido: la salida del economista Diego Coatz como director ejecutivo de la entidad, cargo que ocupaba desde hacía dos décadas.

Coatz fue durante años el responsable de los informes de coyuntura que analizan la evolución del sector industrial. Su salida abre diversas interpretaciones dentro del mundo empresario. Mientras algunas voces señalan que responde a un proceso interno de reorganización, otras interpretaciones la vinculan con las tensiones generadas por diagnósticos económicos que desde el Gobierno consideran excesivamente críticos.

El mensaje de la Asociación Empresaria Argentina

La respuesta del empresariado no se limitó a la UIA. La Asociación Empresaria Argentina (AEA), que reúne a los dueños y principales ejecutivos de las mayores compañías del país, también difundió un pronunciamiento.

En su comunicado, AEA destacó el papel central de las empresas privadas en el desarrollo económico y social, recordando que son responsables de la mayor parte de la producción de bienes y servicios, de la generación de empleo, de las exportaciones y del sostenimiento del Estado a través del pago de impuestos.

La entidad valoró medidas del Gobierno como el equilibrio fiscal, la reducción de la emisión monetaria y la intención de disminuir la presión tributaria sobre el sector formal. Sin embargo, también enfatizó la necesidad de construir un diálogo “constructivo y respetuoso” entre el sector público y el privado para remover los obstáculos al desarrollo y facilitar la llegada de inversiones productivas.

En un clima político cada vez más polarizado, la reacción de las principales organizaciones empresarias marca que el debate sobre el rumbo económico no se limita al plano legislativo o partidario. También atraviesa el vínculo entre el Gobierno y uno de los actores centrales del sistema productivo argentino.

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El Gobierno activa subas en gas, luz y combustibles y recalibra el esquema tarifario en marzo

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Marzo comienza con una señal clara del Ejecutivo: la normalización tarifaria sigue en marcha. El Gobierno nacional autorizó nuevos aumentos en gas natural, electricidad y combustibles que impactan desde el 1° de marzo y que, en el caso de los carburantes, se traducen en subas de entre 1% y 1,2% por la aplicación parcial del Impuesto a los Combustibles Líquidos, postergado desde principios de 2024. En paralelo, el Ente Nacional Regulador del Gas habilitó incrementos en los cargos del sistema —con alzas del 8% en transporte, desplazamiento e intercambio— y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad aprobó subas de hasta 2,43% en el Costo Propio de Distribución.

El movimiento no es aislado. Forma parte de una estrategia que combina reducción de subsidios, recomposición de ingresos en las empresas reguladas y dosificación del impacto inflacionario. La clave política está en ese equilibrio: sostener el sendero de corrección de precios relativos sin detonar una nueva espiral en un insumo transversal a toda la economía.

Regulación y discrecionalidad: cómo se arma la nueva factura

En gas, el aval del Ente Nacional Regulador del Gas permitió a las distribuidoras trasladar mayores costos al usuario final. Los cargos del sistema suben 8%, aunque el efecto en la boleta no es lineal. Depende del área de concesión, de los cuadros tarifarios vigentes y de los beneficios aplicables. En la zona núcleo el impacto es mayor; en áreas frías, más acotado.

En electricidad, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad autorizó hasta 2,43% de aumento en el Costo Propio de Distribución. Ese componente es solo una parte de la factura, que también incluye el precio de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista, subsidios, bonificaciones e impuestos locales. Por eso el traslado al usuario será dispar según zona y categoría.

El caso de los combustibles tiene otra lógica. El Gobierno habilitó una porción del impuesto específico, que había sido diferido desde 2024. Aunque el tributo se fija en valores nominales, el impacto final se traduce en un aumento de entre 1% y 1,2%, al que se suman las remarcaciones que definan las petroleras. Desde la desregulación del mercado en 2024, los precios se mueven con mayor libertad y el Ejecutivo dejó de exigir informes públicos sobre actualizaciones. El resultado fue un 2024 con aumentos en 11 de 12 meses y un alza acumulada superior al 42%, por encima de la inflación anual informada por el Indec.

La dosificación impositiva revela la tensión central: recomponer recaudación sin trasladar de una sola vez el peso tributario al surtidor. Es una decisión fiscal con lectura macroeconómica.

Costos, salarios y consumo bajo presión

El encadenamiento es evidente. Energía y combustibles son insumos difundidos. Afectan transporte, producción industrial, logística y servicios. Cada ajuste impacta de manera directa en el gasto fijo de los hogares y de forma indirecta en la estructura de costos del sector productivo.

Según el Observatorio de Tarifas del IIEP (UBA-CONICET), en 2025 los servicios públicos acumularon actualizaciones promedio de hasta 30%, un ritmo menor al shock de 2024 pero alineado con la inflación anual. El peso estimado de estos gastos ronda el 20% del ingreso mensual de los hogares, en un contexto de cuatro meses consecutivos sin mejora del salario real según el Indec.

Para las empresas energéticas y distribuidoras, la señal es de continuidad regulatoria. El esquema busca garantizar ingresos operativos y previsibilidad en la inversión. Para los consumidores, el efecto es más inmediato: mayor proporción del ingreso destinada a tarifas y combustibles, con menor margen para consumo discrecional.

El Gobierno intenta evitar un salto brusco que reavive expectativas inflacionarias. Sin embargo, la suma de ajustes parciales termina configurando una presión acumulativa. No es un shock único; es una secuencia.

Señales al mercado y clima político

La decisión consolida el rumbo de corrección tarifaria iniciado el año pasado. No hay congelamientos ni interrupciones en el proceso de recomposición de precios relativos. El Ejecutivo muestra coherencia con su política de reducción de subsidios y desregulación, pero también administra tiempos y porcentajes para evitar desbordes macroeconómicos.

El mensaje al mercado energético es de previsibilidad. El mensaje a los hogares es más complejo: la normalización continúa en un escenario donde el poder adquisitivo todavía no acompaña. Esa tensión define el clima económico del primer trimestre.

Marzo abre con tarifas en alza y con un esquema que combina regulación, impuestos y mercado. El impacto pleno se medirá en las próximas mediciones de inflación y en la dinámica del consumo. Por ahora, el ajuste avanza por tramos.

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Avanza la organización de la Expo Agroindustrial Oberá

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Con la realización de reuniones periódicas entre los representantes de las entidades que impulsan el evento —la Cámara de Industria, Producción y Comercio, la Cámara de Turismo Sierras Centrales de Misiones, la Federación de Colectividades, la Cámara de Mujeres Empresarias de Misiones y el Gobierno de la Ciudad de Oberá— la Expo avanza de manera sostenida y va tomando forma conforme a las etapas planificadas.

Desde la Comisión Organizadora destacaron que el objetivo central es impulsar el desarrollo regional y generar nuevas oportunidades para el sector productivo e industrial de la provincia. En ese marco, el espacio proyecta un alto potencial, con la participación de destacados expositores, charlas de negocios, capacitaciones y una agenda de actividades pensadas para fortalecer el entramado económico local.

El trabajo articulado entre instituciones es la base del proyecto, que contará con el acompañamiento de numerosas organizaciones de Oberá y de otros puntos de la provincia. “Tenemos muchos interesados, varios expositores ya confirmados y la convocatoria continúa creciendo”, señalaron los organizadores. Y agregaron: “La idea es promover un espacio de vinculación y desarrollo, donde empresas, industrias y expositores en general se sientan cómodos, puedan mostrar sus productos y, al mismo tiempo, el público conozca el potencial que tiene la provincia en rubros clave para su crecimiento. Está pensado para capitalizarlo desde todo punto de vista”.

Actualmente, el cincuenta por ciento del predio ya se encuentra reservado, por lo que se convoca a las empresas interesadas en participar a comunicarse al teléfono 3755 343490 o al correo electrónico expoagroindustrial.obera@gmail.com. Además, el sitio web expoagroindustrialobera.com.ar reúne novedades y datos de interés para todos los actores involucrados en el evento.

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