SEGURIDAD AMBIENTAL

Parques Nacionales actualizó el reglamento de uso de armas de fuego para guardaparques

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La Administración de Parques Nacionales (APN) aprobó, mediante la Resolución 269/2025 publicada en el Boletín Oficial, un nuevo Reglamento General de Armamento del Cuerpo de Guardaparques Nacionales, que redefine las condiciones de asignación, portación y uso de armas de fuego dentro de las áreas protegidas. La medida apunta a reforzar la seguridad operativa, profesionalizar el cuerpo y asegurar un equilibrio entre la protección de los ecosistemas y el resguardo de quienes los vigilan.

La resolución se apoya en la Ley 22.351 de Parques Nacionales, la Ley 20.429 de Armas y Explosivos, y en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Cuerpo de Guardaparques Nacionales, homologado por el Decreto 647/2022.

En 2023 ya se había aprobado un reglamento provisorio, pero la APN entendió necesario readecuarlo a partir de la experiencia operativa y de los requerimientos ambientales y de seguridad. Según el organismo, se busca garantizar que el uso de armamento se enmarque en protocolos claros, con controles administrativos y técnicos más estrictos.

El nuevo reglamento (Anexo IF-2025-98959967-APN-DNO#APNAC) abarca desde la asignación de pistolas y escopetas hasta el manejo de fusiles para control de especies invasoras, pasando por la provisión de municiones, chalecos antibalas, registros digitales y cursos obligatorios de tiro.

El reglamento establece con precisión las armas de dotación:

  • Pistolas FM M-95 Classic o Bersa TPR calibre 9 mm para portación permanente.
  • Escopetas calibre 12 UAB para control de fauna y vigilancia.
  • Fusiles .308 Winchester, 7,62×51, .22 largo/Magnum y carabina 44.40 Winchester para erradicación de especies exóticas y encuentros con grandes felinos.

Entre los puntos centrales:

  • Uso obligatorio de chalecos antibalas-antipunzantes (nivel RB2 a RB4) en operativos, salvo en control de fauna.
  • Prohibición expresa de disparos de advertencia y obligación de identificar al guardaparque antes de emplear el arma.
  • Provisión centralizada de armamento y municiones desde la Dirección Nacional de Operaciones, sin posibilidad de compras directas por intendencias.
  • Registros digitales (SIAPN) obligatorios de todas las armas, calibres, municiones y usuarios habilitados.
  • Cursos de Idoneidad de Tiro anuales, con evaluación psicofísica y renovación de credenciales.

Además, se introducen causales de retiro inmediato del armamento: por ejemplo, si un agente es denunciado por violencia de género o uso indebido de la fuerza, el arma será retirada preventivamente y notificada al RENAR.

El Directorio de la APN —integrado por Walter Rubén Scibilia Campana, María Victoria Haure, Guillermo Eduardo Díaz Cornejo, Marcelo Miguel Forgione y Sergio Martín Álvarez— destacó que la medida responde a la necesidad de “alinear la labor del guardaparque con estándares de seguridad y transparencia”.

El nuevo reglamento también refleja el rol híbrido del Cuerpo de Guardaparques: custodios de la biodiversidad, pero también con facultades de policía administrativa ambiental.

La Coordinación Operativa, dependiente de la Dirección Nacional de Operaciones, tendrá a su cargo la supervisión de las armas, la capacitación de agentes y las gestiones ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).

El endurecimiento de los protocolos apunta a profesionalizar al Cuerpo de Guardaparques y reducir riesgos tanto ambientales como legales.

  • Para los trabajadores del sector, implica mayor capacitación, controles periódicos y una burocracia más estricta para conservar la portación.
  • Para la sociedad civil y las ONGs ambientalistas, la resolución busca dar garantías de que el uso de armamento será excepcional y regulado, evitando abusos en áreas de uso público.
  • Para el Estado nacional, representa un paso clave en la consolidación de un marco normativo moderno que armoniza seguridad y conservación.

No obstante, la medida también podría abrir debates sobre la tensión entre el rol de custodia ambiental y las facultades casi policiales que asumen los guardaparques en zonas conflictivas.

En el corto plazo, las intendencias de áreas protegidas deberán:

  • Presentar en 30 días la información actualizada de inventario de armas y municiones al sistema central.
  • Readecuar armeros y sectores de guarda de materiales controlados conforme a las normas del RENAR.
  • Iniciar la capacitación obligatoria del personal en el marco del nuevo curso anual de tiro.

A mediano plazo, se espera que la aplicación uniforme de este reglamento fortalezca la institucionalidad del Cuerpo de Guardaparques, eleve sus estándares de seguridad y marque un antecedente normativo para la gestión de armamento en organismos civiles con rol de control territorial.

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Arce remarcó la necesidad de impulsar más políticas de cuidado del medioambiente

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El dictado de las clases de la diplomatura en Seguridad Ambiental comenzó este martes para 188 inscriptos, en la Sala Eva Perón del Centro de Convenciones y Eventos del Parque del Conocimiento de Posadas. La especialización, impulsada por el gobierno de Misiones, busca formar promotores e inspectores ambientales. Tendrán la tarea de detectar y colaborar en la prevención, mitigación y compensación de las actividades humanas para lograr un desarrollo sostenible.

El vicegobernador Carlos Arce acompañó el inicio de las clases y destacó que, además de funcionarios públicos y guardaparques, “lo que más entusiasma es que hay gente de a pie”, que tendrá una salida laboral. Remarcó que el contexto en el que se desarrolla esta diplomatura es que Misiones sólo ocupa el 1,5% de la superficie del país y contiene el 52% de la biodiversidad de todo el territorio. Esa información fue lo que el Congreso de la Nación tomó en cuenta para declararla como Capital Nacional de la Biodiversidad.

“Tenemos una selva paranaense que ha sido destruida en las últimas décadas, sólo queda el 5% y esa cantidad está en la provincia, con casi 1,6 millones de hectáreas”, indicó Arce. Recordó que hace días fue la primera del país en sancionar una Ley de Humedales. “Lo importante es que las leyes no son suficientes para conservar y progresar en la protección. Los efectos del cambio climático los estamos viviendo, con la sequía tremenda del año pasado y el río Paraná que está en más de un metro por debajo de su altura normal”, afirmó.

El vicegobernador consideró que los efectos del cambio climático no tienen que ver específicamente con lo que sucede en Misiones, sino con las políticas que se aplican fuera del territorio. “En las imágenes satelitales se pueden ver machones grises y amarillos que son plantaciones de soja, que deja mucha plata y eso hace que otros gobiernos tengan una política económica diferente”, observó. En ese contexto, subrayó que las políticas públicas implementadas por el gobierno de Misiones buscan conservar la selva paranaense. Insistió en que es muy importante “que la gente se involucre y nos ayude a seguir cuidando nuestra casa. Para nuestros hijos, por el futuro, siendo agentes, vigiladores de estas políticas”.

El ministro de Ecología, Víctor Kreimer, destacó la respuesta que tuvo la convocatoria en toda la provincia. Aseguró que brindará “mejores herramientas para el desempeño laboral a quienes trabajan en áreas vinculadas al medio ambiente y abrirá puertas a los que se interesaron en la temática”. Para Kreimer, “Misiones es ejemplo en el país y la región por sus políticas de conservación y desarrollo sostenible”.

Por su parte, la rectora de la UPM, Laura Traid, expresó que es la primera vez que la casa de estudios participa de un proyecto vinculado a la educación ambiental. Detalló que, tras el apoyo recibido por parte del gobernador, Oscar Herrera Ahuad, se realizaron las gestiones para obtener los fondos necesarios para la implementación con el CFI.

Por convenio

La especialización se desarrolla a través de un convenio entre la Universidad Popular de Misiones, dependiente de Gobierno de Misiones, el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones. El financiamiento es compartido entre la provincia y el CFI. La primera cohorte inició sus actividades en Puerto Iguazú el pasado viernes, con 76 inscriptos, y el sábado en Eldorado con 108 estudiantes. Este viernes iniciarán las clases en San Vicente, localidad en la que 115 personas realizaron los trámites de inscripción.

La diplomatura tiene una carga de 270 horas de clases, en un lapso de tres meses, distribuidas en diez horas de clases presenciales, diez de tutorías virtuales y diez de trabajos prácticos de campo cada mes. El objetivo principal de la formación es que los asistentes puedan aprehender, comprender, analizar e incorporar a la vida diaria de las comunidades soluciones basadas en la naturaleza. Así, después, se pueden implementar acciones que favorezcan y fortalezcan los bienes y servicios ambientales de los ecosistemas para lograr un desarrollo sostenible.

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