seguridad en Misiones

El Ministerio de Gobierno proyecta $385.695 millones para 2027 y destinará casi nueve de cada diez pesos a seguridad

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El Ministerio de Gobierno de Misiones proyecta para 2027 un presupuesto de $385.694,6 millones, con la seguridad pública como principal destino de los recursos. La cifra representa un incremento nominal del 11,78% frente a los $345.046,9 millones asignados para el ejercicio anterior.

La presentación se realizó ante la comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes y estuvo encabezada por Daniel Behler, subsecretario de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras. El funcionario reemplazó al ministro Marcelo Pérez, ausente por encontrarse de viaje.

El presupuesto de la cartera equivale al 7,41% de los $5,206 billones previstos en el proyecto general de la Provincia para el próximo ejercicio. En valores absolutos, el incremento interanual será de $40.647,7 millones.

La exposición ratificó que la seguridad continuará como el principal eje financiero y operativo del ministerio. La Policía de Misiones absorberá el 67,97% del presupuesto de la cartera y el Servicio Penitenciario Provincial, otro 20,84%. En conjunto, ambas fuerzas concentrarán el 88,81% de los recursos, prácticamente nueve de cada diez pesos administrados por el organismo.

La Unidad Superior recibirá el 5,92% del presupuesto, mientras que las demás dependencias tendrán participaciones considerablemente menores.

El Registro Provincial de las Personas representará el 1,80%; el Registro de la Propiedad Inmueble, el 0,96%; la Subsecretaría de Protección Civil, el 0,85%; y la Subsecretaría de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras, el 0,56%.

La Dirección General de Catastro concentrará el 0,46%; la Universidad de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Misiones, el 0,29%; Personas Jurídicas y Registro Público, el 0,14%; Asuntos Municipales, el 0,11%; y la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad y Violencia, el 0,10%.

Finalmente, la Subsecretaría de Atención a la Ciudadanía tendrá una participación del 0,01%.

El Ministerio de Gobierno contempla una planta total de 19.182 cargos. De ese universo, 17.802 corresponden al área de seguridad, equivalentes al 92,81%, mientras que los restantes 1.380 puestos, el 7,19%, pertenecen a dependencias administrativas.

La Policía de Misiones dispone de 11.319 cargos, equivalentes al 63,58% del personal de seguridad. El Servicio Penitenciario Provincial cuenta con 4.641 cargos, el 26,07%, y la Universidad de las Fuerzas de Seguridad reúne otros 1.842, equivalentes al 10,35%.

Con esa dotación, Misiones alcanza una relación de 823 policías cada 100.000 habitantes. La presentación utilizó como referencia una proporción de 300 efectivos cada 100.000 habitantes atribuida a las Naciones Unidas, por lo que la cobertura provincial prácticamente triplica ese parámetro.

Behler indicó, además, que se encuentra bajo evaluación la incorporación de nuevo personal para la Policía y el Servicio Penitenciario. La decisión buscaría completar ingresos que habían sido previstos anteriormente y luego postergados.

La Policía de Misiones dispone de una flota operativa de 1.115 vehículos, integrada principalmente por 403 motocicletas, 339 camionetas y 262 automóviles.

La capacidad instalada incluye además 37 cuatriciclos, 35 furgones; 24 autobombas, cinco ómnibus, tres helicópteros; tres grúas, dos minibuses, un camión y una autoescalera.

La continuidad de la renovación de móviles aparece entre las prioridades para 2027, junto con la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas destinadas a mejorar la prevención, la vigilancia territorial y la capacidad de respuesta.

La Provincia proyecta cerrar el año con una red de 5.000 cámaras de seguridad. La mitad está concentrada en la zona metropolitana, integrada por Posadas, Garupá y Candelaria, y las otras 2.500 cámaras estarán distribuidas en el interior.

Implica una cobertura provincial de una cámara cada 640 habitantes. En la zona metropolitana, la relación mejora hasta alcanzar un dispositivo cada 550 habitantes.

El Ministerio también informó que mantiene cuatro drones en operación, con presencia operativa en 25 municipios. El objetivo para el próximo ejercicio será continuar incorporando estas herramientas y ampliar su utilización en tareas de búsqueda, prevención, vigilancia y asistencia durante operativos especiales.

La Universidad de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Misiones cuenta con 615 cadetes en formación activa.

Del total, 325 cursan el primer año, 76 el segundo, 111 el tercero y 103 el cuarto. Durante el actual ciclo egresaron 249 agentes diplomados, quienes podrán incorporarse progresivamente a las estructuras de seguridad.

La formación de nuevos cuadros adquiere relevancia ante la posibilidad de habilitar incorporaciones para cubrir vacantes, reforzar dependencias y completar ingresos que fueron postergados.

Además de la seguridad, Behler repasó las políticas de regularización dominial desarrolladas mediante el programa Mi Título.

El funcionario explicó que la Provincia pasó de concretar entre 500 y 600 regularizaciones anuales a entregar aproximadamente 700 u 800 títulos por año. Si se agregan los permisos de ocupación y otros instrumentos administrativos, el volumen asciende a unas 2.000 soluciones dominiales anuales.

El programa busca otorgar seguridad jurídica a familias asentadas en tierras fiscales o que atraviesan situaciones pendientes de regularización. La obtención del título o del permiso de ocupación también facilita el acceso a servicios, programas habitacionales y mecanismos formales de financiamiento.

Seguridad como prioridad presupuestaria

La estructura del presupuesto evidencia que el funcionamiento de la Policía y del Servicio Penitenciario determinará buena parte de las necesidades financieras del Ministerio de Gobierno en 2027.

El sostenimiento de 17.802 cargos de seguridad, la operación de más de 1.100 vehículos, la formación de 615 cadetes y la expansión de la videovigilancia explican que las dos principales fuerzas absorban casi el 89% de los recursos.

Con un aumento nominal del 11,78%, el ministerio buscará sostener el despliegue territorial, profundizar la incorporación de tecnología, evaluar nuevos ingresos de personal y continuar con las políticas de regularización dominial. El incremento, sin embargo, deberá analizarse posteriormente frente a la inflación prevista para determinar si implica una expansión real o solamente una actualización nominal de las partidas.

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Arjol propone que Misiones adhiera a la ley de narcomenudeo para ampliar las herramientas contra las drogas

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El diputado nacional Martín Arjol presentará este jueves sobre tablas un proyecto para que Misiones adhiera a la Ley Nacional 26.052, conocida como ley de desfederalización del narcomenudeo. La iniciativa apunta a ampliar las competencias provinciales frente a la venta minorista de estupefacientes y generar un esquema de coordinación entre la Justicia, las fuerzas de seguridad y los organismos provinciales vinculados con la prevención y el tratamiento de las adicciones.

El planteo parte de una distinción operativa: mientras la Justicia provincial podría concentrarse en delitos de menor escala vinculados con el narcomenudeo, los organismos y fuerzas federales quedarían con mayor margen para focalizar sus recursos en investigaciones sobre narcotráfico y organizaciones criminales de mayor complejidad.

La adhesión también busca incorporar a Misiones al esquema de recursos previsto por la legislación nacional. Para Arjol, contar con financiamiento específico resulta determinante para fortalecer las capacidades locales y evitar que causas vinculadas con la comercialización minorista de drogas queden sujetas a circuitos que pueden ralentizar la respuesta estatal.

Una respuesta que busca acercar la Justicia al territorio

El proyecto establece al Ministerio de Gobierno de Misiones como autoridad de aplicación y coordinación administrativa para la implementación del régimen, sin afectar las atribuciones constitucionales y legales del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Desde allí se plantea articular el trabajo con la Policía de Misiones, el Servicio Penitenciario Provincial, el organismo encargado de la prevención de adicciones y control de drogas, el Ministerio de Salud Pública y las demás áreas que intervengan en la problemática.

La lógica es territorial. El narcomenudeo no se expresa únicamente en grandes investigaciones de tráfico internacional, sino también en circuitos de comercialización de pequeña escala que impactan directamente sobre barrios y comunidades. En ese nivel, la posibilidad de que la Justicia provincial intervenga sobre determinados delitos permitiría reducir la carga de trabajo que actualmente recae sobre estructuras federales.

El desafío será establecer con precisión los límites entre las competencias provinciales y federales, además de garantizar que la ampliación de atribuciones esté acompañada por recursos, capacitación y coordinación institucional. La desfederalización, por sí sola, no resuelve el problema si no existe capacidad operativa para investigar, judicializar y sostener las intervenciones.

El consumo problemático pone el foco en los jóvenes

El proyecto también coloca como argumento central la dimensión social del problema. Según los datos oficiales mencionados en la presentación, la edad de inicio del consumo se ubica desde los 12 años y la población joven afectada se encuentra en aumento.

En ese contexto, la lucha contra el narcomenudeo aparece vinculada no solamente con la persecución penal, sino también con las políticas de prevención, atención y abordaje del consumo problemático. La participación del Ministerio de Salud Pública dentro del esquema de coordinación propuesto busca incorporar esa dimensión sanitaria a una respuesta que hasta ahora suele quedar concentrada en el eje de seguridad.

El planteo recoge además una demanda que, según sostiene Arjol, aparece en recorridas por distintos barrios de la provincia: vecinos que identifican presuntos puntos de venta de estupefacientes, pero encuentran dificultades para que esas denuncias se traduzcan en respuestas rápidas. La iniciativa pretende reducir esas barreras mediante una estructura provincial con mayores competencias y recursos.

La discusión que comenzará en la Legislatura, por lo tanto, excede la cuestión estrictamente judicial. El punto de fondo será determinar si Misiones puede construir una respuesta más cercana al territorio frente a un fenómeno que combina seguridad, salud pública y prevención, sin superponer funciones con las fuerzas federales ni debilitar la persecución de las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Para la Provincia, adherir a la Ley 26.052 significaría asumir un mayor protagonismo en la persecución del narcomenudeo y, al mismo tiempo, la responsabilidad de convertir esa nueva competencia en capacidad efectiva. El resultado dependerá de que los recursos, la coordinación institucional y la respuesta sanitaria acompañen el cambio de jurisdicción.

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La violencia no frena: un femicidio cada 32 horas en el país y récord en Misiones

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La violencia de género en Misiones dejó de ser una estadística aislada para transformarse en una señal estructural de alarma. Mientras el informe nacional del Observatorio MuMaLa muestra que la provincia registra dos femicidios en el primer cuatrimestre de 2026 y una tasa inferior a la media nacional, los números expuestos por el gobernador Hugo Passalacqua ante la Legislatura revelan una realidad mucho más profunda: durante 2025 hubo más de 31 mil denuncias por violencia, un incremento cercano al seis por ciento respecto al año anterior, con un promedio de 86 denuncias por día y 11 femicidios, el número más alto de los últimos seis años.

El contraste obliga a una lectura más seria. El corte estadístico de MuMaLa muestra una fotografía parcial de enero a abril de 2026, pero el dato político y social relevante está en la tendencia consolidada: Misiones exhibe una presión creciente sobre todo el sistema de prevención, contención y respuesta estatal.

A nivel nacional, MuMaLa registró entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026 un total de 90 femicidios, lo que equivale a un asesinato por razones de género cada 32 horas. De ese total, 67 fueron femicidios directos, hubo tres trans-travesticidios, once feminicidios vinculados al narcotráfico y crimen organizado y cinco suicidios feminicidas. Además, se contabilizaron 356 intentos de femicidio y 61 niños, niñas y adolescentes que quedaron sin madre.

La radiografía nacional mantiene un patrón persistente: el 50 por ciento de los femicidios fue cometido por parejas o exparejas, mientras que el 67 por ciento ocurrió dentro de la vivienda de la víctima o en el hogar compartido. El principal espacio de riesgo sigue siendo el ámbito doméstico.

La tasa nacional se ubicó en 0,4 víctimas cada 100 mil mujeres. Las provincias con mayores índices fueron Santiago del Estero, San Luis, Catamarca y Santa Fe. Buenos Aires concentró la mayor cantidad absoluta con 35 casos, seguida por Santa Fe con 15.

Misiones aparece con dos casos en ese mismo período: un femicidio directo y un trans-travesticidio, con una tasa de 0,3 víctimas cada 100 mil mujeres, por debajo del promedio argentino. Sin embargo, ese número pierde sentido si no se lo conecta con el volumen previo de violencia denunciada.

Passalacqua fue explícito ante la Cámara de Representantes: en 2025 se registraron más de 31 mil denuncias, casi seis por ciento más que en 2024. Son 86 denuncias por día. Además, más del 79 por ciento de las víctimas continúan siendo mujeres. El dato más duro fue otro: Misiones alcanzó en 2025 el mayor número de femicidios de los últimos seis años, con 11 casos.

Ese escenario demuestra que el problema no está solamente en los femicidios consumados, sino en la enorme masa previa de violencia que antecede a esos hechos. La provincia tiene una presión cotidiana sobre juzgados, comisarías, líneas de asistencia, refugios y áreas sociales que exige respuestas mucho más rápidas y coordinadas.

Violencia de Género en Misiones: los datos que alarman

Indicador Dato Análisis
Denuncias en 2025 31.000+ Casi 6% más que en 2024
Promedio diario 86 denuncias por día Presión constante sobre el sistema judicial y social
Víctimas mujeres 79% La violencia sigue afectando principalmente a mujeres
Femicidios 2025 11 El peor registro de los últimos 6 años
Femicidios enero-abril 2026 2 1 femicidio directo y 1 trans-travesticidio
Tasa provincial 2026 0,3 Cada 100 mil mujeres (media nacional: 0,4)

Fuente: Observatorio MuMaLa 2026 + mensaje del gobernador Hugo Passalacqua ante la Legislatura.

El informe de MuMaLa también expone una falla estructural en todo el país: apenas el 10 por ciento de las víctimas había denunciado previamente a su agresor, y de ese grupo, el 75 por ciento ya contaba con una restricción de acercamiento o perimetral. Es decir, incluso cuando el sistema judicial ya había intervenido, muchas veces no logró evitar el desenlace fatal.

En una provincia con 31 mil denuncias anuales, ese dato debería ser el centro de la política pública. No alcanza con recibir denuncias: el desafío real es identificar cuáles representan riesgo letal inmediato y actuar antes de que la violencia escale.

También hay una consecuencia menos visible pero devastadora. En apenas cuatro meses de 2026, 61 niños y adolescentes quedaron sin madre por femicidios en Argentina. Al menos 31 podrían acceder a la Ley Brisa, que prevé reparación económica para hijos de víctimas de violencia letal. Cada femicidio no termina en la víctima directa: deja una cadena de daños familiares, sociales y económicos que se extiende durante años.

La conclusión es incómoda pero inevitable. Misiones no aparece hoy entre las provincias con mayor tasa de femicidios, pero sí está atravesando una emergencia sostenida en violencia de género. Las 86 denuncias diarias y el récord de femicidios de 2025 indican que el problema no está en la excepción, sino en la persistencia.

El verdadero termómetro no debería ser sólo cuántos femicidios se consuman, sino cuántos pudieron evitarse antes de llegar a ese punto.

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Víctor Maj, fue oficializado como nuevo subsecretario de Seguridad y Justicia

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El Gobierno de Misiones oficializó la designación de Víctor Eduardo Maj como nuevo subsecretario de Seguridad y Justicia, cargo que depende del Ministerio de Gobierno. Maj reemplazará en el cargo a Milton Astroza.

La medida fue formalizada mediante un decreto firmado por el gobernador Hugo Passalacqua, en el que se establece que Maj reúne las condiciones necesarias para asumir las funciones dentro de la estructura estatal.

Según el instrumento legal, el nombramiento rige desde la fecha del decreto y se encuadra en la Jurisdicción 03 – Ministerio de Gobierno, dentro de la Unidad de Organización 01 (Unidad Superior). Asimismo, el decreto dispone que la medida sea refrendada por el titular de la cartera de Gobierno.

La designación se enmarca en la necesidad de cubrir un cargo clave dentro del esquema de seguridad y justicia provincial, en un contexto donde la articulación institucional y la gestión del orden público aparecen como ejes centrales de la agenda.

El documento también instruye a los organismos correspondientes -entre ellos la Dirección General de Coordinación del Sector Público, la Contaduría General y el Instituto de Previsión Social- a tomar conocimiento y ejecutar las acciones administrativas derivadas.

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