seguridad jurídica

Mi Título: Misiones otorgó 121 documentos y ya superó los 3.000 trámites en dos años

Compartí esta noticia !

Passalacqua entregó 121 instrumentos de regularización dominial en Azara y Concepción, avance territorial del programa Mi Título en un contexto nacional crítico

En un escenario económico y social marcado por la incertidumbre, el Gobierno de Misiones profundizó su política de seguridad jurídica territorial: el gobernador Hugo Passalacqua entregó 121 documentos de regularización dominial en Azara y Concepción de la Sierra, como parte del programa Mi Título. La iniciativa ya distribuyó más de 3.000 instrumentos en los últimos dos años y se consolida como una herramienta estratégica para garantizar propiedad, acceso al crédito y desarrollo local.

Un Estado presente: 121 documentos para brindar seguridad jurídica y estabilidad familiar

En un acto realizado en el playón del barrio San Antonio de Azara, el gobernador Hugo Passalacqua encabezó la entrega de 121 instrumentos de regularización de tierras, distribuidos entre 9 títulos de propiedad y 112 permisos de ocupación destinados a familias de Azara y Concepción de la Sierra. El operativo se realizó bajo el paraguas del programa Mi Título, impulsado por la Subsecretaría de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras, que en los últimos dos años superó los 3.000 documentos entregados en toda la provincia.

Passalacqua subrayó que la iniciativa responde a una necesidad histórica: agilizar los procesos de formalización de la tenencia de la tierra. “Al entregar un título, es como si una familia pasara de ser suplente a titular en su propio hogar”, afirmó. Además remarcó que la regularización dominial implica certeza, tranquilidad y proyección para las generaciones futuras: “Es un documento que fortalece ese espacio como propiedad familiar para ustedes, sus hijos y las generaciones que vendrán”.

El mandatario también vinculó la política territorial con el clima social y espiritual del momento: “En estos días previos a la Navidad, cada familia vuelve a su hogar con un papel que convierte ese lugar en suyo para siempre”.

Un programa en expansión: procesos, actores y territorialidad en marcha

El subsecretario de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras, Daniel Behler, explicó que Mi Título nació para agilizar trámites que históricamente demoraban años. El permiso de ocupación, recordó, “es el primer paso” hacia el título definitivo y exige persistencia administrativa: “Nuestra función es facilitar, no obstaculizar”.

Los municipios beneficiados avanzan en procesos específicos. En Azara, donde se concentra la mayor cantidad de documentos entregados, los trabajos se realizan en los lotes 248, 249 y 250, además de la zona turística Puerto Mauri, ubicada a 7 km del casco urbano y habitada por familias que residen en terrenos fiscales desde hace décadas.

El intendente de Azara, Rodolfo Kuinaschuk, destacó que la regularización dominial “es el mejor respaldo que puede tener una familia sobre su terreno” y agradeció el acompañamiento permanente del Gobierno provincial.

Uno de los vecinos beneficiados, Pablo Didolich, sintetizó la espera acumulada detrás de cada trámite: “En mi caso, son cerca de 40 años esperando. Hoy tenemos un documento que nos da una gran satisfacción”.

Seguridad jurídica, acceso al crédito y desarrollo local

El proceso de regularización dominial tiene efectos directos en la economía familiar y en la planificación territorial de los municipios. Con un título o un permiso de ocupación en regla, las familias pueden: acceder a créditos bancarios y programas de financiamiento, invertir en mejoras habitacionales, obtener infraestructura formal, y consolidar emprendimientos rurales o turísticos.

En términos macro, la regularización fortalece la recaudación municipal, ordena el uso del suelo, permite planificar servicios esenciales y contribuye a la formalización del patrimonio familiar, un factor crítico en contextos de inflación y pérdida de poder adquisitivo.

La política provincial se articula además con el Programa de Regularización Dominial del IPRODHA, que complementa los procesos técnicos y registrales para avanzar hacia títulos plenos.

Del acto también participaron el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez; el intendente de Concepción de la Sierra, Hugo Humeniuk; y el director de Tierras de Misiones, Rubén Sales.

Compartí esta noticia !

Institutos privados de Misiones mantendrán el régimen provincial de aranceles educativos

Compartí esta noticia !

La Asociación de Institutos Privados de Educación de Misiones (AIPEM) emitió un comunicado oficial para aclarar que el reciente Decreto Nacional 787/2025 —que deroga una norma de 1993 sobre aranceles educativos— no tiene aplicación práctica ni jurídica en la provincia. La entidad recordó que la regulación de los aranceles escolares en Misiones es una competencia exclusiva del ámbito provincial, garantizada por su legislación específica y por la Constitución Nacional.

Clarificación institucional y previsibilidad jurídica

En respuesta a las consultas surgidas tras la publicación del Decreto Nacional N.º 787/2025, la Asociación de Institutos Privados de Educación de Misiones (AIPEM) difundió un comunicado en el que reafirma la inaplicabilidad de la medida nacional en el territorio provincial.

La norma firmada por el Poder Ejecutivo Nacional deroga el Decreto N.º 2417/1993, que regulaba la comunicación y autorización de aranceles de los establecimientos educativos de gestión privada en todo el país. Sin embargo, según explicó AIPEM, la disposición “no altera ni modifica el régimen jurídico vigente en Misiones”, dado que la materia arancelaria educativa es competencia exclusiva de la provincia.

“El Decreto Nacional 787/2025 no tiene aplicación práctica ni jurídica en el ámbito de la Provincia de Misiones en lo que respecta a la fijación de aranceles”, señala el documento institucional.

El comunicado enfatiza que todas las resoluciones y disposiciones emitidas por la autoridad educativa provincial —en particular las del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM)— mantienen plena vigencia y eficacia jurídica. Por lo tanto, los institutos deben continuar realizando las gestiones de aprobación y comunicación de aranceles por los canales y procedimientos habituales, sin invocar la norma nacional como fundamento.

Fundamentos constitucionales y normativos

AIPEM recordó que la Constitución Nacional, en sus artículos 121 y 122, establece que las provincias conservan todo el poder no delegado al Gobierno Federal, entre ellos la organización y regulación de los sistemas educativos.

Esa autonomía se consolidó con la Ley Nacional N.º 24.049, que transfirió a las provincias la administración y supervisión de los servicios educativos nacionales, incluidos los establecimientos privados reconocidos.

En el caso de Misiones, la competencia se ejerce mediante la Ley VI-46 (ex Ley 2987), que creó el SPEPM y le atribuyó la facultad de determinar, autorizar y controlar los aranceles de los institutos privados, tanto con aporte estatal como sin él.

“Dado que la materia arancelaria está plenamente regulada por una ley provincial específica, cualquier norma administrativa nacional sobre el tema no es aplicable”, subraya AIPEM en su comunicado.

En su articulado, la Ley VI-46 (arts. 53 a 58) establece que el SPEPM debe reglamentar los montos de los aranceles considerando el aporte estatal, las condiciones socioeconómicas y las características institucionales de cada establecimiento. También dispone que los aranceles solo pueden percibirse durante el período lectivo, precisando qué conceptos integran su definición.

Este marco normativo confiere seguridad jurídica y previsibilidad tanto a las instituciones educativas como a las familias, evitando interpretaciones erróneas sobre el alcance de decisiones tomadas a nivel nacional.

Continuidad institucional y responsabilidad sectorial

AIPEM reafirmó que las instituciones privadas de Misiones deben ajustarse exclusivamente a las disposiciones del SPEPM en materia arancelaria. Por lo tanto:

  • Las resoluciones provinciales sobre bandas arancelarias, topes de incremento y procedimientos de autorización continúan plenamente vigentes.
  • Las escuelas privadas deben abstenerse de aplicar aumentos invocando el Decreto Nacional 787/2025 como habilitante directo.
  • Toda comunicación o modificación de cuotas debe realizarse a través de los canales administrativos ordinarios ante la autoridad jurisdiccional competente.

Finalmente, la entidad subrayó su compromiso institucional con el respeto al marco legal y la transparencia administrativa:

“AIPEM reafirma su compromiso con el estricto cumplimiento del marco legal que rige el sistema educativo en Misiones, brindando previsibilidad y seguridad jurídica a nuestras instituciones y a las familias que nos eligen.”

El pronunciamiento contribuye a despejar incertidumbres en el sector educativo y refuerza el principio de autonomía provincial, consolidando la gobernanza educativa de Misiones en un contexto nacional de cambios normativos.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin