El ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, participó en Entre Ríos, de la II Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior junto a ministros de todo el país.
El encuentro, en el que Misiones dijo presente con la participación del ministro, fue encabezado por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.
Durante la jornada, compartimos información, experiencias y estrategias clave para optimizar las investigaciones, coordinar la prevención y actuar con mayor rapidez frente al delito. El objetivo central es consolidar el trabajo articulado entre la Nación, las provincias y los organismos internacionales.
La agenda de trabajo se centró en la detección e investigación de ciberfraude y ciberdelitos. Investigación criminal e interoperabilidad de sistemas y control de precursores químicos.
Otro de los ejes fundamentales fue el avance en materia migratoria y el funcionamiento del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), una herramienta clave que conecta las bases de datos de seguridad de todo el país, agilizando el intercambio de información y haciendo más eficientes las investigaciones.
La Policía de Misiones fue nuevamente reconocida por el Ministerio de Seguridad de la Nación por su contribución al Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), un logro que la fuerza provincial alcanza por tercer año consecutivo y que ratifica el posicionamiento de la provincia entre las jurisdicciones con mejores indicadores de seguridad del país.
La distinción destaca la calidad, consistencia y oportunidad de la información criminal aportada por Misiones al sistema nacional, una herramienta clave para el diseño de políticas públicas, la planificación operativa y la evaluación de estrategias de prevención del delito en todo el territorio argentino.
El reconocimiento cobra especial relevancia porque los datos correspondientes a 2025 ubicaron a Misiones entre las provincias con mejores índices de seguridad del país, consolidando una tendencia sostenida en los últimos años y reforzando la percepción de la provincia como una de las más seguras de la Argentina.
Desde la fuerza provincial explicaron que estos resultados son consecuencia de un proceso continuo de modernización institucional. La estrategia se apoyó en el fortalecimiento de las 15 Unidades Regionales, la incorporación de nuevas tecnologías de monitoreo y análisis criminal, el desarrollo del Departamento Sistema de Información Georreferenciada y Estadística Oportuna, y la optimización de los recursos humanos y logísticos destinados a la prevención y el esclarecimiento de delitos.
La generación de estadísticas confiables se convirtió en uno de los pilares de la gestión de seguridad. La información georreferenciada permite identificar patrones delictivos, anticipar situaciones de riesgo y asignar recursos de manera más eficiente, mejorando la capacidad de respuesta de la fuerza y fortaleciendo la toma de decisiones basada en evidencia.
El aporte realizado por Misiones también tuvo impacto a nivel internacional. Según se informó, la calidad de los registros remitidos al Sistema Nacional de Información Criminal contribuyó a que la Argentina obtuviera en 2026 la Calificación Estadística “A”, la máxima distinción otorgada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en materia de calidad y confiabilidad de datos criminales.
La evaluación de Naciones Unidas mide aspectos como la cobertura, consistencia, periodicidad y precisión de la información que los países reportan sobre criminalidad y seguridad pública. Alcanzar la categoría más alta implica que las estadísticas argentinas cumplen con los estándares internacionales exigidos para la formulación de políticas de seguridad y cooperación internacional.
Para Misiones, el reconocimiento representa una validación del modelo de gestión que combina inversión tecnológica, profesionalización de los recursos humanos y producción de inteligencia criminal basada en datos. La reiteración de la distinción por tercer año consecutivo refleja además la consolidación de un sistema que trasciende coyunturas y se sostiene sobre procesos institucionales estables.
En un contexto donde la seguridad pública ocupa un lugar central en la agenda ciudadana, la provincia logra posicionarse nuevamente como referencia nacional en materia de gestión de información criminal, prevención y planificación estratégica, aportando herramientas que fortalecen tanto la seguridad local como el sistema estadístico argentino en su conjunto.
En un contexto donde la seguridad pública y la inclusión social suelen abordarse como agendas separadas, Misiones busca consolidar una estrategia que vincula ambas dimensiones a través de políticas de reinserción para personas privadas de la libertad. El gobernador Hugo Passalacqua recibió este martes a representantes de las fundaciones Espartanos y Tackleando Muros, organizaciones que trabajan en programas de formación, acompañamiento e inserción sociolaboral dentro del sistema penitenciario, y respaldó la firma de un convenio de cooperación con la Fundación Misionera GAIA para ampliar estas iniciativas en la provincia.
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, recibió este martes a representantes de Fundación Tackleando Muros y Fundación Espartanos, quienes visitan la provincia en el marco de la firma de un convenio de cooperación junto a la Fundación Misionera GAIA destinado a fortalecer programas de acompañamiento integral, formación, educación e inserción sociolaboral para personas privadas de su libertad.
Durante el encuentro, los referentes compartieron con el mandatario los resultados alcanzados por los programas implementados en Misiones y destacaron el impacto positivo que generan en las personas participantes, sus familias y comunidades, favoreciendo procesos de inclusión social y contribuyendo a disminuir los índices de reincidencia. Asimismo, señalaron que el objetivo es continuar ampliando el alcance de estas iniciativas en la provincia y consolidar nuevas oportunidades para quienes transitan procesos de reinserción.
Los representantes de Espartanos comentaron además al Gobernador sobre la serie audiovisual inspirada en la experiencia de su cofundador, Eduardo Oderigo, que permitió visibilizar el modelo de transformación social impulsado por la organización. Entre las historias retratadas se encuentra la de un interno del Complejo Penitenciario III de Eldorado que permaneció durante seis años sin hablar con otras personas y que, a partir de su incorporación al equipo de rugby, logró reconstruir vínculos, expresarse y encontrar una nueva forma de relacionarse con su entorno.
Durante la reunión, Passalacqua manifestó su predisposición a continuar acompañando estas iniciativas y destacó el compromiso de quienes las llevan adelante. “Es hermoso lo que hacen”, expresó el mandatario, al tiempo que consideró que se trata de una tarea “fantástica y muy atrevida”. Asimismo, valoró especialmente el esfuerzo que implica impulsar este tipo de experiencias desde el interior del país, donde muchas veces “las cosas cuestan el doble”.
Posteriormente, durante la firma de convenio en la Subsecretaría de Prensa, el ministro coordinador de Gabinete de Misiones, Carlos Sartori, destacó que estas iniciativas reúnen a personas comprometidas con quienes más necesitan contención, cercanía y oportunidades para reconstruir sus proyectos de vida. En ese sentido, sostuvo que el acompañamiento del Gobernador a este tipo de propuestas responde a una convicción sostenida por su gestión: “Estar cerca de cada ciudadano, sobre todo de quienes atraviesan situaciones complejas y en este caso, que se encuentran cumpliendo una condena”.
Asimismo, subrayó que la reinserción social requiere del trabajo articulado entre el Estado y la sociedad civil y valoró especialmente el compromiso voluntario de las organizaciones que acompañan a las personas privadas de la libertad en su preparación para el regreso a la comunidad. “La presencia de distintas organizaciones hace posible una inserción adecuada, brindando herramientas y mostrando nuevas oportunidades de vida”, afirmó.
Una alianza para consolidad segundas oportunidades
Con el acompañamiento del Gobierno de Misiones, representantes de Fundación Misionera GAIA, Fundación Tackleando Muros y Fundación Espartanos suscribieron un convenio de cooperación destinado a fortalecer programas de acompañamiento integral, formación educativa, capacitación laboral y generación de herramientas que permitan construir nuevos proyectos de vida para personas en contextos de vulnerabilidad y encierro.
La firma del acuerdo forma parte de las actividades que Fundación Espartanos y Tackleando Muros desarrollan en Misiones en el marco de la 5° Convención Espartana, prevista para los días 15, 16 y 17 de octubre en Eldorado. La agenda comenzó este martes con una charla abierta en el Salón del IMiBio, donde Eduardo “Coco” Oderigo compartió la experiencia y los resultados alcanzados por el modelo Espartanos, reconocido por registrar índices de reincidencia inferiores al 5 %. Las actividades continuarán los días 24 y 25 de junio con recorridas por unidades penitenciarias de mujeres y menores, además de reuniones de trabajo en Eldorado destinadas a coordinar la recepción de más de 120 voluntarios que participarán del encuentro.
El presidente de Fundación Tackleando Muros, Ignacio Schwelm, destacó la importancia de que Eldorado haya sido elegida como sede de la Convención Espartana y remarcó que el principal objetivo del programa es reducir la reincidencia mediante estrategias de inclusión que fortalezcan la seguridad de las comunidades.
Por su parte, Eduardo “Coco” Oderigo recordó que Misiones fue una de las primeras provincias en adherir al modelo hace diez años y destacó el trabajo sostenido junto a Tackleando Muros. Señaló además que el equipo Los Toros, del Complejo Penitenciario III de Eldorado, registra índices de reincidencia inferiores al 4 %. “Espartanos nace con la idea de hacer algo en las cárceles para bajar el índice de reincidencia y, en ese punto, se logró que 137 empresas se animaran a dar trabajo a personas que estuvieron privadas de su libertad”, afirmó.
En tanto, la presidenta de la Fundación Misionera GAIA, Agostina Zuccarino, repasó las experiencias desarrolladas junto al Servicio Penitenciario Provincial a través del programa Invictus y destacó el proyecto textil “Menos y Más”, mediante el cual mujeres privadas de su libertad acceden a formación profesional y oportunidades de inserción laboral. Además, compartió casos de participantes que lograron incorporarse al mercado de trabajo gracias a las herramientas adquiridas durante su capacitación, señalando que estas experiencias demuestran que las segundas oportunidades son posibles cuando existen acompañamiento y oportunidades.
El Servicio Penitenciario y una década de experiencias de reinserción en Misiones
En Misiones, uno de los antecedentes más importantes de este modelo es el equipo de rugby Los Toros, que funciona desde hace diez años en el Complejo Penitenciario III de Eldorado. Integrado por personas privadas de su libertad, combina la práctica deportiva con instancias de capacitación y reinserción social, con el acompañamiento de profesores de educación física pertenecientes al Servicio Penitenciario Provincial. A esta experiencia se suma el equipo Los Tigres, que desarrolla actividades similares en la Unidad Penal II de Oberá.
La directora del Servicio Penitenciario Provincial, Valeria Mereles, destacó el rol de la institución como una herramienta al servicio de los procesos de transformación y reinserción social. “Cada uno de nosotros piensa en esa persona que vuelve a la sociedad y sigue siendo un vecino o un compañero de vida”, expresó, al remarcar que la reinserción es una tarea colectiva que requiere esfuerzo, articulación y compromiso de todos los actores.
Durante la conferencia de prensa y firma del convenio estuvieron también el entrenador de Tackleando Muros, Mariano Hernando, el secretario de la misma institución, Patricio Flores y la subsecretaria de Coordinación y Monitoreo Social, Cinthia Carolina Petcoff.
La nueva Ley 27.805 habilita un régimen excepcional de regularización para armas de uso civil y uso civil condicional que se encuentren sin registrar o con documentación irregular. El proceso estará vigente durante 360 días y exime de sanciones penales y administrativas a quienes se presenten voluntariamente ante la ANMAC. La medida busca ampliar la trazabilidad del armamento en circulación y fortalecer los mecanismos de control estatal.
Con la promulgación de la Ley 27.805, el Estado nacional puso en marcha una nueva estrategia para reducir el universo de armas fuera del sistema registral. La norma permite que personas que posean armas de fuego de manera irregular puedan declararlas y regularizar su situación ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), sin enfrentar consecuencias penales por la tenencia previa, siempre que no exista una imputación judicial al momento de iniciar el trámite.
La iniciativa combina dos objetivos que suelen aparecer en tensión dentro de la política pública: ampliar los controles sobre el armamento existente y facilitar la incorporación voluntaria de armas al circuito legal. Para lograrlo, el Congreso habilitó un plazo extraordinario de 360 días desde la entrada en vigencia de la ley.
Más trazabilidad y mejor información para el Estado
Desde una perspectiva institucional, el principal activo de la medida es la generación de información.
Argentina cuenta con un sistema de registración administrado por la ANMAC, pero una parte del armamento existente quedó fuera de los registros por herencias, transferencias informales, documentación vencida o trámites inconclusos. La nueva ley apunta precisamente sobre ese segmento.
Cada arma regularizada deberá superar verificaciones técnicas y registrales antes de ser incorporada al Banco Nacional Informatizado de Datos. El procedimiento permitirá al Estado conocer con mayor precisión qué armas circulan, quiénes las poseen y en qué condiciones se encuentran.
Para organismos de seguridad, jueces y fiscales, la trazabilidad constituye una herramienta central porque mejora la capacidad de seguimiento de materiales controlados y reduce las zonas grises asociadas a la tenencia informal.
Un esquema de incentivo basado en la exención de sanciones
El núcleo operativo de la norma es la suspensión de consecuencias penales y administrativas para quienes se presenten voluntariamente.
La ley establece que las personas que posean armas no registradas o con registraciones irregulares podrán iniciar el proceso sin ser alcanzadas por las sanciones previstas para la tenencia ilegal contempladas en el artículo 189 bis del Código Penal, siempre que no exista una causa judicial en trámite vinculada con ese material.
El diseño responde a una lógica utilizada en distintos procesos de regularización: ofrecer incentivos para que los poseedores se incorporen al sistema en lugar de permanecer fuera de él.
Para quienes no reúnan la condición de legítimo usuario, la normativa exige además iniciar simultáneamente los trámites correspondientes para obtener la habilitación legal.
Aunque el debate suele concentrarse en cuestiones de seguridad, la medida también tiene derivaciones sobre el sector regulado de armas y materiales controlados.
La ampliación del universo de usuarios registrados fortalece el mercado formal de servicios vinculados a verificaciones, trámites administrativos, renovación de credenciales y regularización documental.
Además, la incorporación de armamento al sistema legal incrementa la capacidad de fiscalización sobre transferencias futuras, un aspecto que resulta relevante para fabricantes, comerciantes y usuarios habilitados que operan dentro de los marcos regulatorios vigentes.
Continúa el programa de entrega voluntaria
La ley no se limita a la regularización. También extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 la vigencia del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.
La ANMAC tendrá la obligación de informar a cada solicitante sobre los riesgos asociados a la tenencia de armas y sobre las alternativas existentes para su entrega voluntaria y anónima.
El esquema genera dos caminos posibles: regularizar el arma o retirarla definitivamente de circulación mediante los mecanismos ya previstos por el programa nacional.
Una señal sobre la política de control de materiales
La norma delega en la ANMAC la reglamentación técnica del procedimiento y el diseño de campañas de difusión destinadas a informar a la población sobre los alcances del régimen.
Para los tomadores de decisión, el indicador relevante no será la sanción de la ley sino su nivel de adhesión. Cuantas más armas ingresen al registro oficial, mayor será la capacidad estatal para administrar riesgos, controlar transferencias y mejorar la calidad de la información disponible sobre materiales controlados.
Aspectos clave de la ley
360 días para regularizar armas de uso civil o uso civil condicional no registradas.
Exención de sanciones penales y administrativas para quienes se presenten voluntariamente.
Incorporación obligatoria al sistema registral de la ANMAC.
Verificaciones técnicas y documentales previas a la registración.
Prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas hasta el 31 de diciembre de 2027.
Campañas obligatorias de información y concientización a cargo de la ANMAC.
La variable que habrá que seguir de cerca durante los próximos meses es la cantidad de armas que efectivamente ingresen al sistema. El éxito de la iniciativa dependerá menos de la norma en sí que de su capacidad para transformar armamento informal en armamento identificado, trazable y sujeto a control estatal.
La desaparición de una persona activa una carrera contra el tiempo. En los casos de mujeres, niñas y adolescentes, las primeras horas suelen definir el desenlace. Sobre esa premisa se apoya el proyecto de ley que presentó la diputada Anazul Centeno a a la Cámara de Representantes para crear el Sistema Provincial de Alerta Urgente para la Búsqueda de Mujeres, Niñas y Adolescentes Desaparecidas, denominado “Alerta Dulce María”.
La iniciativa busca institucionalizar un protocolo de reacción inmediata. Sin demoras. Sin períodos de espera. Con difusión masiva desde el momento de la denuncia. El objetivo: maximizar las posibilidades de localización y reducir los riesgos asociados a violencia de género, trata de personas, explotación sexual o femicidios.
El proyecto establece que la denuncia deberá activar de forma automática los mecanismos de búsqueda. La norma prohíbe cualquier criterio temporal de espera antes de iniciar acciones de localización. También incorpora principios de debida diligencia reforzada, perspectiva de género, interés superior de la niñez y protección integral de derechos.
La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Gobierno. Tendría facultades para coordinar la difusión simultánea de fotografías y datos esenciales mediante medios de comunicación, redes sociales, telefonía móvil, plataformas digitales y cartelería pública. El texto prevé convenios con empresas tecnológicas para automatizar alertas geolocalizadas en zonas donde se presuma la desaparición.
Uno de los aspectos centrales es la rapidez. La alerta deberá resolverse en un plazo máximo de dos horas desde la radicación de la denuncia. En el caso de niñas y adolescentes, la activación será automática cuando existan condiciones de riesgo. Además, el sistema podrá complementarse con mecanismos nacionales ya vigentes.
La propuesta define varios criterios de activación. Antecedentes de violencia. Amenazas previas. Sospechas de captación mediante redes sociales. Posibles situaciones de trata. Condiciones de vulnerabilidad agravada. También cualquier circunstancia que permita presumir peligro para la vida o integridad de la persona buscada.
El proyecto crea además una Mesa Provincial de Coordinación Interinstitucional. Estará integrada por la Policía de Misiones, el Poder Judicial, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Derechos Humanos, el Ministerio de Salud Pública, la Línea 137 y la Subsecretaría de la Mujer. Su función será eliminar barreras burocráticas y unificar estrategias de búsqueda.
Otro componente relevante es la creación de un Registro Provincial Automatizado. La herramienta permitirá relevar estadísticas, detectar patrones delictivos, identificar zonas de riesgo y evaluar la eficacia del sistema. Parte de esa información será pública, aunque preservando los datos sensibles de las víctimas.
El antecedente que impulsó la iniciativa
El proyecto toma su nombre de Dulce María Beatriz Candia. Su desaparición y posterior desenlace trágico conmocionaron a Misiones. El caso expuso limitaciones en los mecanismos de reacción temprana y reabrió el debate sobre la necesidad de fortalecer herramientas específicas para búsquedas urgentes con perspectiva de género.
Los fundamentos remarcan que la propuesta no pretende reemplazar a la Alerta Sofía. Busca complementarla. La diferencia radica en el foco. Mientras el sistema nacional está orientado a niñas, niños y adolescentes en situaciones de alto riesgo, la Alerta Dulce María incorpora variables vinculadas a violencia de género, captación, explotación sexual y trata de personas.
La iniciativa llega en un contexto de creciente preocupación por los casos de violencia extrema contra mujeres. Según datos citados en los fundamentos, Argentina registró 262 víctimas fatales de violencia de género durante 2025. Una cada 33 horas. Misiones figuró entre las provincias con mayores tasas relativas, con 14 femicidios reportados durante ese año.
El proyecto propone una respuesta institucional basada en la inmediatez, la coordinación y el uso intensivo de tecnología. La discusión legislativa pondrá en debate hasta dónde puede llegar la capacidad estatal para intervenir durante las primeras horas de una desaparición. Un terreno donde, muchas veces, cada minuto cuenta.
