Seguridad

La tecnología, conocimientos y estructura de la Policía de Misiones, a disposición de las fuerzas federales

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El ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, encabezó una reunión conjunta entre representes de las fuerzas federales y la Policía de Misiones, con el objetivo de mantener y profundizar el intercambio de información, aunando y complementando esfuerzos para combatir, en conjunto y cada vez más coordinadamente, el crimen.

En el encuentro, que se desarrolló en la sala de situación del Centro Integral de Operaciones, se puso disposición de las fuerzas federales, la tecnología de última generación, los conocimientos y la estructura de la Policía de Misiones.

“La tecnología que tenemos está disponible para todas las fuerzas federales en nuestro territorio, el objetivo es seguir trabajando de una manera más compacta”, destacó el titular de la cartera de Gobierno.

Participaron de la reunión, representantes de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal Argentina; el subsecretario de Seguridad y Justicia, Ariel Marinoni; el jefe de la Policía de Misiones, Sandro Martínez; el subjefe Marcos David López Asencio y el director general de Seguridad, Raúl David Maslowski.

“La  idea no es pisar a nadie, es complementar el trabajo de las fuerzas federales, tener un nexo directo, compartir información fluida. La gente necesita una respuesta, no importa de cuál sea la fuerza”, sostuvo el jefe de la Policía, Sandro Martínez.

Durante la reunión, se planificaron y coordinaron acciones en el territorio provincial, como así también los instrumentos de soporte logístico, de comunicación, de investigación criminal, información, con el propósito de cuidar a los misioneros.

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El Gobierno quiere que militares actúen en seguridad interior y cárcel para piqueteros

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A tres días de un nuevo aniversario del último golpe de Estado, los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) anunciaron un proyecto para modificación de la Ley de Seguridad Interior para modificar el rol de las Fuerzas Armadas y que puedan intervenir en conflictos de seguridad interior, algo taxativamente vedado tras la experiencia de la última dictadura militar. En paralelo, también se incluyen penas de prisión para los organizadores de piquetes y bloqueos. 

Según había adelantado el vocero presidencial, Manuel Adorni, el mencionado paquete de leyes a modificar o enviar al Congreso para su aprobación incluye “legítima defensa y atentado a la autoridad, ley de ADN para delitos, ley contra organizaciones criminales, y penas contra organizadores de piquetes y bloqueos”. El paquete, de acuerdo informó Bullrich, será enviado al Parlamento la semana que viene.

En cuanto a Seguridad Interior,  Petri señaló que “estamos impulsando en el Congreso Nacional una nueva legislación para que tengamos alternativas para que las Fuerzas Armadas, ante determinados supuestos muy específicos, puedan realizar un mayor apoyo a las tareas de seguridad interior”.

No es para delitos comunes”, señaló Petri, y explicó que podría intervenir “solo si el Comité de Crisis define que existen actos terrorista y con la anuencia del gobernador de la provincia donde se pueda actuar”.

Sobre las leyes para el área de Seguridad, estas modificaciones ya habían sido presentadas en la Ley Ómnibus, que el oficialismo presentó al inicio de la gestión pero no logró motorizar en el Congreso. Por ello, desde Casa Rosada decidieron avanzar de nuevo con estas iniciativas, pera esta vez en un paquete mucho más acotado.

De manera puntual, y con relación a las manifestaciones, marchas y piquetes, se buscará modificar el artículo 194 del Código Penal, que amplía las acciones tipificadas para especificar que la pena para quienes “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas” será de uno a tres años y seis meses de prisión.

Durante su presentación, Bullrich detalló otras modificaciones para enviar al Parlamento, como la creación de la ley Antimafia o contra organizaciones criminales. “El hecho individual no es lo que determina la pena, sino aquellos que participan de una organización y que son los que cometen distinto tipo de delitos encadenados para el objetivo que tiene esa organización criminal”, señaló la ministra.

Y amplió: “¿Qué significa organización criminal? Es una organización que tiene en vilo a una zona o a un barrio y allí ya no rigen las leyes de la nación, sino las leyes de este grupo narco o lo que fuera”.

También detalló la modificación en el registro de ADN. “Hoy en Argentina funciona para los condenados por delitos sexuales. (Ahora) Cada uno de los delincuentes que entren en una dependencia policial, que comience con una imputación, se le va a hacer una prueba de ADN y va a estar en un sistema que nos ha donado el FBI. No solo sirve para imputar, sino para desvincular a personas inocentes de una investigación”, aclaró.

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Seguridad: fuerte caída en la denuncia de delitos contra la propiedad en Misiones

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Entre el 1 de enero y el 13 de marzo de 2023 hubo en Misiones 8585 denuncias por delitos contra la propiedad. En el mismo período de este año, se registraron 4092 denuncias, con una sensible baja del 52 por ciento.

También hubo una marcada mejora en el trabajo policial en el esclarecimiento de los hechos. En el primer trimestre de 2023 hubo 808 hechos esclarecidos, mientras que ahora fueron 1321, lo que implica una mejora del 63 por ciento. 

En todo 2023 hubo 269 operativos antidrogas, mientras que en lo que va del año, según los datos de la Policía de Misiones, ya se hicieron 36, lo que permitió superar el récord de decomiso de cocaína, con 6,5 kilos, contra 5 del año pasado.

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Seguridad transfronteriza: Misiones y el sur de Brasil trabajarán en conjunto contra el delito

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 La Policía de Misiones puso en funcionamiento la Brigada de Inteligencia Criminal de Frontera que trabajará en forma colaborativa y cooperativa con la fuerza de seguridad de Brasil, parte de un convenio con los estados de Santa Catarina y Río Grande do Sul, para combatir el delito transnacional y el crimen organizado. 

“Tenemos una amplia frontera por cubrir, en la que muchas veces las fuerzas federales no dan abasto, es por ello que este grupo especial, apostado en las ocho unidades regionales que tienen frontera con Brasil, se dedicará a reunir la mayor cantidad de información para obtener una base de datos en conjunto y de esta manera desplegar procedimientos y operativos de prevención en la provincia”, detalló el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez. 

El delito transnacional se complejiza cada vez más. Ante la necesidad, la política de seguridad del Gobierno de Misiones es poner a disposición la capacidad y conocimiento de los expertos de la estrategia que tiene la Policía de Misiones en el terreno, para brindar mayor presencia en el área de frontera, donde ha crecido el delito.

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Comisión de Prevención de la Tortura presentó en la Legislatura su informe 2023

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Fue en la asamblea anual del Consejo Consultivo del Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que tuvo lugar en el Salón de las Dos Constituciones.  El presidente de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, Eduardo Scherer, recordó que ese organismo fue creado por ley “a instancias del ingeniero Carlos Rovira en el año 2016”.

“Tenemos la obligación legal de hacer la presentación del informe público anual de nuestra gestión, para que podamos exponer nuestro trabajo y recibir sugerencias, recomendaciones y propuestas a nuestra función, para saber de qué manera podemos mejorar la calidad del trabajo, redireccionar algunas cuestiones, profundizar o desacelerar otras”, expresó Scherer.

“Lo importante es hacer una mesa institucional donde podamos sacar conceptos en conjunto que se traduzcan en una mejor oportunidad de trabajo de nuestra comisión”, afirmó. Y destacó “el trabajo de todos los comisionados del control y monitoreo permanente y constante en todos los espacios de restricción de libertad”.

En cuanto al balance 2023, precisó que efectuaron más de 400 visitas durante el año. “La prevención se hace con la presencia de los funcionarios”, afirmó, y agregó que han “logrado bajar considerablemente los índices de conflictividad, se incrementaron las visitas y bajó la detección de malos tratos, informes negativos y denuncias, y se van resolviendo otras cuestiones que se tratan con todas las autoridades que tienen la potestad y decisión política de transformar la realidad”.

Explicó que la Comisión está integrada por representantes del Bloque Renovador de la Concordia Social y de la primera minoría de la Cámara de Representantes, uno del Poder Ejecutivo y tres de organizaciones no gubernamentales con marcada trayectoria en derechos humanos.

Cada miembro desarrolla su trabajo en distintos sectores, de acuerdo con facultades y atribuciones, algunos en la comunidad Mbya Guaraní, otros con adultos mayores, con cuestiones de salud mental, unidades penales, comisarías y participación de la Justicia del fuero penal en todas estas cuestiones, agregó.

En la primera parte del informe 2023 se presentó la gestión operativa y el registro histórico actualizado de denuncias penales presentadas por la Comisión. En la segunda se expusieron cuestiones específicas relacionadas con los lugares de detención. En la tercera, informes específicos y en la cuarta se detalló la tarea de difusión del organismo.

El informe constituye la síntesis del trabajo de la Comisión de Prevención de la Tortura, que se fijó los objetivos concretos de tratar y visibilizar la perspectiva de género, las personas de diversidad sexual y personas pertenecientes a pueblos indígenas en lugares de detención.

También es el resultado de un trabajo que implicó el monitoreo permanente de los lugares de detención, no solamente para el abordaje de las distintas problemáticas, sino también como una herramienta eficaz para la prevención de la tortura.

En síntesis, el informe 2023 brinda una visión general de la efectividad de las campañas informativas y destaca la necesidad de continuar con actividades de sensibilización y difusión para promover una mayor conciencia y comprensión de la labor de la Comisión Provincial de Prevención de Tortura en la comunidad.

Participaron de la presentación la vicepresidenta de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, Gabriela Stefani; y los comisionados Francisco Souza, Amelia Báez, Constanza Yudar y Jorge Mantau. Asistieron diputados, funcionarios provinciales y estudiantes de la Universidad Provincial de las Fuerzas de Seguridad, entre otras personas interesadas en la temática.

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