El Gobierno quiere que militares actúen en seguridad interior y cárcel para piqueteros

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A tres días de un nuevo aniversario del último golpe de Estado, los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) anunciaron un proyecto para modificación de la Ley de Seguridad Interior para modificar el rol de las Fuerzas Armadas y que puedan intervenir en conflictos de seguridad interior, algo taxativamente vedado tras la experiencia de la última dictadura militar. En paralelo, también se incluyen penas de prisión para los organizadores de piquetes y bloqueos. 

Según había adelantado el vocero presidencial, Manuel Adorni, el mencionado paquete de leyes a modificar o enviar al Congreso para su aprobación incluye “legítima defensa y atentado a la autoridad, ley de ADN para delitos, ley contra organizaciones criminales, y penas contra organizadores de piquetes y bloqueos”. El paquete, de acuerdo informó Bullrich, será enviado al Parlamento la semana que viene.

En cuanto a Seguridad Interior,  Petri señaló que “estamos impulsando en el Congreso Nacional una nueva legislación para que tengamos alternativas para que las Fuerzas Armadas, ante determinados supuestos muy específicos, puedan realizar un mayor apoyo a las tareas de seguridad interior”.

No es para delitos comunes”, señaló Petri, y explicó que podría intervenir “solo si el Comité de Crisis define que existen actos terrorista y con la anuencia del gobernador de la provincia donde se pueda actuar”.

Sobre las leyes para el área de Seguridad, estas modificaciones ya habían sido presentadas en la Ley Ómnibus, que el oficialismo presentó al inicio de la gestión pero no logró motorizar en el Congreso. Por ello, desde Casa Rosada decidieron avanzar de nuevo con estas iniciativas, pera esta vez en un paquete mucho más acotado.

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De manera puntual, y con relación a las manifestaciones, marchas y piquetes, se buscará modificar el artículo 194 del Código Penal, que amplía las acciones tipificadas para especificar que la pena para quienes “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas” será de uno a tres años y seis meses de prisión.

Durante su presentación, Bullrich detalló otras modificaciones para enviar al Parlamento, como la creación de la ley Antimafia o contra organizaciones criminales. “El hecho individual no es lo que determina la pena, sino aquellos que participan de una organización y que son los que cometen distinto tipo de delitos encadenados para el objetivo que tiene esa organización criminal”, señaló la ministra.

Y amplió: “¿Qué significa organización criminal? Es una organización que tiene en vilo a una zona o a un barrio y allí ya no rigen las leyes de la nación, sino las leyes de este grupo narco o lo que fuera”.

También detalló la modificación en el registro de ADN. “Hoy en Argentina funciona para los condenados por delitos sexuales. (Ahora) Cada uno de los delincuentes que entren en una dependencia policial, que comience con una imputación, se le va a hacer una prueba de ADN y va a estar en un sistema que nos ha donado el FBI. No solo sirve para imputar, sino para desvincular a personas inocentes de una investigación”, aclaró.

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