Senado de la Nación

Presupuesto 2026: La Libertad Avanza logró aprobar el capítulo más polémico con apoyo peronista

Compartí esta noticia !

Tras dos años sin Ley de Presupuesto, el Senado sancionó el Presupuesto 2026 con una mayoría amplia y transversal, que incluyó votos peronistas, radicales y provinciales, y dejó firme el controvertido artículo 30 del Capítulo II. La iniciativa del Poder Ejecutivo obtuvo 45 votos afirmativos, 25 negativos y 1 abstención, consolidando la primera ley de gastos y recursos aprobada durante la gestión de La Libertad Avanza y despejando un frente clave para la gobernabilidad fiscal.

La atención estuvo puesta en el Capítulo II, que establece derogaciones a normas de educación, ciencia, tecnología y defensa. Pese a los cuestionamientos, el oficialismo logró sostenerlo sin cambios, evitando que el proyecto regresara a la Cámara de origen y acelerando su sanción definitiva.

Una mayoría construida con acuerdos y votos peronistas clave

El resultado fue posible tras negociaciones contrarreloj encabezadas por la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, quien cerró acuerdos con senadores que responden a gobernaciones para preservar el capítulo más cuestionado del texto. La estrategia apuntó a blindar el proyecto en el Senado y evitar dilaciones legislativas.

Dentro de los 45 votos positivos se contaron los 20 integrantes de La Libertad Avanza, los miembros de la Unión Cívica Radical, 3 del Pro, 2 misioneros del Frente Renovador de la Concordia Social, 2 santacruceños, además de Carlos “Camau” Espínola, Edith Terenzi, Luis Juez, Beatriz Ávila, Julieta Corroza y Flavia Royón.

La novedad política fue el acompañamiento de tres senadores peronistas del bloque Convicción Federal, integrante del interbloque Popular, que votaron a favor tanto en la general como en el Capítulo II: Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada. Ese respaldo resultó decisivo para consolidar la mayoría y dejó expuestas tensiones internas en el peronismo.

En contraste, la senadora Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, se abstuvo en la votación general y en todas las particulares.

El Capítulo II y el artículo 30: el núcleo de la controversia

La votación del Capítulo II fue la única que mostró una diferencia significativa respecto del resto del tablero: 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones. Allí quedó firme el artículo 30, que dispone la derogación de normas consideradas sensibles por amplios sectores de la oposición.

En concreto, el artículo establece la derogación del artículo 9 de la Ley de Educación Nacional; de los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; del artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional; y del inciso 1 del artículo 4 de la Ley 27.565, que creó el Fondo Nacional de la Defensa.

A favor del Capítulo II votaron el oficialismo, la mayoría del radicalismo, el Pro, bloques provinciales y los tres integrantes de Convicción Federal mencionados. En contra se pronunciaron los 21 senadores del bloque Justicialista, los 2 del Frente Cívico de Santiago del Estero, Fernando Salino y Fernando Rejal por Convicción Federal, y los radicales Maximiliano Abad y Flavio Fama. Las abstenciones correspondieron nuevamente a Julieta Corroza y Alejandra Vigo.

Impacto político e institucional de la sanción

La aprobación del Presupuesto 2026 cierra un ciclo de dos años sin ley de gastos y recursos, un escenario que había condicionado la previsibilidad fiscal y el debate parlamentario. Para el oficialismo, la sanción representa un respaldo institucional clave y una señal de fortaleza política al lograr articular mayorías más allá de su propio bloque.

Al mismo tiempo, la derogación de normas vinculadas a educación, ciencia y defensa anticipa reacciones críticas de sectores académicos, científicos y sindicales, así como nuevos debates políticos sobre el alcance del ajuste y la reasignación de prioridades presupuestarias. En el plano legislativo, el voto dividido del peronismo y las diferencias dentro del radicalismo reconfiguran el mapa de alianzas para los próximos debates económicos.

Compartí esta noticia !

El Senado aprobó el Presupuesto 2026, el primero de la era Milei 

Compartí esta noticia !

Con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención, el Senado de la Nación convirtió en ley el Presupuesto 2026, el primer plan integral de gastos y recursos aprobado desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023. La sanción se logró tras casi ocho horas de debate y con el acompañamiento de bloques provinciales, la UCR, el PRO y tres senadores peronistas, en una votación que también ratificó el controvertido artículo 30, referido al financiamiento de educación, ciencia y defensa.

La aprobación de la denominada “ley de leyes” constituye un hito político e institucional para el Gobierno, que hasta ahora había administrado el Estado nacional con la prórroga del Presupuesto 2023. Además, envía una señal clave a los mercados y a los organismos internacionales, en especial al Fondo Monetario Internacional, en un contexto de fuerte ajuste fiscal y compromiso explícito con el déficit cero.

Una votación ajustada y el eje del conflicto en el artículo 30

La sesión comenzó con la aprobación en general del proyecto y avanzó luego a la votación en particular, iniciada a las 21.12. El foco estuvo puesto en el Capítulo II, que incluía el artículo 30, resistido por el interbloque peronista/kirchnerista y por un sector del radicalismo. Ese artículo deroga disposiciones legales que fijaban metas de financiamiento del 6% del PBI para educación, del 1% del PBI para el sistema nacional de ciencia y tecnología y del 0,2% del gasto del sector público para escuelas técnicas.

Pese a los cuestionamientos reglamentarios y políticos, el oficialismo logró sostener la votación por capítulos —tal como se había definido al inicio de la sesión— y consiguió aprobar el capítulo con 42 votos positivos. Los apoyos provinieron de La Libertad Avanza, el PRO, la mayoría de la UCR y bloques provinciales. En contra votaron 28 senadores, entre ellos el grueso del peronismo y tres radicales: Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger. Hubo dos abstenciones en ese tramo.

Durante el debate, el chaqueño Jorge Capitanich denunció una “violación sistemática del reglamento” y cuestionó que el Presupuesto “viola la Constitución Nacional”. En la misma línea, Anabel Fernández Sagasti planteó una cuestión de privilegio y sostuvo que el artículo 30 “es una declaración contra la educación pública”.

Desde el radicalismo, Abad valoró la sanción del Presupuesto como un fortalecimiento institucional, pero advirtió que “bajo el mantra del equilibrio fiscal, el Gobierno niega que la innovación y el conocimiento tengan que ver con el desarrollo”, y calificó al artículo 30 como un “artículo escoba” que “barre los pisos de la educación y la ciencia”.

El rol de las negociaciones y el armado político del oficialismo

La Libertad Avanza logró el respaldo necesario tras intensas negociaciones previas y durante la propia sesión. El Gobierno buscó evitar modificaciones para impedir que el proyecto regresara a la Cámara de Diputados. En ese esquema, tuvieron un rol activo los interlocutores del Ejecutivo, entre ellos el ministro del Interior, Diego Santilli, presente en el Congreso, y la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, quien fue clave en el conteo de votos.

El apoyo de tres senadores del bloque Convicción Federal resultó determinante. Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy) votaron a favor en general y en los capítulos, diferenciándose del interbloque peronista que conduce José Mayans. Ese quiebre reflejó también la influencia de los gobernadores Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo en la estrategia parlamentaria.

Para la Casa Rosada, la sanción del Presupuesto representa un triunfo político luego de un año electoral en el que la oposición había marcado la agenda legislativa. También corrige una anomalía institucional: gobernar durante dos años sin un Presupuesto aprobado por el Congreso.

Las principales cifras del Presupuesto 2026

El Presupuesto aprobado se apoya en un escenario macroeconómico de estabilidad. Proyecta para 2026 un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 por dólar en diciembre del año próximo.

El plan prevé recursos por 148,2 billones de pesos y un gasto total de 148 billones, con un superávit financiero estimado en 1,5% y un superávit primario de 2,7 billones de pesos. Según el texto, el 92% del gasto tiene alta rigidez y el 82% de las partidas no son modificables.

El 85% de los recursos se destina a gastos sociales. Dentro de ese total, se asignan 65,7 billones de pesos a jubilaciones y 4,8 billones a las universidades nacionales. En materia de actividad económica, se proyecta un aumento del 10,6% en exportaciones, del 11,1% en importaciones, del 4,9% en el consumo privado y del 4,5% en el consumo público.

Un debate que expuso modelos de país en tensión

Como miembro informante, el senador jujeño Ezequiel Atauche (LLA) sostuvo que el Presupuesto busca “sancionar una regla fiscal simple que no se había cumplido en los últimos 13 años” y afirmó que el déficit cero es la base para “generar confianza interna y externa”. Remarcó que se trata de un “punto de quiebre” histórico al tratarse de un Presupuesto sin déficit.

Desde la oposición, Eduardo “Wado” de Pedro calificó al artículo 30 como “una vergüenza” y aseguró que desde la asunción del actual Gobierno “la educación perdió 45 puntos reales”. También cuestionó la eliminación de metas de inversión en ciencia y tecnología y advirtió sobre el impacto en más de 1,9 millones de estudiantes de escuelas técnicas.

En el cierre del debate, Patricia Bullrich afirmó que el Presupuesto “no es solo una herramienta económica, sino un punto de partida para refundar una historia emocional de la Argentina”. Subrayó que “el déficit cero no se negocia” y lo definió como “la línea roja que separa el futuro del desastre”.

Repercusiones políticas e institucionales

La sanción del Presupuesto 2026 consolida la estrategia fiscal del Gobierno y redefine el marco de discusión para 2026. Mientras el oficialismo celebra la previsibilidad y el orden macroeconómico, la oposición anticipa un fuerte debate sobre el impacto social del ajuste, especialmente en educación, ciencia y políticas públicas de largo plazo.

Con la ley ya sancionada, el Ejecutivo cuenta por primera vez con una hoja de ruta presupuestaria propia, un dato central para la gobernabilidad y para la relación con provincias, inversores y organismos internacionales.

Compartí esta noticia !

Enzo Fullone asumió en el Senado y La Libertad Avanza cerró su bloque tras la salida de Villaverde

Compartí esta noticia !

En el inicio de la única sesión del Senado prevista para diciembre, La Libertad Avanza (LLA) logró completar su bloque con la asunción del rionegrino Enzo Fullone, quien ocupará la banca correspondiente a la minoría en representación de Río Negro. El recambio se produjo luego de que Lorena Villaverde, primera candidata de la lista, desistiera de asumir en medio de fuertes cuestionamientos judiciales y políticos que terminaron por forzar su apartamiento.

La jura de Fullone, realizada este viernes, le permitió al oficialismo cerrar un frente interno sensible y ordenar su representación en la Cámara alta, en un contexto donde cada voto adquiere relevancia institucional y política para el Gobierno nacional.

Un recambio forzado por el impacto político de las denuncias

El ingreso de Fullone se concretó tras la renuncia de Lorena Villaverde, figura central de La Libertad Avanza en Río Negro, quien no consiguió asumir la banca obtenida en las elecciones del 26 de octubre pasado, cuando se renovaron senadores en ocho provincias. Las presiones dentro de su propio espacio terminaron siendo determinantes para que diera un paso al costado y evitara mayores costos políticos al bloque.

Las denuncias que rodearon a Villaverde incluyen su arresto en 2002 en Florida, Estados Unidos, acusada de transportar una importante cantidad de cocaína, además de otra condena vinculada al mismo delito en ese país, que posteriormente habría sido anulada. En la Argentina, enfrenta causas relacionadas con lavado de dinero y estafas inmobiliarias, un cuadro judicial que complicó su proyección política. La diputada negó todas las acusaciones, habló de “tres causas inventadas” y aseguró haber sido absuelta en Estados Unidos, pero finalmente renunció a la banca en el Senado.

El caso tuvo además derivaciones políticas por su vínculo personal con Claudio Alberto Ciccarelli, primo y presunto testaferro de Federico “Fred” Machado, procesado en Estados Unidos por narcotráfico, un dato que profundizó la presión interna para su salida.

Quién es Enzo Fullone y cómo se reconfigura el bloque oficialista

Con 37 años, Enzo Fullone llega al Senado tras haber sido el segundo candidato en la lista de La Libertad Avanza en Río Negro. Fue titular de Vialidad Nacional en la provincia, tiene base política en General Roca y se inició en el radicalismo, espacio del que luego se alejó. Según se indicó, cuenta con el respaldo político de Karina Milei y Martín Menem, dos figuras clave en la arquitectura del oficialismo.

Fullone asume la banca que por la minoría le corresponde a LLA y, con su incorporación, el bloque libertario queda formalmente completo en la Cámara alta. Sobre él también circularon versiones que lo vincularon a Federico “Fred” Machado, aunque el flamante senador negó de manera explícita cualquier relación.

Desde el punto de vista institucional, la asunción permite al oficialismo cerrar un capítulo incómodo y recuperar previsibilidad en el Senado, donde el equilibrio de fuerzas es ajustado y cada incorporación tiene impacto directo en la dinámica legislativa.

Repercusiones políticas e institucionales

El reemplazo de Villaverde por Fullone deja expuesta la tensión interna dentro de La Libertad Avanza entre la necesidad de ampliar representación territorial y el costo político de las controversias judiciales de algunos de sus dirigentes. Al mismo tiempo, el episodio muestra un intento del oficialismo por ordenar su bloque y evitar que conflictos personales o judiciales condicionen su desempeño parlamentario.

Con el bloque ya completo, el Senado inicia la última etapa del año con un oficialismo que busca mostrar cohesión y cerrar filas, en un escenario donde la gobernabilidad legislativa depende de alianzas frágiles y de una cuidadosa administración de los costos políticos.

Compartí esta noticia !

Glaciares en debate: críticas técnicas y constitucionales a la reforma que el Senado tratará en febrero

Compartí esta noticia !

El proyecto del Poder Ejecutivo que modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial obtuvo dictamen en el Senado tras un trámite acelerado, pero enfrenta un rechazo contundente de especialistas, organizaciones ambientales y referentes científicos, que advierten sobre un debilitamiento estructural del régimen de protección ambiental, riesgos para la seguridad hídrica y mayor incertidumbre jurídica. La iniciativa será tratada en el recinto el próximo 10 de febrero.

El debate se desarrolló en una reunión conjunta de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación, realizada en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo. En apenas dos días, el oficialismo logró dictaminar el proyecto pese a las objeciones técnicas, constitucionales y ambientales planteadas durante las exposiciones. El tratamiento parlamentario, inicialmente previsto para el 26 de diciembre, fue finalmente postergado para febrero.

Cambios estructurales y cuestionamientos constitucionales

Durante el encuentro, los expositores coincidieron en que la reforma propuesta introduce modificaciones de fondo a la Ley 26.639, sancionada hace 15 años, al alterar el esquema de presupuestos mínimos de protección ambiental previsto en la Constitución Nacional. Según advirtieron, la iniciativa reduce el alcance del régimen nacional y fragmenta los criterios de protección de bienes comunes estratégicos como el agua.

Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), sostuvo que el proyecto “reduce el área de protección glaciar —que actualmente alcanza apenas el 0,21% del territorio nacional— con el objetivo de habilitar proyectos de megaminería de alta montaña hoy expresamente prohibidos”. Además, remarcó que la iniciativa transfiere a las provincias la facultad de definir qué glaciares deben ser protegidos, lo que “desmantela el esquema de protección ambiental uniforme y común para todo el país”.

En la misma línea, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, afirmó que la reforma “tira por la borda la arquitectura constitucional de las leyes de presupuestos mínimos” y alertó sobre el precedente que podría sentar para otras normas ambientales vigentes. “¿Qué va a pasar después? ¿Vienen por los bosques, por los ríos, por la Ley General del Ambiente?”, planteó.

Ciencia, crisis climática y falta de participación

Desde el ámbito científico, las críticas se centraron en la ausencia de consultas previas y en la celeridad del tratamiento legislativo. Manuel Jaramillo, director ejecutivo de Fundación Vida Silvestre Argentina, calificó como “inadmisible” que el proyecto no haya sido consultado con el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo de referencia establecido por la propia ley vigente para la elaboración del Inventario Nacional de Glaciares.

Pablo E. Villagra, director del IANIGLA, recordó que el Inventario Nacional de Glaciares fue concluido en 2018, recibió reconocimiento de la comunidad glaciológica internacional y no presenta errores significativos, además de encontrarse actualmente en proceso de actualización.

Agostina Rossi, de Greenpeace Argentina, advirtió que “cuando el riesgo aumenta, las normas se fortalecen, no se debilitan”, y sostuvo que la distinción entre glaciares “útiles” y “no útiles” carece de sustento científico. “Los glaciares y el ambiente periglacial no son obstáculos: son aliados para enfrentar la crisis climática”, afirmó.

Las organizaciones también cuestionaron la escasa participación pública y el carácter exprés del proceso legislativo, señalando que la iniciativa no replica el nivel de debate y consenso que acompañó la sanción original de la ley.

Minería, inversiones y licencia social

Desde el sector empresario minero, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN) plantearon que la ley vigente presenta imperfecciones que generan incertidumbre normativa y que la reforma busca adecuar el marco regulatorio del sector. Alfredo Vitaller, por CAEM, sostuvo que acompañan la protección de los glaciares “en tanto cumplan su función como reserva de agua”.

Sin embargo, desde las organizaciones ambientales y científicas se advirtió que la reforma no generará mayor seguridad jurídica ni atraerá inversiones de largo plazo. Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas, afirmó que “las empresas serias buscan certidumbres y estándares ambientales altos” y que “los flujos de inversión más importantes van a los países con mayor protección ambiental”. En ese sentido, remarcó que flexibilizar la ley “profundizará la incertidumbre normativa y debilitará la licencia social para operar”.

Durante la jornada también expusieron los gobernadores de San Juan y Catamarca, quienes defendieron la necesidad de compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo minero. El gobernador de Catamarca destacó que la actividad genera cerca de 3.000 empleos directos y un efecto multiplicador de aproximadamente 5.000 puestos adicionales, subrayando su impacto en la economía local y en la diversificación productiva.

Un debate abierto con impacto institucional

Con dictamen favorable, el proyecto será tratado en el recinto del Senado el próximo 10 de febrero, tras un nuevo llamado a sesiones extraordinarias. Las organizaciones ambientales, científicas y sociales reiteraron su pedido para que no se avance con una reforma que, según sostienen, reduce los niveles de protección ambiental, vulnera la Constitución Nacional y pone en riesgo la seguridad hídrica en un contexto de crisis climática.

“La Ley de Glaciares es clara, constitucional y vigente: debe cumplirse, no vaciarse”, enfatizaron los expositores, al tiempo que reclamaron un debate más amplio, con base científica y participación efectiva, antes de modificar uno de los pilares del régimen ambiental argentino.

Compartí esta noticia !

Cámara Federal de Posadas: el Senado tratará la continuidad de Mirta Delia Tyden en medio de pulseadas políticas

Compartí esta noticia !

El Senado tratará la prórroga de la vocalía de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas en una sesión cargada de tensión política

El Senado de la Nación incluirá en la sesión de este jueves un tema clave para el ámbito judicial de Misiones: la prórroga por cinco años del mandato de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas. La decisión se dará en el marco de una jornada legislativa atravesada por fuertes debates, en la que la oposición intentará revertir los vetos presidenciales a la ley de financiamiento universitario y a la emergencia en salud pediátrica.

Una designación con impacto en Misiones

Según el proyecto de resolución, el Senado prestará acuerdo al Presidente de la Nación para avanzar con la continuidad de Tyden (DNI N° 6.424.170), actualmente integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas. El dictamen establece que la medida se enmarca en el artículo 110 del Reglamento de la Cámara Alta y pasará directamente al Orden del Día.

La prórroga, de aprobarse, otorgará previsibilidad institucional a uno de los tribunales más relevantes del NEA, encargado de resolver en segunda instancia causas de alto impacto regional en materia penal, civil y administrativa.

La continuidad de Mirta Delia Tyden en la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas refuerza la estructura judicial en una región estratégica, donde confluyen causas vinculadas a la frontera, el comercio y delitos federales. El aval del Senado será interpretado como un gesto de estabilidad institucional en medio de un escenario legislativo dominado por las tensiones políticas entre el oficialismo y la oposición.

Un Senado en ebullición política

El tratamiento de la prórroga de la vocalía judicial se dará en paralelo a una sesión donde la atención estará puesta en los vetos presidenciales de Javier Milei a dos leyes sensibles: el financiamiento universitario y la emergencia en salud pediátrica. La oposición busca replicar lo ocurrido en Diputados, donde logró alcanzar los dos tercios para insistir con las normas.

En la última votación en el Senado, durante agosto, los números mostraron un amplio respaldo opositor: 58 votos a favor y 10 en contra para la ley universitaria, y 60 apoyos frente a 8 rechazos en el caso del Garrahan. Ese antecedente abre la expectativa de un nuevo revés legislativo para el oficialismo.

Otros temas en agenda: energía y seguridad

Además, el peronismo intentará sumar al temario el proyecto para impedir la venta del 44% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), tras el Decreto 695/2025 que habilitó la privatización parcial de la empresa. También figura en carpeta la discusión sobre el sistema de Alerta Sofía, con la intención de sancionar una ley que le dé sustento legal al mecanismo de búsqueda de personas desaparecidas, actualmente regulado por decreto.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin