Senado de la Nación

Dictamen exprés en el Senado y buscará aprobar la Reforma Laboral el próximo viernes

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La Libertad Avanza consiguió avanzar en forma exprés en el Senado hacia la aprobación de la Reforma Laboral luego de aceptar la eliminación del artículo 44 -vinculado a las licencias por enfermedad- durante su tratamiento previo en la Cámara de Diputados. Con ese gesto político, el oficialismo aseguró los respaldos necesarios para dictaminar y dejó el proyecto en condiciones de ser debatido en el recinto la próxima semana.

El plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda se reunió en el Salón Azul del Senado pocos minutos después de las 10 de la mañana para analizar el texto corregido. El debate planteaba dos alternativas: aceptar las modificaciones introducidas por Diputados o insistir con la versión original. Tras un acuerdo previo, el bloque oficialista confirmó que avanzaría con el texto reformado, apostando a la sanción definitiva en la sesión prevista para el viernes.

Objeciones por constitucionalidad y procedimiento

Desde la oposición, el tratamiento estuvo atravesado por cuestionamientos reglamentarios y advertencias sobre el impacto de la reforma. El senador Jorge Capitanich sostuvo que su bloque consideraba que existían “violaciones flagrantes” a disposiciones reglamentarias y al artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Además, remarcó que el proyecto afectaría derechos laborales y tendría consecuencias fiscales para provincias y municipios, sin garantizar un efecto positivo en la generación de empleo.

En la misma línea, Mariano Recalde criticó el carácter integral de la iniciativa, al señalar que “modifica 18 leyes y deroga 11 más”, y cuestionó que se haya debatido como un paquete único sin discusión pormenorizada. “Todavía no nos pudieron decir cuál de los 218 artículos le mejora la vida a los trabajadores”, afirmó durante el plenario.

Otros legisladores opositores denunciaron que los cambios fueron negociados “a libro cerrado” y advirtieron que las reducciones impositivas incluidas en el esquema beneficiarían principalmente a sectores de mayores ingresos.

Cambios en comisiones y estrategia oficial

El inicio del plenario estuvo marcado por modificaciones en la integración de las comisiones. Desde el PRO, Andrea Cristina reemplazó a Enrique Goerling Lara; en la Unión Cívica Radical, Mariana Juri ocupó el lugar de Rodolfo Suarez y Vilma Bedia sustituyó a Bruno Olivera Lucero. Con estos movimientos, el oficialismo aseguró contar con las firmas necesarias para emitir dictamen.

El senador formoseño Francisco Paoltroni defendió la rapidez del tratamiento y sostuvo que la reforma apunta a modernizar estructuras laborales que consideró “vetustas”. En el mismo sentido, el senador aliado Agustín Moteverde afirmó que el apuro responde a la necesidad de “volver a hacer próspera y grande la Argentina”.

Desde el bloque Convicción Federal, Fernando Salino advirtió que la celeridad podría derivar en futuras impugnaciones judiciales y cuestionó la eliminación del artículo 44, enmarcando el proceso en un contexto que definió como “lleno de irregularidades”.

Amenazas de judicialización y clima de tensión

Durante el debate, senadores de la oposición anticiparon que podrían recurrir a la Justicia por presuntos incumplimientos del reglamento. Juliana Di Tullio señaló que la citación a comisión no habría respetado los plazos establecidos y advirtió sobre eventuales vicios de inconstitucionalidad.

Carlos Linares cuestionó promesas incumplidas en sectores como el petrolero y llamó a la movilización ciudadana durante el tratamiento en el recinto. El clima se tensó aún más con cruces verbales entre legisladores oficialistas y opositores, reflejando la polarización que rodea a la iniciativa.

Al cierre del plenario, Patricia Bullrich defendió la legitimidad del procedimiento y sostuvo que la reforma propone avanzar hacia relaciones laborales más flexibles. “Tenemos una tasa de desempleo que va a la baja y va a ir mucho más cuando las relaciones entre empleados y empleadores sea más libre”, afirmó.

Con dictamen favorable y los votos encaminados, la sesión del próximo viernes será decisiva para definir el futuro de la Reforma Laboral, una de las principales apuestas legislativas del Gobierno.

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El Senado le dio media sanción a la Reforma Laboral

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Tras una maratónica sesión de más de 14 horas y con más de 40 oradores en el recinto, el Senado de la Nación aprobó este jueves a la 1.22 de la madrugada el proyecto de Modernización Laboral, conocido como Reforma Laboral. La iniciativa obtuvo 42 votos a favor y 30 en contra en general, tras lo cual se inició el tratamiento en particular de los 26 títulos que componen el texto.

Tal como estaba previsto, La Libertad Avanza consiguió el respaldo del grueso de la oposición dialoguista, mientras que el interbloque peronista votó en contra en bloque, sin fracturas pese a las tensiones internas.

A los 21 votos del oficialismo se sumaron los 10 senadores de la Unión Cívica Radical, tres del Pro, dos de Provincias Unidas y seis representantes de bloques provinciales alineados con sus gobernadores, entre ellos los misioneros del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. También acompañaron Edith Terenzi (Chubut), Beatriz Ávila (Tucumán), Flavia Royón (Salta) y Julieta Corroza (Neuquén).

Los 30 votos negativos correspondieron a 28 integrantes del interbloque peronista y a los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.

La votación artículo por artículo

En la votación en particular, el Título I fue aprobado por 41 votos a favor, 30 en contra y una abstención, la de Julieta Corroza. Antes de votar, las senadoras del Pro Andrea Cristina y Victoria Huala dejaron constancia en versión taquigráfica de su rechazo al artículo 44 —que finalmente acompañaron por decisión de bloque— referido a los casos de accidente o enfermedad no laboral, donde el trabajador percibirá el 50% de su remuneración básica.

El Título II, que incluye la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), fue aprobado por 41 votos a 31. En esta instancia, Flavia Royón votó en contra, tal como había anticipado. En el Título III el oficialismo amplió la ventaja a 44 votos contra 28, con el acompañamiento de Carambia y Gadano.

El resultado 42 a 30 se repitió en buena parte del articulado (títulos IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIII). El Título VII fue aprobado por 41 a 30, con abstención de Alejandra Vigo, quien luego votó en contra del Título XIII (41 a 31).

En el Título XIV el resultado fue 40 a 32. Allí, el jefe del bloque Pro, Martín Göerling, había solicitado retrotraer modificaciones al texto original, propuesta que fue rechazada, aunque igualmente votó afirmativamente. En esa instancia votaron en contra Carambia y Gadano, quienes luego acompañaron el Título XVII (44 a 28).

El resultado 41 a 31 también se registró en los títulos XV y XXIV, con el voto negativo de Royón. En uno de los títulos intermedios el resultado fue 40 a 29, con ausencias de Maximiliano Abad, Carambia y Gadano. Finalmente, el título que incluyó derogaciones —entre ellas la del Estatuto del Periodista— fue aprobado por 38 votos a favor y 31 en contra.

Negociaciones hasta último momento

La sesión estuvo atravesada por negociaciones permanentes. Aunque la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, había anunciado 28 modificaciones consensuadas, los cambios continuaron ajustándose durante toda la jornada.

Uno de los puntos centrales fue la eliminación de la rebaja del impuesto a las Ganancias para sociedades (tramos 2 y 3), a pedido de los gobernadores, ya que implicaba una merma en la coparticipación. El Gobierno cedió y dejó ese debate para una futura reforma tributaria.

También se mantuvo el cobro compulsivo de los aportes solidarios sindicales, con un tope del 2% para los gremios, mientras que los aportes a cámaras empresarias continuarán en 0,5%. Se eliminó además la reducción del aporte patronal a las obras sociales —que iba a bajar del 6% al 5%— y se sostuvo el rol del empleador como agente de retención.

En materia de indemnizaciones, se definió que solo se considerarán conceptos “mensuales, normales y habituales”, excluyendo adicionales no mensuales como aguinaldo y vacaciones. La indemnización será la única reparación frente al despido sin causa.

El proyecto crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización para cubrir indemnizaciones. A propuesta de la Unión Cívica Radical, las grandes empresas aportarán 1% mensual y las micro, pequeñas y medianas 2,5%, en lugar del 3% uniforme previsto originalmente.

Cambios estructurales

Entre otros puntos relevantes, la reforma:

  • Introduce nuevas reglas para la licencia por enfermedad, habilitando mayor control médico por parte del empleador y estableciendo que, si la dolencia no deriva de la actividad laboral, el trabajador percibirá el 50% del salario.
  • Crea el mecanismo de “banco de horas”, que permitirá compensar jornadas sin computarlas como horas extra.
  • Amplía el período para tomar vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de fraccionamiento.
  • Establece el Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL) y el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI).
  • Fija un plazo de un año para la derogación de distintos estatutos profesionales y posterga hasta 2028 la eliminación de un fondo que financia al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.

Otro foco de tensión fue la decisión de eliminar la posibilidad de pagar salarios mediante billeteras virtuales, manteniendo exclusivamente la vía bancaria. El Pro se pronunció públicamente a favor de las fintech y cuestionó la restricción.

Un debate con fuerte clima político

El oficialismo defendió la reforma bajo la premisa de que busca “generar trabajo” y “modernizar el sistema sin quitar derechos”, mientras que el peronismo la calificó como una ley “para despedir” y “en contra de los trabajadores”.

En las afueras del Congreso, la jornada estuvo marcada por movilizaciones sindicales y de la izquierda. Se registraron incidentes y enfrentamientos con fuerzas de seguridad, con varios detenidos.

Con la media sanción del Senado, el proyecto clave de la gestión libertaria -que introduce cambios estructurales a la Ley de Contrato de Trabajo- avanza en el tramo decisivo de su tratamiento legislativo.

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Presupuesto 2026: el Gobierno reasigna $190.000 millones para cumplir la cautelar de la Corte a favor de la Ciudad

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El Jefe de Gabinete de Ministros aprobó una modificación clave del Presupuesto 2026 que reordena créditos por más de $190.000 millones para dar cumplimiento a la medida cautelar de la Corte Suprema en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de reforzar partidas del Senado y del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. La decisión, formalizada mediante la Decisión Administrativa 2/2026, impacta en el Ministerio de Economía, el Poder Legislativo y las obligaciones del Tesoro, y reconfigura el esquema de gastos corrientes y transferencias en un contexto de fuerte tensión fiscal e institucional.

Reasignación de fondos y cumplimiento judicial

La Decisión Administrativa 2/2026, publicada el 4 de febrero de 2026, introduce modificaciones al Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026, aprobado por la Ley N° 27.798, con el objetivo de “adecuar el presupuesto vigente de algunas Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional con el objeto de afrontar gastos que hacen al cumplimiento de su cometido”.

El eje central de la medida es la compensación de créditos destinada a atender las transferencias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Expediente CSJN N° 1864/2022). Para ello, se incrementan en $190.000 millones los créditos de la Jurisdicción 91 – Obligaciones a Cargo del Tesoro, específicamente en el Programa 67 “Cumplimiento de Medida Cautelar CSJN 1864/2022”, destinados a transferencias corrientes a la administración pública provincial.

Este refuerzo se financia mediante una reducción equivalente de créditos en el Ministerio de Economía, particularmente en el Programa 45 “Administración Financiera”, subprograma de coordinación fiscal con las provincias, donde se recortan $190.000 millones en transferencias corrientes. La maniobra presupuestaria permite cumplir con la orden judicial sin alterar el resultado fiscal global, aunque redefine prioridades en la distribución territorial de recursos.

Refuerzos al Poder Legislativo y ajustes en Economía

La modificación presupuestaria también incorpora créditos adicionales para el Poder Legislativo Nacional. En el caso del H. Senado de la Nación, se asignan $14.300 millones para atender gastos de funcionamiento del Programa 16 “Formación y Sanción de Leyes Nacionales”, con destino tanto a gastos corrientes como de capital, incluyendo bienes de consumo, servicios no personales y la adquisición de maquinaria y equipos.

En paralelo, se incrementan en $42,57 millones los recursos del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, organismo que funciona en el ámbito del Congreso. Este refuerzo se financia con ingresos provenientes del Convenio de Subvención (OPCAT-144-GLO/09/HC/07-B453) celebrado con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) y se destina principalmente a gastos en personal contratado y servicios técnicos, informáticos y logísticos.

En contrapartida, el Ministerio de Economía absorbe ajustes internos. Se dispone una compensación de créditos para atender erogaciones del Gabinete de Autoridades Superiores, con una reducción neta de $889.285.533 en determinadas partidas, y reacomodamientos entre las subjurisdicciones de Economía y Producción. Estas modificaciones responden a la necesidad de redistribuir recursos sin ampliar el gasto total autorizado.

Impacto y proyección fiscal

Desde el punto de vista institucional, la decisión reafirma la centralidad de la medida cautelar de la Corte Suprema en la arquitectura fiscal de 2026. El traslado de $190.000 millones al programa específico de cumplimiento judicial consolida un mecanismo presupuestario explícito para atender la controversia por la coparticipación de fondos a la Ciudad, un tema que mantiene alta sensibilidad política y federal.

En términos económicos, la reasignación no implica un aumento del gasto total, pero sí tensiona la ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía, que ve reducida su capacidad de transferencias a otras jurisdicciones. Al mismo tiempo, el refuerzo al Senado y a organismos de control legislativo busca garantizar el funcionamiento institucional y el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

La medida se dicta al amparo del artículo 37 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y del artículo 9° de la Ley de Presupuesto 2026, y lleva las firmas del Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y del ministro de Economía, Luis Andrés Caputo. Hacia adelante, el esquema aprobado anticipa un escenario de ejecución presupuestaria fuertemente condicionado por fallos judiciales y por la necesidad de compatibilizar disciplina fiscal con obligaciones institucionales de alto impacto político.

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Presupuesto 2026: La Libertad Avanza logró aprobar el capítulo más polémico con apoyo peronista

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Tras dos años sin Ley de Presupuesto, el Senado sancionó el Presupuesto 2026 con una mayoría amplia y transversal, que incluyó votos peronistas, radicales y provinciales, y dejó firme el controvertido artículo 30 del Capítulo II. La iniciativa del Poder Ejecutivo obtuvo 45 votos afirmativos, 25 negativos y 1 abstención, consolidando la primera ley de gastos y recursos aprobada durante la gestión de La Libertad Avanza y despejando un frente clave para la gobernabilidad fiscal.

La atención estuvo puesta en el Capítulo II, que establece derogaciones a normas de educación, ciencia, tecnología y defensa. Pese a los cuestionamientos, el oficialismo logró sostenerlo sin cambios, evitando que el proyecto regresara a la Cámara de origen y acelerando su sanción definitiva.

Una mayoría construida con acuerdos y votos peronistas clave

El resultado fue posible tras negociaciones contrarreloj encabezadas por la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, quien cerró acuerdos con senadores que responden a gobernaciones para preservar el capítulo más cuestionado del texto. La estrategia apuntó a blindar el proyecto en el Senado y evitar dilaciones legislativas.

Dentro de los 45 votos positivos se contaron los 20 integrantes de La Libertad Avanza, los miembros de la Unión Cívica Radical, 3 del Pro, 2 misioneros del Frente Renovador de la Concordia Social, 2 santacruceños, además de Carlos “Camau” Espínola, Edith Terenzi, Luis Juez, Beatriz Ávila, Julieta Corroza y Flavia Royón.

La novedad política fue el acompañamiento de tres senadores peronistas del bloque Convicción Federal, integrante del interbloque Popular, que votaron a favor tanto en la general como en el Capítulo II: Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada. Ese respaldo resultó decisivo para consolidar la mayoría y dejó expuestas tensiones internas en el peronismo.

En contraste, la senadora Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, se abstuvo en la votación general y en todas las particulares.

El Capítulo II y el artículo 30: el núcleo de la controversia

La votación del Capítulo II fue la única que mostró una diferencia significativa respecto del resto del tablero: 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones. Allí quedó firme el artículo 30, que dispone la derogación de normas consideradas sensibles por amplios sectores de la oposición.

En concreto, el artículo establece la derogación del artículo 9 de la Ley de Educación Nacional; de los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; del artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional; y del inciso 1 del artículo 4 de la Ley 27.565, que creó el Fondo Nacional de la Defensa.

A favor del Capítulo II votaron el oficialismo, la mayoría del radicalismo, el Pro, bloques provinciales y los tres integrantes de Convicción Federal mencionados. En contra se pronunciaron los 21 senadores del bloque Justicialista, los 2 del Frente Cívico de Santiago del Estero, Fernando Salino y Fernando Rejal por Convicción Federal, y los radicales Maximiliano Abad y Flavio Fama. Las abstenciones correspondieron nuevamente a Julieta Corroza y Alejandra Vigo.

Impacto político e institucional de la sanción

La aprobación del Presupuesto 2026 cierra un ciclo de dos años sin ley de gastos y recursos, un escenario que había condicionado la previsibilidad fiscal y el debate parlamentario. Para el oficialismo, la sanción representa un respaldo institucional clave y una señal de fortaleza política al lograr articular mayorías más allá de su propio bloque.

Al mismo tiempo, la derogación de normas vinculadas a educación, ciencia y defensa anticipa reacciones críticas de sectores académicos, científicos y sindicales, así como nuevos debates políticos sobre el alcance del ajuste y la reasignación de prioridades presupuestarias. En el plano legislativo, el voto dividido del peronismo y las diferencias dentro del radicalismo reconfiguran el mapa de alianzas para los próximos debates económicos.

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El Senado aprobó el Presupuesto 2026, el primero de la era Milei 

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Con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención, el Senado de la Nación convirtió en ley el Presupuesto 2026, el primer plan integral de gastos y recursos aprobado desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023. La sanción se logró tras casi ocho horas de debate y con el acompañamiento de bloques provinciales, la UCR, el PRO y tres senadores peronistas, en una votación que también ratificó el controvertido artículo 30, referido al financiamiento de educación, ciencia y defensa.

La aprobación de la denominada “ley de leyes” constituye un hito político e institucional para el Gobierno, que hasta ahora había administrado el Estado nacional con la prórroga del Presupuesto 2023. Además, envía una señal clave a los mercados y a los organismos internacionales, en especial al Fondo Monetario Internacional, en un contexto de fuerte ajuste fiscal y compromiso explícito con el déficit cero.

Una votación ajustada y el eje del conflicto en el artículo 30

La sesión comenzó con la aprobación en general del proyecto y avanzó luego a la votación en particular, iniciada a las 21.12. El foco estuvo puesto en el Capítulo II, que incluía el artículo 30, resistido por el interbloque peronista/kirchnerista y por un sector del radicalismo. Ese artículo deroga disposiciones legales que fijaban metas de financiamiento del 6% del PBI para educación, del 1% del PBI para el sistema nacional de ciencia y tecnología y del 0,2% del gasto del sector público para escuelas técnicas.

Pese a los cuestionamientos reglamentarios y políticos, el oficialismo logró sostener la votación por capítulos —tal como se había definido al inicio de la sesión— y consiguió aprobar el capítulo con 42 votos positivos. Los apoyos provinieron de La Libertad Avanza, el PRO, la mayoría de la UCR y bloques provinciales. En contra votaron 28 senadores, entre ellos el grueso del peronismo y tres radicales: Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger. Hubo dos abstenciones en ese tramo.

Durante el debate, el chaqueño Jorge Capitanich denunció una “violación sistemática del reglamento” y cuestionó que el Presupuesto “viola la Constitución Nacional”. En la misma línea, Anabel Fernández Sagasti planteó una cuestión de privilegio y sostuvo que el artículo 30 “es una declaración contra la educación pública”.

Desde el radicalismo, Abad valoró la sanción del Presupuesto como un fortalecimiento institucional, pero advirtió que “bajo el mantra del equilibrio fiscal, el Gobierno niega que la innovación y el conocimiento tengan que ver con el desarrollo”, y calificó al artículo 30 como un “artículo escoba” que “barre los pisos de la educación y la ciencia”.

El rol de las negociaciones y el armado político del oficialismo

La Libertad Avanza logró el respaldo necesario tras intensas negociaciones previas y durante la propia sesión. El Gobierno buscó evitar modificaciones para impedir que el proyecto regresara a la Cámara de Diputados. En ese esquema, tuvieron un rol activo los interlocutores del Ejecutivo, entre ellos el ministro del Interior, Diego Santilli, presente en el Congreso, y la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, quien fue clave en el conteo de votos.

El apoyo de tres senadores del bloque Convicción Federal resultó determinante. Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy) votaron a favor en general y en los capítulos, diferenciándose del interbloque peronista que conduce José Mayans. Ese quiebre reflejó también la influencia de los gobernadores Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo en la estrategia parlamentaria.

Para la Casa Rosada, la sanción del Presupuesto representa un triunfo político luego de un año electoral en el que la oposición había marcado la agenda legislativa. También corrige una anomalía institucional: gobernar durante dos años sin un Presupuesto aprobado por el Congreso.

Las principales cifras del Presupuesto 2026

El Presupuesto aprobado se apoya en un escenario macroeconómico de estabilidad. Proyecta para 2026 un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 por dólar en diciembre del año próximo.

El plan prevé recursos por 148,2 billones de pesos y un gasto total de 148 billones, con un superávit financiero estimado en 1,5% y un superávit primario de 2,7 billones de pesos. Según el texto, el 92% del gasto tiene alta rigidez y el 82% de las partidas no son modificables.

El 85% de los recursos se destina a gastos sociales. Dentro de ese total, se asignan 65,7 billones de pesos a jubilaciones y 4,8 billones a las universidades nacionales. En materia de actividad económica, se proyecta un aumento del 10,6% en exportaciones, del 11,1% en importaciones, del 4,9% en el consumo privado y del 4,5% en el consumo público.

Un debate que expuso modelos de país en tensión

Como miembro informante, el senador jujeño Ezequiel Atauche (LLA) sostuvo que el Presupuesto busca “sancionar una regla fiscal simple que no se había cumplido en los últimos 13 años” y afirmó que el déficit cero es la base para “generar confianza interna y externa”. Remarcó que se trata de un “punto de quiebre” histórico al tratarse de un Presupuesto sin déficit.

Desde la oposición, Eduardo “Wado” de Pedro calificó al artículo 30 como “una vergüenza” y aseguró que desde la asunción del actual Gobierno “la educación perdió 45 puntos reales”. También cuestionó la eliminación de metas de inversión en ciencia y tecnología y advirtió sobre el impacto en más de 1,9 millones de estudiantes de escuelas técnicas.

En el cierre del debate, Patricia Bullrich afirmó que el Presupuesto “no es solo una herramienta económica, sino un punto de partida para refundar una historia emocional de la Argentina”. Subrayó que “el déficit cero no se negocia” y lo definió como “la línea roja que separa el futuro del desastre”.

Repercusiones políticas e institucionales

La sanción del Presupuesto 2026 consolida la estrategia fiscal del Gobierno y redefine el marco de discusión para 2026. Mientras el oficialismo celebra la previsibilidad y el orden macroeconómico, la oposición anticipa un fuerte debate sobre el impacto social del ajuste, especialmente en educación, ciencia y políticas públicas de largo plazo.

Con la ley ya sancionada, el Ejecutivo cuenta por primera vez con una hoja de ruta presupuestaria propia, un dato central para la gobernabilidad y para la relación con provincias, inversores y organismos internacionales.

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