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Reforma Laboral: empresarios respaldan el proyecto y sindicatos la rechazan por “regresiva”

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El Senado inició este miércoles el tratamiento del proyecto de ley de Reforma Laboral en una maratónica sesión que expuso con nitidez la fractura entre el sector empresario y las organizaciones sindicales. Mientras cámaras industriales, comerciales y entidades agropecuarias respaldaron la iniciativa por considerarla clave para reducir la informalidad y la litigiosidad, las centrales obreras —incluida la CGT— la rechazaron por “inconstitucional” y “regresiva”. El plenario de comisiones pasó a cuarto intermedio hasta este jueves a las 9.30, cuando continuarán las exposiciones.

Un debate extenso y el respaldo del sector productivo

La jornada se desarrolló en el Salón Azul y reunió al plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, presididas por Patricia Bullrich (LLA) y Ezequiel Atauche (LLA). El debate se extendió hasta pasadas las 20 horas, con la participación de funcionarios nacionales y representantes de cámaras empresariales, industriales, comerciales y del agro.

Tras la exposición del secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini, sostuvo que “el régimen actual ha fracasado en generar empleo formal y en reducir la informalidad”, y apuntó a la litigiosidad laboral y a la crisis del sistema de riesgos del trabajo como los principales obstáculos. “Si no atacamos la litigiosidad, no podremos destrabar el empleo formal”, afirmó, al tiempo que expresó el respaldo de la UIA al proyecto por permitir “actualizar modalidades de trabajo y convenios” en línea con las realidades productivas y tecnológicas.

Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA), su vicepresidenta primera Eloisa Frederking destacó que la iniciativa aporta coherencia normativa y se inscribe en un trabajo conjunto entre el sector público y privado para reducir burocracia, en especial en el contrato de trabajo agrario. En la misma línea, el asesor legal de la CAME, Juan Pablo Diab, valoró que el proyecto busca “mejorar las relaciones laborales” y aportar previsibilidad y certidumbre, subrayando la dinámica cotidiana entre pymes y trabajadores.

Por su parte, Pablo Devoto, presidente de la comisión laboral de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), acompañó las actualizaciones propuestas y alertó sobre la informalidad laboral, que ubicó en 43%, advirtiendo que el país se aproxima a niveles de economías con informalidad del 50% o 60%. También desde ADIMRA, el director Gustavo Corradini consideró que la reforma permite ordenar normas y reducir interpretaciones judiciales, aunque pidió revisar puntos específicos como la ultraactividad, los convenios de empresa para pymes y la prohibición de aportes a cámaras empresariales, por posibles efectos no deseados.

Rechazo gremial y críticas por constitucionalidad

El contrapunto llegó desde el sindicalismo. Hugo Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, cuestionó la extensión y el contenido del proyecto —197 artículos— y sostuvo que “viola normas constitucionales” y derechos consagrados, al tiempo que “fomenta el despido”. En sintonía, Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, advirtió que la discusión se da en un contexto en el que el salario mínimo es el más bajo de América Latina, y recordó que reformas laborales previas derivaron en caídas del empleo, alertando sobre una legislación contraria a la Constitución Nacional.

El cierre del debate estuvo a cargo de la CGT, cuyos referentes se sumaron al tramo final de la jornada. Jorge Sola, secretario general de Seguros, cuestionó la constitucionalidad del proyecto y reclamó un tratamiento más profundo, advirtiendo sobre el impacto en los derechos individuales y en la representación sindical. Jorge Argüello, de Camioneros, calificó la iniciativa como “regresiva” y sostuvo que se trata de una flexibilización laboral que no genera empleo. Finalmente, Cristian Jerónimo, secretario general de SEIVARA, afirmó que la CGT “no avaló en ningún momento” la reforma y que no aporta “nada al mundo del trabajo”.

Escenario abierto y próximas definiciones

Con posiciones claramente delineadas, el Senado acordó un cuarto intermedio para retomar el debate este jueves a las 9.30. El proyecto avanza con respaldo empresario y resistencia sindical, en un contexto de alta sensibilidad económica y social, donde la discusión combina empleo formal, informalidad, litigiosidad y derechos laborales. Las próximas exposiciones y eventuales cambios al texto serán determinantes para definir el rumbo de una reforma que promete seguir generando fuertes tensiones políticas e institucionales.

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Con votos ajustados, Diputados dio media sanción a la ley de Inocencia Fiscal

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Diputados aprobó el proyecto de “Inocencia Fiscal” y lo giró al Senado: reforma penal tributaria y blanqueo implícito de dólares no declarados

En su primera sesión con la nueva composición y tras sancionar el Presupuesto 2026, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley de “Inocencia Fiscal”, una iniciativa del Gobierno orientada a incentivar el uso de dólares no declarados —conocidos como “dólares del colchón”— y a reformar en profundidad el Régimen Penal Tributario. La norma obtuvo 130 votos a favor, 107 en contra y 2 abstenciones, en un debate marcado por fuertes cruces políticos y denuncias de la oposición.

Cambio de paradigma tributario: presunción de inocencia y foco en la “evasión relevante”

El proyecto introduce una reforma integral del sistema tributario y del Régimen Penal Tributario, con un cambio estructural en la relación entre el Estado y los contribuyentes, basado en la presunción de inocencia. El texto redefine los criterios para la configuración de los delitos fiscales y prioriza la intervención penal en los casos de “evasión relevante”, con el objetivo explícito de descomprimir el sistema judicial y concentrar los recursos estatales en conductas consideradas verdaderamente lesivas.

Entre los ejes centrales, la iniciativa habilita la extinción de la acción penal cuando el contribuyente regularice su situación fiscal, y establece límites precisos para el inicio y la continuidad de procesos penales cuando las facultades del fisco se encuentren prescriptas. A su vez, incorpora una presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas en tiempo y forma, salvo inconsistencias relevantes, con la finalidad de reducir la discrecionalidad en los procesos de fiscalización y mejorar la previsibilidad.

En línea con ese enfoque, se crea un Régimen Simplificado de Declaración Jurada, destinado a facilitar el cumplimiento, incentivar la formalización y garantizar que la información patrimonial no sea utilizada como mecanismo de persecución futura.

Nuevos umbrales penales, Ganancias simplificado y menor prescripción

Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la actualización de los umbrales a partir de los cuales la evasión pasa a ser delito. La evasión simple se eleva de $1,5 millones a $100 millones, y la evasión agravada de $15 millones a $1.000 millones. En el caso de la seguridad social, el piso sube de $200.000 a $7 millones, mientras que para el uso de facturas apócrifas el umbral se incrementa de $1,5 millones a $100 millones.

En materia de Ganancias, el proyecto establece un Régimen Simplificado con un tope patrimonial de hasta $10.000 millones para adherir. Los contribuyentes alcanzados no deberán informar variaciones patrimoniales ni se controlarán sus consumos. En los hechos, ARCA liquidará el impuesto únicamente sobre los ingresos facturados, deduciendo los consumos, sin controlar el eventual crecimiento patrimonial.

Además, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años. ARCA no iniciará acciones penales siempre que se cancelen las deudas y sus intereses, beneficio que podrá utilizarse una sola vez por contribuyente.

Votación ajustada, críticas opositoras y giro al Senado

La iniciativa avanzó sin un debate ordenado en el tramo final de la sesión. La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, fue la miembro informante, aunque su exposición se dio en un recinto alterado tras más de diez horas de discusión. En ese contexto, sostuvo que el proyecto “establece un cambio de paradigma” y cuestionó la idea de que los contribuyentes sean “sospechosos por defecto”.

El cierre del debate se aceleró por pedido de Silvana Giudici, y la votación general arrojó el resultado favorable. En la votación en particular, el diputado Guillermo Michel solicitó modificaciones para ajustar multas y clausuras según el tamaño de las empresas y personas humanas, pero no fueron aceptadas. Sí se incorporó una modificación en el artículo 43°, referida a la actualización de montos a partir del 1 de enero de 2027.

Desde la oposición de izquierda y sectores de Unión por la Patria se expresaron duras críticas. Miriam Bregman calificó la norma como “una ley para esconder narcos”, mientras que Romina del Plá la definió como “una ley para beneficiar la evasión y el narcotráfico”. Juan Grabois también cuestionó con dureza el proyecto durante la sesión. Pese a ello, el oficialismo y sus aliados lograron sancionar el texto, que ahora será tratado por el Senado.

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Reforma laboral: Cordero defendió el proyecto y afirmó que “no quita ningún derecho esencial”

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En vísperas del debate legislativo, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, aseguró que el proyecto de reforma laboral enviado al Senado busca preservar derechos, reducir costos y facilitar la incorporación de más trabajadores al empleo formal, en un contexto de fuerte tensión política y sindical. La iniciativa —impulsada por el Gobierno nacional a través del Ministerio de Capital Humano— redefine componentes centrales del régimen laboral argentino y deja planteado un nuevo escenario para gremios, empresas y trabajadores.

Un proyecto que apunta a “modernizar sin quitar derechos”: lineamientos, objetivos y puntos sensibles

Durante un reportaje concedido a Ámbito y La Nación, Cordero sostuvo que la reforma “no elimina derechos adquiridos” y que constituye una propuesta “pro trabajador, pro empresa y pro sindicato”. En sus palabras: “Lo que tiene de magnífica esta reforma es que no quita realmente ningún derecho esencial a los trabajadores y, por otro lado, da y otorga derechos apuntando a generar empleo”.

El proyecto modifica aspectos clave del sistema laboral, entre ellos:

  • Retención de aportes sindicales: las empresas ya no estarán obligadas a actuar como agentes de retención. El mecanismo será opcional “siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes”. Según fuentes oficiales, los gremios deberán desarrollar sus propios sistemas de cobro, aprovechando “mecanismos digitales existentes”.
  • Fuero laboral: se refuerza el traspaso de competencias judiciales desde la órbita nacional hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  • Indemnizaciones: el texto aclara que el aguinaldo no integra la base de cálculo por despido. Además, propone una fórmula explícita de actualización judicial: inflación del INDEC más 3%.
  • Costos laborales: la contribución que realizan las empresas a las obras sociales se reduce del 6% al 5%.
  • Ultraactividad: se habilita la modernización de convenios colectivos. Las cláusulas normativas se mantienen salvo acuerdo, mientras que las obligacionales deberán renegociarse.
  • Jornadas y banco de horas: se habilita la posibilidad de reorganizar horas laborales mediante sistemas de compensación acordados por convenio, sin eliminar las horas extra.
  • Vacaciones: se introduce un esquema de fraccionamiento con un mínimo de siete días continuos, atendiendo a nuevas dinámicas del uso del tiempo libre.

Cordero remarcó que la reforma busca corregir “distorsiones judiciales” y adaptar reglas laborales a un mercado donde emergen la inteligencia artificial, la robótica y modalidades autónomas de trabajo. Según explicó: “La relación de dependencia requiere dependencia jurídica, técnica y económica; si alguna falta, el vínculo es autónomo”.

Reacciones políticas y sindicales: entre el apoyo parcial y el conflicto abierto

A pesar del énfasis oficial en el carácter “proactivo” de la reforma, la CGT convocó a una movilización para el 18 de diciembre en rechazo al proyecto. Cordero relativizó el conflicto y argumentó que algunos gremios “toman posiciones de liderazgo en defensa de intereses propios”, aunque diferenció a un “sindicalismo sano” que reconoce la urgencia de incorporar trabajadores al empleo formal.

Sostuvo: “Muchas veces es difícil permanecer cómodo cuando hay muchas otras personas que están incómodas. Hay personas en la informalidad y a través de los años no se ha logrado corregir este problema”.

También afirmó que la iniciativa no es antisindical: “Es una ley en favor de, no una ley anti nada. Es pro trabajador, pro empresa y pro sindicato”.

En materia legislativa, Cordero se mostró confiado en que existen condiciones políticas para que el Congreso avance: “La ciudadanía está pidiendo desesperadamente que algo hagamos. Es una obligación moral”. No obstante, aclaró que los tiempos dependen exclusivamente del Parlamento.

Implicancias económicas y laborales: formalización, costos y previsibilidad jurídica

El Gobierno sostiene que la reforma permitirá: Reducir cargas sobre el empleo, especialmente para pymes. Ofrecer previsibilidad respecto de indemnizaciones y litigios. Habilitar nuevas modalidades de trabajo autónomo para jóvenes. Actualizar convenios colectivos antiguos que dificultan la expansión de la actividad. Formalizar trabajadores actualmente en la economía informal.

Para Cordero, el “primer derecho” es el acceso al trabajo: “No se da cuando hay un régimen jurídico conflictivo o complejo como el que vivimos hasta hoy”.

La inclusión del banco de horas, la posibilidad de fraccionar vacaciones y la reducción de contribuciones se orientan a flexibilizar costos y tiempos sin eliminar figuras tradicionales como la hora extra.

En materia de negociación colectiva, el final de la ultraactividad obligacional implica revisar aportes, capacitaciones y beneficios históricos que se acumularon “a través del tiempo”, lo que podría redefinir la estructura financiera de varios gremios.

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El Senado distinguió a referentes de la medicina en una ceremonia organizada por Carlos Arce

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En una emotiva ceremonia realizada en el Salón Azul del Congreso de la Nación, el Senado entregó el Diploma de Honor a los doctores Antonio Lorusso, Liliana Voto y a la misionera María Lourdes Bertoni, en reconocimiento a sus destacadas trayectorias profesionales, docentes y sociales en el ámbito de la medicina argentina.

El acto fue organizado por el senador nacional por Misiones, doctor Carlos Arce, del Frente Renovador de la Concordia, médico cirujano y especialista en tocoginecología y mastología, quien impulsó el homenaje como una forma de destacar la vocación de servicio y el compromiso humano de tres referentes de la salud y la docencia médica del país.

“Este reconocimiento no sólo distingue trayectorias académicas y científicas sobresalientes. Distingue, sobre todo, una forma de ejercer la medicina: con entrega, compromiso, con un profundo respeto por la vida humana y con la convicción de que cada paciente es, ante todo, una persona que merece ser acompañada y cuidada”, expresó el senador Arce durante su discurso.

La ceremonia contó con la presencia de los legisladores nacionales Sonia Rojas Decut, Carlos Fernández y Colo Vancsik, además de autoridades académicas y referentes del ámbito médico, quienes acompañaron con calidez el reconocimiento a los tres profesionales distinguidos.

Trayectorias ejemplares

La doctora María Lourdes Bertoni, oriunda de Eldorado, Misiones, fue distinguida por sus más de cincuenta años de labor en el Hospital Ramón Madariaga de Posadas, donde atendió miles de nacimientos y formó a generaciones de médicos, obstetras y enfermeras. Fue directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Misiones, miembro fundadora de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Misiones y creadora del servicio y residencia de obstetricia del Hospital Madariaga.

El doctor Antonio Lorusso, nacido en la Ciudad de Buenos Aires, es un referente nacional e internacional en ginecología y mastología. Presidió la Sociedad Argentina de Mastología, la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia y la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer. Su trayectoria docente incluye una extensa labor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, donde fue profesor titular consulto. En el año 2024, la Universidad Nacional de Tucumán inauguró un Centro Integral de Atención de la Mujer que lleva su nombre.

Por su parte, la doctora Liliana Voto, médica ginecóloga y obstetra, fue la primera mujer en ocupar el cargo de jefa del Departamento Materno Infanto Juvenil del Hospital Fernández, donde impulsó políticas pioneras de atención integral. Es profesora titular de tocoginecología en la Universidad de Buenos Aires y fue reconocida por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia como “Mujer en Obstetricia y Ginecología del Año” en el año 2006.

Un homenaje a la vocación y al servicio

Al cierre del acto, el senador Carlos Arce agradeció la presencia de los homenajeados y destacó que cada una de estas trayectorias “representa una vida entera dedicada al cuidado de la salud, a la enseñanza y al compromiso con el bienestar de las comunidades”.

El Senado de la Nación, a través de este reconocimiento, reafirmó su compromiso con quienes, desde la medicina y la docencia, fortalecen el sistema sanitario y los valores humanos que lo sostienen.

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“Está en juego el futuro universitario argentino”

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Afirmó el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de La Pampa Oscar. “Es difícil para un docente dar clases de calidad cuando está preocupado porque no le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes”. El Presidente del CIM pidió también el acompañamiento del Senado.

-Fuerte apoyo de los diputados nacionales en contra del veto y de la gente en defensa de la universidad pública. ¿Cómo se sigue?

“La lógica es el acompañamiento de los senadores y después que se instrumente esta ley porque si no va a quedar dando vuelta. Creo que ha sido un paso no es que sea una solución ya inmediata, pero si no se hubiera aprobado hubiera estado en juego el sistema universitario para el futuro. Es decir, por la positiva todavía faltan muchas cosas para hacer, para que eso se transforme directo a las universidades, hubo un espaldarazo a las universidades que son fundamentales para el sistema democrático”.

-¿Cree que el presidente Milei la va a reglamentar si se aprueba en el Senado tiene 120 días para reglamentarla o la judicializará?

“No lo sé, pero igual será largo y además ya entramos en el presupuesto 2026, con lo cual ambas cosas vamos a tener que ir analizando en cada en cada caso. Pero bueno, esto también es la base para el presupuesto 2026, o sea, queda claro también que en ese sentido si no tenemos esta base de lo que se aprobó, que tiene que ver con la base de presupuesto también es un paso importante. Es muchísimo para adelante, la verdad que digamos esto no es una solución mágica mucho menos, pero sí es lo que planteamos siempre, sentarnos al diálogo para que se entienda que la universidad, así como estamos no podemos continuar porque los fondos son más que insuficientes”

-¿Ha visto el presupuesto 2026 lo que se les asignó a las universidades?

“Es el mismo valor de que estamos cobrando mes a mes y llevado al año que viene, o sea, que no tiene absolutamente ningún aumento, ningún incremento. Hicimos el cálculo tomamos lo que las universidades en total están recibiendo el mes de agosto, lo analizamos y nos da más o menos 4,7 millones contra el 4,8, con lo cual la diferencia es mínima. Pero sí el cálculo que hicimos es que hay un 4% nada más por encima de lo que se está cobrando ahora y comparado con el 10% de inflación que se plantea significa que todavía el año que viene sobre la base de este estamos mal en un 40% el año que viene vamos a seguir perdiendo fondos sobre ese valor”

-¿Se perdió el año?

“El esfuerzo docente hace de que el año no esté perdido. Hay una esperanza de que esto se reglamente y avancemos y que se entienda de los fondos de esto. Si el resultado hubiera sido negativo, yo creo que se perdía el cuatrimestre 2025”

-¿Cómo se mantiene la calidad educativa cuando un docente que va a dar clase y piensa, “¿No llego a fin de mes, tengo deudas?

“No se puede mantener y vamos a tener hacer con un esfuerzo, tenemos que seguir haciendo ese esfuerzo entre todos y viendo las distintas opciones que se van a ir planteando.

-Además del apoyo a la universidad público hubo un fuerte apoyo al hospital Garrahan…

“Hubo un mensaje claro de la sociedad que le llegó a los diputados y que le llegó hasta los gobernadores. Habría que ver los cambios que vinieron desde las provincias y ver que acá hay un mensaje claro y ojalá que el gobierno no siga en esta tesitura de que no hay fondos para nadie, solamente para mantener un dólar que se sigue escapando”

-¿Cuánto bajó la calidad educativa? Si vos cree si bajó la calidad educativa.

“La disminución se va a ir viendo a mediano y largo plazo. Sí, ya notamos en este año una disminución de la calidad educativa con las renuncias que se produjeron. Por otro lado, el desánimo existe en el docente”.

-La mayoría de los diputados nacionales que votaron a favor y los que sufragaron en contra son producto de la universidad pública…

“Los legisladores que votaron a favor pensaron nosotros no vamos a ser los responsables de la destrucción de la universidad pública. Se vio en los diputados y los gobernadores. Ese mensaje se dio y ojalá que el gobierno entienda el mensaje”

-¿Qué les diría a aquellos diputados que votaron en contra de la universidad pública?

“Que votaron en contra de la gente, yo soy rector de la universidad de La Pampa que días pasados cumplió 67 años, esta universidad no surgió de la nada, sino por un esfuerzo colectivo. Los que votaron en contra le dieron la espalda a la sociedad”.

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