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Misiones Productiva: el planteo de “más libertades” y el ejemplo del modelo brasileño de Estado presente

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En el marco de la jornada “Misiones Productiva”, uno de los organizadores del evento, el diputado provincial Miguel Núñez planteó la necesidad de un giro en la política productiva de la provincia y anticipó que impulsará un proyecto de ley para alinear regulaciones locales con el SENASA. La definición introduce una discusión de fondo: si Misiones debe sostener su esquema actual o avanzar hacia un modelo más abierto, con menos restricciones al productor.

Explicó que el fin a largo plazo de estos encuentros es conformar un gran frente donde converjan todos los sectores que apuesten por un cambio de modelo donde se apliquen las ideas reformistas de “menos Estado” y “más libertades” para que el sector privado pueda desarrollarse.

Para dar sustento a las propuestas esta vez contaron con el apoyo de dos técnicos de Brasil que trabajan en Santo Antonio do Sudoeste. La principal contradicción de este aporte radico en que Brasil desde el 2003 de forma continua lleva adelante una política de Estado presente donde el gobierno Federal, el Estadual y el Comunal trabajan en conjunto con el sector productivo para desarrollar unidades productivas que generen proyectos sostenibles y altamente rentables.

Un planteo que interpela el rumbo productivo

El eje del planteo de Núñez apunta a lo que definió como “incertidumbre” en las reglas que rigen la producción. Según sostuvo, la falta de previsibilidad desalienta inversiones de largo plazo, como la compra de maquinaria o el desarrollo de nuevas actividades.

En ese marco, cuestionó regulaciones vigentes que —según su visión— terminan frenando el crecimiento del sector. Puso como ejemplo la prohibición de la quema programada, aplicada por decreto y por tiempo limitado, lo que, a su criterio, evidencia falta de planificación estructural.

El diputado también buscó correr el foco de la histórica centralidad de la yerba mate en la economía provincial. Si bien reconoció su peso, planteó que atraviesa ciclos de crisis recurrentes y que la provincia cuenta con tierras suficientes para diversificar la producción.

El modelo a seguir está al alcance

Núñez remarcó que “todos sabemos lo que sucede en la costa del Uruguay del otro lado y en la costa del Paraná nos pasaron por arriba. La responsabilidad es de todos. Mayormente de nosotros los legisladores. Porque somos los que tenemos que marcar las políticas públicas”. Valoró el acompañamiento de los técnicos de Brasil que explicaron como una comuna con 47 mil unidades productivas de 24 hectáreas en promedio producen alimentos por casi 1 billón de Reales al año.

Los técnicos brasileros destacaron que el programa se sustenta de la sinergia público-privada. Donde los productores presentan proyectos y luego de aprobarse su viabilidad pueden acceder a créditos con tasas subsidiadas y acompañamiento técnico (federal-estadual-municipal). El objetivo es aumentar la rentabilidad, mejorar la productividad y fomentar el desarrollo sostenible.

Si miramos a la otra orilla de Misiones, sobre el río Paraná se desarrolla un modelo cooperativo donde Colonias Unidas nuclea a más de 3000 socios que desarrollan unas19 unidades de negocios que van desde la producción agrícola a la comercialización final de alimentos, derivados y banca cooperativa de crédito.

De la especialización a la diversificación

La propuesta de Núñez se apoya en una idea concreta: producir en Misiones lo que se consume en Misiones. En ese sentido, mencionó como ejemplos la harina, la carne vacuna, el maíz y otros alimentos básicos que actualmente llegan desde otras provincias.

El planteo según el legislador “implica pasar hacia un sistema multiproductivo”, con impacto directo en la estructura económica provincial. Sin embargo, el propio legislador parece desconocer leyes aprobadas en los últimos años que hablan de esos desarrollos multiproductivos y todo el desarrollo de la agricultura familiar para el autosustento con fines de comercialización de en el marco de las Ferias Francas y Mercados Concentradores que vienen desarrollándose hace más de 30 años en Misiones. A la vez, Núñez. marcó límites a ciertas alternativas, como el impulso al café, al considerar que no tendría rentabilidad en el corto plazo frente a cultivos de ciclo más rápido.

El legislador al igual que los empresarios que disertaron durante el encuentro hacen una crítica más amplia al modelo vigente, al señalar que se promovió una provincia “verde” pero con bajos niveles de desarrollo productivo. Para ellos Misiones debe abandonar el cuidado ambiental promoviendo el corrimiento de la frontera agrícola con los modelos intensivos de las provincias sojeras y de los grandes pooles del agronegocio que manejan el modelo agrícola del centro del país, lo que abre una discusión sobre el equilibrio entre ambiente y producción.

Como contraste los técnicos brasileños remarcaron que ellos están incentivando un modelo de producción sostenible, ambientalmente protegiendo el bosque nativo. Incluso con reglas fijas que marcan la protección de las cuencas hídricas y un mínimo de protección del 20% del suelo de cada unidad productiva destinada al monte nativo.

Regulación, poder y disputa “de modelos”

El anuncio de un proyecto para que Misiones adopte las habilitaciones y prohibiciones del SENASA como marco regulatorio marca un punto de tensión institucional. De avanzar, implicaría ceder margen de decisión provincial en favor de criterios nacionales, en un área donde históricamente hubo regulaciones propias.

En paralelo, el cuestionamiento a decisiones tomadas por decreto —como la quema programada— introduce un debate sobre los instrumentos de gobierno y su impacto en la actividad productiva.

El posicionamiento del diputado también interpela al propio sistema político: atribuyó a los legisladores la responsabilidad de definir políticas públicas que acompañen al sector y llamó a los productores a asumir un rol más activo.

Un debate que recién empieza

La jornada dejó expuesta una discusión más amplia sobre el modelo productivo misionero y sus límites actuales. La eventual presentación del proyecto en la Cámara de Diputados será el primer test para medir apoyos y resistencias.

En un contexto donde las comparaciones con países vecinos aparecen como referencia constante, la clave estará en observar si estas propuestas logran traducirse en consensos políticos o si abren un nuevo frente de debate sobre el rumbo económico de la provincia.

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SENASA flexibiliza el régimen sanitario para ovinos de pedigrí en zonas libres de sarna

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El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), a través de la Disposición 2/2026, publicada en el Boletín Oficial el 23 de enero de 2026, introdujo una modificación clave en el régimen sanitario aplicable a ovinos puros de pedigrí destinados a exposiciones y remates en zonas oficialmente libres de sarna ovina. La norma establece una excepción al baño acaricida preventivo obligatorio, sustituyéndolo por un esquema de inspecciones sanitarias oficiales y controles cuarentenarios, con el objetivo de reducir costos y perjuicios productivos sin comprometer el estatus sanitario alcanzado.

La medida impacta directamente en cabañas ovinas registradas y en la operatoria comercial de reproductores de alto valor genético, al tiempo que refuerza el rol del SENASA y de las Comisiones Provinciales de Sanidad Animal (COPROSA) en la fiscalización sanitaria. El cambio se inscribe en el marco de la Ley N° 27.233, que declara de interés nacional la sanidad animal y asigna al SENASA la autoridad de aplicación.

De la obligatoriedad del baño a un esquema de control sanitario reforzado

Hasta ahora, el ingreso de ovinos a provincias declaradas libres de sarna ovina —como Chubut y Santa Cruz— exigía de manera ineludible la aplicación de dos baños acaricidas por inmersión, con intervalos mínimos de 10 días y máximos de 12 días, y con el último baño realizado dentro de las 72 horas previas a la carga, según lo establecido en la Resolución 23/2016 y la Resolución RESOL-2023-1142-APN-PRES#SENASA.

La nueva disposición reconoce que los ovinos puros de pedigrí, registrados ante la Sociedad Rural Argentina y las asociaciones de criadores correspondientes conforme a la Resolución 188/1999, y mantenidos en condiciones de estabulación y aislamiento, presentan un menor riesgo sanitario frente a la sarna ovina causada por el ácaro Psoroptes ovis.

En ese contexto, el SENASA resolvió exceptuar del baño preventivo a aquellos animales que cumplan simultáneamente con tres condiciones:

  • ser puros de pedigrí registrados;
  • pertenecer a cabañas ovinas inscriptas en el SENASA, con animales estabulados y aislados del resto de la majada;
  • participar en exposiciones rurales y/o remates de reproductores realizados en zonas libres de sarna y autorizados por la COPROSA correspondiente.

El fundamento técnico apunta a reemplazar una exigencia sanitaria uniforme por un modelo de control basado en inspecciones oficiales en origen, durante el evento y al retorno, evitando daños productivos asociados al baño sin debilitar la vigilancia epidemiológica.

Requisitos, inspecciones y cuarentenas: el nuevo circuito operativo

La disposición no elimina controles, sino que los reordena y refuerza. Las cabañas que soliciten la excepción deberán estar registradas ante el SENASA y contar con infraestructura mínima obligatoria, que incluye alambrado perimetral, galpón, brete, depósitos de alimentos y herramientas, sala veterinaria y baño para ovinos.

Además, se exige la realización de dos inspecciones sanitarias anuales destinadas a la detección de ectoparásitos, efectuadas por personal oficial del SENASA, veterinarios acreditados en enfermedades de pequeños rumiantes o personal designado por la COPROSA, todos debidamente registrados en los sistemas sanitarios del organismo.

Previo al envío de animales a exposiciones en zonas libres, el productor deberá solicitar una inspección sanitaria de predespacho con al menos siete días de antelación. Si no se detecta ectoparasitosis, se habilitará la emisión del Documento de Tránsito electrónico (DT-e). Los costos de estas inspecciones quedan a cargo del solicitante.

El control se mantiene también en destino: al ingreso al remate o exposición se realizará una inspección sanitaria oficial obligatoria, y ante la detección de ectoparásitos se ordenará el retorno inmediato de los animales al establecimiento de origen, junto con medidas de higiene y desinfección.

En el egreso, la norma diferencia escenarios. Los ovinos de pedigrí provenientes de zonas endémicas o en alerta sanitaria que permanezcan en zonas libres deberán cumplir una cuarentena de 24 días, seguida de una nueva inspección sanitaria antes de su liberación. A su vez, los animales que salgan de zonas libres hacia eventos en zonas no libres y regresen deberán someterse a inspección de despacho, cuarentena de 24 días y control final.

Impacto productivo, comercial e institucional

Desde el punto de vista económico, la flexibilización del régimen sanitario representa un alivio de costos y riesgos productivos para las cabañas ovinas de pedigrí, especialmente en el circuito de exposiciones y remates, donde el baño acaricida puede afectar la condición física y el valor comercial de los reproductores.

En términos institucionales, la disposición consolida un enfoque de gestión sanitaria basada en riesgo, apoyado en registros, inspecciones oficiales y trazabilidad, sin modificar el carácter obligatorio de la lucha contra la sarna ovina establecida por el Decreto-Ley N° 7.383/1944, ratificado por las Leyes 12.979 y 14.305.

El esquema también refuerza el rol del SENASA como autoridad de aplicación y de las COPROSA como instancias clave de articulación territorial, al tiempo que mantiene un régimen sancionatorio claro: el incumplimiento será penado conforme al Capítulo V de la Ley N° 27.233 y su Decreto Reglamentario N° 776/2019.

La norma, que entró en vigencia al día siguiente de su publicación, busca equilibrar sanidad, competitividad y previsibilidad regulatoria, en un sector donde la condición sanitaria es un activo estratégico tanto para el mercado interno como para la credibilidad del sistema agropecuario argentino.

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SENASA actualiza el reglamento de inspección de productos animales

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El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) dispuso la derogación de dos capítulos históricos del Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal, aprobado por el Decreto N° 4.238/1968, con el objetivo de reordenar, modernizar y actualizar el marco normativo sanitario. La medida fue formalizada mediante la Resolución 62/2026, firmada el 22 de enero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 23 de enero, con vigencia a partir del día siguiente.

La resolución elimina el Capítulo XXIX – Del Asesoramiento y el Capítulo XXXIII – De los Productos Provenientes de la Agricultura Familiar, al considerar que ambos han quedado desactualizados y obsoletos frente a los avances tecnológicos, los cambios en las modalidades productivas y el proceso de consolidación normativa impulsado por el Gobierno Nacional en el marco de la Ley N° 27.742.

Reordenamiento normativo y adecuación tecnológica

En los considerandos, el SENASA fundamenta la decisión en la necesidad de mantener actualizado el reglamento sanitario que rige la elaboración, industrialización e inspección higiénico-sanitaria de carnes y productos de origen animal en todo el país. El organismo recuerda que el Decreto N° 4.238/1968 prevé expresamente, en su Artículo 4°, la posibilidad de introducir modificaciones para acompañar el desarrollo tecnológico.

En ese sentido, el Capítulo XXIX – Del Asesoramiento, que establecía mecanismos de difusión normativa a través de opúsculos y folletos explicativos, fue considerado incompatible con la realidad actual, marcada por el uso de plataformas digitales y sistemas de información en línea. Según la resolución, “dado el tiempo transcurrido desde la elaboración de dicho capítulo y el avance tecnológico experimentado desde entonces, el citado Capítulo XXIX ha quedado desactualizado y obsoleto”.

La derogación se inscribe así en una lógica de simplificación y coherencia normativa, orientada a evitar superposiciones y disposiciones sin aplicación práctica, sin alterar los estándares sanitarios vigentes.

Agricultura familiar: un régimen que requiere una normativa específica

La resolución también deroga el Capítulo XXXIII – De los Productos Provenientes de la Agricultura Familiar, que regulaba los productos de origen animal generados en ese ámbito productivo. El SENASA argumenta que la especificidad de la agricultura familiar, en términos de modalidades, dinámicas, volúmenes y condiciones de producción, difiere sustancialmente del resto de las actividades alcanzadas por el reglamento general.

En ese marco, el organismo considera necesario adecuar la normativa para que resulte coherente con la realidad productiva del sector, evitando encuadres regulatorios que no reflejan sus particularidades. La derogación no implica una desregulación sanitaria, sino la eliminación de un capítulo que, según el texto oficial, perdió funcionalidad dentro de la estructura del reglamento vigente.

La decisión se apoya en los principios establecidos por la Ley N° 27.233, que declara de interés nacional la sanidad animal y vegetal y asigna al SENASA la responsabilidad de planificar, ejecutar y controlar las acciones sanitarias en todas las etapas de la cadena agroalimentaria, sin eximir de responsabilidad a los actores privados.

Proyección regulatoria

Desde una perspectiva institucional, la Resolución 62/2026 refuerza el proceso de ordenamiento y consolidación normativa del SENASA, alineado con los objetivos de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742, que promueve una administración pública más ágil, eficiente y transparente.

Para los establecimientos elaboradores, frigoríficos y operadores del sector de productos de origen animal, la medida no introduce nuevas exigencias inmediatas, pero sí clarifica el marco regulatorio al eliminar disposiciones que habían quedado sin aplicación efectiva. En el caso de la agricultura familiar, abre el camino a la eventual construcción de instrumentos normativos específicos, acordes a su escala y características productivas.

La resolución fue dictada en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 8°, inciso f), del Decreto N° 1.585/1996, y lleva la firma de la presidenta del SENASA, María Beatriz Giraudo Gaviglio.

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SENASA endurece controles y actualiza el marco regulatorio de vacunas bovinas

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El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) aprobó un nuevo Marco Regulatorio para las vacunas virales no vesiculares bovinas mediante la Resolución 61/2026, publicada en el Boletín Oficial el 22 de enero de 2026, que entra en vigencia desde esa fecha. La medida reemplaza la normativa vigente desde 2012 y redefine integralmente los requisitos de registro, control y comercialización de estos productos estratégicos para la sanidad animal y la seguridad alimentaria, con impacto directo sobre laboratorios, productores ganaderos y el comercio agroindustrial.

La norma, firmada por la presidenta del organismo, María Beatriz Giraudo Gaviglio, establece condiciones técnicas más exigentes, alinea el régimen local con estándares internacionales y consolida un proceso de simplificación administrativa impulsado por el propio SENASA.

Un marco regulatorio integral con base legal y técnica

La Resolución 61/2026 se apoya en un andamiaje normativo amplio, encabezado por las Leyes 13.636 y 27.233, que declaran de interés nacional la sanidad animal y vegetal, así como la inocuidad de los alimentos. En particular, la Ley 27.233 fija que las normas sanitarias son de orden público y asigna al SENASA el rol de autoridad de aplicación, responsable de planificar, ejecutar y controlar las acciones sanitarias.

En ese contexto, la resolución aprueba el Marco Regulatorio para la importación, exportación, elaboración, tenencia, depósito, acondicionamiento, distribución y expendio de vacunas virales no vesiculares bovinas en la República Argentina (artículo 1°), y establece que toda persona humana o jurídica que intervenga en esa cadena deberá cumplir con lo dispuesto en la norma (artículo 2°).

Uno de los ejes centrales es la obligatoriedad de inscripción y habilitación previa ante el SENASA para quienes elaboren, acondicionen, fraccionen, depositen o importen productos veterinarios, conforme al artículo 3° de la Resolución RESOL-2025-11-APN-PRES#SENASA del 9 de enero de 2025.

La actualización responde también al Decreto DECTO-2017-891-APN-PTE, que aprobó las Buenas Prácticas de Simplificación en el Sector Público Nacional y obliga a revisar y depurar inventarios normativos para eliminar cargas innecesarias. En línea con ese mandato, el SENASA avanza en la eliminación y consolidación de normas para “brindar una respuesta rápida y transparente a los requerimientos del ciudadano y de las empresas”.

Reglas técnicas, control sanitario y alineamiento internacional

La resolución define con precisión el alcance de las vacunas comprendidas, entendidas como aquellas que contienen antígenos virales como IBR (BoHV-1), BoHV-5, VDVB, Rotavirus bovino, Parainfluenza Bovina tipo 3, Virus respiratorio sincicial bovino y Coronavirus bovino (artículo 6°). Se admiten vacunas inactivadas y replicativas, siempre que cumplan con los requisitos técnicos establecidos (artículo 7°).

Un punto clave es que solo se admitirán vacunas con cepas virales circulantes en la Argentina o con protección cruzada demostrada. Para ello, el solicitante deberá presentar evidencia científica, estudios epidemiológicos, sistemas de vigilancia virológica o publicaciones oficiales que respalden la inclusión de esas cepas (artículo 8°).

En materia de bioseguridad, se exige que los productos con organismos genéticamente modificados (OGM) cuenten con aprobación de la CONABIA, conforme a la Resolución 763/2011 del entonces Ministerio de Agricultura (artículo 10°). Asimismo, los insumos de origen rumiante deberán provenir exclusivamente de países clasificados por la OMSA como de riesgo insignificante para Encefalopatías Espongiformes Transmisibles (artículo 14°).

La norma incorpora de manera explícita las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) sobre los riesgos de las vacunas vivas atenuadas. En particular, se advierte que “las vacunas vivas atenuadas pueden generar inmunosupresión” y que no deben emplearse en animales persistentemente infectados ni transmitirse a animales no vacunados. En consecuencia, se desaconseja la utilización de vacunas vivas atenuadas contra la Diarrea Viral Bovina en animales PI, reproductores machos y hembras gestantes, así como en sus terneros lactantes (artículo 12°).

En cuanto al procedimiento, las solicitudes de registro deberán realizarse a través de la plataforma SIG-TRÁMITES (artículo 5°), consolidando la digitalización administrativa. El registro implica una evaluación documental seguida de controles oficiales de serie, con intervención de la Dirección General de Laboratorios y Control Técnico (DGLyCT).

Impacto productivo, exigencias para laboratorios y proyección sectorial

Desde el punto de vista económico e institucional, la Resolución 61/2026 introduce nuevos estándares de calidad y trazabilidad que impactan directamente sobre los laboratorios veterinarios. Entre las exigencias más relevantes figuran:

  • Cantidad mínima de 50.000 dosis por serie (artículo 31°).
  • Período de validez de un año, salvo que se presenten pruebas de estabilidad que acrediten un plazo mayor (artículos 29° y 30°).
  • Conservación obligatoria entre 2 °C y 8 °C, con cámaras frías con registro de temperatura (artículo 28°).
  • Prohibición de comercializar envases sin estampilla oficial numerada, que certifique serie, vencimiento y cantidad de dosis (artículo 22°).

El régimen de control oficial se detalla en los anexos, con exigencias como control de esterilidad, potencia en cobayos y técnicas específicas (seroneutralización, ELISA, inhibición de la hemoaglutinación), además de la posibilidad de recontrol por única vez (Anexo III). Los requisitos documentales del Anexo I incluyen, entre otros, “la potencia del producto, la eficacia, la duración de la inmunidad, la estabilidad y los estudios de inocuidad” anexo_7556705_1.

A nivel institucional, la norma refuerza las potestades de la DGLyCT para auditar e inspeccionar laboratorios, acceder a todas las etapas del proceso productivo y disponer controles adicionales cuando lo considere necesario (artículos 34° y 35°). Además, establece un régimen sancionatorio vinculado al Capítulo V de la Ley 27.233 y su decreto reglamentario DECTO-2019-776-APN-PTE.

En términos sectoriales, la medida tiene implicancias para:

  • La industria veterinaria, que deberá invertir en cumplimiento normativo, trazabilidad, estudios científicos y adaptación tecnológica.
  • El sector ganadero, que verá fortalecida la calidad sanitaria de las vacunas disponibles, con impacto potencial en productividad y estatus sanitario.
  • El comercio exterior, dado que la armonización con criterios OMSA y CAMEVET facilita la equivalencia regulatoria y la inserción internacional de productos argentinos.

La resolución abroga expresamente la Resolución 598/2012 (artículo 39°), cerrando una etapa regulatoria y abriendo otra caracterizada por mayor exigencia técnica, digitalización de trámites y alineamiento internacional.

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La Sociedad Rural Argentina valora la resolución del SENASA para la cadena ovina

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La Sociedad Rural Argentina destacó la Resolución 44/2026 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que habilita a los productores ovinos a exportar directamente lana sucia, siempre que se cumplan los requisitos sanitarios y de trazabilidad vigentes.

Según la entidad, la medida representa un avance significativo para la cadena ovina, ya que simplifica los procesos de comercialización y reduce los costos asociados al acondicionamiento industrial previo. Esto, a su vez, mejora la competitividad del producto argentino en los mercados internacionales.

La Rural también consideró que la decisión del organismo sanitario se inscribe en una política de modernización y desburocratización orientada a promover una mayor eficiencia en la cadena de valor ovina y a contribuir al desarrollo productivo del sector. En ese marco, subrayó que la resolución genera nuevas oportunidades para pequeños y medianos productores, en particular en las economías regionales, al facilitar el acceso directo a la exportación y fortalecer la rentabilidad de la actividad.

En materia sanitaria, la entidad remarcó que la disposición mantiene los estándares exigidos por los países importadores y garantiza los controles zoosanitarios necesarios mediante la certificación oficial del Senasa, preservando el estatus sanitario nacional.

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