SISTEMA FINANCIERO

El BCRA lanzó la Tasa de Intereses Moratorios para unificar criterios judiciales

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aprobó la publicación de la Tasa de Intereses Moratorios (TIM), una nueva serie estadística destinada a servir como referencia objetiva para que los tribunales determinen intereses moratorios en deudas en pesos. La decisión, adoptada el jueves 8 de enero de 2026, se encuadra en lo dispuesto por el inciso c del artículo 768 del Código Civil y Comercial de la Nación y busca aportar previsibilidad, razonabilidad y seguridad jurídica en un terreno históricamente atravesado por criterios dispares.

Una referencia técnica para aplicar el artículo 768 del Código Civil y Comercial

La creación y difusión de la TIM responde a la necesidad de contar con un parámetro público, homogéneo y técnicamente fundado para el cálculo de intereses moratorios cuando no existe una tasa legal o convencional aplicable. El artículo 768 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que, en esos casos, los jueces deben fijar la tasa teniendo en cuenta “las tasas de interés que determine el Banco Central”, lo que hasta ahora generaba un amplio margen de interpretación.

Con la aprobación del Directorio del BCRA, la nueva serie estadística se incorpora formalmente como herramienta de referencia para el Poder Judicial, luego de haber sido sometida a consulta pública. De este modo, el organismo monetario busca reducir la dispersión de criterios y dotar de mayor coherencia a las decisiones judiciales vinculadas a deudas en moneda local.

Cómo se calcula la Tasa de Intereses Moratorios (TIM)

La TIM se construye a partir de un promedio entre dos componentes clave del sistema financiero: una tasa pasiva y una tasa activa. En concreto, toma como base el promedio entre la tasa de interés correspondiente a los depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días y la tasa activa resultante del promedio ponderado de los préstamos en pesos otorgados mediante documentos a sola firma y de los préstamos personales.

Para preservar el valor real de las deudas y, al mismo tiempo, garantizar la razonabilidad del interés aplicado, la tasa efectiva diaria resultante se encuentra acotada dentro de dos bandas. Por un lado, no puede superar la variación diaria del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) más un 3% efectivo anual. Por otro, tampoco puede ubicarse por debajo de la variación diaria del CER menos un 3% efectivo anual. Este esquema busca evitar tanto la licuación de acreencias como la aplicación de intereses desproporcionados.

Consultar la calculadora de la TIM

Acceso público, calculadora y serie histórica

El BCRA informó que la TIM contará con un esquema de difusión amplio y transparente. En la sección de Servicios y Trámites del organismo estará disponible una Calculadora de TIM, que permitirá estimar los intereses y el monto total resultante a partir de un capital inicial y un período determinado. Esta herramienta apunta tanto a operadores jurídicos como a ciudadanos y empresas que necesiten anticipar el impacto financiero de una deuda judicializada.

Asimismo, el Banco Central publicará la resolución correspondiente con su anexo metodológico y pondrá a disposición la serie histórica completa en la sección de Estadísticas e indicadores, con actualización diaria y formato Excel. La accesibilidad a los datos busca reforzar la previsibilidad y facilitar su utilización en procesos judiciales y análisis económicos.

Impacto institucional y previsibilidad económica

Con esta medida, el BCRA reafirma su rol como proveedor de referencias técnicas para el funcionamiento del sistema jurídico y económico. La estandarización de una tasa de intereses moratorios reduce la incertidumbre para acreedores y deudores, limita la discrecionalidad en la fijación judicial de intereses y contribuye a una mayor seguridad jurídica en las relaciones contractuales.

En un contexto macroeconómico marcado por la necesidad de previsibilidad y reglas claras, la TIM se presenta como una herramienta institucional que articula política monetaria, sistema financiero y administración de justicia, con efectos directos sobre litigios, contratos y expectativas económicas.

Descargar el anexo metodológico (PDF)

Descargar la resolución de Directorio 1/26 (PDF)

Descargar la serie estadística de la TIM (XLS)

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ARCA elimina la exención y las fintech deberán pagar el impuesto al cheque

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió que las billeteras digitales no bancarias comiencen a tributar el Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios, una decisión que encarece el uso de plataformas como Mercado Pago y otras fintech de consumo masivo. La medida redefine el esquema vigente desde 2001 y tiene impacto directo sobre los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), en un contexto de creciente presión fiscal y reordenamiento del sistema financiero digital.

A partir de esta definición administrativa, operar con billeteras virtuales será más caro, ya que los movimientos de fondos quedarán alcanzados por el llamado impuesto al cheque, con una alícuota total del 1,2% por operación (0,6% para el emisor y 0,6% para el receptor), siempre que una de las partes sea una persona jurídica.

Fin de una exención histórica y nuevo criterio fiscal

Hasta ahora, las fintech no bancarias se encontraban exentas del impuesto, al igual que los bancos tradicionales, bajo el esquema que rige desde la creación del tributo en 2001, en plena crisis económica e institucional. El impuesto, pensado originalmente como una herramienta transitoria, se consolidó con el paso del tiempo como uno de los instrumentos de recaudación más efectivos, representando una erogación multimillonaria para empresas y consumidores.

La decisión de ARCA implica un cambio de criterio: las billeteras virtuales dejan de ser tratadas de forma similar a los bancos y pasan a tributar como otros actores del sistema financiero ampliado. En noviembre de 2024, el Gobierno ya había avanzado en esta dirección al reincorporar al impuesto a las billeteras vinculadas a operaciones con criptomonedas. Ahora, el alcance se extiende al resto de las plataformas digitales no bancarias.

A quiénes alcanza el impuesto y cómo se aplica

La medida impacta principalmente sobre los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), figura bajo la cual opera la mayoría de las billeteras virtuales del mercado. Entre las plataformas alcanzadas se encuentran Mercado Pago, la de mayor volumen de operaciones, y otras como App YPF, Prex, Carrefour Banco, Shell Box y Claro Pay, entre similares.

El Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios establece una alícuota del 0,6% sobre cada movimiento de fondos, tanto para quien envía como para quien recibe el dinero. No se aplica a transferencias entre particulares o monotributistas, pero sí cuando interviene una persona jurídica, lo que afecta de lleno a comercios, empresas y operaciones comerciales canalizadas a través de estas plataformas.

Para fundamentar la decisión, ARCA sostuvo que las billeteras digitales no están inscriptas en los regímenes 375 y 376 del impuesto, diseñados originalmente para entidades bancarias. En ese marco, las únicas fintech que quedan excluidas son aquellas que cuentan con licencia bancaria, las cuales mantienen la exención vigente para los bancos tradicionales.

Impacto en el sector y estrategias en evaluación

La resolución genera tensión en el ecosistema fintech, que advierte sobre un posible traslado del mayor costo fiscal a comercios y usuarios finales, encareciendo los medios de pago digitales. Al mismo tiempo, abre un debate sobre la competencia regulatoria entre bancos y plataformas tecnológicas.

Frente a este nuevo escenario, algunas fintech evalúan avanzar hacia la obtención de licencias bancarias como alternativa para quedar excluidas del impuesto. Mercado Pago ya inició ese proceso y se encuentra a la espera de la autorización del Banco Central, un paso que podría redefinir su rol dentro del sistema financiero argentino.

La decisión de ARCA marca un punto de inflexión en la regulación de las billeteras virtuales, con implicancias económicas, fiscales e institucionales que reconfiguran el mapa de los pagos digitales en la Argentina.

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Las pymes apuestan a reformas laborales, impositivas y financieras para volver a crecer

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Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) miran a 2026 como un punto de inflexión. Para los dirigentes nucleados en la Confederación Económica de Misiones (CEM), el próximo año concentra expectativas concretas de que las reformas estructurales que ya comenzaron a discutirse a nivel nacional —y que el sector reclama desde hace décadas— tengan finalmente el contenido y el impacto necesarios para devolver competitividad, reactivar el consumo y generar empleo sin temor. En un contexto de ajuste fiscal y objetivo de Déficit Cero, las pymes plantean una agenda clara: reducir costos, ordenar el sistema laboral, aliviar la presión impositiva y reconstruir un esquema financiero compatible con la rentabilidad real de las empresas.

El desafío no es menor. Tras un ciclo económico que dejó a muchas firmas sin espalda financiera, el sector entiende que sin actividad económica sostenida ninguna reforma será viable en el tiempo. Por eso, el foco está puesto tanto en las decisiones nacionales como en su necesario correlato provincial y municipal.

Reforma laboral e impositiva: bajar el costo, no el salario

Desde la CEM, que agrupa a más de 30 cámaras empresarias de Misiones, la prioridad está puesta en influir en el debate legislativo. “Cerramos el 2025 e iniciamos el 2026 con el foco de la actividad dirigencial pyme puesto en fortalecer el diálogo y la información brindada a legisladores nacionales, de manera tal de ponerlos al tanto de la situación del sector”, señaló Guillermo Fachinello, presidente de la entidad.

En materia de Reforma Laboral, la posición es tajante: el problema no es el salario, sino el costo laboral. Las pymes dependen del consumo y, por lo tanto, bajar ingresos no es una opción. El reclamo apunta a reducir cargas e introducir cambios que permitan contratar sin el riesgo de una litigiosidad desmedida, que —según advierten— termina fundiendo empresas y no siempre redunda en beneficios directos para los trabajadores.

El planteo se vuelve aún más complejo si se considera el marco macroeconómico actual. El Gobierno Nacional sostiene el objetivo de Déficit Cero, lo que obliga a pensar reformas que alivien al sector privado sin desbalancear las cuentas públicas. En paralelo, las pymes reclaman una Reforma Impositiva propia, con instrumentos pensados específicamente para su escala y estructura de costos, que les permita seguir traccionando la economía real.

Financiamiento, consumo y confianza: las claves para volver a invertir

Otro eje central de la agenda pyme es el financiero. La expectativa es que una Reforma Financiera sea inminente y contemple un esquema crediticio acorde a la rentabilidad de las empresas, especialmente en un contexto de baja inflación. En esa línea, Gerardo Díaz Beltrán, secretario de la CEM y secretario del Interior en CAME, insiste en la necesidad de tasas que reflejen la nueva realidad macroeconómica.

El diagnóstico es compartido: pese a la baja del riesgo país y de las tasas de referencia, ese alivio no se trasladó plenamente al crédito productivo. Además, el sector señala que el valor del dinero en el ámbito internacional es sensiblemente mayor al que se toma como referencia para financiar a las pymes locales, lo que profundiza la brecha de competitividad. Tras la eliminación de las Leliq, se espera un gesto concreto del sistema financiero hacia la producción, con mayor flexibilidad y eficiencia.

La reactivación del consumo, en tanto, aparece como una condición necesaria. “Está claro que sin actividad económica, ninguna de las reformas de las cuales estamos hablando tiene sentido”, coinciden los dirigentes empresarios. Sin demanda interna, la baja de costos y el crédito accesible pierden efectividad.

Presión fiscal provincial y tasas municipales

El debate no se agota en la Nación. Las pymes misioneras plantean que las reformas deben generar ecos a nivel provincial y municipal. Reclaman un reacomodamiento del esquema impositivo provincial, una revisión de las tasas municipales y mayor eficiencia en el gasto tanto en empresas públicas como en los distintos niveles del Estado.

No es un reclamo menor: la carga tributaria encabeza desde hace al menos tres años el listado de problemáticas provinciales que más afectan la actividad diaria de las pymes en todos los sectores —industria, comercio, producción y servicios—. A eso se suman regímenes municipales abusivos en varios municipios, que generan impactos negativos directos sobre la actividad y plantean, según el sector, un riesgo institucional para la producción.

En la coyuntura poselectoral, el clima tampoco ayuda. Luis Steffen, director de la Comisión de Comercio y Servicios de la CEM, advierte que “se dio cierto nivel de descreimiento desde el sector pyme hacia el crecimiento tanto para Argentina como para Misiones”. En ese marco, subraya que el país necesita confianza y una tasa de interés razonable para que las inversiones vuelvan y se puedan generar nuevas fuentes de trabajo.

El diagnóstico final es autocrítico. El sector reconoce que atraviesa un fin de ciclo poco beneficioso: “El consumo y la actividad engañosa nos llevó a no tener espalda para soportar el ajuste y avanzar en las transformaciones que hacen falta”, admiten. Por eso, 2026 aparece como una oportunidad clave. No como una promesa abstracta, sino como el año en el que las reformas deberán traducirse en condiciones reales para producir, invertir y volver a crecer.

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El uso de tarjetas de crédito marca récord y redefine el consumo en Argentina

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La financiación con tarjetas de crédito alcanzó niveles récord hacia el cierre del año, impulsada por presupuestos familiares más ajustados, inflación persistente y una mayor digitalización de los pagos. Así lo reflejan los últimos datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que muestran un cambio estructural en los hábitos de consumo y un impacto directo sobre el blanqueo de la economía, la intermediación financiera y el sistema de pagos.

El fenómeno se profundizó durante las Fiestas de fin de año, cuando las familias optaron masivamente por el “dinero plástico” para afrontar gastos corrientes, viajes y vacaciones, tanto en pesos como en dólares. Para el Gobierno, este proceso representa una señal positiva en términos de formalización de transacciones y trazabilidad del consumo.

Tarjetas de crédito en alza: cifras récord y cambio de perfil de pagos

Según el informe sobre pagos del BCRA, el uso de tarjetas de crédito creció 7,4% en cantidades y 1,8% en montos reales, alcanzando 188,9 millones de pagos por un total de $10 billones. El dato confirma que ya en octubre las tarjetas de crédito superaron a las de débito, consolidando un giro relevante en el comportamiento de los consumidores.

El contexto macroeconómico explica buena parte del fenómeno. Con una inflación del 2,5% en noviembre y gastos que continúan ajustándose al alza, los hogares recurrieron al financiamiento para sostener el consumo. La preferencia por la tarjeta también se vinculó al aumento de pagos asociados a viajes y turismo, rubro donde se combinan operaciones en moneda local y extranjera.

En cuanto a los canales de pago, el informe oficial detalla que POS y QR concentraron el 40% de las operaciones con tarjeta de crédito, seguidos por e-commerce (37%) y débito automático (14,2%). Dentro de este esquema, el QR interoperable explicó el 4,7% del total de pagos con crédito, evidenciando el avance de las billeteras virtuales y los medios electrónicos.

Respecto de la modalidad de financiación, el pago en un solo tramo representó el 90,7% de las operaciones en cantidades y el 73,8% en montos, lo que sugiere que, más allá del financiamiento, la tarjeta funciona como instrumento de pago formal y digitalizado.

Débito en retroceso y auge de pagos digitales

El avance del crédito contrasta con el desempeño de las tarjetas de débito. El BCRA informó que en octubre se realizaron 177 millones de transacciones con débito por $4,7 billones, registrándose una caída interanual del 13,3% en cantidades. Este descenso refleja una menor utilización del dinero disponible y refuerza la idea de un consumo cada vez más apalancado en el financiamiento.

En paralelo, continúa creciendo el uso de medios digitales y billeteras virtuales, que ganan terreno tanto en operaciones presenciales como online. La interoperabilidad del QR y la expansión del comercio electrónico consolidan un ecosistema de pagos más formalizado, con mayor registro de operaciones y menor circulación de efectivo.

Pagos en dólares: un nicho en expansión

Otro dato relevante del informe del Banco Central es la evolución de los pagos en moneda extranjera. Durante octubre, se realizaron 10.300 transacciones en dólares por US$6,4 millones, de las cuales el 99% se canalizó vía e-commerce.

Desde la habilitación de los pagos en dólares con tarjeta de débito en febrero de 2025, se cursaron 44.810 operaciones, que totalizaron US$31,4 millones. Si bien el volumen aún es acotado frente al total del sistema, el crecimiento marca una tendencia vinculada al turismo, las compras online y la mayor flexibilidad en los medios de pago.

Impacto económico e institucional

El avance del uso de tarjetas y billeteras virtuales tiene implicancias más amplias. En términos institucionales, contribuye al blanqueo de la economía, mejora la trazabilidad de las operaciones y fortalece la recaudación indirecta. Para el sistema financiero, implica mayor actividad transaccional y un rol creciente de los bancos y fintech en la intermediación cotidiana.

Al mismo tiempo, el aumento del financiamiento vía tarjetas expone la fragilidad del ingreso disponible de los hogares y plantea desafíos en materia de endeudamiento y sostenibilidad del consumo, especialmente si la desaceleración inflacionaria no se traduce en una mejora real del poder adquisitivo.

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Más de USD 260.000 millones fuera del sistema: el desafío del Gobierno para movilizar los dólares de los argentinos

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Los argentinos acumulan más de USD 260.000 millones fuera del sistema financiero formal —el llamado “debajo del colchón”—, una magnitud que condiciona la política económica y explica buena parte de las restricciones estructurales de la economía. Según datos oficiales, estos ahorros crecieron en más de USD 100.000 millones en la última década y avanzan a un ritmo cercano a USD 5.000 millones por trimestre. Frente a este escenario, el Gobierno busca tentar a los ahorristas para que vuelquen esos recursos a la inversión productiva y a las reservas, a través de un nuevo régimen de regularización denominado “Inocencia Fiscal”, actualmente en análisis en el Congreso.

El volumen de fondos fuera del alcance del Fisco no solo refleja desconfianza histórica, sino también un potencial latente para recomponer el crédito, financiar proyectos y aliviar la escasez de divisas. La discusión vuelve al centro de la agenda económica e institucional en un contexto de reservas ajustadas y necesidad de dinamizar la inversión.

La magnitud del ahorro fuera del sistema y su evolución

Los datos oficiales muestran que los ahorros externos y no bancarizados en manos de argentinos o empresas argentinas pasaron de USD 153.309 millones en 2015 a USD 260.443 millones en el tercer trimestre del año en curso. El crecimiento acumulado supera los USD 100.000 millones en diez años y mantiene una tendencia sostenida, con incrementos trimestrales cercanos a USD 5.000 millones.

Se trata de dinero que permanece en el país o en el exterior, en forma de dólares billete, depósitos no declarados, cajas de seguridad u otros instrumentos, y que quedó sistemáticamente fuera del circuito formal. A comienzos de 2016, estos activos ya totalizaban USD 154.682 millones; al inicio del gobierno de Alberto Fernández ascendían a USD 226.569 millones; y alcanzaron USD 261.368 millones hacia fines de 2023, consolidando una trayectoria ascendente que atraviesa distintos ciclos políticos y económicos.

Activos externos: un stock que supera los USD 480.000 millones

Si al efectivo se le suman las inversiones en bonos y títulos externos, propiedades en el exterior y otros instrumentos financieros —declarados o no—, el total de activos externos en manos argentinas alcanzó USD 483.278 millones al cierre del tercer trimestre. La cifra contrasta con los USD 271.766 millones registrados una década atrás, lo que da cuenta de una fuerte acumulación patrimonial fuera del sistema local.

En ese período, crecieron con fuerza las participaciones en fondos de inversión, que pasaron de USD 26.851 millones a USD 69.968 millones, y los títulos de deuda, que aumentaron de USD 14.322 millones a USD 42.448 millones. Este proceso evidencia una preferencia por activos financieros externos como resguardo de valor, en detrimento de la intermediación doméstica.

La estrategia oficial: blanqueo, inversión y reservas

Ante este cuadro, el Gobierno impulsa un nuevo intento de regularización mediante una ley de blanqueo denominada “Inocencia Fiscal”, que se encuentra bajo análisis parlamentario. La pretensión del ministro de Economía, Luis Caputo, es que una parte de esos fondos no declarados se canalice hacia inversiones y, en paralelo, contribuya a fortalecer las reservas del Banco Central, hoy limitadas.

El objetivo oficial es doble: ampliar la base de capital disponible para el desarrollo productivo y reducir la presión cambiaria mediante una mayor oferta de divisas. Sin embargo, el desafío es de naturaleza institucional y política: convencer a los ahorristas de que ingresen sus dólares al sistema requiere previsibilidad, reglas claras y credibilidad sostenida.

En términos macroeconómicos, la magnitud del ahorro fuera del sistema explica por qué la economía argentina convive con un alto nivel de activos privados en dólares y, al mismo tiempo, con restricciones severas de financiamiento y divisas en el sector público. La capacidad de transformar ese stock en inversión real será determinante para el rumbo económico de los próximos años.

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