SISTEMA FINANCIERO

El BCRA habilitó las cuentas sueldo en dólares: qué cambia para trabajadores y empresas

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio un nuevo paso en el proceso de flexibilización del sistema financiero al habilitar oficialmente las cuentas sueldo denominadas en dólares estadounidenses. La decisión, formalizada mediante la Comunicación “A” 8460/2026 y publicada en el Boletín Oficial, incorpora a la divisa norteamericana entre las monedas admitidas para las cuentas destinadas a acreditar remuneraciones laborales.

La medida representa una adecuación del marco operativo del sistema bancario frente a una economía con creciente utilización del dólar en determinadas actividades. Sin embargo, el alcance de la normativa es estrictamente financiero: habilita la apertura y el funcionamiento de cuentas sueldo en dólares, pero no modifica por sí misma el régimen legal que regula el pago de salarios en Argentina.

A partir de la nueva disposición, las entidades financieras deberán ofrecer cuentas sueldo en dólares y garantizar tanto la acreditación de depósitos como la extracción de efectivo en la misma moneda. El Banco Central estableció que esta operatoria será obligatoria en la sucursal donde se encuentre radicada la cuenta y, cuando exista disponibilidad de billetes, también podrá realizarse en otras sucursales, cajeros automáticos y terminales de autoservicio.

Uno de los aspectos más relevantes para los trabajadores es que la gratuidad característica de las cuentas sueldo también alcanzará a las cuentas en dólares. Además, el beneficio no se limitará únicamente a las acreditaciones recientes: los fondos provenientes de la relación laboral que permanezcan depositados conservarán ese carácter sin importar el tiempo transcurrido, ya que la acumulación de saldos no tendrá límite temporal.

La decisión elimina así una posible incertidumbre para quienes opten por mantener parte de sus ingresos depositados en moneda extranjera, garantizando que esos recursos continúen exentos de cargos bancarios mientras provengan de acreditaciones salariales.

No obstante, la norma introduce una aclaración central para evitar interpretaciones erróneas. La habilitación de cuentas sueldo en dólares no implica que todos los empleadores puedan comenzar a pagar salarios directamente en esa moneda. Para que una remuneración sea abonada en dólares deberá existir una base legal o contractual que lo permita, conforme a la legislación laboral vigente.

En consecuencia, la comunicación del Banco Central regula exclusivamente la infraestructura bancaria necesaria para administrar este tipo de cuentas, mientras que las condiciones bajo las cuales un salario puede pactarse y liquidarse en moneda extranjera continúan dependiendo del marco jurídico aplicable y de los acuerdos entre las partes.

Desde el punto de vista económico, la incorporación del dólar a las cuentas sueldo responde a una tendencia de mayor diversificación monetaria observada en distintos segmentos de la actividad productiva. Sectores vinculados a la economía del conocimiento, la energía, los servicios exportables y determinadas actividades profesionales registran una creciente utilización de ingresos nominados en moneda extranjera.

La medida también puede contribuir a simplificar la administración financiera de empresas que operan con ingresos dolarizados y de trabajadores cuyos contratos contemplan remuneraciones vinculadas al dólar, siempre dentro de los límites establecidos por la normativa laboral.

Para el sistema bancario, el desafío estará puesto en ampliar la disponibilidad operativa para atender depósitos y retiros en dólares más allá de la sucursal de radicación de cada cuenta, una posibilidad que la regulación contempla siempre que las entidades dispongan del efectivo necesario.

Con esta decisión, el Banco Central incorpora un nuevo instrumento al proceso de modernización del sistema financiero argentino, adaptando la operatoria bancaria a una economía con mayor utilización de múltiples monedas, pero manteniendo sin cambios las reglas legales que rigen la relación laboral y el pago de remuneraciones.

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El crédito volvió a crecer, pero la mora especialmente en las familias sigue en alza

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El sistema financiero argentino comenzó a mostrar en mayo señales de una recuperación gradual del crédito, luego de varios meses de retracción. De acuerdo con el último Informe sobre Bancos publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el saldo real del crédito al sector privado creció 0,8% mensual en términos consolidados —sumando préstamos en pesos y moneda extranjera— y acumula una expansión interanual del 10,8% real.

La mejora representa un dato relevante para una economía que busca recuperar el financiamiento como motor de la inversión y del consumo. El informe destaca que el crecimiento estuvo impulsado principalmente por las líneas comerciales destinadas a empresas y por los préstamos con garantía real, como los créditos hipotecarios y prendarios, segmentos considerados estratégicos para estimular la actividad económica.

En pesos, el crédito privado avanzó 0,3% real respecto de abril, interrumpiendo cuatro meses consecutivos de caídas. Paralelamente, el financiamiento en moneda extranjera registró un incremento del 2,6% mensual medido en dólares, con una expansión interanual superior al 52%, reflejando una mayor utilización del crédito vinculado al comercio exterior y a empresas exportadoras.

Sin embargo, el informe también expone una señal de alerta que acompaña este proceso de expansión. La morosidad del sistema financiero volvió a incrementarse durante mayo y alcanzó el 7,7% del total de la cartera de préstamos, cuatro décimas por encima del registro de abril.

El mayor deterioro continúa observándose en los créditos destinados a las familias. El índice de irregularidad de ese segmento llegó al 12,8%, aunque el Banco Central destacó que durante los últimos meses comenzó a moderarse la velocidad de crecimiento de la mora, un dato que podría indicar una estabilización del fenómeno tras el fuerte aumento registrado durante el último año.

En contraste, la cartera de empresas mantiene un nivel de incumplimiento considerablemente menor, con una mora del 3,5%, reflejando un comportamiento más sólido del financiamiento corporativo.

A pesar de este incremento en la cartera irregular, el BCRA sostiene que el sistema financiero conserva una elevada capacidad para absorber eventuales pérdidas. Las previsiones constituidas por los bancos cubren el 86,3% de los préstamos en mora, mientras que la cartera irregular neta de previsiones representa apenas el 2,2% de la Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC), un indicador que refleja la fortaleza patrimonial del sector.

La solvencia continúa siendo uno de los principales activos del sistema financiero argentino. En mayo, la integración de capital alcanzó el 30,7% de los activos ponderados por riesgo, muy por encima de los mínimos regulatorios. El excedente de capital representó el 280,3% de la exigencia normativa, un nivel que otorga margen para enfrentar escenarios de mayor volatilidad.

La liquidez también permanece en niveles considerados adecuados. Los activos líquidos en pesos equivalieron al 32,7% de los depósitos en moneda nacional cuando se incluyen títulos públicos utilizados para integrar encajes y operaciones remuneradas con el BCRA. En moneda extranjera, los bancos mantuvieron activos líquidos equivalentes al 50,9% de los depósitos en dólares, preservando un amplio colchón frente a eventuales retiros.

Del lado del ahorro, el escenario fue menos favorable. Los depósitos privados en pesos disminuyeron 0,9% en términos reales durante mayo, principalmente por la caída de los plazos fijos, mientras que los depósitos en dólares permanecieron prácticamente estables respecto del mes anterior.

En materia de rentabilidad, el sistema financiero continúa mostrando resultados positivos, aunque moderados. El rendimiento sobre activos (ROA) alcanzó un 2,2% anualizado tomando el promedio de los últimos tres meses, mientras que el indicador acumulado de los últimos doce meses se ubicó en 1,1%.

Más allá de los indicadores técnicos, el informe deja una conclusión con fuerte impacto económico y social. La recuperación del crédito constituye una condición necesaria para sostener la inversión privada, facilitar el acceso a la vivienda y fortalecer el capital de trabajo de las empresas. Sin embargo, la persistencia de elevados niveles de morosidad entre los hogares refleja que la recomposición del ingreso real todavía no alcanza para normalizar plenamente la capacidad de pago de muchas familias.

El desafío para los próximos meses será consolidar un crecimiento del financiamiento compatible con una reducción gradual del riesgo crediticio. Para ello, la evolución del empleo, los salarios y la inflación continuará siendo determinante, ya que de esas variables dependerá que la recuperación del crédito se transforme en una herramienta de desarrollo económico sostenible y no en un factor adicional de vulnerabilidad financiera.

Informe sobre Bancos 05_26 Banco Central by CristianMilciades

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Ley de Inocencia Fiscal: el Gobierno envió el proyecto a Diputados

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El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su estrategia para incentivar la incorporación de ahorros no declarados al circuito formal al enviar a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal II, una iniciativa que modifica el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias y amplía de manera significativa el universo de contribuyentes que podrán adherir al sistema.

La propuesta, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y los ministros Luis Caputo y Sandra Pettovello, será uno de los primeros proyectos que el Congreso debatirá tras el receso invernal. La intención del oficialismo es lograr su aprobación antes de finalizar agosto, aunque para ello deberá negociar con bloques dialoguistas como la UCR, el PRO, Innovación Federal, Producción y Trabajo y Provincias Unidas, ya que La Libertad Avanza no cuenta con mayoría propia en ninguna de las dos cámaras.

El cambio central de la iniciativa consiste en eliminar los límites de ingresos y patrimonio que hoy restringen el acceso al régimen simplificado. Hasta ahora solo podían adherir personas humanas con ingresos anuales inferiores a $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones. Con la reforma, todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país podrán optar por este mecanismo, independientemente de su nivel patrimonial.

Desde el Ministerio de Economía sostienen que la modificación busca “democratizar” el acceso al sistema tributario simplificado y reducir barreras para la formalización de activos. La expectativa oficial es que una mayor cantidad de contribuyentes canalice recursos que actualmente permanecen fuera del sistema financiero, incrementando la liquidez de la economía sin recurrir a nuevos programas de blanqueo.

La iniciativa mantiene, sin embargo, las facultades de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre los contribuyentes considerados de mayor relevancia fiscal. En ese marco, redefine el concepto de “discrepancia significativa”, que habilitará la revisión de una declaración simplificada cuando la diferencia implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos superior al 15% respecto de lo declarado.

Otro de los ejes del proyecto apunta al fortalecimiento de los controles antilavado. Los contribuyentes que adhieran al régimen deberán canalizar sus operaciones mediante entidades financieras autorizadas por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores. Además, los fondos ingresados bajo estas condiciones podrán acceder a los beneficios previstos por la Ley 27.799 hasta el 31 de diciembre de 2027, mientras que la Unidad de Información Financiera (UIF) deberá adecuar su normativa para considerar la adhesión al régimen como un antecedente favorable dentro de sus procesos de evaluación. No obstante, el proyecto aclara que bancos y demás sujetos obligados continuarán aplicando los procedimientos de debida diligencia y reporte de operaciones sospechosas previstos por la legislación vigente.

El desafío político detrás del proyecto

Más allá de los aspectos técnicos, la reforma abre un debate político que promete atravesar el tratamiento parlamentario. Uno de los puntos más sensibles es que la eliminación de los topes patrimoniales también habilitaría el ingreso de funcionarios públicos y grandes contribuyentes al régimen simplificado, una cuestión que ya genera reparos incluso entre sectores aliados del oficialismo.

Las críticas se intensificaron luego de que trascendiera que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni había adherido al régimen anterior tras el incremento de su patrimonio declarado. La ampliación ahora permitiría también el ingreso de contribuyentes con patrimonios superiores al límite vigente, un aspecto que probablemente sea objeto de modificaciones durante el debate legislativo.

La apuesta económica del Gobierno

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia del Ministerio de Economía para incentivar la circulación de los denominados “dólares del colchón”. El Gobierno apuesta a que la estabilidad macroeconómica, la reducción de la inflación y un esquema tributario más flexible generen incentivos suficientes para que esos recursos ingresen al sistema financiero, impulsen el consumo y fortalezcan la inversión privada.

El desafío será demostrar que esta nueva herramienta logra resultados diferentes a los obtenidos por el régimen vigente. En un contexto de desaceleración inflacionaria, pero con una recuperación económica aún heterogénea, la efectividad de la Ley de Inocencia Fiscal II dependerá tanto de la confianza de los contribuyentes como de la capacidad del oficialismo para construir los acuerdos políticos necesarios que permitan convertir el proyecto en ley.

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Caputo relanza la “Inocencia Fiscal” para captar los dólares fuera del sistema y reforzar el ahorro en la economía formal

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El Gobierno nacional presentó una nueva versión del proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que apunta a facilitar la regularización de ahorros no declarados y estimular el ingreso de los llamados “dólares del colchón” al sistema financiero. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que la propuesta será enviada al Congreso con modificaciones destinadas a ampliar el universo de contribuyentes alcanzados y brindar mayores garantías jurídicas para incentivar la adhesión.

La iniciativa forma parte de la estrategia oficial para fortalecer el ahorro interno como fuente de financiamiento de la economía. Según estimaciones del Banco Central citadas por Caputo, los argentinos mantienen fuera del sistema financiero unos US$170.000 millones, una cifra que supera ampliamente los depósitos en moneda extranjera dentro del sistema bancario.

“Necesitamos que esos dólares ingresen al circuito financiero para que haya más inversión, más crecimiento y mayores recursos que permitan seguir reduciendo impuestos”, sostuvo el titular del Palacio de Hacienda durante la presentación realizada junto a la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, y representantes del ámbito tributario.

El funcionario remarcó que conservar esos fondos fuera del sistema constituye un costo para la economía y para los propios ahorristas. “Tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio. Pierden valor y no generan financiamiento para el crecimiento”, afirmó.

Cambios para ampliar la adhesión

La nueva propuesta mantiene el espíritu del régimen aprobado anteriormente, aunque incorpora modificaciones técnicas surgidas de reuniones entre el Gobierno y especialistas en materia tributaria.

Uno de los cambios centrales elimina los límites patrimoniales y de ingresos para acceder al Régimen Simplificado de Ganancias. De esta manera, podrán adherirse todas las personas humanas y sucesiones indivisas, mientras que los grandes contribuyentes también tendrán acceso a una modalidad simplificada para la liquidación del impuesto, aunque sin algunos de los beneficios adicionales previstos para el resto de los contribuyentes.

Otro aspecto relevante modifica el tratamiento de las denominadas discrepancias significativas detectadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El nuevo texto redefine los parámetros para considerar una diferencia relevante y, además, incorpora la posibilidad de que el contribuyente rectifique su declaración jurada y regularice la situación dentro de un plazo determinado antes de perder los beneficios del régimen.

La propuesta también introduce un cambio de criterio respecto de la carga probatoria. Será el organismo recaudador quien deberá fundamentar las observaciones utilizando información objetiva y verificable, sin recurrir a presunciones, reforzando así las garantías para quienes ingresen al sistema.

Asimismo, si posteriormente una impugnación administrativa fuera revocada, el contribuyente recuperará plenamente los beneficios del régimen y ARCA deberá reintegrar los importes abonados con los intereses correspondientes en un plazo de 45 días hábiles.

El desafío de transformar ahorro en inversión

Desde la perspectiva oficial, el proyecto busca resolver uno de los principales desafíos estructurales de la economía argentina: movilizar un importante volumen de ahorro privado que permanece fuera del sistema financiero.

El Ejecutivo sostiene que una mayor bancarización de esos recursos permitiría ampliar el crédito, financiar inversiones productivas, fortalecer el nivel de actividad y aumentar la recaudación sin recurrir a nuevos tributos, consolidando además el equilibrio fiscal.

En ese sentido, María Ibarzabal Murphy explicó que las modificaciones apuntan a “robustecer la seguridad jurídica del régimen” y generar la confianza necesaria para que un mayor número de contribuyentes decida formalizar sus activos.

El desafío político

La nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal iniciará ahora su recorrido legislativo, donde el oficialismo deberá construir consensos para su aprobación. El debate volverá a poner en discusión el delicado equilibrio entre ampliar la base tributaria, incentivar la formalización de capitales y garantizar reglas previsibles para los contribuyentes.

Más allá del resultado parlamentario, el proyecto refleja una estrategia orientada a canalizar el ahorro privado hacia la economía formal como herramienta para impulsar la inversión y sostener el crecimiento sin incrementar la presión fiscal, un objetivo que el Gobierno considera central para consolidar la estabilidad macroeconómica.

El detalle de las modificaciones

Los ejes principales estuvieron enfocados en ampliar el universo de contribuyentes al Régimen Simplificado de Ganancias y alivianar las discrepancias significativas, entre otros cambios.

Ampliación del universo: se eliminan los topes o barreras patrimoniales y de ingresos. El régimen queda abierto para todas las personas humanas y sucesiones indivisas. Quienes revistan las categorías de “Grandes Contribuyentes” podrán adherir a la “modalidad simplificada” a los fines prácticos de el que fisco les pre-liquide el impuesto y para efectuar el pago, aunque no gozarán de las presuncionesefectos liberatorios ni demás beneficios previstos en la ley.

Discrepancia significativa: se configura una discrepancia si ARCA detecta un incremento del impuesto determinado o una reducción de los quebrantos impositivos (lo cual implica una mejora técnica respecto del texto actual que hablaba de “saldos”) por un porcentaje inferior al 15%Aun superando el 15%, no habrá exclusión del régimen si la diferencia nominal reclamada no alcanza el equivalente al 5% del monto de evasión previsto ($5 millones).

Inversión de la carga probatoria y salvataje por rectificativa: se invierte la carga de la prueba hacia ARCA. Para sostener una discrepancia significativa, el fisco no podrá utilizar presunciones sino que solo podrá valerse de la información declarada, sus propios sistemas o datos de terceros. Se otorga una oportunidad al contribuyente para no perder el régimen. No se considerará configurada la discrepancia si el contribuyente presenta una declaración jurada rectificativa y cancela o regulariza la diferencia (más intereses) en un plazo no mayor a 15 días hábiles tras ser notificado de la liquidación administrativa (por ingresos directos) o de la determinación de oficio. En el texto actual solo se permitía en el caso de uso de facturas apócrifas.

Restablecimiento de la presunción y reintegro con intereses en plazo expedito: si el contribuyente paga el ajuste para no perder el régimen y posteriormente se revoca la impugnación de ARCA, se le restablece plenamente la presunción de exactitud. En este escenario, ARCA está obligada a reintegrar los importes con intereses de repetición en un plazo no mayor a 45 días hábiles desde la notificación de la resolución firme.

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El misionero Javier Lanari fue designado director del Banco Nación

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El Gobierno nacional oficializó la designación del misionero Javier Lanari como nuevo director del Banco de la Nación Argentina (BNA), uno de los cargos estratégicos dentro del principal banco público del país. La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 618/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La designación ubica a Lanari, actual subsecretario de Prensa de la Presidencia y uno de los principales voceros políticos del Gobierno en redes sociales y medios de comunicación, en el directorio de una de las instituciones financieras más relevantes del sistema bancario argentino. Su mandato se extenderá hasta el 4 de febrero de 2028, completando el período legal que había quedado vacante tras la salida del abogado Gonzalo Pascual.

El decreto también formaliza la aceptación de la renuncia de Pascual, quien dejó el cargo con efecto retroactivo al 31 de enero de 2026, y agradece los servicios prestados durante su gestión.

Para Misiones, el nombramiento representa un nuevo espacio de representación dentro de organismos nacionales con capacidad de incidencia económica. Lanari, oriundo de la provincia, se consolidó en los últimos años como uno de los dirigentes de mayor confianza del presidente Javier Milei en materia de comunicación política y estrategia gubernamental, desempeñando un rol central en la difusión de las políticas oficiales desde la Casa Rosada.

Su incorporación al directorio del Banco Nación se produce en un momento clave para la entidad. El banco atraviesa un proceso de transformación orientado a modernizar su funcionamiento, mejorar su eficiencia operativa y ampliar su papel en el financiamiento de los sectores productivos, en línea con la agenda de reformas impulsada por el Gobierno nacional.

Más allá de su perfil vinculado a la comunicación política, el directorio del Banco Nación cumple funciones estratégicas en la definición de políticas crediticias, el seguimiento del desempeño financiero de la entidad y la aprobación de decisiones vinculadas con inversiones, financiamiento productivo y administración institucional.

El Banco Nación continúa siendo el principal actor del crédito público en Argentina y mantiene un papel determinante en el financiamiento de pequeñas y medianas empresas, economías regionales, actividades agroindustriales, comercio exterior e infraestructura productiva. Por esa razón, cada modificación en su conducción adquiere relevancia para el entramado económico nacional y también para provincias como Misiones, donde la entidad conserva una fuerte presencia en el financiamiento del sector productivo.

La designación de Lanari se inscribe además dentro del proceso de renovación de autoridades que el Gobierno viene llevando adelante en organismos descentralizados y empresas públicas, con el objetivo de alinear la conducción institucional con la estrategia económica y financiera de la administración nacional.

Con este nombramiento, el dirigente misionero suma una nueva responsabilidad en la estructura del Estado nacional, combinando su rol en la comunicación presidencial con participación en el máximo órgano de conducción del banco público más importante del país.

El paso de Lanari en el gobierno de Milei

La incorporación de Lanari al BNA se formalizó menos de un mes después de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comunicara su salida de la Secretaría de Comunicación y Prensa. El 22 de junio Adorni había agradecido al funcionario por acompañar durante dos años y medio a la gestión y anticipó que el Gobierno informaría posteriormente quién quedaría a cargo del área.

La salida de Lanari del área de comunicación se dio el mismo día que entró en funciones el nuevo portavoz presidencial, Adrián Ravier. Esa decisión se dio, a su vez, en medio de la polémica que se desató en torno a Manuel Adorni por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y los altos niveles de presión que había a nivel interno para que el jefe de Gabinete fuera expulsado del Gobierno.

De hecho, su salida sucedió pocos días después. Lanari había ingresado al gobierno de Milei desde el comienzo de la gestión libertaria. En una primera etapa se desempeñó como subsecretario de Prensa y posteriormente asumió como secretario de Comunicación y Prensa. Durante su paso por esa secretaría, el experiodista ejecutó la decisión presidencial de cerrar la sala destinada a los trabajadores de prensa acreditados en la sede gubernamental.

La restricción se aplicó después de una denuncia de la Casa Militar por un presunto caso de espionaje ilegal contra dos periodistas, a raíz de la difusión de una filmación realizada dentro de la Casa Rosada. En la primera jornada de la restricción, Lanari el encargado de salir de la Casa Rosada para conversar con los periodistas, quienes habían instalado de manera provisoria un espacio de trabajo en una confitería ubicada frente a la Plaza de Mayo.

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