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La Cámara de Representantes de Misiones reconoce el libro del juez Juan Manuel Lezcano

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Misiones declaró de Interés Provincial la nueva edición del libro “Derecho Civil – Parte General” y refuerza su estrategia de modernización institucional

La Cámara de Representantes de Misiones declaró de Interés Provincial la nueva edición del libro “Derecho Civil – Parte General” del juez Juan Manuel Lezcano, mediante resolución aprobada el 4 de septiembre de 2025. La obra, presentada el 13 de agosto de 2025 en la Universidad Católica de Santa Fe – sede Posadas, se consolida como un insumo técnico relevante para la actualización doctrinaria y el fortalecimiento institucional del sistema judicial misionero.

La decisión legislativa se apoya en el dictamen favorable de la Comisión de Legislación General, Justicia y Comunicaciones, presidida por la diputada Anazul Centeno y acompañada por la vicepresidenta Blanca Raquel Núñez y los vocales Analia Bibiana Labandoczka, María del Carmen Méndez Asón, Héctor Rafael Pereyra Pigerl, Ariel Fernando Pianesi, Elvio Ceferino Rodríguez, Juan José Szychowski, Lilian Catalina Tartaglino, entre otros.

Un reconocimiento institucional con impacto académico y judicial

La declaración destaca el “beneplácito por la presentación de la Nueva Edición del libro Derecho Civil – Parte General”, y ordena remitir copia al Poder Ejecutivo provincial y a la Universidad Católica de Santa Fe – sede Posadas, según consta en la resolución C.R./D. 813-2025/26 y en el dictamen N.º 42-2025/26.

El reconocimiento legislativo apunta a reforzar la calidad técnica de la formación jurídica en Misiones en un momento donde la actualización doctrinaria resulta crítica para la aplicación práctica del Código Civil y Comercial de la Nación. En particular, la obra del Dr. Lezcano sistematiza jurisprudencia reciente, doctrina vigente y análisis operativo del derecho privado, convirtiéndose en un manual de referencia tanto para litigantes como para magistrados.

Además, el autor se desempeña como juez del Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Familia de Apóstoles, un órgano reconocido por la eficiencia de su gestión y la ausencia de mora judicial. Su trayectoria docente y su participación en los programas de capacitación del Centro de Capacitación Judicial de la Provincia refuerzan la relevancia institucional de su aporte.

Contexto político, académico y económico de la decisión

La declaración se inscribe en la estrategia provincial de fortalecer la profesionalización judicial y mejorar la calidad regulatoria en sectores sensibles como propiedad, contratos, familia y responsabilidad civil. Estos campos, centrales para la actividad económica, requieren actualización permanente por su impacto directo en:

  • Seguridad jurídica para inversiones y transacciones comerciales.
  • Reducción de litigiosidad a partir de mejores prácticas interpretativas.
  • Eficiencia institucional en juzgados de primera instancia.
  • Formación continua para abogados, funcionarios y estudiantes.

En un escenario donde la economía regional depende crecientemente de la estabilidad normativa —desde el desarrollo inmobiliario hasta la industria del conocimiento—, el aval legislativo a una obra técnica de referencia opera como un gesto político de alineamiento entre los poderes del Estado en favor de la modernización jurídica.

La decisión también consolida la relación entre la Cámara de Representantes y el sistema universitario local, reforzando el rol de las instituciones académicas en la producción de conocimiento aplicado y capacitación profesional.

Qué puede cambiar para el sistema jurídico misionero

El reconocimiento legislativo probablemente genere efectos en tres niveles:

1. Sistema judicial

  • Mayor difusión de criterios interpretativos homogéneos.
  • Herramientas actualizadas para operadores del derecho.
  • Fortalecimiento de los programas de capacitación judicial.

2. Sistema académico

  • Incorporación del texto como bibliografía obligatoria en cátedras de Derecho Civil.
  • Impulso a la investigación local en derecho privado.
  • Mayor interacción entre juzgados y universidades.

3. Sector económico y productivo

  • Más previsibilidad en contratos y operaciones comerciales.
  • Mejora en la calidad de dictámenes y asesoramientos jurídicos.
  • Reducción de costos transaccionales por mayor certeza normativa.

En síntesis, la declaración no constituye solo un reconocimiento simbólico: se integra en una política de fortalecimiento institucional que busca elevar los estándares técnicos del ecosistema jurídico provincial.

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