SOBREPRECIOS

La Fuerza Aérea compró un avión al doble de su valor y estaba en mal estado

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Una investigación sobre adquisiciones recientes de la Fuerza Aérea Argentina volvió a poner bajo la lupa los mecanismos de contratación de material aeronáutico, con denuncias por presuntos sobreprecios, licitaciones direccionadas y escasa trazabilidad en los pagos. La licitación, resuelta en pocos días e impugnada por un competidor, se hizo el año pasado. La nave costó US $4.085.000 y una similar salía 2.300.000. Se pagaron 1.785.000 dólares más por un avión en peores condiciones. El proceso estuvo marcado por irregularidades, plazos inusualmente cortos y restricciones que favorecieron a un único proveedor.

El caso más reciente involucra la compra de un avión Embraer ERJ-140LR concretada en 2025, aunque las sospechas alcanzan también a operaciones realizadas desde 2021 con aeronaves Boeing, Saab y Embraer. Lo insólito del caso es que el ex ministro Luis Petri, admitió conocer la maniobra aunque no hizo nada para frenarla, sino que “la denunció” antes de abandonar el ministerio de Defensa. “Denuncié yo mismo este hecho en noviembre del 2025 cuando tomé conocimiento de la investigación periodística de Federico Teijero, que recién se publicó hoy. Hice la correspondiente denuncia penal en la Justicia Federal, antes de dejar mi cargo como Ministro de Defensa”, confesó Petri, quien se enteró por la investigación periodística y no por su equipo.

Según la denuncia, la incorporación del Embraer habría sido diseñada desde su origen para favorecer a un proveedor específico, con un proceso que avanzó en tiempos inusualmente breves y bajo condiciones cuestionadas por especialistas del sector aeronáutico. La licitación para sumar una aeronave de transporte mediano se inició en mayo de 2025 y, en menos de dos meses, ya había sido adjudicada,.

Uno de los principales puntos observados es que el requerimiento técnico habría sido impulsado por un ingeniero sin funciones operativas vinculadas al transporte aéreo, mientras que las especificaciones del pliego habrían sido redactadas de manera tal que solo ciertos modelos pudieran competir. Esa configuración, de acuerdo con las fuentes consultadas, terminó beneficiando a la firma Regional One Inc., que finalmente resultó adjudicataria.

También se cuestiona la ausencia de estudios de mercado que justificaran el valor final de la compra. La aeronave fue adquirida por más de cuatro millones de dólares, pese a que otra empresa había presentado una oferta por un avión similar a menor precio. Esa diferencia alimentó las sospechas de sobreprecio y encendió alertas sobre la razonabilidad de la operación.

A esto se suma un informe técnico posterior que detectó múltiples deficiencias en la unidad incorporada. Entre las observaciones se mencionan signos de desgaste excesivo, posibles fugas y faltantes de equipamiento considerado esencial para su operatividad, lo que profundizó las dudas sobre el estado real del avión adquirido.

Otro dato que generó fuerte controversia fue que la aeronave adjudicada ya se encontraba pintada con los colores de la Fuerza Aérea Argentina antes de concretarse formalmente la compra. La denuncia sostiene que el avión habría comenzado a ser acondicionado desde 2023, lo que refuerza la hipótesis de que la adjudicación estaba definida con anticipación.

Además, se puso bajo análisis el uso de cuentas “escrow” para canalizar los pagos. Si bien se trata de un mecanismo legal y habitual en algunas operaciones internacionales, los denunciantes sostienen que dificulta la trazabilidad de los fondos y reduce la transparencia administrativa, especialmente en compras financiadas con recursos públicos.

Las acusaciones no se limitan a esta operación puntual. Según la investigación, existiría un patrón repetido en otras adquisiciones realizadas desde 2021, incluyendo aeronaves de fabricantes como Boeing, Saab y Embraer, todas con presuntas inconsistencias en precios, procedimientos y controles internos.

El caso ahora podría escalar en sede judicial y administrativa, mientras crecen los reclamos por mayor transparencia en las contrataciones de defensa. En un contexto de fuerte ajuste fiscal y revisión del gasto público, las denuncias sobre compras millonarias bajo sospecha abren un nuevo frente de tensión para el Gobierno nacional.

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Un corte a la insensatez

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Un acto de humillación”. “De vejación”. Cuentan que el Gobernador se enfureció cuando conoció los detalles del maltrato a cientos de misioneros durante las “auditorías” de Nación para determinar la validez de las pensiones por discapacidad. Cientos de personas en largas filas bajo el sol, sin ninguna contención, esperando ser atendidos por un grupo de jóvenes sin identificación, sin médicos y apurados por militantes libertarios enardecidos ante los reclamos. 

Las “auditorías” estuvieron repletas de irregularidades. La falta de profesionales es apenas una. El cardiólogo Leandro Peñaloza, de Pergamino, Buenos Aires, denunció que le falsificaron la firma para las “constancias” entregadas, que no eran otra cosa que un papel sin sello ni membrete de la Agencia Nacional de Discapacidad. 

El médico también negó un vínculo con los libertarios: “Me enteré que en Misiones incluso me quisieron vincular con La Libertad Avanza, pero yo no tengo ninguna relación con esa fuerza política”, relató el profesional al diario Clarín. “En 54 años de ejercicio de la medicina, es la primera vez que me pasa algo así“, afirmó. 

No exagera. Salvo en los años más oscuros de la historia, nunca hubo semejante nivel de atropello a ciudadanos por parte del poder central, acostumbrado a creer que puede mirar con menosprecio a quienes viven más allá de los límites geográficos de la capital.

Por ese cúmulo de vejámenes, Hugo Passalacqua ordenó a la Fiscalía de Estado presentar un amparo ante la Corte Suprema. “Es extremadamente importante. No es una denuncia mediática ni política. Es seria, tuvimos que recabar documentación, testimonios, etc para acreditar en una Corte nada menos. Algo serio, como amerita la barbaridad que hizo la Nación”, detalló Passalacqua. El mandatario misionero, conmovido, puso énfasis en que más allá del rumbo político, la gobernanza debe tener carácter humano. “Si se pierde eso se pierde todo”.

La demanda de Misiones ante la Corte exige el inmediato restablecimiento del pago de las pensiones no contributivas por invalidez, el pago retroactivo a quienes perdieron el beneficio en los últimos meses, la nulidad de las auditorías irregulares realizadas en la provincia, medidas para garantizar la continuidad de las prestaciones, transparencia del proceso y respeto a la dignidad de las personas con discapacidad. 

Aunque parezca el menor de los males, la falta de respeto a la dignidad de las personas con discapacidad es quizás lo más grave de la situación. El desprecio por el otro. El desdén. La falta de empatía. La indolencia. Los operativos en Misiones fueron coordinados por Samantha Stekler. La delegada del PAMI y diputada electa fue la encargada de alquilar los hoteles y elegir los lugares donde se hicieron las “auditorías” que terminaron en escándalo. 

Sea del signo político que sea, el Gobierno debe estar para proteger a sus ciudadanos, no para darles la espalda ni para ahondar su vulnerabilidad. No hay Excel ni motosierra que justifique la degradación. Por eso no sorprendió que incluso los aliados votaran a favor de la ratificación de la ley de Emergencia en Discapacidad, vetada por el Presidente. Milei se quedó en soledad en su negativa. Apenas lo acompañaron seis senadores de la LLA y una del PRO. Los senadores de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut votaron en línea con el posicionamiento de Passalacqua. Martín Goerling Lara, que en la primera votación estuvo ausente, ahora votó a favor en contra del veto. 

No se trata de evadir controles ni auditorías, sino de respetar al otro. Sin embargo, el Gobierno parece disfrutar de llevar al extremo el avasallamiento. La irregularidad de la auditoría en Misiones no es una excepción. En otras provincias ocurrió lo mismo. Salta también reclamó ante la Corte Suprema. 

No son excepciones: el propio Presidente Javier Milei, su ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, sostuvieron durante meses que una auditoría había demostrado que la mitad de los comedores del país no existían. Esa supuesta evidencia sirvió para justificar la suspensión del envío de alimentos, mientras millones de kilos de mercadería se acumulaban en depósitos oficiales.

Sin embargo, tras un largo reclamo de la diputada nacional Natalia Zaracho y un fallo judicial favorable, el ministerio de Capital Humano reconoció oficialmente que esa auditoría nunca existió. En su lugar, sólo se realizaron verificaciones parciales y administrativas, que abarcaron apenas al 6% de los inscriptos en el Registro Nacional de Comedores Comunitarios y sin trabajo de campo real. Es decir, no hubo auditoría en términos legales ni metodológicos.

El episodio revela una estrategia discursiva basada en un relato fabricado y amplificado por parte del aparato mediático: instalar una cifra impactante (“el 50% no existe”) para legitimar un ajuste sobre las políticas alimentarias, aunque careciera de sustento. 

Más allá de la cuestión técnica, el trasfondo es político: Milei buscó instalar un símbolo de “despilfarro y corrupción” en los sectores más vulnerables para justificar el desmantelamiento del sistema de asistencia. La revelación no solo desnuda esa maniobra, sino que también plantea interrogantes sobre los límites de la posverdad en la gestión pública.

En contraste, la realidad se empeña en contradecir el relato oficialista. Para ser un Presidente especialista en generar riqueza con o sin dinero, los resultados son bastante escasos, apenas sostenidos por la contención de la inflación, que no alcanza ante el desmoronamiento del poder adquisitivo de millones de familias. 

En julio, una familia tipo en la Argentina necesitó casi cuatro salarios mínimos para no caer por debajo de la línea de pobreza y cubrir el costo de la canasta básica, según un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina. La comparación entre el salario mínimo y la línea de pobreza muestra una situación incluso peor que la del año 2001, cuando el país estuvo al borde de la disolución tras el fracaso de la alianza y la década menemista. 

El deterioro también se observa en otras variables analizadas, como las jubilaciones mínimas y la desindustrialización. Cifra señala que el retroceso no puede atribuirse únicamente a coyunturas externas adversas, sino que responde también a decisiones de política económica que priorizaron la apertura comercial y la disciplina fiscal sobre el sostenimiento del aparato productivo y del mercado interno. La contracción de la industria y el deterioro de los ingresos previsionales son dos caras de una misma estrategia de ajuste. La política económica está siendo más letal que el Covid: desde noviembre de 2023 cerraron 15.564 empresas. Durante la pandemia, 15.398 bajaron las persianas

En el medio, el Gobierno acaba de romper con su promesa más firme: la libre flotación del dólar. Hace apenas unas semanas, Milei y todo el equipo económico se burlaban en un streaming de las críticas a la política económica. “¿El dólar está intervenido?”, le preguntó un inocente Alejandro Fantino. “¡¡Flotaaaa!!”, le respondieron todos entre risotadas. No flota más. Las medidas de contención indirecta del dólar se fueron desgastando y perdiendo potencia, hasta que el escándalo de las coimas de Karina dinamitó la confianza. El dólar se disparó y el temblor llegó a las acciones. El Tesoro tuvo que usar la bala de plata y no le quedó otra que intervenir en el mercado para calmar la fiebre. Con una aspirina.

En ese escenario, este domingo el gobierno enfrentará una batalla electoral clave. Buenos Aires va a las urnas para renovar su Legislatura y las encuestas anticipan que el peronismo está cinco puntos arriba de la Libertad Avanza, con diferencias más amplias en algunas secciones electorales. El cierre de campaña encabezado por Milei, en medio del escándalo por las presuntas coimas y sobreprecios que protagoniza su hermana Karina, fue una muestra del desencanto: apenas un puñado de militantes en contraste con la euforia exhibida en el escenario. Los sondeos coinciden en que LLA sumará otra derrota en las provincias, aunque los acólitos insisten en matizar que “lo que importa es octubre”. Pero más allá del resultado, la elección es clave porque lo que implica para dos que no son candidatos: el Presidente y Axel Kicillof, quien representa al “kirchnerismo muerto” que se resiste a morir. 

Misiones también piensa en octubre. Pero como nunca antes, el silencio domina la campaña. Los pintados de violeta, hacen mutis por el foro. Diego Hartfield pasó la semana tuiteando sobre el US Open. Ni una sola idea, ni una sola propuesta. Solo retuits. Del resto se sabe nada. 

Oscar Herrera Ahuad, el presidente de la Legislatura, quien fue uno de los primeros en cuestionar el manoseo de las pensiones, ahora marcó la cancha con el precio de la yerba mate y recordó que en 2023, cuando era gobernador se logró alcanzar los 50 centavos de dólar. Ahora vale, en el mejor de los casos, 250 pesos y hasta 180 como paga Las Marías, la yerbatera de Corrientes. Herrera Ahuad anticipó que en el Congreso volverá a pelear por la regulación del mercado yerbatero, al que definió como imperfecto, por el desequilibrio entre muchos productores y pocos compradores que controlan los precios.

Más allá de la crisis del sector primario yerbatero, Misiones exhibe datos económicos que contrastan con el deterioro nacional. Subió el empleo -108.492 puestos de acuerdo a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo- y también aumentó el número empresas empleadoras con una suba mensual de 0,9% (+83), con el agro como protagonista en ambos casos. Misiones tiene uno de cada tres empleos registrados en el NEA.

También como la principal exportadora de la región y se convirtió en la sexta provincia del país con mayor peso de manufacturas en sus exportaciones superando largamente a Corrientes y Chaco. Misiones fue la provincia con el mayor volumen de exportaciones en la región con USD 262 millones, explicando el 40,9% del total regional. Las ventas al exterior crecieron al 11,6% contra el año anterior y también mostraron importantes incrementos contra los primeros semestres de los años previos (+41,6% vs. 2023 y +20,7% contra 2022). En esta línea cabe resaltar que no solo creció contra esos años, sino que Misiones tuvo su mejor primer semestre desde el 2002.

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