Sociedad Rural Argentina

Caputo descartó una nueva baja de retenciones en la Rural y condicionó futuros recortes al superávit fiscal

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En la antesala del acto inaugural de la Exposición Rural de Palermo, el ministro de Economía, Luis Caputo, llevó un mensaje de cautela al sector agropecuario. Durante su visita al predio y tras compartir un almuerzo con las autoridades de la Sociedad Rural Argentina (SRA), descartó que el presidente Javier Milei anuncie una nueva reducción de las retenciones el próximo domingo y dejó en claro que cualquier modificación futura estará supeditada a la consolidación del superávit fiscal.

Las declaraciones del titular del Palacio de Hacienda buscaron moderar las expectativas que se habían instalado en torno al tradicional discurso presidencial en la Rural, escenario históricamente elegido para comunicar definiciones vinculadas a la política agropecuaria. “Los anuncios ya se hicieron en su momento, así que no hay que esperar ningún anuncio en particular. En la medida que el superávit económico dé más margen, podremos seguir bajando”, afirmó.

El mensaje confirma que la estrategia económica del Gobierno continúa priorizando el equilibrio de las cuentas públicas como condición para avanzar con una reducción gradual de la presión tributaria. En ese esquema, las retenciones dejan de aparecer como una herramienta de corto plazo y pasan a depender de la evolución de los ingresos fiscales y del sostenimiento del programa económico.

La última modificación del esquema de Derechos de Exportación (DEX) fue anunciada por Javier Milei durante su exposición en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Allí se definió un cronograma de reducción progresiva para distintos complejos productivos, que comenzará a implementarse desde 2027 y se extenderá durante dos años.

Según ese cronograma, el trigo y la cebada reducirán sus retenciones del 7,5% al 5,5%, mientras que la soja iniciará un descenso gradual desde el 24% hasta el 15% hacia 2028. En el caso del maíz y el sorgo, la baja será escalonada mediante reducciones trimestrales hasta alcanzar el 5,5%, mientras que el girasol también seguirá un esquema progresivo que concluirá con una alícuota del 3%.

Para el sector agropecuario, la definición implica que no habrá modificaciones inmediatas en un contexto donde los productores continúan reclamando una menor carga impositiva para mejorar la competitividad y acelerar las inversiones. Sin embargo, el Gobierno mantiene el compromiso de avanzar con una reducción gradual, siempre que las condiciones macroeconómicas lo permitan.

Caputo también aprovechó su visita para destacar la evolución de la economía y poner en valor la mejora de la calificación crediticia otorgada recientemente por Moody’s, que se suma a las revisiones positivas realizadas previamente por Fitch Ratings y Standard & Poor’s.

Según el ministro, esas decisiones reflejan un cambio estructural en la economía argentina y fortalecen la percepción internacional sobre el rumbo del programa económico. “Muestran que hay un cambio estructural en el país y eso es lo que están viendo todos”, sostuvo.

En esa línea, afirmó que la actividad económica mantiene una trayectoria de crecimiento sostenido cuando se elimina el efecto de la estacionalidad. “Cuando le sacamos la estacionalidad y nos concentramos en la tendencia ciclo, la economía está creciendo desde hace 26 meses consecutivos, cosa que no pasaba hace más de 15 años. Todos los motivos para estar optimistas”, concluyó.

Desde una perspectiva económica, la postura oficial refleja una estrategia de gradualismo fiscal. El Gobierno busca sostener la confianza de los mercados y preservar el superávit como principal ancla macroeconómica, aun cuando ello implique postergar demandas de sectores estratégicos como el agro. La señal hacia el campo es que las futuras rebajas tributarias continúan siendo parte del horizonte oficial, pero su ejecución dependerá de la capacidad del Estado para mantener el equilibrio fiscal sin comprometer la estabilidad alcanzada.

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El sector cárnico sale en defensa del IPCVA y rechaza el plan de desregulación del Gobierno

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El debate por la desregulación de distintos organismos públicos sumó un nuevo capítulo. Tras conocerse el anteproyecto elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para modificar el esquema de financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), las principales entidades de la producción ganadera y de la industria frigorífica emitieron un fuerte pronunciamiento en defensa del organismo.

En un documento conjunto, las entidades que integran el Consejo de Representantes del IPCVA expresaron su “firme respaldo institucional” al Instituto y reivindicaron su papel como una herramienta estratégica para el desarrollo de la cadena bovina y la promoción de la carne argentina en los mercados nacionales e internacionales.

“Las propuestas de implementar un sistema de aportes voluntarios significarían, sin lugar a dudas, la eliminación del IPCVA”, advirtieron.

Un instituto financiado por el sector privado

Las entidades recordaron que el IPCVA fue creado por la Ley 25.507 a iniciativa del propio sector privado y que, desde entonces, se consolidó como el principal organismo encargado de financiar estudios técnicos, generar información estratégica y promover la carne vacuna argentina en el mundo.

También remarcaron que el Instituto funciona exclusivamente con recursos aportados por la cadena productiva, sin financiamiento del Tesoro Nacional. El esquema vigente establece un aporte obligatorio equivalente al 0,07% del valor índice de la res vacuna por parte de los productores y del 0,03% por parte de la industria frigorífica.

Según sostienen, este sistema garantiza el funcionamiento del organismo y evita el problema del “free rider”, es decir, que algunos actores se beneficien de las acciones de promoción sin contribuir a financiarlas.

Amplia representación federal

El documento destaca que el IPCVA reúne a toda la cadena de ganados y carnes, con representación federal de productores, cooperativas, frigoríficos exportadores e industria.

Entre las entidades firmantes figuran la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica, la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas y la Unión de la Industria Cárnica Argentina.

Asimismo, recordaron que el Estado nacional participa en el Consejo de Representantes a través de la Secretaría de Agricultura, mientras que el Consejo Asesor incorpora a instituciones técnicas, cámaras empresarias, asociaciones de criadores, organismos científicos y representantes oficiales.

“Así funcionan los principales países exportadores”

Uno de los principales argumentos del sector apunta a que el modelo argentino replica el esquema utilizado por los mayores exportadores mundiales de carne.

Las entidades señalaron que Australia, Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay mantienen sistemas de financiamiento obligatorio para sus institutos de promoción, e incluso varios de ellos complementan esos recursos con aportes estatales.

En comparación internacional, sostienen que el presupuesto del IPCVA resulta significativamente menor al de organismos similares, pese a que Argentina continúa siendo uno de los principales productores y exportadores de carne vacuna del mundo.

Riesgo para la apertura de mercados

Las entidades también destacaron que el IPCVA ha sido determinante para la apertura y consolidación de mercados internacionales, el fortalecimiento de las relaciones sanitarias con los países compradores y el posicionamiento de la marca “Carne Argentina” como un producto premium.

Además, recordaron que entre el 3% y el 5% del presupuesto anual del Instituto se destina al apoyo de las tareas sanitarias que lleva adelante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.

“Degradar la credibilidad y la capacidad operativa del IPCVA implicaría retroceder en logros construidos con años de trabajo conjunto, inversión privada y esfuerzo sostenido de toda la cadena”, sostuvieron.

Finalmente, las entidades ratificaron su respaldo al organismo y reclamaron que se mantengan las actuales condiciones de funcionamiento, al considerar que constituyen un pilar para el presente y el futuro de la producción y comercialización de la carne vacuna argentina.

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El campo se une contra la desregulación del IPCVA y advierte que eliminar los aportes obligatorios pondría en riesgo las exportaciones

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Una propuesta de desregulación impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado abrió un nuevo frente de tensión entre el Gobierno nacional y uno de los sectores más dinámicos de la agroindustria. Las principales entidades de productores ganaderos y cámaras frigoríficas rechazaron el anteproyecto que busca transformar en voluntarios los aportes que hoy financian al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), al considerar que la medida comprometería la capacidad del organismo para sostener la inserción internacional de la carne argentina.

El debate trasciende una discusión sobre aportes obligatorios. Para las entidades que integran el Consejo de Representantes del IPCVA, el instituto constituye una herramienta estratégica construida por el propio sector privado desde la sanción de la Ley 25.507, destinada a financiar investigaciones técnicas, inteligencia comercial, promoción internacional y apertura de nuevos mercados para una de las principales cadenas exportadoras del país.

En un documento conjunto, las entidades afirmaron que la eliminación del esquema de financiamiento compulsivo implicaría, en los hechos, la desaparición del instituto. Argumentan que un sistema de contribuciones voluntarias generaría un problema clásico de acción colectiva: todos se beneficiarían de la promoción internacional sin asumir necesariamente el costo de sostenerla, debilitando progresivamente la capacidad operativa del organismo.

Actualmente, el IPCVA se financia exclusivamente con recursos privados aportados por productores y frigoríficos. La legislación vigente establece una contribución equivalente al 0,07% del valor índice de la res vacuna en plaza de faena para los productores y del 0,03% para la industria frigorífica. Según remarcan las entidades, ese mecanismo permitió sostener durante años una política de promoción continua sin depender del presupuesto estatal.

El respaldo institucional exhibe una amplitud poco habitual dentro del sector agropecuario. Firmaron el pronunciamiento las cuatro entidades de la Mesa de Enlace —Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro— junto con las principales cámaras de la industria frigorífica, entre ellas ABC, CADIF, CICCRA, FIFRA y UNICA. Además, el propio Estado nacional participa del Consejo de Representantes a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Las organizaciones sostienen que el IPCVA ha sido determinante para consolidar acuerdos comerciales, fortalecer la relación sanitaria con los principales países compradores y posicionar la marca “Carne Argentina” como un producto premium en los mercados internacionales. Incluso recuerdan que entre el 3% y el 5% del presupuesto anual del instituto se destina a colaborar con tareas sanitarias desarrolladas por el SENASA, aspecto considerado central para mantener la habilitación de mercados de alto valor.

El documento también introduce un argumento comparativo. Según las entidades, todos los grandes países exportadores de carne vacuna cuentan con organismos similares financiados mediante aportes obligatorios y, en muchos casos, complementados con recursos públicos. Australia, Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay aparecen como ejemplos de modelos donde la promoción internacional constituye una política de Estado orientada a sostener la competitividad de toda la cadena.

Desde esa perspectiva, los representantes del sector consideran que el debate no debería centrarse únicamente en la reducción de cargas, sino en evaluar el retorno económico que generan estas instituciones. La promoción internacional, la construcción de reputación sanitaria y la apertura de nuevos mercados benefician tanto a grandes exportadores como a pequeños productores, al ampliar la demanda y mejorar las posibilidades de colocación de la producción argentina.

Otro aspecto que las entidades destacan es el carácter federal y plural del instituto. Desde su creación, la presidencia y la vicepresidencia fueron ejercidas de manera rotativa entre representantes de distintas organizaciones, mientras que el Consejo Asesor incorpora universidades, institutos tecnológicos, asociaciones de criadores, organismos científicos, cámaras empresarias y organismos públicos, consolidando un esquema de gobernanza compartida que, sostienen, fortalece la legitimidad institucional.

La discusión también expone un desafío más amplio para la agenda de desregulación impulsada por el Gobierno. Mientras el Ejecutivo busca reducir mecanismos obligatorios de financiamiento sectorial, parte del complejo agroindustrial advierte que existen instituciones cuya sostenibilidad depende precisamente de la participación colectiva de todos los actores. En este caso, el interrogante no pasa únicamente por reducir costos, sino por determinar cómo preservar herramientas que contribuyen a generar divisas, abrir mercados y sostener el posicionamiento internacional de uno de los principales productos de exportación de la Argentina.

La controversia deja planteado un debate de fondo sobre el diseño de las políticas de competitividad. Para el sector cárnico, el desafío no consiste solamente en producir más, sino en mantener instituciones capaces de sostener la calidad sanitaria, promover la diferenciación de la carne argentina y consolidar su presencia en un mercado internacional cada vez más competitivo. Allí radica, sostienen las entidades, el verdadero valor estratégico del IPCVA.

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Capital Humano homologó la primera paritaria rural bajo la reforma laboral

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El Ministerio de Capital Humano homologó este miércoles la primera paritaria del sector rural encuadrada en el régimen general de negociación colectiva establecido por la Ley N.º 14.250, tras las modificaciones introducidas por la Ley de Modernización Laboral N.º 27.802.

La decisión formalizó el acuerdo alcanzado entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y las principales entidades representativas del agro: Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Sociedad Rural Argentina (SRA), CONINAGRO, Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y Federación Agraria Argentina (FAA).

El acuerdo establece remuneraciones mínimas para trabajadores permanentes comprendidos en el Régimen de Trabajo Agrario regulado por la Ley N.º 26.727, además de distintas actividades específicas alcanzadas por el convenio.

Desde el Gobierno, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, calificó la homologación como un “hito histórico en materia laboral” y la vinculó con un proceso de actualización del sistema de negociación colectiva.

El cambio institucional detrás de la paritaria rural

La modificación no sólo tiene impacto salarial. También redefine el mecanismo institucional mediante el cual se negocian las condiciones laborales del sector agrario.

Hasta la entrada en vigencia de la nueva normativa, las remuneraciones mínimas rurales eran definidas mediante resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), un esquema donde el Estado tenía un rol central en la fijación salarial.

Con la reforma impulsada por la Ley N.º 27.802, las condiciones salariales pasan a discutirse bajo el régimen general de negociación colectiva previsto en la Ley N.º 14.250, trasladando mayor peso a la negociación directa entre sindicatos y cámaras empresarias.

La homologación realizada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social representa así el primer antecedente concreto de implementación de ese nuevo esquema en el ámbito rural.

El agro gana un marco de negociación más flexible

La medida también expone una reconfiguración en la relación entre Estado, sindicatos y entidades rurales.

El acuerdo reúne a actores históricamente influyentes del agro argentino, como la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, CONINAGRO y Federación Agraria Argentina, junto con el sindicato UATRE.

El Gobierno interpretó la homologación como un avance en “institucionalidad laboral”, al considerar que el nuevo régimen aporta previsibilidad y seguridad jurídica tanto para trabajadores como para empleadores.

La decisión además se inscribe dentro del proceso de reformas laborales promovido por la administración nacional, que busca modificar mecanismos tradicionales de regulación del trabajo y reducir la centralidad estatal en ciertas negociaciones sectoriales.

Qué cambia para el sector rural

El nuevo esquema implica que las futuras discusiones salariales del trabajo agrario podrán canalizarse mediante convenios colectivos negociados entre las partes y posteriormente homologados por la autoridad laboral.

En términos prácticos, el sistema se asemeja más al funcionamiento de otras actividades privadas que negocian salarios bajo convenios colectivos generales.

La novedad adquiere relevancia porque el trabajo rural históricamente mantuvo un régimen específico y diferenciado respecto de otros sectores de la economía.

El Gobierno sostiene que el cambio aporta mayor agilidad y modernización al sistema de relaciones laborales rurales.

Impacto potencial en Misiones y el NEA

La formalización de paritarias rurales bajo el régimen general puede tener impacto directo en provincias con fuerte presencia de economías regionales y trabajo agrario, como Misiones y otras jurisdicciones del NEA.

Sectores vinculados a producción yerbatera, forestal, tealera y actividades agroindustriales podrían verse alcanzados por futuras negociaciones bajo este nuevo esquema institucional.

Aunque el comunicado oficial no detalla cifras salariales específicas ni actividades regionales concretas, la modificación del mecanismo de negociación introduce una variable relevante para empleadores y trabajadores rurales del interior productivo.

La evolución de estos acuerdos será observada especialmente en regiones donde la actividad agraria tiene fuerte incidencia sobre empleo y dinámica económica local.

Una reforma que empieza a mostrar efectos concretos

La homologación de esta primera paritaria aparece como uno de los primeros efectos operativos visibles de la Ley de Modernización Laboral sobre el sistema de negociación colectiva.

El desafío hacia adelante será observar cómo evolucionan futuras discusiones salariales bajo el nuevo esquema y si el modelo logra consolidar mayor estabilidad en un sector históricamente atravesado por tensiones entre productividad, costos laborales y regulación estatal.

También quedará bajo análisis el alcance real de la negociación colectiva en actividades rurales específicas y la capacidad del nuevo sistema para equilibrar intereses entre sindicatos y entidades empresarias.

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El trigo explica menos del 7% del precio del pan

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La Sociedad Rural Argentina salió a fijar posición en medio del debate por el precio del pan y buscó despejar cuestionamientos sobre la incidencia del trigo en el valor final que paga el consumidor en la panadería.

Desde la entidad remarcaron que actualmente el valor del trigo representa apenas el 6,7 por ciento del precio final de un kilo de pan, lo que equivale a menos de una décima parte del valor abonado por el consumidor.

Según explicaron, el precio del pan se conforma a partir de múltiples factores a lo largo de toda la cadena de valor, donde intervienen impuestos, costos laborales, logística, energía, alquileres y la estructura comercial, elementos que impactan directamente en los márgenes de cada eslabón y, en consecuencia, en las decisiones de precios.

En ese marco, sostuvieron que las variaciones en el precio del trigo tienen una incidencia limitada sobre el valor final del pan, por lo que consideran incorrecto atribuir al productor agropecuario la principal responsabilidad por los aumentos.

La entidad también señaló que entre comienzos de 2024 y la actualidad la participación del trigo en el precio del pan cayó del 10 por ciento al 6,7 por ciento, en un contexto de menor intervención sobre el mercado y con una reducción de los derechos de exportación, que pasaron del 12 por ciento al 7,5 por ciento.

Para la Sociedad Rural Argentina, un análisis adecuado debe contemplar el funcionamiento integral de todos los eslabones que conforman la cadena de valor, evitando simplificaciones que terminan asignando responsabilidades que no reflejan la dinámica real del sector.

Finalmente, desde la entidad reafirmaron que el campo argentino continuará produciendo, invirtiendo y generando empleo en todo el país, y consideraron fundamental consolidar un entorno que incentive la producción, la inversión y el funcionamiento pleno de los mercados, en beneficio de toda la cadena y también de los consumidores.

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