Sociedad Rural Argentina

Capital Humano homologó la primera paritaria rural bajo la reforma laboral

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El Ministerio de Capital Humano homologó este miércoles la primera paritaria del sector rural encuadrada en el régimen general de negociación colectiva establecido por la Ley N.º 14.250, tras las modificaciones introducidas por la Ley de Modernización Laboral N.º 27.802.

La decisión formalizó el acuerdo alcanzado entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y las principales entidades representativas del agro: Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Sociedad Rural Argentina (SRA), CONINAGRO, Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y Federación Agraria Argentina (FAA).

El acuerdo establece remuneraciones mínimas para trabajadores permanentes comprendidos en el Régimen de Trabajo Agrario regulado por la Ley N.º 26.727, además de distintas actividades específicas alcanzadas por el convenio.

Desde el Gobierno, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, calificó la homologación como un “hito histórico en materia laboral” y la vinculó con un proceso de actualización del sistema de negociación colectiva.

El cambio institucional detrás de la paritaria rural

La modificación no sólo tiene impacto salarial. También redefine el mecanismo institucional mediante el cual se negocian las condiciones laborales del sector agrario.

Hasta la entrada en vigencia de la nueva normativa, las remuneraciones mínimas rurales eran definidas mediante resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), un esquema donde el Estado tenía un rol central en la fijación salarial.

Con la reforma impulsada por la Ley N.º 27.802, las condiciones salariales pasan a discutirse bajo el régimen general de negociación colectiva previsto en la Ley N.º 14.250, trasladando mayor peso a la negociación directa entre sindicatos y cámaras empresarias.

La homologación realizada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social representa así el primer antecedente concreto de implementación de ese nuevo esquema en el ámbito rural.

El agro gana un marco de negociación más flexible

La medida también expone una reconfiguración en la relación entre Estado, sindicatos y entidades rurales.

El acuerdo reúne a actores históricamente influyentes del agro argentino, como la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, CONINAGRO y Federación Agraria Argentina, junto con el sindicato UATRE.

El Gobierno interpretó la homologación como un avance en “institucionalidad laboral”, al considerar que el nuevo régimen aporta previsibilidad y seguridad jurídica tanto para trabajadores como para empleadores.

La decisión además se inscribe dentro del proceso de reformas laborales promovido por la administración nacional, que busca modificar mecanismos tradicionales de regulación del trabajo y reducir la centralidad estatal en ciertas negociaciones sectoriales.

Qué cambia para el sector rural

El nuevo esquema implica que las futuras discusiones salariales del trabajo agrario podrán canalizarse mediante convenios colectivos negociados entre las partes y posteriormente homologados por la autoridad laboral.

En términos prácticos, el sistema se asemeja más al funcionamiento de otras actividades privadas que negocian salarios bajo convenios colectivos generales.

La novedad adquiere relevancia porque el trabajo rural históricamente mantuvo un régimen específico y diferenciado respecto de otros sectores de la economía.

El Gobierno sostiene que el cambio aporta mayor agilidad y modernización al sistema de relaciones laborales rurales.

Impacto potencial en Misiones y el NEA

La formalización de paritarias rurales bajo el régimen general puede tener impacto directo en provincias con fuerte presencia de economías regionales y trabajo agrario, como Misiones y otras jurisdicciones del NEA.

Sectores vinculados a producción yerbatera, forestal, tealera y actividades agroindustriales podrían verse alcanzados por futuras negociaciones bajo este nuevo esquema institucional.

Aunque el comunicado oficial no detalla cifras salariales específicas ni actividades regionales concretas, la modificación del mecanismo de negociación introduce una variable relevante para empleadores y trabajadores rurales del interior productivo.

La evolución de estos acuerdos será observada especialmente en regiones donde la actividad agraria tiene fuerte incidencia sobre empleo y dinámica económica local.

Una reforma que empieza a mostrar efectos concretos

La homologación de esta primera paritaria aparece como uno de los primeros efectos operativos visibles de la Ley de Modernización Laboral sobre el sistema de negociación colectiva.

El desafío hacia adelante será observar cómo evolucionan futuras discusiones salariales bajo el nuevo esquema y si el modelo logra consolidar mayor estabilidad en un sector históricamente atravesado por tensiones entre productividad, costos laborales y regulación estatal.

También quedará bajo análisis el alcance real de la negociación colectiva en actividades rurales específicas y la capacidad del nuevo sistema para equilibrar intereses entre sindicatos y entidades empresarias.

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El trigo explica menos del 7% del precio del pan

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La Sociedad Rural Argentina salió a fijar posición en medio del debate por el precio del pan y buscó despejar cuestionamientos sobre la incidencia del trigo en el valor final que paga el consumidor en la panadería.

Desde la entidad remarcaron que actualmente el valor del trigo representa apenas el 6,7 por ciento del precio final de un kilo de pan, lo que equivale a menos de una décima parte del valor abonado por el consumidor.

Según explicaron, el precio del pan se conforma a partir de múltiples factores a lo largo de toda la cadena de valor, donde intervienen impuestos, costos laborales, logística, energía, alquileres y la estructura comercial, elementos que impactan directamente en los márgenes de cada eslabón y, en consecuencia, en las decisiones de precios.

En ese marco, sostuvieron que las variaciones en el precio del trigo tienen una incidencia limitada sobre el valor final del pan, por lo que consideran incorrecto atribuir al productor agropecuario la principal responsabilidad por los aumentos.

La entidad también señaló que entre comienzos de 2024 y la actualidad la participación del trigo en el precio del pan cayó del 10 por ciento al 6,7 por ciento, en un contexto de menor intervención sobre el mercado y con una reducción de los derechos de exportación, que pasaron del 12 por ciento al 7,5 por ciento.

Para la Sociedad Rural Argentina, un análisis adecuado debe contemplar el funcionamiento integral de todos los eslabones que conforman la cadena de valor, evitando simplificaciones que terminan asignando responsabilidades que no reflejan la dinámica real del sector.

Finalmente, desde la entidad reafirmaron que el campo argentino continuará produciendo, invirtiendo y generando empleo en todo el país, y consideraron fundamental consolidar un entorno que incentive la producción, la inversión y el funcionamiento pleno de los mercados, en beneficio de toda la cadena y también de los consumidores.

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La Sociedad Rural presiona por medidas para el agro ante la suba de costos

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunió este martes en Casa Rosada con Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en un encuentro que volvió a poner en primer plano la tensión entre el Gobierno y uno de los sectores clave de la economía. La cita tuvo un eje concreto: el aumento de costos que enfrenta el agro y la necesidad de medidas para sostener la competitividad. En un contexto económico todavía inestable, el planteo del campo introduce una pregunta estratégica: ¿el oficialismo ajustará su política para evitar fricciones con un actor central en la generación de divisas?

Costos en alza y reclamo de previsibilidad

Durante la reunión, la SRA expuso “las principales preocupaciones de los productores”, con foco en el encarecimiento de insumos y gastos operativos. El diagnóstico del sector es claro: la suba de costos, impulsada en particular por el aumento del gasoil y los fertilizantes, ya impacta en la rentabilidad y podría condicionar decisiones productivas en las próximas campañas.

El planteo no se limitó a un diagnóstico. La entidad pidió avanzar en medidas que “devuelvan competitividad” y generen “reglas claras y previsibles” para sostener inversiones. En un “año desafiante”, atravesado además por factores internacionales, el reclamo apunta a reducir la incertidumbre.

El Gobierno, por ahora, no explicitó respuestas. Pero el solo hecho de la reunión muestra que el tema ingresó en la agenda de gestión.

Un vínculo estratégico en construcción

El encuentro se inscribe en una relación históricamente sensible entre el poder político y el sector agropecuario. La SRA representa a un actor con peso estructural en la economía argentina, tanto por su capacidad productiva como por su rol en el ingreso de divisas.

En este caso, el reclamo se produce en un momento donde el Gobierno necesita sostener el flujo exportador y evitar señales de conflicto con sectores productivos. La demanda de competitividad no es abstracta: se traduce en márgenes, decisiones de siembra y volumen de producción futura.

El pedido de previsibilidad, además, tiene una dimensión institucional. Supone reglas estables que permitan proyectar inversiones en un contexto donde los costos se mueven con rapidez.

Presión sin ruptura

El tono del planteo sugiere una estrategia de presión sin confrontación abierta. La SRA expone sus demandas, pero lo hace en el marco de un canal institucional activo con el Gobierno.

Para el oficialismo, el desafío es equilibrar variables. Por un lado, sostener su esquema económico. Por otro, atender un sector que advierte sobre el impacto directo de los costos en la producción.

En términos políticos, el agro conserva capacidad de influencia. No solo por su peso económico, sino porque sus decisiones impactan en indicadores clave como exportaciones, ingreso de dólares y actividad.

La ausencia de definiciones oficiales tras el encuentro deja el tablero abierto. El diálogo está activo, pero las respuestas aún no aparecen.

Decisiones productivas en el horizonte

El punto crítico se ubica en las próximas campañas. Si el aumento de costos se traduce en menor rentabilidad, las decisiones de inversión podrían ajustarse, con efectos en cadena sobre la producción.

El Gobierno deberá definir si introduce medidas específicas para el sector o si mantiene su actual esquema sin cambios. En ese cruce se juega más que una discusión sectorial: se define el vínculo con uno de los motores tradicionales de la economía.

Por ahora, el encuentro marca un canal abierto. La reacción oficial, en cambio, todavía está por escribirse.

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El campo celebra las exportaciones, pero advierte: sin eliminar retenciones, el crecimiento tiene techo

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La Sociedad Rural Argentina (SRA) valoró las proyecciones del Ministerio de Economía que estiman exportaciones agropecuarias por hasta US$ 42.000 millones en 2026, pero al mismo tiempo lanzó una advertencia directa al Gobierno: sin una reducción estructural de la presión fiscal, el crecimiento del sector será limitado.

El dato oficial —que anticipa un ingreso adicional de US$ 8.700 millones respecto al año anterior— confirma el peso del agro como principal generador de divisas. Sin embargo, desde la entidad rural remarcan que ese resultado no es consecuencia de un esquema plenamente competitivo, sino del esfuerzo del productor en un contexto adverso.

En ese sentido, el ministro Luis Caputo destacó al campo como motor de la economía. Pero en el sector privado la lectura es más matizada: reconocen las señales de previsibilidad, aunque advierten que el actual esquema impositivo sigue actuando como un freno estructural.

Las medidas de alivio fiscal —como la baja de aranceles a insumos y bienes de capital— generaron una reacción positiva en la actividad. Sin embargo, desde la SRA subrayan que ese impulso convive con un escenario internacional complejo.

El agro enfrenta hoy lo que describen como “costos de guerra”, con aumentos superiores al 50% en insumos clave como la urea y un fuerte impacto del precio de los combustibles en la logística.

Este contexto deja al descubierto una tensión central: el sector produce más, pero con márgenes cada vez más ajustados.

Retenciones: el reclamo que vuelve al centro

En este escenario, el mensaje de la SRA es contundente: las mejoras actuales no alcanzan para sostener un proceso de crecimiento de largo plazo.

El foco vuelve a estar en los Derechos de Exportación (DEX), que el sector considera el principal obstáculo para desplegar todo su potencial.

El presidente de la entidad, Nicolás Pino, fue directo en su planteo:
“Celebramos que el país reciba estos miles de millones adicionales, pero hoy el esfuerzo del que arriesga se agota en cubrir costos récord y presión fiscal. El campo ya demostró que, con previsibilidad, responde”.

Y dejó planteado el reclamo de fondo:
“La eliminación de las retenciones será el acelerador definitivo para que la Argentina exprese su máximo potencial agroindustrial y supere el déficit mediante la actividad y no la asfixia”.

Más allá del reconocimiento a las medidas recientes, el posicionamiento de la SRA introduce una advertencia política y económica: el alivio actual es insuficiente si no se traduce en una reforma más profunda.

Para el sector, la Argentina tiene una oportunidad concreta de expandir su capacidad exportadora, pero esa ventana podría desaprovecharse si persisten los impuestos que penalizan la producción.

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Nicolás Pino valoró las medidas del Gobierno Nacional por la sequía

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El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, valoró hoy la reunión que la Mesa de Enlace mantuvo ayer con el ministro de Economía, Sergio Massa, en la cual se anunció un conjunto de medidas para asistir a los productores rurales afectados por la sequía, y afirmó que el titular del Palacio de Hacienda “es consciente” de la urgencia que posee el sector.

“Fue una buena reunión. El ministro (de Economía, Sergio Massa) y el secretario de Agricultura (Juan José Bahillo) hicieron lo que nos comentaron que iban a hacer allá hace unos días en el INTA en Castelar, se ponerse a trabajar en medidas que se pueden tomar”, manifestó Pino en diálogo con Radio Continental.

Según el titular de la SRA, “las medidas que se tomaron son coyunturales y seguramente ayudarán a muchos productores”.

Asimismo, indicó que Massa “es consciente” de la premura que posee el sector respecto de la asistencia por la sequía, y afirmó que, por ese motivo, “le pidió a todo su equipo celeridad para que las cosas empiecen a suceder”.

“Estaba la presidenta del Banco Nación (Silvina Batakis), el titular de la AFIP (Carlos Castagneto) y muchos funcionarios de muy alto rango; y todos asintieron en darle celeridad a las medidas y ocuparse”, destacó Pino.

Entre las disposiciones tomadas por Massa se encuentra la suspensión del pago de anticipo del impuesto a las Ganancias para los productores con dificultades o abarcados por la emergencia agropecuaria; y la creación de un fondo rotatorio por 5.000 millones de pesos para llegar a los pequeños productores que se canalizará a través de convenios con provincias, municipios y/o cooperativas agropecuarias, sistema con el que se aspira a asistir a 18.000 pequeños productores.

El ministro también adelantó que se acordó con la AFIP la suspensión de los juicios de ejecución fiscal, y de los embargos de las cuentas corrientes de todos los productores afectados por la emergencia.

El organismo fiscal también va a llevar adelante un proceso de capacitación y acercamiento con los productores a los efectos de facilitar todos estos trámites.

Por otro lado, el Banco Nación dispondrá de 50.000 millones de pesos en línea de crédito para productores que se encuentran abarcados por la emergencia, financiará los pasivos bajo las mismas condiciones en que los créditos fueron otorgados y colocará 15 puntos más de subsidios de tasa.

Por último, se acelerará la homologación de los pedidos de emergencia agropecuaria de las provincias y se derogará la resolución del Banco Central que incrementaba la tasa para los productores que podían acceder al crédito y participaron de la liquidación del “dólar soja”.

Según indicó Pino, un pedido de los productores fue quitar el IVA a los fertilizantes y herbicidas pero que ello no pudo ser posible por no ser competencia del Poder Ejecutivo.

“El ministro claramente nos dijo que no lo pueden hacer porque tiene que salir por ley ya que no pueden sacarle el IVA a ciertos productos arbitrariamente”, explicó.

No obstante, el miembro de la Mesa de Enlace indicó que desde Economía se les prometió una mayor “agilidad” en la importación de insumos.

Además de Massa, Pino valoró la predisposición del secretario Bahillo.

“Yo veo a un secretario de Agricultura que entiende perfectamente lo que se hable porque lo vive, es un hombre de Gualeguaychú, productor y tambero”, opinó.

Por último, consultado por la posibilidad de un nueva edición del denominado “dólar soja”, Pino pidió, en cambio, un “dólar único”.

“Medidas como el dólar soja, si bien para el productos sojero podría haber sido beneficiosas, fueron muy perjudiciales para otras actividades que usan la soja como insumo. Creemos que lo más importante es achicar esta brecha cambiaria y tener un dólar que sea competitivo”, señaló.

Este tema – según Pino- fue planteado por los ruralistas en la reunión con Massa, pero indicó que, “hay temas que se pueden solucionar rápidamente como los de ayer y otros que van a llevar un poco más de tiempo”.

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