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El gasto público subió en marzo, pero el ajuste persiste en el trimestre

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El gasto primario del Estado nacional mostró en marzo una leve recuperación en términos reales, pero el balance del primer trimestre sigue marcado por el ajuste. Mientras caen con fuerza las transferencias a provincias y la obra pública, los subsidios -especialmente energéticos- vuelven a crecer y reconfiguran el mapa del gasto.

En marzo, el gasto primario devengado aumentó un 1,7% interanual en términos reales. Sin embargo, el acumulado del primer trimestre refleja una caída del 3,3% medido a precios constantes, consolidando la tendencia contractiva que domina desde comienzos de año.

El recorte sigue teniendo focos muy definidos. Las transferencias a provincias registraron una caída del 64,1% interanual en marzo, mientras que la obra pública se redujo un 21,1%, con un desplome del 48,6% en las transferencias de capital. En contraste, el componente de construcciones mostró una suba del 34%, lo que sugiere una recomposición parcial en ejecución directa.

En el frente social, también se verifican retrocesos. Las asignaciones familiares cayeron un 12,3% en términos reales y la Asignación Universal por Hijo (AUH) retrocedió un 11,8% interanual. En el acumulado trimestral, los programas sociales presentan una baja del 29,8%.

Del otro lado, algunas partidas crecen con fuerza. El gasto en bienes y servicios aumentó un 47,6% interanual en marzo, mientras que los subsidios económicos avanzaron un 25,7%. En el trimestre, estos últimos se disparan un 66,9%, convirtiéndose en uno de los principales motores del gasto.

Un caso particular es el de las pensiones no contributivas, que registraron en marzo un salto del 120,9% interanual real, impulsadas por transferencias por invalidez laboral por $0,9 billones. No obstante, en el acumulado del trimestre esta partida muestra una caída del 3,9%, lo que sugiere un efecto compensatorio tras los bajos niveles de ejecución en enero y febrero.

Energía: el regreso de los subsidios

El componente energético explica gran parte del aumento en subsidios. En marzo, las transferencias en este rubro crecieron un 141,8% interanual real y acumulan una suba del 180,5% en el primer trimestre.

El 75,3% de estos fondos se destinó a CAMMESA, con un incremento del 136,8% interanual. Detrás de este salto aparece un dato clave: la cobertura tarifaria sobre el costo de generación cayó al 69,2% en febrero de 2026, desde el 83,6% registrado un año antes. Es decir, pese a los aumentos tarifarios, los costos energéticos crecieron más rápido, ampliando la necesidad de subsidios.

A esto se suman transferencias a Energía Argentina (ENARSA), que en enero alcanzaron los $0,3 billones, cuando en el mismo período de 2025 no se habían registrado.

A diferencia de la energía, los subsidios al transporte continúan en retroceso. En marzo cayeron un 33,3% interanual real y acumulan una baja del 25,3% en el trimestre.

El principal componente, el Operador Ferroviario -que concentra el 55,9% del gasto- mostró una leve caída del 3% en el período. En tanto, el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT), que representa el 39% de las transferencias, registró un recorte mucho más profundo del 42,8%.

El dato de fondo es claro: el ajuste del gasto público no es uniforme, sino selectivo. Mientras se profundiza el recorte en transferencias a provincias, obra pública y programas sociales, los subsidios -en especial los energéticos- vuelven a ganar peso en la estructura del gasto.

El resultado es una reconfiguración del Estado: menos federalismo fiscal, menor inversión pública y mayor presión de los costos energéticos sobre las cuentas públicas.

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San José autorizó un aumento del boleto: $1.500 desde abril

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El Concejo Deliberante de San José aprobó por unanimidad una suba en la tarifa del transporte urbano de pasajeros, que comenzará a regir a partir del 1 de abril de 2026. La medida fija el valor del boleto único en $1.500 y responde a un pedido de la empresa prestataria del servicio, “R y R”.

La decisión quedó formalizada a través de la Ordenanza N° 03/2026, sancionada el 11 de marzo, y posteriormente promulgada por el Poder Ejecutivo municipal mediante la Resolución N° 16/2026.

La actualización tarifaria se fundamenta en el incremento de los costos operativos del sistema, entre ellos el aumento del combustible, los gastos de mantenimiento de las unidades, el costo del personal y la reducción de subsidios.

El cuerpo deliberativo consideró que el pedido de la empresa resulta “razonable” en el contexto económico actual y remarcó la necesidad de garantizar la continuidad del servicio de transporte público en el municipio.

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El Gobierno actualiza subsidios a colectivos del AMBA para sostener salarios y recalcula costos del sistema

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El Gobierno nacional decidió recalibrar el esquema de subsidios y costos del transporte de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para garantizar el pago de los aumentos salariales acordados con los choferes. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 16/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada el 11 de marzo en el Boletín Oficial, y actualiza el cálculo de costos del sistema para febrero, marzo y abril de 2026, con vigencia extendida hasta que se apruebe un nuevo esquema.

El movimiento no es menor en la arquitectura política del transporte: al asegurar recursos para cubrir las paritarias firmadas entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas del sector, el Gobierno busca cerrar uno de los frentes sensibles de la gobernabilidad urbana. El transporte metropolitano concentra millones de viajes diarios y cualquier conflicto sindical o financiero impacta de inmediato en la agenda pública. La resolución, por lo tanto, opera como una señal preventiva: sostener la estabilidad del sistema mientras se mantienen congeladas otras discusiones estructurales sobre tarifas y subsidios.

Recalcular el sistema: cómo funciona la estructura de subsidios

La resolución aprobó una actualización de los Costos e Ingresos Medios de los servicios de transporte urbano y suburbano de jurisdicción nacional en el AMBA, una fórmula técnica que determina cuánto cuesta operar cada línea de colectivos y qué porción de ese costo cubre el Estado mediante compensaciones tarifarias.

El cálculo se basa en la metodología establecida en 2013 para estimar la estructura económica del sistema, que incluye variables como: precio del gasoil, salarios del personal, costos de seguros, valor del parque automotor (chasis y carrocerías), mantenimiento e insumos, cantidad de unidades operativas, y pasajeros transportados y recaudación del sistema SUBE

En esta actualización se incorporaron varios cambios relevantes. Por un lado, el acuerdo salarial firmado el 30 de enero de 2026 entre la UTA y las empresas, homologado el 4 de febrero por la autoridad laboral. Ese acuerdo elevó el salario básico de los conductores de corta y media distancia del AMBA e incluyó ajustes en viáticos y una gratificación extraordinaria para los meses de diciembre de 2025 y enero a abril de 2026.

Al mismo tiempo, el informe técnico incorporó el impacto de otros costos que presionan sobre el sistema: el valor del gasoil, la actualización de impuestos vinculados a combustibles, los precios de insumos, las pólizas de responsabilidad civil y la composición del parque móvil.

El resultado de esa revisión obligó a recalcular las compensaciones que el Estado transfiere a las empresas para sostener la operación.

Subsidios, fideicomiso y financiamiento estatal

Las compensaciones que recibirán las empresas de colectivos del AMBA se financian con una combinación de fuentes públicas.

El esquema se sostiene a través del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), creado a partir de normas dictadas desde 2001, y se alimenta principalmente con: recursos provenientes de impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, transferencias del Presupuesto nacional y fondos canalizados a través de un fideicomiso administrado por el Banco de la Nación Argentina

La resolución también establece que, cuando el costo de los beneficios del atributo social del sistema SUBE —que incluye descuentos tarifarios— supere el monto de las compensaciones calculadas para ciertas líneas, el Estado cubrirá la diferencia con fondos adicionales.

En otras palabras: el Gobierno vuelve a ajustar el esquema financiero para evitar que el aumento de costos se traslade directamente a las tarifas o genere desequilibrios en las empresas.

La variable sindical y el equilibrio político

La decisión tiene una lectura política inmediata. El transporte público del AMBA es uno de los sectores con mayor capacidad de presión sindical y de impacto social. Las negociaciones con la UTA suelen condicionar la agenda del Gobierno porque cualquier conflicto puede derivar en paros masivos.

Al actualizar los subsidios para cubrir el incremento salarial, la administración nacional busca garantizar que las empresas puedan cumplir el acuerdo paritario sin abrir una nueva disputa laboral. En ese equilibrio intervienen tres actores: el Estado, las compañías operadoras y el sindicato.

El mensaje implícito es claro: el Gobierno acepta absorber parte del aumento de costos para sostener la estabilidad del sistema. Pero también confirma que el transporte metropolitano continúa dependiendo de un esquema de subsidios complejos y de alto peso fiscal.

Variables técnicas que inciden en el cálculo

El informe técnico utilizado para la resolución incorporó además otros ajustes estructurales del sistema, entre ellos: actualización del parque móvil reconocido por grupo tarifario, revisión de variables operativas como nocturnidad, horas en feriados y velocidad comercial, actualización de pasajeros transportados y recaudación registrada en la tarjeta SUBE y cálculo del Sueldo Anual Complementario correspondiente al segundo semestre de 2025

También se revisó la participación de unidades impulsadas por gas natural comprimido (GNC) dentro de la flota de colectivos del AMBA, dato relevante para determinar costos operativos.

Cada una de estas variables modifica el resultado final del costo por kilómetro de operación, que es el indicador central utilizado para distribuir subsidios.

Un sistema que sigue dependiendo del Estado

La actualización para el período febrero–abril de 2026 se aplicará también en los meses posteriores hasta que la Secretaría de Transporte apruebe un nuevo cálculo de costos.

Esa cláusula muestra otra característica estructural del sistema: la necesidad de revisiones periódicas para evitar que el desfase entre costos reales y subsidios genere tensiones financieras.

En términos políticos, el Gobierno opta por sostener el funcionamiento del transporte metropolitano sin abrir por ahora una discusión más amplia sobre la estructura de tarifas o la redistribución de subsidios entre jurisdicciones.

La resolución, por lo tanto, no redefine el modelo. Más bien lo ajusta.

Un equilibrio que seguirá en observación

El transporte del AMBA es uno de los sectores donde convergen decisiones económicas, presión sindical y sensibilidad social. La actualización de subsidios resuelve una urgencia: garantizar el pago de salarios y sostener la operación de las líneas.

Pero deja abierta la pregunta de fondo. Cada recalculo de costos expone la dependencia del sistema respecto del financiamiento estatal y la dificultad de trasladar esos costos al boleto sin generar impacto político.

Por ahora, el Gobierno eligió sostener el equilibrio. La incógnita es cuánto tiempo podrá mantenerse ese esquema antes de que la discusión vuelva a la mesa.

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