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Colectivos en crisis en el AMBA: menos unidades, recortes en el servicio y boleto 1200% más caro

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Las paradas repletas, las largas esperas y los colectivos saturados dejaron de ser una postal excepcional para transformarse en parte de la rutina diaria en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A pocos días de aplicarse un nuevo aumento del 5,4% en el boleto, que llevó la tarifa mínima a $753,74, el sistema de transporte público quedó otra vez bajo presión.

Las cámaras empresariales del sector advirtieron que el servicio está al borde de ser declarado en emergencia. La razón es una combinación explosiva: deuda estatal acumulada, suba persistente de costos operativos, falta de actualización en las compensaciones y una flota cada vez más reducida. Según denunciaron, el Estado mantiene una deuda superior a los $128 mil millones en concepto de subsidios y compensaciones pendientes.

A esto se suma la falta de precisiones por parte de Nación y Provincia sobre cómo se cubrirán los mayores costos derivados del incremento del gasoil y otros insumos esenciales para sostener la operación diaria.

Menos colectivos en circulación

Un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA confirma el deterioro estructural del sistema. En noviembre de 2019 circulaban en el AMBA 19.348 colectivos; en marzo de 2026 esa cifra cayó a 16.989 unidades, lo que implica casi 2.500 micros menos y una reducción cercana al 12%.

La baja no es solo estadística: impacta de manera directa en la frecuencia, en la capacidad de respuesta y en la calidad del servicio. Desde el sector empresario aseguran que durante abril la situación se agravó aún más, cuando se aplicó un recorte del 40% en la circulación como forma de presión ante la falta de respuestas oficiales.

Muchas líneas, según el relevamiento, operan actualmente apenas al 70% de su capacidad habitual.

El boleto subió más de 1200%

Mientras la oferta se achica, el costo para los usuarios se disparó. En poco más de seis años, el boleto de colectivo acumuló un aumento superior al 1200%, incluso en un contexto donde las empresas siguieron recibiendo subsidios, aunque con fuertes recortes y demoras.

El resultado es visible en cada parada: menos frecuencia, mayores tiempos de espera y unidades sobrecargadas, especialmente en horarios pico.

La situación revela una paradoja cada vez más evidente: viajar cuesta mucho más, pero el servicio responde cada vez peor.

Subsidios desordenados y deuda creciente

El informe académico también pone el foco en la compleja estructura de subsidios, repartida entre Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa superposición de responsabilidades genera desajustes administrativos y dificulta una planificación uniforme del sistema.

El investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA, Rafael Skiadaressis, explicó que el principal factor de deterioro fue el fuerte aumento del precio del combustible.

Según señaló, esos mayores costos no fueron compensados de manera inmediata ni vía subsidios ni mediante actualizaciones tarifarias. Además, se acumuló una deuda vinculada al subsidio social destinado a jubilados que rondaría los $80 mil millones.

Flota envejecida y menos kilómetros

Uno de los efectos más directos del desfinanciamiento es la postergación de la renovación de unidades. Cuando faltan recursos, las empresas primero retrasan el recambio de colectivos y luego reducen la cantidad de vehículos activos.

Eso deriva en una flota más vieja, con mayores fallas mecánicas, menor confiabilidad y menos kilómetros recorridos.

Desde 2024, además, el esquema de subsidios se fragmentó aún más al dividirse por jurisdicciones, profundizando las desigualdades operativas y financieras entre empresas.

Paros y conflicto salarial

La fragilidad del sistema también quedó expuesta esta semana con nuevas interrupciones del servicio. Las líneas 707, 333, 407 y 437, operadas por la empresa Micro Ómnibus General San Martín (Mogsm) S.A., dejaron de circular en la zona norte del conurbano bonaerense por un conflicto salarial.

Los trabajadores mantienen un paro por salarios adeudados que ya supera una semana, en una nueva muestra de la tensión financiera que atraviesa el sector.

El antecedente más reciente fue el 9 de abril, cuando la reducción de frecuencias coincidió con un paro de la UTA. Aunque el Gobierno giró un anticipo de subsidios que permitió recomponer parcialmente el funcionamiento, la normalización fue desigual según la situación financiera de cada empresa.

Un sistema cada vez más caro y más frágil

El diagnóstico es claro: sin medidas estructurales, el deterioro continuará.

Menos unidades en la calle, tarifas en alza, subsidios desordenados y empresas con serias dificultades para sostener la operación conforman un escenario crítico para millones de pasajeros que dependen diariamente del transporte público.

El AMBA enfrenta así una ecuación cada vez más difícil de sostener: colectivos más caros, menos frecuentes y un sistema que, lejos de mejorar, parece avanzar hacia una crisis aún más profunda.

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El Gobierno transferirá subsidios para sostener el servicio de colectivos del AMBA

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Autoridades nacionales del área económica se comprometieron con representantes de las empresas de transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional del AMBA, a transferir esta misma semana fondos para saldar deudas pendientes de subsidios y regularizar el servicio de colectivos.

Según se informó a través de un comunicado, estas remesas serán transferidas a las empresas durante la semana en curso, con el objetivo de contribuir a la regularización de sus cuentas y de las frecuencias de los colectivos.

La demora en girar las partidas hacia el transporte público de pasajeros motivó en los últimos días que muchas empresas de colectivos redujeran sus frecuencias provocando inconvenientes y demoras a miles de pasajeros de Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

El encuentro fue encabezado por los titulares de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura Carlos Frugoni; el secretario de Transporte de la Nación, Fernando Herrmann; y el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés.

Desde la Secretaría de Transporte se presentó “un plan de acción orientado a establecer lineamientos concretos para avanzar, en el corto plazo, en la reorganización del sistema”.

“Durante la reunión se analizaron distintas variables técnicas y económicas, con el propósito de mejorar el funcionamiento general del sistema y garantizar un nivel de servicio acorde a la demanda de los usuarios”, se indicó en el comunicado de la Secretaría de Transporte.

Asimismo, se presentaron propuestas orientadas a “reducir costos operativos y optimizar el sistema”, y se avanzó en el desarrollo de “herramientas que transparenten y mejoren los recorridos según la demanda real de los usuarios”.

El jueves de la semana pasada se acordó entre los distintos actores del sector la conformación de mesas técnicas de trabajo, con el fin de establecer un canal permanente de diálogo entre el Estado y las cámaras empresarias.

En este marco, la reunión realizada “forma parte de ese proceso y refleja la voluntad del Estado Nacional de acompañar al sector en la implementación de soluciones que permitan consolidar un servicio más eficiente y de mayor calidad para los usuarios”.

Por último, se acordó un nuevo encuentro de trabajo que se realizará en las mismas condiciones dentro de los próximos quince días.

En representación del sector empresario asistieron Luciano Fusaro y Oscar Álvarez (AAETA), Roberto Rodríguez (CTPBA), Daniel De Ingeniis (CETUBA) y Daniel Tenisci (CEAP).

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Paro de colectivos en Misiones: la crisis por subsidios de Nación escala y pone en jaque el transporte

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El sistema de transporte urbano del interior sumó un nuevo capítulo de tensión este jueves, cuando choferes de Posadas, Garupá, Candelaria, Eldorado y Montecarlo iniciaron un paro de colectivos tras la falta de acreditación de fondos nacionales.

La medida, que se replica en distintas ciudades del país, expone un dato estructural: una deuda superior a $30.000 millones por parte del Estado nacional con las empresas del interior. En ese escenario, la pregunta que atraviesa el conflicto es inevitable: ¿se trata de un desajuste coyuntural o de una redefinición política en la distribución de subsidios?

Un sistema sostenido por subsidios en disputa

El conflicto se inscribe en una matriz de financiamiento históricamente dependiente de aportes nacionales. Los fondos adeudados —correspondientes a atributos sociales SUBE de enero, febrero y marzo de 2026, además de períodos anteriores— son considerados por las empresas como parte central de la estructura de ingresos.

Sin esos recursos, la ecuación se vuelve inviable. Las compañías advierten que no pueden cubrir salarios, mantenimiento ni costos operativos básicos. La consecuencia es directa: interrupción del servicio o reducción de frecuencias, como ya ocurre en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) definió el escenario como una “tormenta perfecta”. A la deuda se suma un aumento del 35% en el precio del gasoil —de $1.500 a $2.000 por litro— que no fue trasladado a tarifas, junto con una caída del 30% en la cantidad de pasajeros en el último año.

Misiones en el centro de una crisis federal

En Posadas, las empresas confirmaron que tampoco recibieron los fondos nacionales, lo que activó la medida de fuerza de los choferes. La situación no es aislada, sino parte de un conflicto más amplio entre el interior del país y el Gobierno nacional por la distribución de subsidios.

El punto de fricción es conocido: la concentración de recursos en el AMBA. Desde el sector empresario sostienen que el esquema actual deja en desventaja al interior, donde el colectivo representa el único medio de transporte público para millones de usuarios y garantiza más de 50 millones de viajes mensuales.

La falta de compensaciones provinciales en gran parte de las jurisdicciones agrava el cuadro. Según FATAP, el 80% de las empresas del interior que no cuentan con esos aportes atraviesan una situación crítica.

Presión empresaria y costo político

El paro reconfigura el escenario político en dos niveles. Por un lado, fortalece la posición de las empresas del interior, que logran visibilizar un reclamo estructural y trasladar el conflicto a la agenda pública. Por otro, tensiona al Gobierno nacional, que queda expuesto frente a un servicio esencial paralizado en varias provincias.

El impacto es inmediato en términos sociales y económicos. La interrupción del transporte afecta la movilidad laboral, la actividad comercial y el funcionamiento cotidiano de las ciudades.

Al mismo tiempo, el conflicto reactiva una discusión más profunda: el federalismo en la asignación de recursos. La percepción de inequidad en la distribución de subsidios suma presión política sobre la administración nacional.

Un conflicto abierto y sin resolución inmediata

El desarrollo de las próximas semanas dependerá de una variable clave: la acreditación de los fondos adeudados. Sin una respuesta concreta, el riesgo de nuevas medidas de fuerza se mantiene latente.

También habrá que observar si el conflicto deriva en una redefinición del esquema de subsidios o si se resuelve con transferencias puntuales que descompriman la situación.

Por ahora, el sistema funciona al límite. Y cada paro no solo interrumpe el servicio: también expone una tensión estructural que sigue sin resolverse.

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El Gobierno activa subas en gas, luz y combustibles y recalibra el esquema tarifario en marzo

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Marzo comienza con una señal clara del Ejecutivo: la normalización tarifaria sigue en marcha. El Gobierno nacional autorizó nuevos aumentos en gas natural, electricidad y combustibles que impactan desde el 1° de marzo y que, en el caso de los carburantes, se traducen en subas de entre 1% y 1,2% por la aplicación parcial del Impuesto a los Combustibles Líquidos, postergado desde principios de 2024. En paralelo, el Ente Nacional Regulador del Gas habilitó incrementos en los cargos del sistema —con alzas del 8% en transporte, desplazamiento e intercambio— y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad aprobó subas de hasta 2,43% en el Costo Propio de Distribución.

El movimiento no es aislado. Forma parte de una estrategia que combina reducción de subsidios, recomposición de ingresos en las empresas reguladas y dosificación del impacto inflacionario. La clave política está en ese equilibrio: sostener el sendero de corrección de precios relativos sin detonar una nueva espiral en un insumo transversal a toda la economía.

Regulación y discrecionalidad: cómo se arma la nueva factura

En gas, el aval del Ente Nacional Regulador del Gas permitió a las distribuidoras trasladar mayores costos al usuario final. Los cargos del sistema suben 8%, aunque el efecto en la boleta no es lineal. Depende del área de concesión, de los cuadros tarifarios vigentes y de los beneficios aplicables. En la zona núcleo el impacto es mayor; en áreas frías, más acotado.

En electricidad, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad autorizó hasta 2,43% de aumento en el Costo Propio de Distribución. Ese componente es solo una parte de la factura, que también incluye el precio de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista, subsidios, bonificaciones e impuestos locales. Por eso el traslado al usuario será dispar según zona y categoría.

El caso de los combustibles tiene otra lógica. El Gobierno habilitó una porción del impuesto específico, que había sido diferido desde 2024. Aunque el tributo se fija en valores nominales, el impacto final se traduce en un aumento de entre 1% y 1,2%, al que se suman las remarcaciones que definan las petroleras. Desde la desregulación del mercado en 2024, los precios se mueven con mayor libertad y el Ejecutivo dejó de exigir informes públicos sobre actualizaciones. El resultado fue un 2024 con aumentos en 11 de 12 meses y un alza acumulada superior al 42%, por encima de la inflación anual informada por el Indec.

La dosificación impositiva revela la tensión central: recomponer recaudación sin trasladar de una sola vez el peso tributario al surtidor. Es una decisión fiscal con lectura macroeconómica.

Costos, salarios y consumo bajo presión

El encadenamiento es evidente. Energía y combustibles son insumos difundidos. Afectan transporte, producción industrial, logística y servicios. Cada ajuste impacta de manera directa en el gasto fijo de los hogares y de forma indirecta en la estructura de costos del sector productivo.

Según el Observatorio de Tarifas del IIEP (UBA-CONICET), en 2025 los servicios públicos acumularon actualizaciones promedio de hasta 30%, un ritmo menor al shock de 2024 pero alineado con la inflación anual. El peso estimado de estos gastos ronda el 20% del ingreso mensual de los hogares, en un contexto de cuatro meses consecutivos sin mejora del salario real según el Indec.

Para las empresas energéticas y distribuidoras, la señal es de continuidad regulatoria. El esquema busca garantizar ingresos operativos y previsibilidad en la inversión. Para los consumidores, el efecto es más inmediato: mayor proporción del ingreso destinada a tarifas y combustibles, con menor margen para consumo discrecional.

El Gobierno intenta evitar un salto brusco que reavive expectativas inflacionarias. Sin embargo, la suma de ajustes parciales termina configurando una presión acumulativa. No es un shock único; es una secuencia.

Señales al mercado y clima político

La decisión consolida el rumbo de corrección tarifaria iniciado el año pasado. No hay congelamientos ni interrupciones en el proceso de recomposición de precios relativos. El Ejecutivo muestra coherencia con su política de reducción de subsidios y desregulación, pero también administra tiempos y porcentajes para evitar desbordes macroeconómicos.

El mensaje al mercado energético es de previsibilidad. El mensaje a los hogares es más complejo: la normalización continúa en un escenario donde el poder adquisitivo todavía no acompaña. Esa tensión define el clima económico del primer trimestre.

Marzo abre con tarifas en alza y con un esquema que combina regulación, impuestos y mercado. El impacto pleno se medirá en las próximas mediciones de inflación y en la dinámica del consumo. Por ahora, el ajuste avanza por tramos.

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Tarifas de energía: el Gobierno avanza con la reducción de subsidios y nuevos aumentos desde febrero

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Las tarifas de los servicios públicos registrarán nuevos aumentos a partir del 1º de febrero de 2026, como resultado de una serie de medidas adoptadas por el Gobierno nacional para avanzar en la reducción de subsidios y sostener el esquema de actualización de precios del sector energético. El ajuste más significativo se verificará en el gas natural, con una suba promedio del 16,86% en todo el país, mientras que en el caso de la energía eléctrica el incremento autorizado será del 2,55% en Misiones, según lo dispuesto por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para la empresa LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL LITORAL SOCIEDAD ANÓNIMA (LITSA).

Las decisiones se formalizaron a través de la Resolución ENRE 38/2026, publicada en el Boletín Oficial el 30 de enero, y se inscriben en el marco de la emergencia del Sector Energético Nacional declarada por el Decreto 55/2023 y prorrogada sucesivamente hasta el 9 de julio de 2026.

Gas natural: suba promedio del 16,86% y cambios en el esquema de precios

El aumento más relevante se producirá en la tarifa de gas, que registrará un incremento promedio del 16,86% como consecuencia de la combinación de varios factores regulatorios y económicos. Entre los motivos del ajuste se encuentran la cuota mensual de la Revisión Quinquenal Tarifaria, el aumento mensual por fórmula de actualización basada en el IPIM y el IPC para evitar el deterioro real de las tarifas, la aplicación del nuevo esquema de subsidios SEF y la implementación de un precio de gas unificado y fijo para todo el año.

Según explicaron desde el Gobierno nacional, este último punto genera un salto tarifario puntual en febrero, pero se aplica en un mes de bajo consumo. En ese sentido, la interpretación oficial sostiene que “se busca darle previsibilidad al usuario para que en los meses donde más necesita consumir gas (invierno) no se le dispare el precio”, y que de esta manera “se evita así sobresaltos estacionales de la factura a lo largo del año”.

El enfoque apunta a reducir la volatilidad estacional del costo del servicio y a profundizar el proceso de corrección de los precios relativos de la economía, en línea con los objetivos planteados por el Ministerio de Economía en el marco de la emergencia energética.

Electricidad en Misiones: ajuste del 2,55% para LITSA

En el caso de la energía eléctrica, el incremento autorizado será del 2,55% en Misiones, correspondiente al segmento de transporte bajo jurisdicción federal. El ajuste fue aprobado por el ENRE mediante la Resolución 38/2026 y alcanza a LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL LITORAL SOCIEDAD ANÓNIMA (LITSA), en su carácter de transportista independiente.

El aumento surge de la aplicación del mecanismo de actualización de la remuneración aprobado por el ENRE en la Resolución 320/2025, rectificada por la Resolución 591/2025, que establece una fórmula de ajuste basada en la evolución del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicados por el INDEC.

Para diciembre de 2025, el IPIM registró una variación del 2,40% y el IPC del 2,85%. Dadas las ponderaciones definidas en el esquema regulatorio —67% IPIM y 33% IPC—, el porcentaje de actualización resultante fue del 2,55%, con vigencia a partir del 1 de febrero de 2026.

El objetivo explícito del mecanismo es que la remuneración de las transportistas se mantenga en términos reales durante todo el período tarifario de cinco años, conforme a lo establecido en el marco de la Revisión Quinquenal Tarifaria.

Marco normativo, fundamentos y alcance institucional

La resolución del ENRE se apoya en una extensa base normativa, que incluye la Ley 24.065 de Energía Eléctrica, la Ley 27.742, el Decreto 55/2023 que declaró la emergencia energética, sus prórrogas posteriores, y las instrucciones impartidas por el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía mediante notas fechadas el 26 de enero de 2026.

En ese contexto, el organismo regulador aprobó los valores horarios a aplicar al equipamiento regulado de LITSA, detallados en el anexo de la resolución, que incluyen remuneraciones por conexión y por capacidad de transporte, con montos expresados en pesos por hora según nivel de tensión y tipo de equipamiento.

La medida fue notificada a las principales asociaciones del sector eléctrico y a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), y forma parte del proceso más amplio de actualización tarifaria que el Gobierno impulsa para reducir subsidios, ordenar las cuentas públicas y garantizar la sostenibilidad del sistema energético.

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