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El Gobierno liberó $200 mil millones en subsidios a colectivos del AMBA

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La Secretaría de Transporte aprobó el pago de compensaciones tarifarias del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), junto con los beneficios por Atributo Social y Boleto Integrado. Los fondos corresponden a los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024, y beneficiarán a empresas de colectivos urbanos y suburbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Las medidas quedaron oficializadas mediante las resoluciones 53/2025 y 54/2025 de la Secretaría de Transporte, publicadas en el Boletín Oficial el 11 de septiembre de 2025.

Según el texto oficial, el Estado nacional aprobó la liquidación de acreencias pendientes en concepto de subsidios al transporte automotor. En total, se habilitó el pago de $87.645.366.880,43 correspondientes a diciembre de 2023 y $131.657.370.057,42 correspondientes a enero de 2024, lo que representa más de $200 millones en transferencias.

Estos recursos se enmarcan en el Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) y en los regímenes complementarios de Atributo Social —que subsidia a los beneficiarios de tarifa social en la tarjeta SUBE— y de Boleto Integrado, que otorga descuentos en viajes con transbordos dentro de la red de transporte metropolitano.

Detalles técnicos de la medida

Las resoluciones instruyen a la Dirección Nacional de Gestión de Fondos Fiduciarios para que, en un plazo de cinco días desde la publicación, se concrete el giro del 100% de las acreencias a las empresas prestatarias. Los montos deberán publicarse en la web oficial de la Secretaría de Transporte.

El esquema se financia con fondos provenientes del fideicomiso del transporte, nutrido principalmente por lo recaudado del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono (Ley 23.966, modificada por la Ley 27.430). Dicho fideicomiso se distribuye entre el SISTAU (32,5%), el Sistema Ferroviario Integrado (11%), el Sistema Vial Integrado (50%) y el SIMPAC de cargas (6,5%).

En este caso, los pagos corresponden a liquidaciones pendientes que ya habían sido verificadas mediante órdenes de pago y publicadas en el portal oficial, pero que aguardaban su ejecución formal.

El desembolso llega en un contexto de tensiones entre el Gobierno nacional y las cámaras empresarias del transporte, que advierten sobre los aumentos de costos y la falta de actualización de las compensaciones. Las empresas sostienen que los subsidios son indispensables para sostener el nivel de servicio, particularmente en el AMBA, donde el boleto continúa fuertemente subsidiado en comparación con el interior del país.

Desde los sindicatos del sector se observa con expectativa la efectivización de los pagos, dado que los atrasos en las transferencias suelen repercutir en conflictos salariales y en la prestación de los servicios.

Políticamente, la medida se enmarca en la estrategia del Ministerio de Economía de mantener el flujo de subsidios mientras se discute el Presupuesto 2026, donde el oficialismo anticipó que buscará reducir gradualmente el peso de las transferencias al transporte.

La publicación de estas resoluciones asegura la continuidad de los pagos en el corto plazo, pero deja abierto el debate de fondo sobre el esquema de subsidios. El Gobierno deberá definir si mantiene la lógica de compensaciones vía SISTAU o si avanza hacia una segmentación más estricta, concentrada en usuarios vulnerables a través de la SUBE.

El Congreso, por su parte, será clave en el debate presupuestario, donde se anticipa que la oposición planteará la necesidad de garantizar fondos adicionales para evitar un incremento brusco en las tarifas de colectivos y trenes del AMBA.

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El Gobierno prorroga por 20 años la concesión a Transportadora de Gas del Sur

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Ratificaron el acuerdo entre el Ministerio de Economía y la empresa TGS para extender la licencia de transporte de gas hasta 2047. No podrá haber reclamos pendientes contra el Estado para que entre en vigencia.

El Gobierno nacional oficializó la prórroga por veinte años de la licencia para la prestación del servicio público de transporte de gas natural a favor de Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS), uno de los principales actores del sistema energético argentino. La decisión, firmada mediante el Decreto 495/2025 y publicada este jueves en el Boletín Oficial, ratifica el Acta Acuerdo celebrada el 11 de julio de 2025 entre la empresa y el Ministerio de Economía, que había sido previamente avalada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).

La prórroga, que entrará en vigencia a partir del 28 de diciembre de 2027, fue otorgada en los términos previstos en la Ley N° 24.076, su reglamentación y el nuevo artículo 6° reformado por la Ley de Bases N° 27.742, que permite habilitaciones por un plazo de hasta veinte años adicionales.

Antecedentes regulatorios y fundamentos de la extensión

TGS recibió originalmente su licencia en 1992, por un período de 35 años, en el marco del proceso de privatización de Gas del Estado. El contrato vencía en diciembre de 2027. En 2023, la empresa solicitó formalmente la extensión del contrato, que en un principio fue por 10 años, pero luego se adecuó al nuevo marco legal vigente que habilita la renovación por 20 años.

Según la evaluación realizada por ENARGAS, TGS cumplió con los requisitos de idoneidad para la prórroga: no registró multas que superen el 5% de su facturación, no incurrió en interrupciones mayores del servicio ni incumplimientos contractuales sustanciales, y no enajenó activos esenciales sin autorización. Además, acreditó inversiones en el marco del Plan de Inversiones aprobado por el ente regulador durante la Revisión Tarifaria Integral (RTI).

Para que la prórroga tenga efectos jurídicos, la empresa deberá presentar ante la Secretaría de Energía y el ENARGAS, dentro de los diez días de publicado el decreto, la documentación que acredite el desistimiento de reclamos judiciales, administrativos o arbitrales contra el Estado nacional, tanto en la Argentina como en el exterior.

Este requisito apunta a evitar litigios que podrían condicionar la seguridad jurídica del acuerdo y es parte de la Cláusula Quinta del Acta Acuerdo, que establece la necesidad de “comenzar un nuevo período de licencia sin reclamos recíprocos”.

Transición regulatoria: hacia un nuevo ente energético

El decreto también hace referencia al proceso de transición institucional en el ámbito regulador. Hasta que se conforme oficialmente el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, creado por la Ley 27.742, seguirá operando el actual ENARGAS, que conserva la competencia para proponer renovaciones de licencias y controlar su cumplimiento.

La extensión de la concesión a TGS busca brindar previsibilidad jurídica y operativa a uno de los servicios estratégicos del país, en un contexto en el que el transporte de gas cumple un rol central para el abastecimiento doméstico, la producción industrial y los proyectos de exportación. La continuidad de la licencia en manos de TGS permitirá, además, sostener inversiones planificadas, garantizar condiciones técnicas de calidad y seguridad en la operación, y profundizar el compromiso ambiental y social asumido por la empresa.

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El Gobierno fusionó el ENARGAS y el ENRE en un solo organismo

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Mediante el Decreto 452/2025, el Poder Ejecutivo constituyó formalmente el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 161 de la Ley N° 27.742, conocida como la Ley de Bases. Esta nueva entidad absorberá las competencias de los organismos reguladores actuales —el ENARGAS y el ENRE— y funcionará en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía.

El ENREGE contará con autarquía, independencia funcional y presupuestaria, y plena capacidad jurídica para actuar tanto en el ámbito público como privado. Su dirección estará a cargo de un Directorio de cinco miembros, designados por el Poder Ejecutivo tras un proceso de selección profesional conducido por la Secretaría de Energía.

Reforma normativa: texto ordenado de la Ley 24.076

A través del Decreto 451/2025, se aprobó el texto ordenado de la Ley N° 24.076, que establece el marco regulatorio del transporte y la distribución de gas natural. La nueva versión incorpora modificaciones clave derivadas de la Ley de Bases, con foco en:

  • Promoción de la competencia y eficiencia en el sector.
  • Garantía de tarifas justas y razonables.
  • Autorizaciones firmes de exportación de GNL por hasta 30 años.
  • Libre contratación y acceso a redes, incluso para grandes consumidores.
  • Fomento de la inversión privada en infraestructura.

Objetivos estratégicos del nuevo marco regulador

La reforma se alinea con una visión de largo plazo orientada a:

  • Proteger los derechos de los consumidores.
  • Estimular inversiones que aseguren el abastecimiento a futuro.
  • Garantizar precios competitivos en comparación internacional.
  • Consolidar un esquema tarifario transparente, con incentivos a la eficiencia operativa.

En paralelo, se facilita el desarrollo de proyectos de exportación de GNL, estableciendo un procedimiento ágil para su aprobación y garantizando condiciones jurídicas estables por tres décadas.

Los decretos instruyen la transferencia de personal, patrimonio y partidas presupuestarias del ENARGAS y el ENRE al nuevo ente, asegurando la continuidad operativa. Durante un período de transición de hasta 180 días, las estructuras actuales seguirán funcionando, mientras se implementa la nueva organización interna del ENREGE.

Se prevé además un régimen tarifario revisable cada cinco años, conforme a estándares de eficiencia y rentabilidad razonable para los prestadores.

Con la creación del ENREGE y la actualización integral de la Ley 24.076, el Gobierno busca consolidar un nuevo paradigma regulatorio para el gas y la electricidad, más transparente, competitivo y alineado con los estándares internacionales de la OCDE. La medida también apunta a reducir el peso fiscal de los subsidios y promover un entorno favorable a la inversión privada de riesgo, clave para la expansión de la infraestructura energética argentina.

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El Gobierno eleva al 40% el valor base del gas propano para ajustar tarifas

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Energía: el Gobierno eleva al 40% el precio base del gas propano por redes para el cálculo tarifario. La Secretaría de Energía actualizó el valor de referencia utilizado por ENARGAS en los cuadros tarifarios del gas propano indiluido. La medida busca alinear los precios con los costos reales de abastecimiento.

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía oficializó este jueves un ajuste clave en el esquema tarifario del gas propano indiluido distribuido por redes. A través de la Resolución 278/2025, se modificó el porcentaje que se toma como base para calcular el precio de este combustible en las tarifas, que pasa del 25% al 40% del valor de referencia determinado por la normativa vigente desde 2015.

La decisión, que ya fue publicada en el Boletín Oficial, tendrá impacto directo en los cuadros tarifarios que elabora el ENARGAS, y forma parte de la estrategia del Gobierno para reducir subsidios energéticos y ajustar los precios a los costos reales del sistema, en línea con los objetivos fiscales del plan económico nacional.

La normativa modifica el artículo 8° de la Resolución 41/2024, que establecía que el precio del gas propano por redes a ser incluido en los cuadros tarifarios representaba el 25% del valor resultante del procedimiento de cálculo definido por la Resolución 36/2015. Ahora, ese porcentaje se eleva al 40%, lo que representa un incremento del 60% sobre el valor anterior considerado en las tarifas.

Según la resolución, el nuevo valor deberá ser calculado por el ENARGAS tomando como base el precio vigente al día 20 del mes anterior a la entrada en vigor de cada cuadro tarifario. Esta actualización tendrá aplicación automática cada vez que se modifique el valor de referencia, de acuerdo con la normativa técnica establecida.

El cambio fue sustentado por los informes técnicos IF-2025-63811719 e IF-2025-68572796 de la Dirección de Gas Licuado. Ambos destacan la necesidad de lograr una mayor coherencia entre los costos reales de abastecimiento y los precios trasladados a los usuarios, considerando además la evolución del contexto macroeconómico, marcado por la aceleración inflacionaria de 2024 y el proceso de recomposición de precios relativos iniciado en 2025.

La medida se inscribe en un esquema de reducción progresiva de subsidios energéticos, eje central del programa económico del gobierno de Javier Milei, que busca acercar los precios regulados a niveles de mercado para reducir el déficit fiscal.

El gas propano indiluido por redes abastece a numerosas localidades pequeñas y medianas del interior del país, especialmente en zonas sin acceso a gas natural por gasoducto. Por ello, cualquier modificación en su precio base impacta directamente en el costo final que pagan los usuarios residenciales, comerciales e industriales de esos distritos.

En ese sentido, la medida podría generar aumentos tarifarios en áreas rurales o de menor densidad poblacional, particularmente en provincias del norte argentino, la Patagonia y regiones del NEA y NOA, como Misiones, Formosa, Salta o La Rioja, donde este tipo de combustible tiene mayor penetración.

La nueva resolución forma parte del proceso de normalización del mercado energético argentino, que combina ajustes tarifarios, retiro del Estado como formador de precios, y nuevas reglas para la asignación de subsidios. La medida refuerza la señal fiscal del Gobierno, al avanzar sobre un segmento que hasta ahora mantenía un precio base artificialmente bajo.

La actualización del porcentaje podría tener efectos indirectos sobre los programas de asistencia energética en zonas vulnerables, así como sobre la estructura de costos de pymes que dependen de este tipo de suministro. Se espera que el impacto se vea reflejado en los próximos cuadros tarifarios que publique el ENARGAS.

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Milei disuelve el Fideicomiso PPP y el fondo de subsidio al gas envasado

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El Gobierno nacional oficializó la disolución de dos fondos fiduciarios clave: el Fideicomiso PPP para la Red de Autopistas y Rutas Seguras y el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP. Mediante el Decreto 415/2025, se busca avanzar en la reorganización del Estado, en línea con la Ley Bases y los objetivos de eficiencia fiscal.

A través del Decreto 415/2025, el Ejecutivo liquida el Fideicomiso PPP y el fondo de subsidios al consumo de gas envasado. El Programa Hogar continuará operativo bajo nueva estructura y se garantizan los pagos de deuda con BICE como agente.

Avanza la reorganización de fondos fiduciarios

El presidente Javier Milei firmó este martes el Decreto 415/2025, por el cual se dispone la disolución de dos instrumentos financieros estatales:

  • El FIDEICOMISO INDIVIDUAL PPP RED DE AUTOPISTAS Y RUTAS SEGURAS (PPP RARS)
  • El FONDO FIDUCIARIO PARA SUBSIDIOS DE CONSUMOS RESIDENCIALES DE GLP

Ambas estructuras serán liquidadas por el Ministerio de Economía conforme a los procedimientos definidos por el Decreto 695/2024 y la Resolución 796/2024. La medida se inscribe en las facultades delegadas al Ejecutivo por el artículo 5 de la Ley 27.742 (Ley Bases), que autoriza la disolución o transformación de fondos fiduciarios públicos.

El Fideicomiso PPP, sin contratos y con $85.000 millones en obligaciones

El fideicomiso PPP RARS fue creado en 2018 para canalizar inversiones en corredores viales mediante participación público-privada. Sin embargo, tras la extinción de todos los contratos PPP en 2020, el único objetivo del fondo quedó limitado al pago de los Títulos de Pago por Inversión (TPI) emitidos a contratistas adjudicados.

Dichos títulos, emitidos en dólares y con vencimientos semestrales, implican una deuda remanente de $84.954 millones. La SIGEN advirtió sobre deficiencias de trazabilidad en los beneficiarios de los TPI y la ausencia de mecanismos adecuados de control.

El decreto establece que el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) será designado agente de pago, y se autoriza al Ministerio de Economía a ofrecer el rescate anticipado de los títulos.

El Programa Hogar sigue, pero sin fondo fiduciario

Por otro lado, se disuelve también el Fondo Fiduciario creado por la Ley 26.020 para subsidiar el consumo de gas licuado de petróleo (GLP) en hogares vulnerables. No obstante, el Programa Hogar, que subsidia la compra de garrafas, continuará vigente bajo administración directa del Estado.

La Secretaría de Energía será responsable de definir los criterios de inclusión y coordinar con ANSES la identificación de beneficiarios, en base a cruces de datos y registros domiciliarios. La liquidación y el pago de los subsidios estarán a cargo de ANSES, que operará con fondos transferidos por el Ministerio de Economía.

Ambos procesos de disolución deberán respetar las responsabilidades pendientes de los fiduciarios. La normativa asegura la continuidad de los pagos y la producción de información durante la transición. La Jefatura de Gabinete deberá realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes.

La SIGEN ya había cuestionado la falta de manuales operativos, indicadores y trazabilidad en ambos fondos, lo que refuerza el argumento oficial sobre la necesidad de simplificar estructuras administrativas y mejorar la eficiencia del gasto público.

Implicancias para provincias como Misiones

En provincias con alta dispersión poblacional y baja cobertura de redes de gas, como Misiones, la continuidad del Programa Hogar sin el andamiaje fiduciario será clave para garantizar el acceso a garrafas subsidiadas. La redefinición de criterios y el nuevo esquema operativo exigirán coordinación efectiva entre Nación y beneficiarios locales.

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