SUPER IVA

El “Súper IVA” es viable en todas las provincias

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(Idesa) Se reduce la inflación y aumentan las expectativas de que el proceso vaya acompañado de un crecimiento sostenido en la producción, el empleo y las remuneraciones. Para lograrlo son imprescindibles las reformas estructurales que corrijan los severos déficits de competitividad. Una esencial es el ordenamiento tributario. Dentro de ella, la más importante es sustituir el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y las tasas municipales sobre las ventas. La manera de hacerlo es reemplazándolos con un “Súper IVA” que los absorba y se convierta en la principal fuente de financiamiento de las provincias y sus municipios. 

Dentro de las dificultades para su implementación aparece el heterogéneo nivel de desarrollo entre provincias. En principio, habría al menos 8 jurisdicciones (CABA, Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y Santa Fe) que por la magnitud de su actividad económica podrían autofinanciarse usando como principal fuente de financiamiento el “Súper IVA”. Pero para las 16 provincias restantes podría haber dificultades debido a que –debido a su menor nivel de desarrollo– deberían aplicar un “Super IVA” con alícuotas muy altas. Casos extremos se dan en algunas provincias del norte donde se requerirían alícuotas estrafalarias debido a su reducida base de recaudación. 

Para afrontar el problema y diseñar soluciones es recomendable dimensionar el obstáculo que plantean estas 16 provincias. Según datos del Ministerio de Economía, se observa que: 

  • Representan el 20% del PBI total del país.
  • El 31% de la población total. 
  • El 22% de los hogares pobres urbanos.

Estos datos muestran que, si bien son muchas las provincias donde la instrumentación del “Súper IVA” podría generar dificultades por su poca generación de valor agregado, desde el punto de vista de la producción, la población y la pobreza sus dimensiones son acotadas. Por lo tanto, es viable adoptar como regla general un esquema de correspondencia fiscal. Esto es, que cada provincia tienda a financiarse con los impuestos que les cobran a sus habitantes tomando como principal fuente de ingresos el “Súper IVA”. Para las provincias donde la debilidad de su economía les genere una recaudación insuficiente, es factible un Fondo de Nivelación que les garantice los mismos ingresos que tienen hoy. 

Cálculos tentativos y preliminares estiman que se necesitaría no más de 1,5% del PBI para este Fondo de Nivelación. Esto implica un volumen de recursos que equivale a un quinto de lo que actualmente se distribuye a través de la coparticipación. Es decir, la correspondencia fiscal plena e inmediata es viable en aproximadamente el 80% del país. Para el resto, integrado por muchas provincias pero con incidencia productiva, demográfica y social acotada, la correspondencia fiscal también es viable, acompañada con el Fondo de Nivelación como mecanismo de redistribución regional de ingresos para compensarles la menor capacidad contributiva de su población. 

Lo importante es que el Fondo de Nivelación para garantizar a las provincias más rezagadas el mismo nivel de ingresos que disponen en la actualidad es de un monto mucho más acotado que la redistribución entre todas las provincias que hace la coparticipación. Además, la otra diferencia con la coparticipación es que las transferencias del Fondo de Nivelación pueden estar condicionadas a cumplir determinadas metas de responsabilidad fiscal y de un plan de desarrollo que apunte a reducir las enormes e injustificadas brechas económicas y sociales que hoy se da entre las provincias argentinas. 

El éxito en reducir la inflación aumenta las urgencias en generar condiciones para mejorar la competitividad. No hacerlo implica poner en riesgo muchas actividades urbanas que exportan y compiten con importaciones generadoras de gran parte del empleo. Un paso crucial para dar continuidad a los logros es sustituir Ingresos Brutos y tasas municipales. Las provincias por sí solas no lo pueden hacer. A lo sumo pueden reducir sus alícuotas, lo que genera alivios muy limitados a la producción nacional. El “súper IVA” permite avanzar en el reemplazo de Ingresos Brutos y tasas municipales y generar correspondencia fiscal no solo en las regiones más desarrolladas sino también en las provincias más rezagadas.  

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Super IVA: Misiones perdería ingresos y debería subir la alícuota al 32% para sostener su recaudación

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Un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) reveló que, de aplicarse una reforma tributaria que elimine la coparticipación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y habilite a cada provincia a fijar su propia alícuota, Misiones sería una de las jurisdicciones más afectadas del país. Para evitar una caída en sus ingresos actuales, la provincia debería establecer una alícuota del 22% sobre el IVA provincial, lo que llevaría la carga total al 32%, muy por encima del actual 21%.

El estudio, de carácter teórico y con base en datos de consumo territorial, plantea una simulación en la que el IVA se divide en una alícuota nacional del 10% y otra provincial del 11%. En ese esquema, Misiones perdería el 51% de los ingresos que hoy recibe por coparticipación del IVA, lo que la ubica en el cuarto grupo más afectado del país, junto a Corrientes, Tucumán, Río Negro, Tierra del Fuego, Entre Ríos y Salta.

Una región castigada

La situación se agrava a nivel regional: todas las provincias del Nordeste Argentino (NEA) sufrirían pérdidas significativas. Según el informe del IARAF, Chaco y Formosa se ubican entre las tres jurisdicciones más perjudicadas del país. En el caso chaqueño, la pérdida de ingresos por IVA sería del 73%, mientras que Formosa perdería el 77%. Corrientes, por su parte, registraría una caída del 50%.

Si se mantuviera el nuevo esquema de IVA dividido y las provincias buscaran recuperar lo que hoy perciben vía coparticipación, deberían aplicar alícuotas provinciales mucho más altas. En el caso de Formosa, la alícuota necesaria ascendería a un inviable 47%, llevando el total combinado de IVA al 57%. Para Chaco, sería del 40%, totalizando un IVA del 50%. Corrientes, al igual que Misiones, necesitaría una alícuota del 22%.

El efecto redistributivo de la coparticipación

El informe del IARAF permite dimensionar el efecto redistributivo que tiene actualmente la coparticipación del IVA. Provincias con bajo consumo —como las del NEA— reciben hoy más recursos de los que aportan al fisco mediante el consumo local, gracias al criterio redistributivo del sistema. Si ese criterio desapareciera, los fondos que hoy se redistribuyen pasarían a concentrarse en los distritos de mayor actividad económica, como Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe, que verían incrementos en sus ingresos.

“El sistema actual de coparticipación permite que provincias con menor capacidad de recaudación propia accedan a un piso mínimo de recursos fiscales”, destaca el informe. Por ello, la eventual implementación de un IVA dual con alícuotas provinciales requeriría una revisión integral del esquema de distribución de ingresos entre Nación y provincias.

Una advertencia para el debate fiscal

La simulación del IARAF cobra especial relevancia en un contexto de reforma fiscal y discusión sobre el federalismo fiscal en Argentina. “Son muchos los aspectos que entran en la discusión”, advierte el informe, recordando que desde la reforma constitucional de 1994 está pendiente la sanción de una nueva ley de coparticipación federal.

En resumen, la división del IVA entre Nación y provincias, sin mecanismos compensatorios, implicaría una fuerte transferencia de recursos desde las provincias más postergadas como las del NEA- hacia los centros económicos más grandes. En el caso de Misiones, el impacto sería directo: perdería más de la mitad de lo que hoy recibe y debería subir su propia carga impositiva para compensar la pérdida. En un país con desigualdades estructurales, la reforma del IVA, lejos de ser técnica, se vuelve una cuestión profundamente política.

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Super IVA ¿Cómo impactaría en Misiones?

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Otra vez las provincias, sus ingresos y su relación con la Nación entran en la agenda pública. En el marco del deseo de realizar una reforma tributaria amplia, días atrás el ministro de Economía, Luis Caputo manifestó cierta voluntad de avanzar hacia una reformulación del IVA, basada en la descomposición de la alícuota general del 21% en dos tramos: un 9% nacional fijo y un porcentaje variable que quedaría bajo potestad de las provincias. ¿Qué busca el gobierno nacional con esto? Rediseñar el esquema de recaudación y distribución de los tributos entre la Nación y las jurisdicciones provinciales, convocar a una “competencia fiscal” entre provincias pero sobre todo, poner la discusión política en los desincentivos que genera el esquema de reparto actual.  

¿Cómo es el sistema actual del IVA hoy? El tributo tiene una alícuota general del 21% (con algunas excepciones de alícuotas especiales) que lo recauda íntegramente el ente recaudador nacional. Sobre el total del IVA recaudado (neto de devoluciones y reintegros), se hace una primera separación: el 1,9% va a ARCA como aporte por autarquía. Luego, del neto de ese aporte, el 89% de la recaudación va a la masa coparticipable bruta y el 11% a la Seguridad Social. A los fines de simplificar esta explicación, vamos a detenernos un momento en ese 89% que va a la masa coparticipable bruta. Cuando el IVA llega a esa instancia, comienza la distribución primaria de la coparticipación: el 40,24% va al Tesoro Nacional, el 57,36% a las Provincias, el 1% a ATN y el 1,40% a CABA. Tras esta distribución, comienza la distribución secundaria, que es asignarle a cada provincia un porcentaje de la torta que le toca de la distribución primaria. 

Hagamos un breve ejercicio. Supongamos que la recaudación del IVA es de 1.000 pesos. Quitamos el aporte a ARCA, quedan 981 que comienzan a repartirse: para la masa coparticipable van 873,1 pesos y para la Seguridad Social van 107,9. Tenemos que ver ahora cómo se distribuye el monto de la masa coparticipable: de esos 873,1 pesos que se reparten, unos 351,3 van al Tesoro Nacional, 500,8 a las provincias, 8,7 al fondo ATN y $ 12,2 a CABA. De esos  500,8 pesos que van a provincias, ¿cuánto llega a Misiones por coparticipación? $ 17,2

Volvamos a la propuesta de Caputo. Decíamos que la propuesta implica dividir esa alícuota en 9% para la Nación (no coparticipable) y el resto fijado por cada provincia que quedará en las arcas locales. A priori, podemos suponer un 12% para “completar” el 21% actual, aunque ahí entra en juego la competencia fiscal: poner alícuotas más bajas para atraer potenciales inversiones. Este “IVA provincial”, si bien se recaudaría sobre sobre la misma base imponible, su administración y uso sería de los gobiernos subnacionales. 

Pero agregamos otra cosa: está también la intención de una eventual sustitución del Impuesto a los Ingresos Brutos, ya que este nuevo esquema permitiría, o pretendería, absorber dentro del IVA provincial al impuesto a los Ingresos Brutos que es el principal tributo de recaudación propia de las provincias. 

¿Cuáles son las limitaciones para este esquema? En primer lugar hay cuestiones de armonización y coordinación, ya que deberían crearse órganos de coordinación fiscal federal para evitar superposiciones, arbitrariedades o desequilibrios entre jurisdicciones. Quizás, algo similar a lo que ocurre con la comisión arbitral de Ingresos Brutos actual vía Convenio Multilateral. Además, se requeriría establecer pautas mínimas comunes, como alícuotas máximas, base imponible uniforme y mecanismos de compensación. Pero también y no menos importante, se debería reformular la inscripción tributaria o bien, crear mecanismos para asegurar que el IVA provincial se pague efectivamente en el lugar de la transacción realizada. ¿Por qué esto? Actualmente ocurre que una empresa determinada puede vender bienes en Misiones pero tener domicilio fiscal en CABA: por ende, un misionero paga (junto a su compra) el 21% por IVA del bien adquirido, pero cuando la empresa paga ese IVA al ente recaudador, el registro indica que la operación corresponde a una empresa de la ciudad autónoma. Esto genera que el registro tributario marque IVA pagado en CABA, y no en Misiones. Un nuevo esquema como el que propone Caputo debería contemplar que el IVA provincial registre con precisión el lugar de la transacción y no el domicilio fiscal de la empresa, algo que ya ocurre con Ingresos Brutos. 

¿Cuáles serían los principales efectos de una reforma de este tipo? En primer lugar, cada provincia dependería de su propia recaudación del tramo local. Naturalmente, las provincias con mayor actividad formal y consumo se verán, parcialmente, beneficiadas. Sin embargo, las provincias más dependientes de transferencias y con menor volumen de actividad económica podrían ver reducidos sus ingresos si no logran recaudar de forma efectiva el componente local. Respecto a la potencial sustitución o incorporación de Ingresos Brutos a ese IVA provincial, hay una ventaja en la posibilidad de reducir la distorsión del sistema tributario ya que ese impuesto grava el producto en cadena y esto traería consigo una mejora en la competitividad y eficiencia económica. Pero como riesgo, está el hecho de que Ingresos Brutos representa más del 70% de la recaudación tributaria propia de muchas provincias. 

Por ende, si la recaudación del IVA provincial no compensa esa pérdida, podría haber un problema de fondeo en muchas provincias. 

La situación por provincia es muy dispar. Existen distritos con alto volumen de consumo como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe que tienen una importante capacidad de recaudación por IVA provincial que, a su vez, tornaría viable la absorción de Ingresos Brutos sin prescindir de recaudación y al mismo tiempo son perdedoras netas en el esquema de coparticipación actual. Por ende, con una correcta administración de un nuevo esquema podrían ser ganadoras netas. En el otro extremo tenemos a provincias con bajo consumo y alta informalidad como Formosa, Chaco y Santiago del Estero, a las que este esquema podría provocar potencialmente una mayor autonomía fiscal pero estarían altamente vulnerables si no logran recaudar el IVA provincial, registrando una caída de ingresos por pérdida del IVA coparticipado.

¿Qué vemos para Misiones? Hay diferentes cuestiones para analizar. En primer lugar, los fondos coparticipables derivados del IVA representaron en 2024 el 29% de los ingresos corrientes de la provincia, mientras que los de Ingresos Brutos lo hicieron en un 28%. Por ende, estamos hablando de “poner en juego” el 57% de los ingresos corrientes de la provincia. Acá hay una ventaja para Misiones: el IVA representa un volumen menor que otras provincias de la región. Por caso, en Chaco representó el 41%, en Corrientes el 40% y en Formosa el 47%. Por ende, la provincia, que a su vez es la que muestra mayor volumen de consumo en la región, Misiones podría incrementar su base de recaudación por IVA en el caso de aplicar un esquema que contemple todos los ajustes necesarios para su correcta implementación. En el caso del Ingresos Brutos, hay claroscuros. Es por lejos la provincia con mayor recaudación de ese impuesto en la región: representa el 28% cuando en Chaco lo hace en el 8%, en Corrientes el 10% y en Formosa el 5%. ¿Por qué claroscuros? Por el lado positivo, una eventual absorción de Ingresos Brutos podría reducir las distorsiones propias de ese impuesto. Pero por el lado crítico, podría haber una merma recaudatoria si no se aplican herramientas de control. En este punto, es difícil pronosticar qué va a predominar en ventaja de la provincia: una eventual baja de Ingresos Brutos o una eventual suba de IVA. 

Con estas variables en consideración, Misiones está mucho mejor parada que otras provincias de la región por dos razones: mayor autonomía fiscal (por ende, menor impacto en cambios de regímenes de distribución) y mayor volumen actual de aportes impositivos al ARCA. Como lo hablamos hace tres meses en esta nota de Economis, en 2024 Misiones aportó el 35,4% del total del NEA de recaudación de impuestos coparticipables, muy por encima de  Corrientes (26,6%), Chaco (25,3%) y Formosa (12,7%) y al mismo tiempo es la que menos recibe en la región: apenas el 21,3% cuando Chaco captó el 31,8%, Corrientes el 23,9% y Formosa el 23,0%. Es decir, Misiones tiene mucho más para ganar que para perder, algo que se afirma aún más cuando se observa que hay una fuerte subestimación recaudatoria de Misiones por el hecho de que muchas empresas que producen en la provincia tienen su domicilio fiscal en CABA. 

Pese a estar mejor parada que las otras provincias de la región, no podemos decir con seguridad que sería un esquema beneficioso para la provincia, no por falta de virtudes provinciales sino por cierta desconfianza en la implementación: antes de avanzar en la reforma tributaria puntual, hace falta corregir muchísimas distorsiones de registro, articulación, control y ejecución. 
Lo que queda claro es que el sistema tributario actual es altamente perjudicial para Misiones: subestima la actividad económica provincial y perjudica la caja provincial por recibir menos de lo que aporta. Es necesario avanzar hacia nuevos esquemas, pero con el debate necesario y con las correcciones suficientes que permitan gozar de las ventajas que podría traer.

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Osvaldo Giordano: “Sin reformas, este dólar es un problema serio de competitividad”

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A lo largo de su carrera, Osvaldo Giordano fue uno de los técnicos más respetados del país en materia fiscal. Exministro de Finanzas de Córdoba y extitular de la ANSES, hoy preside la Fundación Mediterránea, uno de los think tanks más influyentes de la Argentina, con fuerte anclaje federal. Desde ese lugar, impulsa una reforma tributaria ambiciosa, conocida como “Súper IVA”, que busca eliminar distorsiones y simplificar el sistema impositivo nacional. En esta entrevista, Giordano repasa los fundamentos técnicos del proyecto, sus experiencias previas en Córdoba, la discusión con las provincias, y el contexto económico y político que atraviesa la gestión de Javier Milei.

¿Qué es el “Súper IVA” que impulsa el gobierno y cuál es su origen?

Es una idea que en la Fundación Mediterránea venimos madurando hace tiempo. De hecho, nace de una experiencia que tuve cuando era ministro en Córdoba, donde implementamos algo parecido para los pequeños contribuyentes. Es una idea imprescindible si queremos abordar uno de los temas más importantes en materia de reformas estructurales: el sistema impositivo. Hoy tenemos un esquema muy negativo desde el punto de vista de la competitividad. Por un mismo hecho imponible, el contribuyente paga tres impuestos. Eso es una aberración, tanto por sentido común como en términos prácticos: complica la vida del contribuyente, obliga al Estado a administrar tres tributos en lugar de uno, y genera distorsiones porque las provincias, al no poder cobrar IVA, aplican Ingresos Brutos, y los municipios crean una pseudo-tasa fuera de toda legalidad.

¿Qué beneficios concretos tendría aplicar un impuesto único como el IVA?

Muchísimos. Para empezar, el IVA tiene mecanismos de devolución, por lo tanto, cuando uno exporta se le reintegra, lo que significa que se exporta solo el producto, no impuestos. Hoy, en cambio, estamos exportando IVA, Ingresos Brutos y tasa municipal. También, quien produce localmente paga el IVA más esos otros impuestos, mientras que el importador solo paga el IVA. Desde el punto de vista del Estado, del contribuyente, de la competitividad y del combate a la evasión, el cambio sería enorme. Por eso creemos que es un camino necesario.

Una de las principales preocupaciones de los gobernadores es cómo repartir esa recaudación. ¿Cómo hacer viable el sistema?

Sí, aunque tiene sus complejidades. Desde el punto de vista teórico es obvio, pero en la práctica no tanto. Nos pasó en Córdoba: al contribuyente le decíamos que pague un solo impuesto, pero después había que ver cómo se distribuía internamente. Eso requiere un sistema confiable, justo y equilibrado. Pero no es imposible. Se trata de recaudar lo mismo, con un mejor impuesto. Y la clave es el diálogo entre los niveles de gobierno. Con un solo impuesto, más controlable y que no reste competitividad, hay que acordar una distribución que deje tranquilos a todos.

¿Está conforme con el nivel actual del tipo de cambio?

No. Aunque valoro mucho los avances en materia fiscal -el equilibrio fiscal, la baja de inflación, la mejora de ingresos-, todo eso está generando, paradójicamente, un problema serio de competitividad. Sacando sectores muy específicos como la minería o los hidrocarburos, el resto de la economía, incluso el agro, tiene dificultades graves. Y no se resuelve con la política cambiaria. No estamos proponiendo devaluar, sino atacar las causas que nos quitan competitividad: impuestos distorsivos, infraestructura deficiente, legislación laboral inadecuada, entre otros.

Pero en el Gobierno se habla de que vuelven a aumentar las retenciones ¿qué impacto tendría en el agro?

Sería un gran error. Justamente, en la Novedad Económica de mayo lo planteamos: las retenciones generan un daño enorme, especialmente en las regiones periféricas de la pampa húmeda, donde muchos productores ya no son rentables. En áreas urbanas, muy generadoras de empleo, es aún peor. Todo esto expone nuestras debilidades estructurales. Esta “marea baja” reveló los problemas: impositivos, laborales, de infraestructura. La solución es ir a fondo con esas reformas, no volver a recetas que ya fracasaron.

¿Qué piensa del reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional?

Era necesario. El Gobierno dijo que no podía levantar el cepo sin ese respaldo, y suena razonable. El acuerdo refuerza el punto débil de las reservas y permite cierta estabilidad cambiaria, que es clave. Además, menciona las reformas estructurales, aunque de forma genérica. No esperemos que el Fondo las impulse: son tareas nuestras. Necesitamos un sistema tributario nuevo, una legislación laboral más adaptada a las pymes del interior, mejorar la infraestructura, la conectividad, la educación, firmar acuerdos comerciales. Todo eso está en la agenda del “Pacto de Mayo”, pero hay que instrumentarlo rápido.

¿Ve al Gobierno con fuerza para avanzar con estas reformas, pese al desgaste social?

No analizamos mucho la coyuntura política o la popularidad del Presidente. Como ciudadano, veo que fue un año muy difícil. Hubo una fuerte devaluación en diciembre y una caída brusca de los ingresos. Pero desde entonces hay una recuperación, aunque muy desigual. Algunos sectores todavía están muy mal. Salimos de un pozo, no estamos en crecimiento. Y venimos de diez años de estancamiento, es lógico que haya insatisfacción.

Sobre si el Gobierno tiene fuerza para continuar, creo que hay una oportunidad. No solo por el Gobierno, sino porque hay una oposición dialoguista que ha apoyado muchas medidas. Con más diálogo, sobre todo con los gobernadores, se puede avanzar.

¿Cuál es el rol de las provincias en este nuevo ciclo de reformas?

Fundamental. De las diez reformas del acta de mayo, al menos nueve requieren participación de las provincias. Hoy, sin embargo, el esquema sigue siendo muy macro, muy centralizado, muy de Buenos Aires. Es lo de siempre en Argentina. Hay que incorporar a las provincias, entender sus realidades, resolver los conflictos. Que en Tucumán se hayan puesto de acuerdo en la agenda es valioso. Ahora hay que trabajar punto por punto.

¿Qué impacto tienen las tensiones globales en este proceso de reformas?

Mucho. Aunque Argentina está bastante aislada, somos muy sensibles al contexto. El mundo está más difícil: el proteccionismo de Trump, la guerra en Ucrania, la disputa con China. Todo eso hace que el comercio global sea más complicado. Por lo tanto, si antes teníamos que hacer bien las cosas, ahora más que nunca. Aun así, pueden aparecer oportunidades. Por ejemplo, el acuerdo con la Unión Europea, que lleva décadas estancado, tal vez avance por este contexto de caos. Eso sería muy positivo. Pero en general, esperemos un entorno adverso: ganar competitividad ya no es una opción, es una urgencia. No tenemos muy claro cuanto es el impacto global, porque Trump todos los días cambia las reglas, pero una lectura lo más prudente posible de este mundo es que es un mundo más difícil para la Argentina. Y por lo tanto, si antes tenemos que hacer las cosas con este mundo con más razón, porque probablemente el mundo no nos ayude en esta. Más allá de que como el Gobierno ha sido muy hábil en tener apoyo del Fondo o el gobierno de Estados Unidos, en general va a ser un comercio más difícil, más complicado, de manera que ganar competitividad se hace más imprescindible. Pueden aparecer algunos nichos, pero en general yo diría, esperemos malas noticias.

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