superávit financiero

Casa de Moneda proyecta un déficit operativo de $45.487 millones, pero cerraría 2026 con superávit financiero

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La Resolución 1337/2026, firmada por el ministro Luis Caputo, formaliza una hoja de ruta que expone una diferencia central entre la sustentabilidad del negocio operativo y el resultado final de las cuentas. Casa de Moneda estima $57.978 millones en ingresos de operación, frente a $103.465 millones en gastos operativos, una brecha de $45.487 millones que constituye el principal desafío económico de la empresa.

La lectura del presupuesto requiere distinguir dos planos. Una empresa puede registrar pérdidas en su actividad principal y, al mismo tiempo, mostrar un resultado financiero positivo por transferencias, recursos de capital u otros ingresos corrientes. En el caso de Casa de Moneda, esa diferencia será determinante para evaluar cuánto de su funcionamiento puede sostenerse con ingresos propios y cuánto depende de recursos provenientes del sector público.

El desafío de transformar el presupuesto en una estrategia de sostenibilidad

Casa de Moneda ocupa un lugar particular dentro de la estructura estatal. Su actividad está vinculada a la producción de bienes y servicios de alta sensibilidad institucional, por lo que el análisis no puede reducirse exclusivamente a la rentabilidad. Pero esa condición tampoco elimina la necesidad de construir una estructura operativa sostenible.

El presupuesto aprobado prevé ingresos corrientes por $139.978 millones y gastos corrientes por $117.600 millones, lo que arrojaría un ahorro económico de $22.378 millones. A eso se suman $4.462 millones en recursos de capital, sin gastos de capital previstos en la resolución, para llegar al superávit financiero estimado de $26.841 millones.

La ecuación plantea una cuestión de política pública: el superávit financiero proyectado no modifica el hecho de que la actividad operativa, según los números aprobados, continuará arrojando pérdidas. El desafío será determinar si durante 2026 la empresa puede reducir esa brecha mediante una mayor utilización de su capacidad productiva, una mejora en la composición de sus contratos o una reducción de costos que no afecte su capacidad técnica.

Los ingresos propios y el respaldo estatal

Los anexos presupuestarios permiten observar que, en empresas públicas, la discusión sobre el resultado financiero suele ser más compleja que la simple comparación entre ingresos y gastos.

La información presupuestaria muestra cómo la estructura de ingresos puede combinar facturación por ventas con transferencias públicas, una distinción relevante para medir el grado de autonomía económica de una empresa estatal. En ese sentido, los ingresos de operación y las transferencias corrientes deben analizarse por separado para conocer cuál es el verdadero peso de la actividad comercial dentro de la ecuación financiera.

Esa transparencia resulta especialmente importante cuando se discute el destino de los recursos públicos. Para la sociedad, el debate no debería plantearse únicamente en términos de mantener o cerrar una empresa estatal, sino en cómo mejorar su eficiencia, definir qué funciones estratégicas debe preservar y establecer indicadores verificables sobre productividad y sostenibilidad.

El impacto social de una discusión que parece exclusivamente contable

Detrás de un presupuesto de estas características hay una cuestión que excede la administración de una compañía: la capacidad del Estado para garantizar determinados servicios y funciones sin convertir esa responsabilidad en una fuente permanente de desequilibrios.

El periodismo de soluciones obliga a salir de esa falsa dicotomía. La respuesta no es asumir que toda pérdida operativa debe sostenerse indefinidamente ni que cualquier empresa estatal con dificultades financieras carece automáticamente de utilidad pública. El punto es identificar dónde se produce el desequilibrio y qué decisiones pueden corregirlo.

Para Casa de Moneda, el presupuesto de 2026 ofrece una referencia concreta. La empresa deberá generar casi $58.000 millones de ingresos operativos frente a más de $103.000 millones de gastos de operación. Reducir esa distancia requeriría una revisión permanente de costos, capacidad instalada y fuentes de facturación.

La sustentabilidad también puede medirse por la calidad de los ingresos. Una estructura basada en mayor producción y ventas genera una ecuación diferente a otra sostenida principalmente por transferencias. Esa distinción será central para evaluar el desempeño real de la compañía durante el ejercicio.

El superávit financiero proyectado de $26.841 millones permite que Casa de Moneda presente un presupuesto formalmente equilibrado en términos globales, pero no resuelve por sí mismo la pérdida de su operación principal. La información relevante durante 2026 será si esa brecha de $45.487 millones comienza a reducirse.

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FAdeA cerrará 2026 con superávit, pero necesitará transferencias del Estado para sostener su equilibrio

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El Gobierno nacional aprobó el Plan de Acción y Presupuesto 2026 de Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” (FAdeA), una de las empresas estratégicas del Sector Público Nacional vinculadas a la industria aeronáutica y de defensa. El esquema autorizado por el Ministerio de Economía exhibe una particular combinación de números: la compañía proyecta una pérdida operativa de $14.519,9 millones, pero terminaría el ejercicio con un resultado económico positivo de $147,2 millones y un superávit financiero de $104,1 millones.

La Resolución 1289/2026, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo y publicada este miércoles en el Boletín Oficial, aprobó las previsiones elaboradas para la empresa que depende del Ministerio de Defensa. El dato central para interpretar el presupuesto es que FAdeA no alcanzaría a cubrir con su propia actividad comercial el conjunto de sus costos operativos: estima ventas por $135.090,4 millones frente a gastos de operación por $149.610,4 millones. La brecha alcanza los $14.519,9 millones.

El equilibrio aparece al incorporar los ingresos corrientes provenientes del Estado. El presupuesto contempla $14.850,4 millones en transferencias corrientes de la Administración Nacional. Con esos recursos, los ingresos corrientes ascienden a $149.940,9 millones, frente a gastos corrientes por $149.793,6 millones, lo que permite alcanzar el ahorro económico de $147,2 millones previsto para 2026.

La estructura revela así uno de los principales desafíos de la empresa: transformar progresivamente una parte mayor de su capacidad industrial en ingresos genuinos provenientes de contratos y servicios, reduciendo la distancia entre facturación y costos. El propio Plan de Acción plantea como estrategia consolidar los contratos plurianuales con el Estado para mantenimiento y modernización de aeronaves, pero también ampliar la cartera de clientes privados y explorar nuevos negocios, como servicios de ingeniería y fabricación de piezas de chapa y materiales compuestos.

Ese proceso resulta especialmente relevante porque FAdeA tiene como principal cliente a la Fuerza Aérea Argentina y concentra capacidades industriales que exceden la lógica de una empresa comercial convencional. El Estado adquirió sus acciones en 2009 junto con los inmuebles, instalaciones, maquinarias y demás activos que históricamente pertenecían a la Fábrica Militar de Aviones del Área Material Córdoba. Desde entonces, la compañía sostiene contratos de mantenimiento y fabricación con organismos estatales.

El presupuesto también incorpora una apuesta, aunque acotada, por ampliar las capacidades productivas. FAdeA prevé una inversión de $201 millones en formación bruta de capital fijo, destinada a maquinaria y equipos. El monto equivale a una fracción reducida de su estructura de gastos y, según el propio plan, las restricciones de caja obligan a financiar las inversiones con las transferencias de capital asignadas por el Estado.

En términos de empleo, la planificación oficial contempla una dotación de 705 trabajadores durante todo 2026, sin planta temporaria. La estructura proyectada incluye 519 cargos técnicos y profesionales, 80 directivos, 56 empleados de operación y 50 administrativos. La masa de remuneraciones presupuestada alcanza $46.605,4 millones.

El dato laboral adquiere relevancia económica porque una porción sustancial del gasto operativo está concentrada en bienes y servicios. El presupuesto asigna $100.948,6 millones a ese concepto y $46.605,4 millones a remuneraciones, dentro de gastos de operación por $149.610,4 millones. La estructura muestra que cualquier mejora de productividad, escala, compras, utilización de capacidad instalada o diversificación comercial puede tener un impacto significativo sobre el resultado final.

El frente financiero, sin embargo, presenta una dimensión que excede al resultado corriente. FAdeA proyecta fuentes financieras por $25.345,5 millones, explicadas íntegramente por un incremento de otros pasivos, específicamente cuentas a pagar por ese mismo monto. En paralelo, las aplicaciones financieras ascienden a $25.449,7 millones e incluyen $18.564,4 millones de incremento de otros activos financieros y $6.885,2 millones de disminución de otros pasivos.

El propio Plan de Acción estima que el pasivo total de la empresa llegará a $152.003,8 millones al cierre del ejercicio. La magnitud obliga a mirar el superávit financiero de $104,1 millones con una perspectiva más amplia: el resultado anual es positivo, pero prácticamente marginal frente al volumen de obligaciones y al tamaño de la estructura financiera de la compañía.

El presupuesto de caja aporta otra señal relevante. FAdeA prevé cerrar 2026 con disponibilidades por $2.557,3 millones, luego de atravesar un año en el que los ingresos de operación netos alcanzarían $114.905,3 millones y las transferencias corrientes de la Administración Nacional sumarían $14.850,4 millones. El esquema contempla además $201 millones de transferencias de capital para financiar inversión en bienes de uso.

El desafío para la gestión no pasa solamente por conseguir un resultado contable positivo, sino por mejorar la calidad de ese resultado. El propio plan reconoce que la competitividad internacional requiere un programa de reducción de gastos y controles presupuestarios mensuales para limitar desvíos. En paralelo, plantea ampliar negocios fuera del Estado y profundizar la relación con clientes como Embraer.

El presupuesto coloca a FAdeA frente a una disyuntiva concreta: preservar capacidades estratégicas financiadas parcialmente por el Estado o convertir esas capacidades en una plataforma con mayor generación de ingresos propios. La solución que surge del propio documento es híbrida: sostener contratos públicos de largo plazo que permitan dar previsibilidad a la producción y, simultáneamente, utilizar esa base industrial para ampliar mercados, vender servicios especializados y desarrollar nuevos nichos tecnológicos.

El resultado de 2026, por lo tanto, no debería medirse únicamente por los $104 millones de superávit financiero proyectado. La variable decisiva será si la empresa logra cerrar la brecha entre ingresos y gastos de operación sin deteriorar su capacidad industrial ni su dotación técnica. En un sector donde las capacidades aeronáuticas requieren continuidad, conocimiento acumulado e inversión, el desafío fiscal y el desafío productivo terminan formando parte de la misma ecuación.

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El Gobierno logró en julio un superávit financiero de $244.897 millones pese al fuerte pago de intereses

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El Sector Público Nacional volvió a mostrar un resultado fiscal positivo en julio, después del déficit registrado en junio. Según informó el Ministerio de Economía, las cuentas públicas cerraron el mes con un superávit primario de $2.960.333 millones y un superávit financiero de $244.897 millones, luego de afrontar un volumen particularmente elevado de vencimientos de intereses de la deuda pública.

El dato adquiere relevancia porque el resultado financiero se obtuvo después de descontar $2.715.436 millones correspondientes al pago de intereses de deuda pública netos de las tenencias intra sector público. La concentración de vencimientos estuvo vinculada principalmente con el pago de cupones de los bonos Globales y Bonares, de modo que el excedente fiscal de julio se construyó sobre una diferencia de casi $3 billones entre los ingresos y los gastos primarios, suficiente para absorber la carga financiera del mes.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó precisamente ese componente al señalar que el superávit se alcanzó “en un mes con una alta concentración de vencimientos de intereses de deuda”. La señal que busca transmitir el Palacio de Hacienda es que el resultado no depende exclusivamente de una baja carga financiera coyuntural, sino de la generación de un excedente primario capaz de cubrir buena parte del servicio de la deuda.

Con el resultado de julio, el acumulado de los primeros siete meses del año arroja un superávit primario equivalente a aproximadamente 0,9% del PIB y un superávit financiero de alrededor de 0,1% del producto. La diferencia entre ambos indicadores refleja el peso que continúa teniendo el servicio de la deuda sobre las cuentas nacionales.

La dinámica del gasto constituye otro de los factores centrales. Durante julio, el gasto primario se redujo 7% interanual en términos reales, mientras que las erogaciones correspondientes a la Asignación Universal por Hijo crecieron 3,8%. El comportamiento muestra que el ajuste no fue homogéneo entre las distintas partidas y que algunas políticas sociales mantuvieron o incrementaron su cobertura real dentro de una estructura general de contención del gasto.

Para el Gobierno, el equilibrio fiscal funciona además como uno de los pilares de su estrategia de estabilización macroeconómica. Caputo sostuvo que el superávit se alcanzó en paralelo con una reducción acumulada de impuestos cercana a 3% del PIB desde el inicio de la gestión. La combinación busca mostrar que la mejora fiscal no se explica únicamente por un incremento de la presión tributaria, sino por una reducción del gasto y una modificación de la estructura de las cuentas públicas.

Sin embargo, el resultado también abre una discusión sobre la calidad y sostenibilidad del ajuste. En los últimos días cobró relevancia el debate sobre recursos retenidos a fondos fiduciarios que no habrían sido aplicados a los destinos específicos para los cuales fueron constituidos. La cuestión introduce una diferencia importante entre contabilizar un resultado fiscal positivo y determinar qué componentes explican ese resultado y cuáles son sus efectos sobre la prestación de políticas públicas.

Ese debate es particularmente relevante desde una perspectiva de largo plazo. El superávit fiscal contribuye a reducir las necesidades de financiamiento del Tesoro, mejora la señal de solvencia y puede favorecer la recomposición de las condiciones monetarias y crediticias. Pero su impacto económico depende también de qué gasto se recorta, qué obligaciones se difieren y qué recursos dejan de ejecutarse para alcanzar el equilibrio.

La cuestión central, por lo tanto, ya no es solamente si las cuentas públicas presentan superávit, sino cuánto de ese resultado puede sostenerse sin deteriorar infraestructura, servicios públicos o capacidades estatales necesarias para acompañar la recuperación económica. En otras palabras, la discusión fiscal empieza a desplazarse desde la aritmética del déficit hacia la composición y eficiencia del gasto.

El dato de julio ofrece, en ese sentido, una señal favorable para la estrategia de estabilización: aun después de afrontar intereses por $2,7 billones, el Estado nacional logró terminar el mes con resultado financiero positivo. Pero la consolidación fiscal enfrenta el desafío de sostener ese excedente mientras disminuye impuestos, atiende compromisos de deuda y evita que el ajuste sobre el gasto termine trasladándose a sectores estratégicos de la economía.

Para las provincias y, particularmente, para las economías regionales, esa discusión tiene una consecuencia concreta. La trayectoria de las cuentas nacionales condiciona la disponibilidad de recursos para infraestructura, transferencias y políticas productivas, pero también puede contribuir a generar un escenario macroeconómico más previsible. El punto de equilibrio estará en convertir la disciplina fiscal en una condición para crecer, y no solamente en un objetivo contable.

Julio dejó así una fotografía fiscal favorable para el Gobierno: $244.897 millones de superávit financiero, $2,96 billones de resultado primario y un acumulado anual positivo aun después de afrontar una elevada carga de intereses. El próximo desafío será demostrar que ese equilibrio puede sostenerse con una estructura de gasto eficiente, transparencia sobre los recursos utilizados y capacidad para preservar las inversiones que permitan transformar la estabilización en crecimiento.

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El Gobierno volvió a cerrar mayo con superávit financiero y acumula saldo positivo equivalente al 0,2% del PBI

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El Sector Público Nacional registró en mayo un superávit financiero de $478.613 millones y un resultado primario positivo de $1,92 billones. En los primeros cinco meses de 2026, el Gobierno acumuló un superávit financiero del 0,2% del PBI y reafirmó el equilibrio fiscal como principal ancla del programa económico.

El Gobierno nacional volvió a exhibir un resultado positivo en las cuentas públicas durante mayo y consolidó el superávit fiscal como uno de los pilares de su estrategia macroeconómica. De acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Economía, el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $1.924.367 millones y un superávit financiero de $478.613 millones, incluso después de afrontar pagos de intereses de deuda por $1.445.754 millones, netos de las tenencias intra sector público.

Con este desempeño, el resultado acumulado de los primeros cinco meses de 2026 alcanza un superávit primario equivalente al 0,7% del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit financiero cercano al 0,2% del PBI, un dato que el Ejecutivo presenta como una ratificación de la política de equilibrio fiscal implementada desde el inicio de la gestión.

Los ingresos totales del Sector Público Nacional ascendieron durante mayo a $14,53 billones, con un incremento interanual nominal del 27,8%. Dentro de ese desempeño, los recursos tributarios crecieron un 30% respecto del mismo mes del año anterior.

El principal impulso provino del Impuesto a las Ganancias, cuya recaudación aumentó un 72,5% interanual, compensando parcialmente la caída observada en los Derechos de Exportación, que retrocedieron 17,4% como consecuencia de una menor recaudación por retenciones.

Desde el Palacio de Hacienda destacan que la evolución de los ingresos continúa respaldando el objetivo de sostener el equilibrio fiscal sin recurrir al financiamiento monetario del déficit.

El gasto primario cayó en términos reales, aunque crecieron las prestaciones sociales

Durante mayo, el gasto primario alcanzó los $12,61 billones, con un incremento nominal del 30,3% interanual. No obstante, descontando la inflación, el Gobierno sostiene que el gasto primario registró una reducción real del 2,2%.

Dentro de la estructura del gasto sobresale el comportamiento de las prestaciones sociales, que totalizaron $8,38 billones y crecieron 33,2% en términos nominales.

El informe oficial remarca que algunas partidas continuaron expandiéndose en términos reales. La Asignación Universal por Hijo (AUH) mostró un crecimiento real del 8,6%, mientras que las jubilaciones y pensiones contributivas registraron una mejora del 1,2%.

Las remuneraciones del sector público, por su parte, ascendieron a $1,62 billones, con una variación nominal del 26,9%.

Universidades, energía y transporte explicaron buena parte de las transferencias

Las transferencias corrientes totalizaron $4,49 billones durante mayo.

Dentro de ese universo, las destinadas al sector público crecieron 47,4% interanual, impulsadas principalmente por un incremento del 89,1% en las partidas asignadas a las universidades nacionales.

En materia de subsidios económicos, el Estado destinó $784.178 millones, con un aumento del 6,8% respecto del mismo período del año anterior.

La mayor parte de esos recursos correspondió al sector energético, que recibió $523.417 millones, mientras que el transporte absorbió otros $258.687 millones.

En paralelo, el gasto de capital se ubicó en $183.519 millones, manteniéndose prácticamente estable respecto del mes previo y reflejando la continuidad del criterio de fuerte contención de la inversión pública.

Transferencia extraordinaria del Banco Central para reducir deuda del Tesoro

Uno de los datos relevantes del informe fiscal fue la transferencia de utilidades realizada por el Banco Central correspondiente a los resultados del ejercicio 2025.

El monto alcanzó los $24,4 billones y, según precisó el Ministerio de Economía, esos recursos fueron destinados principalmente a cancelar deuda que el Tesoro mantenía con la autoridad monetaria, una estrategia orientada a mejorar la composición del balance del sector público sin incrementar el gasto corriente.

Desde el Ministerio de Economía sostienen que el resultado de mayo vuelve a confirmar la vigencia del denominado “ancla fiscal”, considerada por el Gobierno como la principal herramienta para sostener la desaceleración de la inflación y fortalecer la estabilidad macroeconómica.

La administración de Javier Milei argumenta que el mantenimiento del superávit permite avanzar gradualmente en la reducción de la presión tributaria y devolver recursos al sector privado, en línea con la estrategia oficial de consolidación fiscal y menor intervención del Estado en la economía.

Con cinco meses consecutivos de resultados acumulados positivos, el Gobierno busca consolidar una señal de disciplina fiscal en un contexto donde la evolución de la actividad económica, la recaudación y el financiamiento seguirán siendo variables determinantes para sostener el equilibrio de las cuentas públicas durante el resto del año.

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El Gobierno aprueba el Presupuesto 2026 del Correo Argentino y proyecta $96.695 millones de ganancia operativa

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El Ministerio de Economía dio luz verde al plan de acción y presupuesto 2026 del Correo Oficial de la República Argentina Sociedad Anónima, que prevé ingresos operativos por $754.003 millones y una ganancia de operación estimada en $96.695 millones. La decisión quedó formalizada en la Resolución 221/2026, publicada el 2 de marzo en el Boletín Oficial, y fija además un superávit financiero de $28.558 millones para el ejercicio.

El dato no es menor: el principal operador postal del país proyecta cerrar el año con resultado positivo, sin endeudamiento y con transferencias al Tesoro por $60.000 millones. En un contexto de ajuste fiscal y revisión del rol de las empresas públicas, el mensaje combina equilibrio financiero con continuidad operativa.

Un presupuesto con superávit y foco en paquetería

La norma aprueba un esquema que estima ingresos corrientes por $774.126 millones y gastos corrientes por $720.308 millones, lo que arroja un ahorro económico de $53.818 millones. Si se suman los recursos y gastos de capital, el resultado financiero proyectado es superavitario.

El corazón del negocio sigue siendo operativo: de los $754.003 millones de ingresos de operación, $736.929 millones provendrán de ventas brutas. No se prevén transferencias corrientes del Estado para sostener la actividad, lo que refuerza la lógica de autofinanciamiento.

En paralelo, el presupuesto asigna $34.745 millones a inversión real. La mayor parte —$29.290 millones— se destinará a activos intangibles, es decir, tecnología, sistemas y plataformas digitales. Otros $4.350 millones irán a construcciones del dominio público y $1.105 millones a maquinaria y equipamiento.

El plan estratégico que acompaña el presupuesto define con claridad el rumbo comercial: menos dependencia del correo tradicional y mayor apuesta a la paquetería vinculada al comercio electrónico. Para 2026 se proyecta una caída del 7% en piezas postales (72.300 millones) y un crecimiento del 19% en paquetes (36.700 millones).

La empresa profundizará el modelo de franquicias “Punto Correo”, avanzará con sistemas de clasificación automática (SORTER) y buscará consolidar servicios de fulfillment y soluciones cross border, tanto para importaciones simplificadas como para exportaciones postales.

Costos, personal y transferencias al Tesoro

Del lado del gasto, las remuneraciones concentran $309.762 millones, mientras que bienes y servicios suman $319.010 millones. La dotación prevista se reducirá de 11.676 agentes a 11.436 hacia diciembre de 2026, con 240 bajas estimadas en el año y sin incorporación de personal temporario.

La decisión combina moderación en la plantilla con mantenimiento del Servicio Básico Universal (SBU), obligación legal que implica cobertura territorial en todo el país a precio accesible.

Un punto clave es la previsión de transferencias por $60.000 millones a la Administración Nacional. Es decir, la empresa no solo no requerirá asistencia financiera, sino que aportará recursos al Tesoro. En términos fiscales, esto convierte al Correo en contribuyente neto dentro del esquema de empresas públicas.

No se contempla endeudamiento para 2026. Las fuentes financieras provendrán principalmente de movimientos sobre activos y pasivos corrientes.

Modernización tecnológica y reposicionamiento de mercado

El presupuesto confirma una estrategia de transformación digital. La inversión en activos intangibles apunta a renovar sistemas de envíos internacionales, trazabilidad, data centers, ciberseguridad y plataformas comerciales como “Mi Correo”.

El giro es consistente con la dinámica del mercado postal. El segmento de cartas continúa en retroceso estructural, mientras que la logística de última milla vinculada a plataformas online se consolida como el eje competitivo frente a operadores privados.

En ese marco, la empresa buscará mejorar estándares de calidad, integrar soluciones nativas con plataformas de e-commerce y desarrollar servicios híbridos (imposición electrónica con entrega física), además de implementar aviso de recibo digital para cartas documento.

El desafío operativo será sostener rentabilidad en un entorno donde los costos de bienes y servicios representan más del 40% del gasto corriente y donde la competencia privada presiona márgenes en paquetería.

Equilibrio fiscal sin privatización explícita

La aprobación del presupuesto bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete muestra una continuidad institucional en la administración del operador postal.

Desde el punto de vista político-económico, la señal es clara: el Gobierno prioriza equilibrio financiero, reducción gradual de personal y modernización tecnológica, pero mantiene el esquema societario vigente y el cumplimiento del Servicio Básico Universal.

No hay expansión de estructura ni endeudamiento. Tampoco se observa un retiro del Estado del negocio postal. La estrategia parece orientada a consolidar un operador público rentable, adaptado al comercio electrónico y capaz de aportar recursos al Tesoro.

Lo que habrá que seguir

En los próximos meses habrá que observar tres variables para medir el impacto real del presupuesto 2026: Si el crecimiento proyectado del 19% en paquetería se concreta y compensa la caída del correo tradicional. Si la inversión tecnológica mejora productividad y reduce costos unitarios. Si la reducción de dotación se implementa sin afectar tiempos de entrega ni cobertura territorial.

El equilibrio financiero está proyectado. La clave será sostenerlo en un mercado logístico cada vez más competitivo y con consumidores que exigen velocidad y trazabilidad en tiempo real.

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