Superávit Fiscal

Caputo confirmó superávit fiscal del 1,4% del PBI en 2025 y destacó un hito histórico

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El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el año 2025 finalizó con un superávit fiscal primario de $11,7 billones, equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI), y un superávit financiero de $1,45 billones, equivalente al 0,2%. El dato marca un hito fiscal: es la primera vez desde 2008 que la Argentina logra dos años consecutivos de superávit financiero base caja, cumpliendo además con la totalidad de los servicios de la deuda pública.

El anuncio fue realizado este viernes a través de la red social X por el titular del Palacio de Hacienda, quien subrayó la relevancia institucional del resultado en el marco del programa económico vigente y de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Resultado fiscal 2025: cifras, estacionalidad y un hito histórico

El año 2025 culminó con un superávit primario de $11.76 billones y un superávit financiero de $1.45 billones, equivalentes aproximadamente a 1,4% y 0,2% del PIB, respectivamente”, destacó Caputo en su publicación. En el mismo mensaje, remarcó que se trata de “la primera vez que se alcanzan dos años consecutivos de superávit financiero base caja desde 2008”.

El ministro aclaró que el cierre positivo del año se dio a pesar de la estacionalidad negativa del último mes. En diciembre de 2025, el Sector Público Nacional (SPN) registró un déficit primario de $2,87 billones y un déficit financiero de $3,29 billones, un comportamiento habitual por el patrón de ejecución del gasto hacia fin de año.

No obstante, Caputo puso énfasis en el carácter estructural del resultado anual: “Es la primera vez de la serie histórica que comienza en 1993 que se obtiene este resultado cumpliendo con la totalidad de los servicios de la deuda pública del Sector Público Nacional”.

Metas con el FMI y lectura del resultado fiscal

El desempeño fiscal de 2025 también se analiza en función del acuerdo con el FMI. Según el staff report del organismo correspondiente a julio, tras la primera revisión del programa, la meta nominal fijada para la Argentina era de $10,4 billones de superávit primario, objetivo que fue superado por $1,3 billones.

En términos del PBI, la meta indicativa había sido establecida en 1,6%, por lo que el resultado de 1,4% quedó 0,2 puntos porcentuales por debajo. Sin embargo, fuentes del mercado consideran previsible que el organismo dé la meta por cumplida, dado que el criterio central es el objetivo nominal.

De hecho, Caputo recordó que los funcionarios del área de Finanzas manejaban internamente una meta equivalente al 1,3% del PBI, consistente con los $10,4 billones exigidos por el Fondo en relación con el PBI efectivo. La diferencia se explica, en parte, por la inflación del 31,5%, que elevó el PBI nominal por encima de lo previsto a mediados de año.

Ajuste del gasto, suba del gasto social y baja de impuestos

El ministro de Economía defendió la estrategia fiscal señalando que el gasto primario en 2025 fue 27% inferior en términos reales al de 2023. Según explicó, la consolidación fiscal se logró “protegiendo el gasto en programas sociales sin intermediarios destinados a los sectores más vulnerables”.

En ese sentido, detalló que el gasto social en AUH y Tarjeta Alimentar aumentó 43% en términos reales, al comparar diciembre de 2025 con diciembre de 2023. Ese refuerzo llevó a que dichas transferencias representaran el 92% de la canasta básica alimentaria, frente al 55% registrado en diciembre de 2023.

Caputo también vinculó el superávit fiscal con una política activa de reducción de la presión tributaria. Según indicó, desde 2024 la baja de impuestos acumulada ya supera el 2,5% del PBI, e incluye la eliminación del Impuesto PAÍS, la reducción o eliminación de derechos de exportación e importación en numerosas posiciones arancelarias, la baja de impuestos internos y la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles.

En esa línea, recordó que en diciembre de 2025 se concretó una nueva reducción de derechos de exportación: dos puntos porcentuales para los complejos soja, trigo y cebada, y un punto para los complejos maíz, sorgo y girasol.

El ancla fiscal y la mirada de los analistas privados

Caputo ratificó que el ancla fiscal continúa siendo “un pilar fundamental del programa económico desde el primer mes de gestión” y afirmó que este principio quedó cristalizado en el Presupuesto 2026. Según el ministro, el orden en las cuentas públicas y el crecimiento económico permitirán profundizar la devolución de recursos al sector privado mediante nuevas reducciones de impuestos.

Desde el sector privado, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) aportó una lectura técnica del resultado. El organismo señaló que, en comparación con 2024, el superávit primario cayó 0,43 puntos porcentuales del PBI y el superávit financiero se redujo en 0,13 puntos, desde niveles de 1,8% y 0,3% del PBI, respectivamente.

El informe precisó además que los intereses pagados registrados sobre la línea, sin considerar los intereses capitalizados, equivalieron al 1,2% del PBI. Según el IARAF, “la dinámica de ingresos influenciada por la baja de impuestos y la suba real del gasto en jubilaciones y prestaciones determinó un empeoramiento relativo” frente al año previo.

Un dato clave para la política económica

El cierre fiscal de 2025 con superávit consolida uno de los ejes centrales del programa económico del Gobierno y se proyecta como un elemento clave en la relación con el FMI, el mercado financiero y los actores económicos locales. Más allá de las diferencias en la lectura técnica, el dato refuerza el rol del equilibrio fiscal como ancla macroeconómica y como señal política en un contexto de reformas estructurales y redefinición del rol del Estado.

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El Gobierno oficializó el Presupuesto 2026 con eje en el superávit fiscal y una inflación proyectada del 10,1%

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El Gobierno nacional promulgó la Ley de Presupuesto 2026 (Ley 27.798), que fija gastos totales por $148 billones, un superávit primario del 1,5% del PBI y un resultado financiero positivo del 0,2%. La norma, sancionada por el Congreso el 26 de diciembre y publicada en el primer Boletín Oficial del año, establece además una inflación anual proyectada del 10,1%, un dólar a $1.423 para diciembre de 2026 y un crecimiento económico del 5%. El texto redefine prioridades de gasto, consolida el sendero fiscal y anticipa impactos clave sobre educación, jubilaciones, salud y el frente externo.

La oficialización del Presupuesto 2026 se concretó mediante decreto del Poder Ejecutivo, luego de la aprobación legislativa en el Senado con 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención. La ley se presenta como la hoja de ruta económica y financiera del Estado nacional para el próximo ejercicio y busca dotar de previsibilidad a la política fiscal, monetaria y cambiaria.

Marco macroeconómico y metas fiscales: superávit, crecimiento y tipo de cambio

El Presupuesto 2026 proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5%, acompañado por una inflación anual del 10,1%, en línea con un escenario de desaceleración inflacionaria. En materia cambiaria, el texto fija un tipo de cambio de $1.423 por dólar para diciembre de 2026, variable clave para el comercio exterior y la planificación de inversiones.

En el plano fiscal, la norma establece gastos totales por $148 billones, con un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,2%, consolidando el objetivo de equilibrio de las cuentas públicas. Según la ley, este resultado se apoya en una administración más estricta del gasto y en una expansión moderada de los recursos.

Las exportaciones aparecen como uno de los motores del crecimiento proyectado: el Presupuesto prevé un incremento del 10,6% interanual hacia finales de 2026, en un contexto de recuperación de la actividad y mejora del frente externo.

Asignación del gasto: universidades, jubilaciones, salud y educación

Entre los principales destinos del gasto, el Presupuesto 2026 asigna $4,8 billones a las universidades nacionales, garantizando su financiamiento operativo y de programas especiales. El texto también contempla un aumento del 5% en el gasto previsional, en un escenario de contención del déficit y revisión de compromisos del sistema jubilatorio.

En el área social, se destacan incrementos reales en partidas sensibles: el gasto en Salud crecerá un 17%, mientras que Educación recibirá un aumento del 8%, con impacto directo sobre programas, transferencias y funcionamiento del sistema educativo.

Estos lineamientos reflejan una priorización selectiva del gasto, orientada a sostener áreas consideradas estratégicas, en paralelo con el compromiso de mantener el resultado fiscal positivo.

PRESUPUESTO 2026 Ley 27798 by CristianMilciades

Previsibilidad y señales al mercado

Desde una perspectiva institucional, la sanción y promulgación del Presupuesto 2026 refuerza el rol del Congreso en la definición de la política económica anual y aporta previsibilidad al sector público y privado. La fijación de metas explícitas de inflación, tipo de cambio y resultado fiscal funciona como señal para inversores, provincias y agentes económicos.

En términos políticos, la aprobación con mayoría en el Senado, aunque con votos negativos, evidencia un escenario de debate intenso en torno al ajuste del gasto, la sostenibilidad del superávit y la distribución de recursos. Los sectores más directamente impactados por la norma serán el sistema universitario, los beneficiarios del sistema previsional, el sector salud, el educativo y las actividades exportadoras, que operarán bajo los supuestos macroeconómicos fijados por la ley.

Hacia adelante, la ejecución del Presupuesto será clave para evaluar la consistencia entre las proyecciones oficiales y la dinámica real de la economía, en un año en el que el equilibrio fiscal y la desaceleración inflacionaria se consolidan como ejes centrales de la política económica.

anexo PRESUPUESTO 2026 Ley 27798 by CristianMilciades

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El Gobierno habilitó aumentos para funcionarios y dejó afuera a Milei y Villarruel

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El presidente Javier Milei firmó el Decreto 931/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional resolvió ordenar y actualizar la estructura salarial de las autoridades superiores del Estado, extendiendo a ministros y funcionarios de alto rango los incrementos pactados en paritarias del empleo público. La medida, publicada en el Boletín Oficial el 2 de enero de 2026, excluye expresamente al Presidente de la Nación y a la Vicepresidenta Victoria Villarruel, y establece además un mecanismo automático de congelamiento salarial si se pierde el superávit fiscal financiero.

El decreto fija que los aumentos comenzarán a regir a partir de enero de 2026, sin efectos retroactivos, y se enmarca en el proceso de reorganización del empleo público impulsado por el Gobierno tras la emergencia económica declarada a fines de 2023.

Del congelamiento a la actualización salarial: el giro tras el ajuste inicial

En los considerandos, el Poder Ejecutivo reconstruye el contexto macroeconómico que motivó las decisiones adoptadas desde el inicio de la gestión. A fines de 2023, la Argentina atravesaba una crisis económica y financiera de “extrema gravedad”, con una inflación interanual del 211,4%, una caída de la actividad del 4,5%, un déficit primario del 2,9% del PBI y un déficit fiscal financiero del 6,1% del PBI. La pobreza alcanzaba al 52,9% de la población y la indigencia al 18,1%, los niveles más altos desde 2004.

Frente a ese escenario, el Gobierno dictó el DNU 70/2023, que declaró la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025, y avanzó con un fuerte ajuste del gasto. En ese marco, el Decreto 235/2024 había congelado las remuneraciones de las autoridades superiores en los valores vigentes al 31 de diciembre de 2023, como “señal de austeridad institucional” y parte del esfuerzo de ordenamiento fiscal.

Según detalla el decreto, esa política se complementó con la eliminación de 8 ministerios, 110 secretarías y subsecretarías y 409 direcciones, lo que implicó la supresión de 519 cargos jerárquicos, y con una reducción de aproximadamente 60.000 agentes del Sector Público Nacional entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. El ahorro anual estimado por esa reducción fue de $3,49 billones, sin afectar —según el texto— la prestación de servicios esenciales.

Superávit fiscal, baja de la inflación y nuevo esquema remunerativo

El Poder Ejecutivo fundamenta el cambio de criterio salarial en los resultados alcanzados. De acuerdo con el decreto, en octubre de 2025 la inflación interanual se ubicó en 31,3%, mientras que el Sector Público Nacional acumuló 22 meses de superávit fiscal. En los primeros once meses del año, el superávit financiero fue de 0,6% del PBI y el superávit primario de 1,7% del PBI, consolidando —según el Gobierno— el “ancla fiscal” del programa económico.

Además, sobre la base de datos del INDEC y estimaciones del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, el decreto señala que la pobreza habría descendido del 54,8% en el primer trimestre de 2024 al 27,5% en el tercer trimestre de 2025.

Con ese telón de fondo, el Ejecutivo consideró necesario avanzar hacia un “ordenamiento equitativo” de las remuneraciones de las autoridades superiores, para asegurar un esquema “adecuado, competitivo y coherente con las responsabilidades asumidas”, sin comprometer la sostenibilidad fiscal. El decreto remarca que este paso forma parte de una estrategia de largo plazo orientada a profesionalizar la conducción del Estado, basada en criterios de mérito, transparencia y rendición de cuentas.

Qué establece el decreto y a quiénes alcanza

El Decreto 931/2025 dispone extender a partir de enero de 2026 el porcentaje acumulado de incrementos salariales acordados en las Actas Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional de 2024 y 2025 a:

  • Ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional comprendidos en el Decreto 838/1994.
  • Autoridades superiores incluidas en los regímenes de los Decretos 1716/1992 y 140/2007.
  • Funcionarios con rango y jerarquía equivalente.

El texto aclara de manera explícita que los cargos de Presidente de la Nación y Vicepresidente de la Nación quedan excluidos, tanto de los incrementos dispuestos como de los que se acuerden en el futuro.

Asimismo, el decreto fija que si la Administración Pública Nacional registra un déficit fiscal financiero acumulado, conforme la información oficial del Ministerio de Economía, las remuneraciones quedarán automáticamente congeladas, sin necesidad de un acto administrativo adicional, hasta que se restablezca el superávit.

Impacto político e institucional

La medida introduce un criterio fiscal explícito como condicionante salarial para la alta conducción del Estado, vinculando los aumentos a la sostenibilidad de las cuentas públicas. Al mismo tiempo, marca el cierre de la etapa de congelamiento aplicada durante la emergencia inicial y abre una fase de normalización selectiva de las remuneraciones jerárquicas.

Desde el plano institucional, el decreto también instruye a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a diseñar un nuevo sistema de empleo público, basado en mérito, evaluación de desempeño y esquemas salariales asociados a responsabilidad y funciones. Además, invita al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a las provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a replicar el mecanismo de congelamiento automático ante déficit, reforzando la señal de disciplina fiscal.

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Informe fiscal CEPA: el ajuste del gasto sostiene el superávit, pero crece el déficit financiero implícito

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El Sector Público Nacional (SPN) cerró noviembre de 2025 con superávit fiscal y financiero, en un contexto marcado por una fuerte contracción real del gasto público y una caída significativa de los ingresos. Según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el resultado primario fue positivo en $2,13 billones y el financiero alcanzó los $0,60 billones, tras el pago de $1,53 billones en intereses de deuda. El dato confirma la consolidación del ajuste iniciado en 2024, aunque también expone un déficit financiero implícito creciente, asociado a la capitalización de intereses de la deuda en pesos.

En términos prácticos, el superávit se explica casi exclusivamente por el recorte del gasto, que compensó la caída de la recaudación, y permitió al Gobierno ubicarse por encima de las metas fiscales comprometidas con el FMI. Sin embargo, el informe advierte que, al incorporar los intereses capitalizados de títulos como LECAP, BONCAP y DUALES, el resultado financiero mensual se tornaría deficitario y el rojo acumulado del año alcanzaría niveles sustanciales.

Ajuste fiscal: superávit primario con fuerte contracción del gasto

Durante noviembre, los ingresos totales del SPN sumaron $11,40 billones, con una caída interanual real del 9,7% y del 16,0% respecto del mismo mes de 2023. En paralelo, el gasto total fue de $9,27 billones, lo que implicó una reducción real del 14,2% interanual y una contracción del 35,2% frente a noviembre de 2023, confirmando la profundización del ajuste fiscal.

El informe de CEPA subraya que, de no haberse aplicado recortes significativos en partidas sensibles, el resultado financiero habría sido negativo. En particular, si los rubros “Otros programas”, Prestaciones del INSSJP y Universidades Nacionales hubieran mantenido en noviembre el mismo nivel de ejecución que en 2024, el gasto adicional habría ascendido a $1,34 billones, transformando el superávit financiero de $0,60 billones en un déficit de $0,74 billones.

Dentro del gasto, las Prestaciones Sociales cayeron 10,6% interanual y 19,8% frente a 2023. Se destacan recortes en Asignaciones Familiares (-17,5%), INSSJP (-44,6%), Pensiones no contributivas (-16,8%) y, especialmente, en “Otros programas” (-79,8% respecto de 2023), donde se incluyen políticas como Tarjeta Alimentar, comedores comunitarios, ex Potenciar Trabajo, Acompañar y Becas Progresar.

Las Jubilaciones y pensiones contributivas mostraron una suba interanual del 5,5%, aunque en el acumulado de 2025 registran una caída real del 6,3% frente a 2023. En tanto, las Universidades Nacionales exhibieron un desplome del 95,5% interanual y del 96,7% respecto de noviembre de 2023, en un esquema de postergación de transferencias que ya se había observado en junio de este año, tras la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario.

Ingresos en caída y efectos de las medidas tributarias

La contracción de los ingresos estuvo atravesada por cambios normativos y efectos de base de comparación. El informe detalla una caída del 67,7% interanual en Bienes Personales, explicada por el impacto del REIBP, vigente desde septiembre de 2024, y por la prórroga de pagos aplicada el año pasado. También se registró una baja del 7,7% interanual en el impuesto a las Ganancias.

El rubro “Resto de tributos” retrocedió 42,5% interanual, debido a la eliminación del Impuesto PAIS, descontinuado a fines de 2024. CEPA estima que, de haberse mantenido vigente, este tributo habría aportado $8,73 billones reales en los primeros once meses de 2025.

En comercio exterior, los Derechos de Exportación se desplomaron 67,2% interanual, como resultado de liquidaciones anticipadas y de medidas transitorias como el Decreto 682/2025, que redujo temporalmente las retenciones a 0% para diversos productos. El informe advierte que es previsible que en los próximos meses continúen las caídas en este tributo. En contraste, los Derechos de Importación crecieron 8,0% interanual, en línea con un aumento de las importaciones.

Déficit financiero implícito y metas con el FMI

Aunque el resultado financiero de noviembre fue positivo, CEPA remarca que el Tesoro continúa priorizando la emisión de títulos capitalizables en pesos, lo que difiere el registro de intereses. Solo en noviembre, los intereses capitalizados en LECAP, BONCAP y DUALES ascendieron a $2,65 billones. Si se incorporan estos compromisos, el resultado financiero del mes se transforma en un déficit de $2,05 billones y el déficit acumulado de 2025 alcanza los $21,22 billones.

Pese a este escenario, en términos de metas fiscales con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno se mantiene holgado. Tras la revisión de agosto de 2025, el objetivo de superávit primario para diciembre quedó fijado en $10,88 billones. Hasta noviembre, el SPN acumuló un resultado positivo de $14,65 billones, es decir, $3,76 billones por encima de la meta.

El informe concluye que el programa fiscal muestra consistencia en el corto plazo gracias al ajuste del gasto, pero plantea interrogantes sobre su sostenibilidad, en un contexto de caída de ingresos, recortes profundos en áreas sociales y educativas, y un endeudamiento en pesos que esconde un déficit financiero de magnitud creciente.

Informe fiscal Noviembre 2025 by CristianMilciades

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Cayó el capítulo fiscal del Presupuesto y desde Casa Rosada advierten que el texto “no sirve”

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Presupuesto 2026: el Gobierno advierte que la media sanción “vulnera el déficit cero” y evalúa frenar o vetar el proyecto

El Gobierno nacional considera que el Presupuesto 2026 aprobado en Diputados ya no le sirve porque, tras el rechazo del Capítulo XI, pone en riesgo el objetivo de déficit cero. En la Casa Rosada sostienen que la eliminación de las derogaciones a las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario fuerza al Presidente a administrar un presupuesto sin superávit primario, escenario que el oficialismo califica de inaceptable. Ante ese cuadro, evalúan demorar el envío al Senado, reabrir la discusión o incluso vetar la ley.

El punto de quiebre fiscal: cayó el capítulo clave del Presupuesto

La Libertad Avanza (LLA) obtuvo la media sanción del Presupuesto 2026 en sesiones extraordinarias, con 132 votos afirmativos en la votación general. Sin embargo, el oficialismo no logró sostener el Capítulo XI, considerado central por el Poder Ejecutivo, que incluía la derogación de normas que el Gobierno juzga incompatibles con el ahorro fiscal.

Ese capítulo fue rechazado por 117 votos a favor, 123 en contra y 2 abstenciones, tras una estrategia parlamentaria que buscó votar por capítulos —y no por artículos— para blindar el paquete fiscal. La apuesta no prosperó y dejó al Ejecutivo con un texto que, según fuentes oficiales, “vulnera el déficit cero que justamente queríamos construir con este Presupuesto”.

Para la administración nacional, el debate excede lo técnico: es político y económico. Déficit versus superávit, pasado versus un nuevo esquema de responsabilidad fiscal. En esa lectura, mantener vigentes las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario genera obligaciones de gasto que ponen en riesgo el superávit. Desde la Casa Rosada lo sintetizan con una cifra: “Solo Discapacidad son 5 puntos del PIB”.

Estrategias en evaluación: demorar, reescribir o vetar

Con el texto que se enviaría al Senado, el Gobierno cree que queda forzado a administrar sin superávit, algo que rechaza de plano. Por eso, en los despachos oficiales se analizan alternativas:

Demorar el envío al Senado y ganar tiempo para intentar un reordenamiento de prioridades legislativas, incluso priorizando la Modernización Laboral.

Reabrir la redacción para reincorporar el Capítulo XI, lo que implicaría que el proyecto vuelva a Diputados, aunque el oficialismo no tiene los números para insistir con su versión.

Vetar el Presupuesto, opción que gana terreno ante los incentivos de los bloques opositores para que la ley salga tal como está.

En paralelo, el Ejecutivo recuerda que, pese a fallos judiciales, no está aplicando fondos de las leyes cuestionadas al amparo de la falta de partidas presupuestarias. “Si se aprueba la ley, ya no hay excusas”, advierten. En ese marco, en el oficialismo ven con mejores ojos sostener en 2026 un manejo discrecional de las partidas por parte de Hacienda: “Va a tener que seguir armando el Excel”, ironizan.

Gobernadores, votos y el nuevo mapa político

El rechazo del capítulo fiscal profundizó tensiones con gobernadores. En el Gobierno señalan a mandatarios de la oposición dialoguista que habían anticipado el voto en contra, entre ellos Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), provincias que recibieron Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Pero el mayor impacto político provino de dos cambios de última hora que sorprendieron a los negociadores oficiales: Rolando Figueroa (Neuquén) y Leandro Zdero (Chaco). En el caso chaqueño, la decisión llamó la atención porque había sido aliado electoral de LLA en octubre; en Neuquén, por una relación previa cordial con los libertarios.

La sesión también marcó un hito institucional: es la primera media sanción presupuestaria que consigue el oficialismo y el debut de la nueva composición de la Cámara, donde LLA cuenta con 95 bancas y es primera minoría. Aun así, el resultado dejó al Gobierno ante una disyuntiva compleja: avanzar con un Presupuesto que no cumple su ancla fiscal o bloquearlo para preservar el mandato de superávit.

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