Superávit Fiscal

Empleo: la Argentina encadenó por primera vez un año completo de caída del trabajo privado registrado

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La economía argentina volvió a mostrar una señal que expone la distancia entre la recuperación de algunos indicadores de actividad y su impacto sobre el mercado laboral. Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), en mayo se completaron doce meses consecutivos de caída del empleo privado registrado, una secuencia inédita desde que existen registros comparables, que comienzan en 2009.

La contracción comenzó en junio del año pasado y desde entonces no registró interrupciones. No se trata de la caída más profunda en términos de magnitud histórica, pero sí de la más prolongada sin un solo mes de recuperación.

El saldo acumulado es significativo: durante esos doce meses se perdieron 135.500 puestos de trabajo privado registrado.

La dinámica tampoco fue compensada por otras modalidades laborales. En el mismo período desaparecieron 16.700 empleos públicos registrados, mientras que se incorporaron 42.600 monotributistas. Es decir, el incremento del trabajo independiente formal estuvo lejos de cubrir la destrucción de puestos asalariados.

Si la comparación se extiende hasta el cambio de gestión nacional, el deterioro es mayor: de acuerdo con el IAG, desde entonces se perdieron 241.200 empleos privados registrados.

Una economía que crece sin generar empleo

El fenómeno aparece acompañado por una composición particular de la actividad económica. En junio, la actividad avanzó 0,8% y quedó 2,7% por encima del mismo mes del año anterior. Sin embargo, el segundo trimestre terminó 0,9% por debajo del primero, mientras que el primer semestre acumuló una expansión de 1,9%.

El problema está en qué sectores explican el crecimiento.

La pesca registró un salto de 247,6% y la minería creció 15,6%. En sentido contrario, la industria acumuló una caída de 1,9% y el comercio retrocedió 1,2% durante el semestre.

La diferencia no es menor. Industria y comercio representan, en conjunto, alrededor del 26% del Producto Bruto Interno y el 38% del empleo privado registrado, según los datos presentados por el Instituto Argentina Grande.

Así, una parte relevante del crecimiento está concentrándose en actividades de fuerte expansión pero con una capacidad relativamente menor para generar empleo masivo, mientras permanecen debilitados dos de los principales motores laborales de la economía.

Superávit fiscal, con ajuste sobre subsidios y provincias

El otro pilar del programa económico continúa siendo el resultado fiscal. Julio terminó con un superávit primario de $2,96 billones y un resultado financiero positivo de $244.897 millones.

En los primeros siete meses del año, el superávit primario equivale al 0,9% del PBI y el financiero al 0,1%.

Según el análisis del IAG, parte del resultado volvió a sostenerse sobre la reducción de subsidios y las transferencias a las provincias.

El contraste define uno de los principales interrogantes de la economía argentina: la actividad puede recuperar terreno y las cuentas públicas permanecer equilibradas, pero el empleo privado formal todavía no encuentra un piso.

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El Gobierno logró en julio un superávit financiero de $244.897 millones pese al fuerte pago de intereses

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El Sector Público Nacional volvió a mostrar un resultado fiscal positivo en julio, después del déficit registrado en junio. Según informó el Ministerio de Economía, las cuentas públicas cerraron el mes con un superávit primario de $2.960.333 millones y un superávit financiero de $244.897 millones, luego de afrontar un volumen particularmente elevado de vencimientos de intereses de la deuda pública.

El dato adquiere relevancia porque el resultado financiero se obtuvo después de descontar $2.715.436 millones correspondientes al pago de intereses de deuda pública netos de las tenencias intra sector público. La concentración de vencimientos estuvo vinculada principalmente con el pago de cupones de los bonos Globales y Bonares, de modo que el excedente fiscal de julio se construyó sobre una diferencia de casi $3 billones entre los ingresos y los gastos primarios, suficiente para absorber la carga financiera del mes.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó precisamente ese componente al señalar que el superávit se alcanzó “en un mes con una alta concentración de vencimientos de intereses de deuda”. La señal que busca transmitir el Palacio de Hacienda es que el resultado no depende exclusivamente de una baja carga financiera coyuntural, sino de la generación de un excedente primario capaz de cubrir buena parte del servicio de la deuda.

Con el resultado de julio, el acumulado de los primeros siete meses del año arroja un superávit primario equivalente a aproximadamente 0,9% del PIB y un superávit financiero de alrededor de 0,1% del producto. La diferencia entre ambos indicadores refleja el peso que continúa teniendo el servicio de la deuda sobre las cuentas nacionales.

La dinámica del gasto constituye otro de los factores centrales. Durante julio, el gasto primario se redujo 7% interanual en términos reales, mientras que las erogaciones correspondientes a la Asignación Universal por Hijo crecieron 3,8%. El comportamiento muestra que el ajuste no fue homogéneo entre las distintas partidas y que algunas políticas sociales mantuvieron o incrementaron su cobertura real dentro de una estructura general de contención del gasto.

Para el Gobierno, el equilibrio fiscal funciona además como uno de los pilares de su estrategia de estabilización macroeconómica. Caputo sostuvo que el superávit se alcanzó en paralelo con una reducción acumulada de impuestos cercana a 3% del PIB desde el inicio de la gestión. La combinación busca mostrar que la mejora fiscal no se explica únicamente por un incremento de la presión tributaria, sino por una reducción del gasto y una modificación de la estructura de las cuentas públicas.

Sin embargo, el resultado también abre una discusión sobre la calidad y sostenibilidad del ajuste. En los últimos días cobró relevancia el debate sobre recursos retenidos a fondos fiduciarios que no habrían sido aplicados a los destinos específicos para los cuales fueron constituidos. La cuestión introduce una diferencia importante entre contabilizar un resultado fiscal positivo y determinar qué componentes explican ese resultado y cuáles son sus efectos sobre la prestación de políticas públicas.

Ese debate es particularmente relevante desde una perspectiva de largo plazo. El superávit fiscal contribuye a reducir las necesidades de financiamiento del Tesoro, mejora la señal de solvencia y puede favorecer la recomposición de las condiciones monetarias y crediticias. Pero su impacto económico depende también de qué gasto se recorta, qué obligaciones se difieren y qué recursos dejan de ejecutarse para alcanzar el equilibrio.

La cuestión central, por lo tanto, ya no es solamente si las cuentas públicas presentan superávit, sino cuánto de ese resultado puede sostenerse sin deteriorar infraestructura, servicios públicos o capacidades estatales necesarias para acompañar la recuperación económica. En otras palabras, la discusión fiscal empieza a desplazarse desde la aritmética del déficit hacia la composición y eficiencia del gasto.

El dato de julio ofrece, en ese sentido, una señal favorable para la estrategia de estabilización: aun después de afrontar intereses por $2,7 billones, el Estado nacional logró terminar el mes con resultado financiero positivo. Pero la consolidación fiscal enfrenta el desafío de sostener ese excedente mientras disminuye impuestos, atiende compromisos de deuda y evita que el ajuste sobre el gasto termine trasladándose a sectores estratégicos de la economía.

Para las provincias y, particularmente, para las economías regionales, esa discusión tiene una consecuencia concreta. La trayectoria de las cuentas nacionales condiciona la disponibilidad de recursos para infraestructura, transferencias y políticas productivas, pero también puede contribuir a generar un escenario macroeconómico más previsible. El punto de equilibrio estará en convertir la disciplina fiscal en una condición para crecer, y no solamente en un objetivo contable.

Julio dejó así una fotografía fiscal favorable para el Gobierno: $244.897 millones de superávit financiero, $2,96 billones de resultado primario y un acumulado anual positivo aun después de afrontar una elevada carga de intereses. El próximo desafío será demostrar que ese equilibrio puede sostenerse con una estructura de gasto eficiente, transparencia sobre los recursos utilizados y capacidad para preservar las inversiones que permitan transformar la estabilización en crecimiento.

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Stelatto designó a Laura Blodek como secretaria de Hacienda de Posadas

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La Municipalidad de Posadas tendrá un cambio en la conducción de su área económica luego de que el intendente Leonardo “Lalo” Stelatto anunciara a Laura Blodek como nueva secretaria de Hacienda, Desarrollo Económico y Turismo. La designación se produce después de la renuncia de Martín Alejandro Leiva Varela, quien dejó el cargo ad honorem tras informar que el municipio cerró provisoriamente el primer semestre de 2026 con un superávit fiscal equivalente al 8% de los ingresos totales.

Stelatto presentó la incorporación de Blodek como parte de la continuidad del esquema de administración que, según planteó, busca combinar responsabilidad fiscal y eficiencia en el uso de los recursos municipales. “Tiene la misión de continuar el camino trazado desde el primer día: responsabilidad fiscal y eficiencia para que cada peso de los posadeños vuelva en mejores servicios y soluciones urbanas”, sostuvo el intendente.

El jefe comunal destacó además la experiencia de la nueva funcionaria en la administración pública y la vinculó con el objetivo de consolidar las políticas que el Municipio viene desarrollando en los distintos barrios de la capital provincial. La conducción de Hacienda tendrá así el desafío de sostener el equilibrio fiscal al mismo tiempo que administra las demandas de servicios, infraestructura y atención urbana.

La designación se conoce apenas días después de que Leiva Varela formalizara su renuncia mediante una nota dirigida al Ejecutivo municipal. El ahora exsecretario había asumido el 12 de enero y ejercía el cargo ad honorem. En su presentación agradeció la confianza recibida, repasó los principales resultados de su gestión y no explicitó los motivos de su alejamiento.

Uno de los datos centrales aportados por Leiva Varela fue la evolución de las cuentas municipales. Según detalló, el ejercicio 2025 había terminado con un déficit fiscal equivalente al 15% de los ingresos totales, mientras que los recursos habían registrado una caída real del 12% y los gastos habían aumentado 6%.

Sobre esa base, el exfuncionario señaló que la prioridad durante su gestión fue estabilizar las finanzas municipales, garantizar la continuidad de los servicios esenciales y sostener la atención de una demanda social creciente. El resultado informado para los primeros seis meses del año marca, en términos fiscales, un cambio respecto del punto de partida que describió al asumir.

Leiva Varela también vinculó las dificultades económicas de Posadas con factores propios de una ciudad fronteriza. Entre ellos mencionó la presión tributaria nacional, la evolución de los precios y la diferencia cambiaria con Paraguay, variables que, según su evaluación, afectaron la competitividad del comercio, la industria y los servicios locales.

El recambio en Hacienda ocurre, por lo tanto, sobre una agenda que excede el control del gasto. La nueva conducción deberá administrar el equilibrio entre la necesidad de preservar las cuentas públicas y las políticas destinadas a sostener la actividad económica en una ciudad particularmente expuesta a los cambios de competitividad derivados de la dinámica fronteriza.

La continuidad planteada por Stelatto coloca a Blodek ante una doble tarea: preservar los avances fiscales informados durante el primer semestre y, al mismo tiempo, transformar ese ordenamiento en capacidad efectiva para financiar servicios y respuestas urbanas. El desafío será sostener el resultado de las cuentas sin desatender una economía local atravesada por menores niveles de actividad y una demanda creciente sobre el Estado municipal.

Blodek ya conoce el manejo de la ciudad de Posadas

Blodek cuenta con una consolidada trayectoria en la gestión pública. Se desempeñó como Secretaria de Hacienda durante los dos mandatos del ex Intendente Orlando Franco, lideró programas de desarrollo económico y financiero con organismos internacionales como el BIRF y el BID en la Unidad Ejecutora Provincial, y ejerció como Directora de Administración en la Dirección Provincial de Vialidad. Desde el inicio de la gestión del Intendente Stelatto, integró el equipo económico como asesora.

El Contador Bruno Mariani continuará en sus funciones como Subsecretario de Hacienda, Desarrollo Económico y Turismo, consolidando la estructura profesional y técnica que viene trabajando para garantizar el funcionamiento del Municipio ante el complejo contexto económico nacional y provincial.

Al asumir, la contadora Blodek destacó: “Vamos a dar continuidad a las líneas de trabajo que han caracterizado desde el primer día a la gestión del Intendente Stelatto, sostener el equilibrio financiero y presupuestario para hacer posible la transformación y progreso que ha vivido nuestra ciudad en estos años. Todo lo que se ha logrado en Posadas es resultado del trabajo coordinado de un equipo muy comprometido bajo el liderazgo político del Intendente, administrando con máxima responsabilidad los recursos de los vecinos”.

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Vialidad Nacional gastó menos de lo que le llegó asignado por el Impuesto a los Combustibles

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La red vial nacional atraviesa uno de sus momentos más críticos en años. El deterioro de las rutas se profundiza al mismo tiempo que el Estado nacional incrementó significativamente la carga impositiva sobre los combustibles, un tributo que justamente tiene como destino específico el financiamiento de la infraestructura vial.

Los números muestran una contradicción difícil de explicar. Desde el cambio de gestión, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) ejecutó menos recursos —considerando todas sus fuentes de financiamiento— de los que ingresaron únicamente por la porción del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) que le corresponde por ley.

De acuerdo con los datos disponibles, la DNV utilizó apenas un tercio de los fondos provenientes del impuesto que tiene asignación específica para infraestructura vial. En términos acumulados, la diferencia entre lo efectivamente recaudado y lo ejecutado asciende a 1,35 billones de pesos.

Ese monto no requería mayores transferencias del Tesoro Nacional ni un aumento adicional del gasto público. Eran recursos generados por un impuesto ya pagado por los consumidores cada vez que cargan combustible.

Más impuestos, menos inversión

El cambio también se observa en el surtidor. En noviembre de 2023, el Impuesto a los Combustibles representaba el 8,9% del precio de la nafta súper. Para julio de 2026, esa participación prácticamente se duplicó hasta alcanzar el 18,6%.

Es decir, los automovilistas, transportistas y productores pagan hoy una carga tributaria considerablemente mayor sobre cada litro de combustible. Sin embargo, esa mayor recaudación no se traduce en una mejora equivalente de la infraestructura vial.

Por el contrario, numerosos corredores nacionales presentan un creciente deterioro, con baches, deformaciones del pavimento y falta de mantenimiento preventivo.

Qué podría haberse hecho

Las estimaciones indican que, si Vialidad Nacional hubiera ejecutado la totalidad de los recursos provenientes del ICL que le corresponden, habría contado con 534.000 millones de pesos adicionales por año.

En términos acumulados, esos 1,35 billones de pesos habrían permitido financiar el mantenimiento anual de aproximadamente 9.148 kilómetros de rutas nacionales, cerca de una cuarta parte de toda la red vial federal.

La dimensión del número también puede medirse de otra manera: representa una distancia superior a dos veces el recorrido entre Ushuaia y La Quiaca, el extremo sur y norte del país.

Mientras disminuye la ejecución de recursos públicos destinados al mantenimiento, el Gobierno nacional avanza con un profundo proceso de reorganización del sistema vial.

En una primera etapa adjudicó aproximadamente 2.500 kilómetros de rutas nacionales, mientras que posteriormente incorporó otros 3.900 kilómetros dentro del esquema de concesiones.

El objetivo oficial es alcanzar cerca de 9.000 kilómetros de corredores administrados por operadores privados, modificando de manera sustancial el modelo de gestión de la red vial federal.

La discusión de fondo

El debate trasciende el nivel de gasto público. El Impuesto a los Combustibles fue concebido como un tributo de afectación específica, es decir, con un destino determinado para financiar infraestructura vial.

La principal crítica es que los usuarios continúan pagando un impuesto cuya carga sobre el precio final prácticamente se duplicó en menos de tres años, mientras el estado de las rutas nacionales sigue empeorando y la ejecución de los recursos destinados a su mantenimiento permanece muy por debajo de la recaudación disponible.

Para especialistas en infraestructura y finanzas públicas, la brecha entre lo que recauda el Estado por este concepto y lo que efectivamente invierte en conservación vial constituye una de las principales explicaciones del acelerado deterioro que hoy exhibe gran parte de la red nacional.

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Las provincias moderan su superávit fiscal en el primer trimestre de 2026

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El ajuste fiscal que caracterizó a las provincias durante 2024 y gran parte de 2025 comenzó a mostrar señales de agotamiento. El primer trimestre de 2026 cerró con un consolidado provincial todavía superavitario, aunque con un margen significativamente menor al del año pasado. Detrás de ese resultado aparece un escenario más complejo: los recursos crecieron por debajo de las necesidades de gasto, mientras las diferencias estructurales entre provincias se profundizan.

Según el último informe de la Fundación Encuentro sobre federalismo fiscal, el conjunto de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró un superávit primario equivalente al 4,9% de sus ingresos durante el primer trimestre de 2026, frente al 9,3% alcanzado en igual período de 2025. El resultado financiero también permaneció en terreno positivo, con un saldo del 2,4%, aunque igualmente inferior al observado un año atrás.

La explicación principal reside en el comportamiento dispar entre ingresos y gastos. Mientras los recursos totales retrocedieron un 3,1% en términos reales respecto del primer trimestre del año pasado, el gasto primario aumentó un 1,6%. Esa combinación redujo el margen fiscal de las administraciones provinciales, aunque sin comprometer, por el momento, el equilibrio general de las cuentas públicas.

El informe advierte que el fenómeno no responde únicamente a una cuestión coyuntural. La estructura financiera de las provincias continúa exhibiendo una fuerte dependencia de los recursos nacionales, principalmente de la coparticipación y de las transferencias automáticas. Dentro de los ingresos propios, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos sigue siendo la principal fuente de financiamiento, lo que hace que la recaudación provincial permanezca estrechamente vinculada al nivel de actividad económica.

Del lado del gasto, la capacidad de ajuste continúa siendo limitada. Más del 84% del gasto primario provincial se concentra en tres grandes rubros: salarios del sector público, transferencias corrientes y prestaciones de seguridad social. Se trata de componentes de elevada rigidez presupuestaria, cuya reducción resulta compleja tanto desde el punto de vista político como operativo.

Esta configuración explica por qué una desaceleración económica o una caída de la recaudación impactan rápidamente sobre las finanzas provinciales. Cuando los ingresos disminuyen, el margen para compensar ese efecto mediante una reducción del gasto resulta acotado.

Aun así, el informe destaca que la situación patrimonial del conjunto de las provincias continúa siendo relativamente sólida. El stock consolidado de deuda representa el 91% de los ingresos trimestrales, por encima del 83% registrado un año antes, aunque todavía en niveles considerados manejables en términos históricos.

Sin embargo, esa lectura general esconde profundas diferencias entre jurisdicciones. Mientras algunas provincias prácticamente no registran endeudamiento relevante, otras presentan niveles considerablemente elevados. Buenos Aires lidera el ranking con una deuda equivalente al 172% de sus ingresos trimestrales, seguida por La Rioja, con un 149%. Esta heterogeneidad condiciona de manera muy distinta la capacidad financiera de cada administración para afrontar inversiones o responder ante eventuales shocks económicos.

Otro elemento de atención es la composición del pasivo. Cerca del 80% de la deuda provincial permanece denominada en moneda extranjera, lo que incrementa la exposición frente a eventuales movimientos del tipo de cambio o restricciones en el acceso a divisas.

El calendario financiero también comienza a cobrar relevancia. Durante el resto de 2026 las provincias deberán afrontar vencimientos de títulos públicos en moneda extranjera por aproximadamente 1.200 millones de dólares, mientras que en 2027 los compromisos ascenderán hasta los 2.800 millones. Este escenario obliga a monitorear tanto la evolución del riesgo país como las condiciones de acceso al financiamiento internacional, especialmente para aquellas jurisdicciones con mayores necesidades de refinanciación.

El informe deja una enseñanza central para el debate federal argentino. La sostenibilidad fiscal ya no depende únicamente del equilibrio presupuestario. También exige avanzar en una mayor diversificación de las fuentes de ingresos provinciales, fortalecer la capacidad de generación de recursos propios, mejorar la eficiencia del gasto público y reducir las fuertes asimetrías entre jurisdicciones.

La consolidación de reglas fiscales previsibles, junto con una estrategia que permita disminuir la dependencia de la coparticipación y administrar prudentemente el endeudamiento en moneda extranjera, aparece como uno de los principales desafíos para fortalecer el federalismo fiscal y dotar a las provincias de mayor autonomía frente a los cambios del ciclo económico.

Informe Fiscal y Financiero Provincias y CABA by CristianMilciades

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