superavit fiscal

Caputo descartó una nueva baja de retenciones en la Rural y condicionó futuros recortes al superávit fiscal

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En la antesala del acto inaugural de la Exposición Rural de Palermo, el ministro de Economía, Luis Caputo, llevó un mensaje de cautela al sector agropecuario. Durante su visita al predio y tras compartir un almuerzo con las autoridades de la Sociedad Rural Argentina (SRA), descartó que el presidente Javier Milei anuncie una nueva reducción de las retenciones el próximo domingo y dejó en claro que cualquier modificación futura estará supeditada a la consolidación del superávit fiscal.

Las declaraciones del titular del Palacio de Hacienda buscaron moderar las expectativas que se habían instalado en torno al tradicional discurso presidencial en la Rural, escenario históricamente elegido para comunicar definiciones vinculadas a la política agropecuaria. “Los anuncios ya se hicieron en su momento, así que no hay que esperar ningún anuncio en particular. En la medida que el superávit económico dé más margen, podremos seguir bajando”, afirmó.

El mensaje confirma que la estrategia económica del Gobierno continúa priorizando el equilibrio de las cuentas públicas como condición para avanzar con una reducción gradual de la presión tributaria. En ese esquema, las retenciones dejan de aparecer como una herramienta de corto plazo y pasan a depender de la evolución de los ingresos fiscales y del sostenimiento del programa económico.

La última modificación del esquema de Derechos de Exportación (DEX) fue anunciada por Javier Milei durante su exposición en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Allí se definió un cronograma de reducción progresiva para distintos complejos productivos, que comenzará a implementarse desde 2027 y se extenderá durante dos años.

Según ese cronograma, el trigo y la cebada reducirán sus retenciones del 7,5% al 5,5%, mientras que la soja iniciará un descenso gradual desde el 24% hasta el 15% hacia 2028. En el caso del maíz y el sorgo, la baja será escalonada mediante reducciones trimestrales hasta alcanzar el 5,5%, mientras que el girasol también seguirá un esquema progresivo que concluirá con una alícuota del 3%.

Para el sector agropecuario, la definición implica que no habrá modificaciones inmediatas en un contexto donde los productores continúan reclamando una menor carga impositiva para mejorar la competitividad y acelerar las inversiones. Sin embargo, el Gobierno mantiene el compromiso de avanzar con una reducción gradual, siempre que las condiciones macroeconómicas lo permitan.

Caputo también aprovechó su visita para destacar la evolución de la economía y poner en valor la mejora de la calificación crediticia otorgada recientemente por Moody’s, que se suma a las revisiones positivas realizadas previamente por Fitch Ratings y Standard & Poor’s.

Según el ministro, esas decisiones reflejan un cambio estructural en la economía argentina y fortalecen la percepción internacional sobre el rumbo del programa económico. “Muestran que hay un cambio estructural en el país y eso es lo que están viendo todos”, sostuvo.

En esa línea, afirmó que la actividad económica mantiene una trayectoria de crecimiento sostenido cuando se elimina el efecto de la estacionalidad. “Cuando le sacamos la estacionalidad y nos concentramos en la tendencia ciclo, la economía está creciendo desde hace 26 meses consecutivos, cosa que no pasaba hace más de 15 años. Todos los motivos para estar optimistas”, concluyó.

Desde una perspectiva económica, la postura oficial refleja una estrategia de gradualismo fiscal. El Gobierno busca sostener la confianza de los mercados y preservar el superávit como principal ancla macroeconómica, aun cuando ello implique postergar demandas de sectores estratégicos como el agro. La señal hacia el campo es que las futuras rebajas tributarias continúan siendo parte del horizonte oficial, pero su ejecución dependerá de la capacidad del Estado para mantener el equilibrio fiscal sin comprometer la estabilidad alcanzada.

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Las tres debilidades del superávit fiscal argentino

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Gustavo Rodolfo Reija-CEO Netia Group SAS. El equilibrio fiscal primario alcanzado por Argentina en 2025 y sostenido en el primer trimestre de 2026 constituye, desde una perspectiva de política macroeconómica convencional, el logro central del programa de estabilización vigente. Su racionalidad técnica es incuestionable en términos de corto plazo: sin disciplina fiscal no existe programa monetario sostenible, y sin programa monetario sostenible no hay convergencia inflacionaria posible. La secuencia lógica es correcta.

Lo que el análisis convencional no incorpora con suficiente sistematicidad es la naturaleza multidimensional de la fragilidad que subyace a ese equilibrio. El informe técnico del Instituto Argentino de Análisis Fiscal correspondiente a la recaudación nacional de marzo de 2026, publicado el 1 de abril, proporciona la evidencia cuantitativa que permite caracterizar esa fragilidad con precisión metodológica: no se trata de una perturbación coyuntural sino de una tensión estructural entre los requerimientos de corto plazo del ajuste fiscal y las condiciones de mediano plazo que la propia sostenibilidad del equilibrio necesita para reproducirse.

La tesis central que los datos del IARAF habilitan es la siguiente: el superávit primario argentino descansa simultáneamente sobre tres pilares comprometidos. Una base imponible real en contracción sistemática. Una metodología de cómputo que excluye los intereses devengados de la deuda capitalizable. Y una estructura productiva que no genera el crecimiento del empleo formal necesario para expandir los tributos que financian el propio equilibrio. Los tres vectores convergen. Ninguno es independiente de los otros.

Primera debilidad: ocho meses de contracción tributaria real

La dimensión más directamente documentada por el IARAF es la contracción sostenida de la recaudación en términos reales. Marzo de 2026 registró la octava caída real interanual consecutiva de los recursos tributarios nacionales totales, con una variación del -4,5% respecto a marzo de 2025. En el acumulado del primer trimestre, la caída real interanual alcanzó el 7,5%, equivalente a una pérdida de $4,2 billones en moneda constante de marzo de 2026. De esa merma, $3,067 billones correspondieron a la porción que queda en manos del Gobierno Nacional — una caída real acumulada del 8,0% — y $1,155 billones adicionales a la coparticipación provincial, con una variación negativa del 6,5%.

El análisis desagregado por tributo revela una estructura de contracción que es sistemática y causalmente articulada, no aleatoria. Los derechos de exportación acumularon en el trimestre una caída real del 38,6%, consecuencia directa de la eliminación de retenciones al sector agropecuario. La racionalidad de esa decisión en términos de competitividad exportadora del agro es reconocible. Su costo fiscal, sin embargo, no encuentra compensación en ningún otro componente del cuadro tributario. Los derechos de importación retrocedieron 17,3% real acumulado, señal de que la actividad económica no genera aún el volumen de incorporación de insumos y bienes de capital que caracteriza una recuperación industrial con densidad productiva genuina.

El dato analíticamente más relevante desde una perspectiva estructuralista es la contracción del IVA neto: -10,1% real en el primer trimestre. El IVA —que representa el 34% del total de recursos tributarios nacionales, constituyendo el principal tributo del sistema— es el indicador más preciso disponible del nivel de consumo interno agregado. Su caída del 10% real en términos acumulados no admite explicación técnica suficiente: es la evidencia directa e inequívoca de que el consumo de los hogares no ha recuperado en términos reales el nivel del primer trimestre de 2025. Los salarios reales del segmento formal exhiben mejora, pero la base de perceptores formales resulta insuficiente para generar el arrastre necesario sobre el indicador agregado.

Los aportes y contribuciones de la seguridad social — 28,1% de la recaudación total — retrocedieron 3,9% real acumulado. El IARAF identifica como factores explicativos el comportamiento del salario real y la cantidad de empleo formal. La traducción estructural es precisa: con una tasa de informalidad laboral del 43,1% según los datos de la EPH correspondientes al cuarto trimestre de 2025, cada punto porcentual de empleo que permanece fuera del registro formal representa simultáneamente recaudación no captada, prestación previsional no financiada y trabajador excluido del sistema de protección social contributiva.

Segunda debilidad: el superávit que no cuenta lo que debe

La segunda dimensión de fragilidad opera en el plano metodológico y es, paradójicamente, la menos debatida en el espacio público especializado. El superávit fiscal primario que el gobierno exhibe como evidencia central de disciplina macroeconómica es, por definición, el resultado financiero, pero no contabiliza intereses devengados sobre instrumentos capitalizables — deuda cuyo costo financiero no se abona en el período corriente sino que se acumula sobre el stock del pasivo soberano mediante la capitalización del devengamiento.

El mecanismo opera de la siguiente manera: los intereses devengados sobre esos instrumentos no generan egreso de caja en el período corriente, por lo que no figuran en la ejecución presupuestaria base caja que constituye el denominador del superávit primario publicado. Sin embargo, incrementan el stock de deuda pública de manera silenciosa, sistemática y compuesta. El pasivo soberano crece en cada período de devengo aunque el resultado fiscal primario permanezca positivo y la caja no registre salida alguna.

La implicancia analítica es de primera magnitud: el equilibrio fiscal que se publica sobreestima la posición financiera real del sector público en la medida en que excluye un costo financiero efectivo que se está materializando sobre el balance del Tesoro. No se trata de irregularidad contable. Es el resultado previsible de aplicar criterios de base caja a instrumentos diseñados específicamente para diferir el impacto financiero. Pero sus consecuencias sobre la sostenibilidad fiscal de mediano plazo son concretas y cuantificables: la deuda capitalizable de hoy es presión fiscal de mañana, y esa presión se materializa sobre una base imponible que el IARAF documenta como decreciente en términos reales.

Tercera debilidad: el desafío recaudatorio de abril a diciembre

El IARAF cuantifica con rigor metodológico el desafío que el desempeño tributario del primer trimestre impone sobre el resto del ejercicio fiscal. En el escenario de menor exigencia —mantener simplemente la recaudación real de 2025— el IVA debe crecer 3,4% real y Ganancias 1,1% real en los nueve meses restantes del año, con una meta conjunta del 2,5%. El escenario de referencia presupuestaria es significativamente más exigente: el Presupuesto 2026 establece un aumento real del 4% en IVA y del 9,5% en Ganancias respecto de 2025, lo que requeriría, para compensar el rezago del primer trimestre, variaciones reales del 8,8% en IVA, 13,3% en Ganancias, y 10,6% en la suma de ambos durante el período abril-diciembre.

La materialización de esas tasas de crecimiento requiere la convergencia simultánea de tres condiciones macroeconómicas: recuperación sostenida del consumo interno real, expansión del empleo registrado por encima de la tendencia actual, y crecimiento de la masa salarial formal en términos reales durante tres trimestres consecutivos. La tensión estructural emerge con claridad meridiana: las intervenciones de política pública que más directamente generarían esas condiciones — inversión en infraestructura productiva, política industrial activa, reducción del costo de formalización laboral — son precisamente las que se encuentran subordinadas a la restricción fiscal cuya sostenibilidad los propios datos cuestionan.

El diagnóstico desarrollista: la trampa de la consolidación sin transformación

Desde una perspectiva estructuralista, la secuencia causal que los datos del IARAF documentan tiene una lógica sistémica que el análisis fiscalista convencional no captura en toda su complejidad. La contracción del gasto público comprime la demanda agregada en sectores con alta densidad de empleo formal — manufactura, construcción, servicios públicos, administración territorial — generando un impacto negativo sobre el nivel de actividad que se transmite hacia el empleo registrado, la masa salarial real, el consumo privado y, en última instancia, la base imponible del IVA y las contribuciones de seguridad social.

El crecimiento nominal que exhibe la economía argentina en este período está traccionado por sectores con baja densidad de empleo formal por unidad de producto: exportaciones primarias con valor agregado reducido, servicios financieros, energía. Esos sectores generan divisas y rentabilidad, pero no generan la masa de empleo registrado y consumo formal que alimenta los principales tributos del sistema. El resultado es una configuración macroeconómica en la que el PBI crece nominalmente mientras la base imponible real se contrae — una divergencia que no es paradójica sino estructuralmente coherente con una economía cuya recuperación no pasa por los sectores generadores de base tributaria masiva.

La sostenibilidad fiscal de largo plazo de Argentina no es una función del nivel de ajuste del gasto. Es una función del tamaño y la densidad de la base imponible real, que a su vez es una función de la estructura productiva. Sin expansión del empleo formal, sin manufactura operando a plena capacidad, sin consumo interno sólido respaldado por ingresos laborales reales crecientes, el superávit primario es un equilibrio técnicamente posible pero estructuralmente frágil: construido sobre una recaudación que mengua, contabilizado con una metodología que excluye costos financieros reales, y sostenido por un ajuste del gasto que comprime las mismas condiciones de actividad que la recaudación requiere para expandirse.

Los datos del IARAF del primer trimestre de 2026 no describen una crisis fiscal inminente. Describen la anatomía de una fragilidad acumulada que tiene fecha de vencimiento si no se interviene sobre sus causas estructurales.

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