Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Cerraron más de 800 firmas en un año y la caída ya es récord

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De acuerdo con datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) de la Nación, Misiones registró en mayo un total de 8.367 empresas empleadoras del sector privado, mostrando una caída del 8,9% respecto a igual mes de 2025, equivalente  al cierre de 814 firmas en el último año. El dato exhibe además tres agravantes: se trata del menor volumen de empresas de toda la serie histórica (el registro  de este indicador inicia en enero de 2015); en segundo lugar, el descenso del 8,9%  registrado es el más fuerte también de toda la serie histórica y; en tercer lugar, la intensidad del descenso acelera por decimoprimer mes consecutivo, indicando que lejos de haber  alcanzado un piso que permita la recuperación, las unidades productivas misioneras  todavía están en pleno proceso de sangría. 

Entre los 18 sectores de actividad, se observa una situación generalizada de  retrocesos, pero en diferentes intensidades. En ese marco, hay cinco sectores con  descensos de doble dígito en mayo, siendo éstos los Servicios Artísticos, Recreativas, Culturales y Deportivos (-11,6%). Comercio (-11,5%), Servicios Profesionales (-10,2%),  Servicios de Alojamiento y Comida (-10,2%) y Explotación de Minas y Canteras (-10,0%), entre estos, acumularon una pérdida de 458 firmas en el último año, aunque de ese total  unas 358 se explican sólo por el comercio.  

Luego se ubicaron los Servicios de Transporte y Almacenamiento (-9,0%), Construcción (- 8,5%), Industria Manufacturera (-8,5%), Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura (- 8,3%), Información y Comunicaciones (-7,4%), Servicios inmobiliarios (-5,5%), Intermediación Financiera (-4,7%), Servicios de Asociaciones (-4,5%), Actividades Administrativas (-3,6%), Enseñanza (-3,1%) y Suministro de Agua (-2,4%). 

Entre todos estos acumularon un total de 295 firmas perdidas, donde se destacan el Agro con -126 y la  Industria con -84. 

Por el contrario, solamente Servicios Sociales y de Salud (+1,4%) y Suministro de electricidad (+7,1%) exhibieron subas en el último año, aunque en conjunto explicaron apenas 5 nuevas firmas.  

Si se compara los niveles actuales contra los de noviembre 2023, previo al cambio de gobierno, la situación es similar pero, en este caso, es la Construcción el sector que presenta la mayor caída relativa con -23,2%, mientras que el Comercio es la que soporta la mayor pérdida en términos absolutos (-469).

En el plano nacional, la caída del 8,9% de Misiones de mayo 2026 es la segunda más fuerte  del país, solo superada por La Rioja (-16,1%); por ende, se convierte también en el peor  desempeño relativo del NEA, en un contexto donde solamente una provincia en todo el país  logra mejoras (Neuquén con +0,1, empujada por Vaca Muerta). 

En valores absolutos, las 810 empresas que perdió Misiones en el último año son el quinto valor más alto del país, solo por debajo de las  “cuatro grandes” (Santa Fe, CABA, Córdoba y Buenos Aires). 

Si la comparación se hace contra noviembre de 2023, la caída misionera de 11,7% es la sexta más profunda del país aunque la segunda más leve del NEA, ya que tanto Chaco (- 12,5%) como Corrientes (-11,8%) exhiben descensos superiores; también en esta  comparación, Neuquén es la única provincia del país con variación positiva (+1,7%). En  valores absolutos, las 1.113 firmas perdidas en Misiones son la séptima cifra más alta del país.

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Posadas reunió a especialistas de ergonomía todo el país para debatir sobre prevención en el trabajo

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La transformación del mundo del trabajo ya no se mide únicamente por la incorporación de nuevas tecnologías o por el crecimiento de la productividad. Cada vez cobra mayor relevancia la calidad de los entornos laborales y el cuidado de quienes sostienen la actividad económica. Bajo esa premisa, Posadas fue sede de la IX Jornada Nacional de Ergonomía, un encuentro que puso en agenda la necesidad de consolidar una cultura preventiva capaz de reducir riesgos, mejorar la salud de los trabajadores y fortalecer la competitividad de las organizaciones.

La actividad reunió a profesionales, estudiantes, representantes de empresas, organismos públicos y privados, además de especialistas vinculados a la seguridad e higiene laboral. El objetivo fue promover el intercambio de experiencias y actualizar conocimientos sobre una disciplina que dejó de ser un aspecto complementario para convertirse en un componente estratégico dentro de las políticas de gestión del empleo.

La apertura contó con la participación de la ministra de Trabajo y Empleo de Misiones, Silvana Giménez; el gerente de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), Darío Costa; representantes de la Asociación de Ergonomía Argentina (AdEA), de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Resistencia y referentes regionales especializados en la materia.

Durante la jornada se destacó que la ergonomía no solo contribuye a disminuir accidentes y enfermedades profesionales, sino que también mejora los procesos productivos, incrementa la eficiencia organizacional y favorece ambientes laborales más saludables. En un escenario donde el bienestar de las personas comienza a ser considerado un activo estratégico para empresas e instituciones, la prevención aparece como una inversión con impacto económico y social.

Las exposiciones abordaron herramientas aplicables a distintos sectores productivos, haciendo foco en la gestión de riesgos, la adaptación de los puestos de trabajo y el diseño de estrategias orientadas a preservar la salud física y mental de los trabajadores. El intercambio permitió compartir experiencias entre especialistas y organizaciones que enfrentan desafíos similares en contextos productivos diversos.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la necesidad de profundizar la articulación entre el Estado, las universidades, las entidades profesionales y el sector privado. Los participantes coincidieron en que la construcción de una verdadera cultura preventiva requiere políticas sostenidas, formación permanente y una visión integral que incorpore la salud ocupacional como parte del desarrollo económico.

La realización de la IX Jornada Nacional de Ergonomía consolida a Misiones como un espacio de referencia para el debate sobre las nuevas condiciones del trabajo y reafirma el compromiso provincial con políticas públicas orientadas a construir entornos laborales más seguros, saludables y sostenibles. En un contexto de profundas transformaciones del mercado laboral, la prevención deja de ser un costo para convertirse en una herramienta de desarrollo humano y productividad de largo plazo.

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Sturzenegger avanza sobre el sistema de Riesgos del Trabajo: eliminan 122 normas para reducir burocracia y anticipan una reforma más amplia

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La reforma del mercado laboral comenzó a mostrar uno de sus primeros movimientos concretos fuera de las leyes de fondo. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció el inicio de una revisión integral del sistema de Riesgos del Trabajo con una medida que apunta a reducir la burocracia acumulada durante décadas: la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) eliminó 122 resoluciones consideradas obsoletas, redundantes o sin aplicación práctica.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 35/2026, firmada por el superintendente Gustavo Morón, y constituye el primer paso de una estrategia más amplia orientada a revisar el costo regulatorio que enfrentan empresas, aseguradoras y trabajadores dentro del sistema creado por la Ley 24.557.

Empezamos a abordar el tema de los riesgos del trabajo. De los múltiples temas que teníamos en el mercado laboral, el costo de los riesgos del trabajo es uno que siempre se menciona con preocupación“, expresó Sturzenegger al presentar la medida. Según explicó, el objetivo es realizar una revisión integral de toda la normativa vigente junto con la SRT.

El ministro sostuvo que la resolución constituye una “limpieza normativa” que prepara el terreno para futuras reformas y destacó que muchas de las disposiciones eliminadas permanecían vigentes desde hacía más de tres décadas, prácticamente desde la creación del organismo.

Entre las normas derogadas figuran resoluciones vinculadas con procedimientos que ya habían sido reemplazados por plataformas digitales, registros administrativos que perdieron utilidad, estructuras internas sin funciones operativas y programas que dejaron de implementarse hace años. La resolución elimina, por ejemplo, el registro de graduados universitarios en Higiene y Seguridad, el comité de seguridad de la información de la SRT y diversos procedimientos presenciales que habían quedado superados por la digitalización administrativa.

Una depuración normativa para reducir costos administrativos

La resolución distingue dos situaciones. Por un lado, reconoce formalmente la pérdida de vigencia de 29 resoluciones que, aunque seguían apareciendo como activas, ya habían sido reemplazadas por normas posteriores, por lo que su derogación era, en los hechos, tácita desde hacía años. Algunas de ellas habían dejado de producir efectos incluso desde 2002 o 2010.

En paralelo, la SRT derogó expresamente otras 93 resoluciones o artículos específicos cuyo objeto ya se había cumplido, cuyos plazos habían vencido o que resultaban redundantes dentro del actual marco regulatorio. Entre ellas aparecen numerosas normas dictadas entre 2015 y 2024 que habían quedado sin aplicación práctica.

Desde el organismo sostienen que esta depuración busca brindar mayor seguridad jurídica, facilitar la consulta del Digesto Institucional y evitar que ciudadanos, empresas y profesionales deban interpretar un entramado normativo compuesto por disposiciones que ya no tenían efectos reales.

El objetivo: un sistema más simple y previsible

La medida se inscribe dentro del proceso de revisión normativa impulsado por el Decreto 90/2025, que ordenó a todos los organismos nacionales identificar regulaciones innecesarias para disminuir cargas administrativas y simplificar los procedimientos estatales.

En ese marco, la propia resolución sostiene que eliminar regulaciones obsoletas contribuye a reducir la incertidumbre jurídica, agilizar los trámites y mejorar la eficiencia administrativa sin afectar derechos adquiridos ni situaciones jurídicas ya consolidadas.

Para las empresas, la decisión implica un marco regulatorio más claro al eliminar obligaciones y procedimientos que ya no tenían aplicación efectiva. Para los estudios jurídicos, asesores laborales y profesionales de higiene y seguridad, la depuración también reduce el riesgo de interpretaciones contradictorias derivadas de normas que permanecían formalmente vigentes pese a haber sido superadas por regulaciones posteriores.

La señal política detrás de la medida

Más allá del alcance administrativo de la resolución, el mensaje político fue explícito. Sturzenegger vinculó la iniciativa con la estrategia general del Gobierno de Javier Milei para reducir regulaciones y simplificar el funcionamiento del Estado.

“La agenda de reducir normas es el camino que nos señala el presidente Javier Milei”, afirmó el ministro, dejando entrever que la depuración normativa constituye apenas la primera etapa de una reforma más profunda sobre el régimen de Riesgos del Trabajo, un sistema que desde hace años acumula reclamos empresariales por sus costos, su litigiosidad y su complejidad regulatoria.

Aunque la Resolución 35/2026 no modifica las prestaciones ni los derechos de los trabajadores, sí marca el inicio de una revisión estructural que podría derivar en futuros cambios sobre uno de los componentes más sensibles del costo laboral argentino.

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El empleo formal volvió a caer en marzo y el comercio marcó su peor nivel en casi dos años

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La recuperación del mercado laboral volvió a mostrar señales de fragilidad durante marzo. Luego de dos meses de relativa estabilidad, el empleo asalariado formal retomó la senda descendente y arrastró también al monotributo, una categoría que hasta ahora había mostrado mayor capacidad de resistencia. Los datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) reflejan que se perdieron 10.728 puestos de trabajo registrados respecto de febrero, mientras que la cantidad de monotributistas disminuyó en 6.322 personas en términos desestacionalizados.

El deterioro del empleo se da en un contexto de reconfiguración del mercado laboral impulsado por el ajuste económico y la desaceleración de distintos sectores productivos. Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, el número de empleos asalariados destruidos supera los 300.000, mientras que también desaparecieron 26.448 empresas empleadoras, equivalente al 5,2% del total registrado, según estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

El economista y especialista en mercado laboral Luis Campos advirtió que la actual fase contractiva comenzó en agosto de 2023 y ya acumula una pérdida de 252.129 trabajadores asalariados, un nivel que se aproxima a la destrucción de empleo registrada durante la crisis de 2018-2019.

En marzo, el sector privado eliminó 7.603 puestos de trabajo (-0,12%), el sector público perdió 2.364 empleos (-0,07%) y el empleo en casas particulares retrocedió en 761 puestos (-0,17%). También continuó la caída entre los trabajadores independientes: los autónomos disminuyeron en 5.275 personas (-1,32%), el monotributo cayó en 6.322 contribuyentes (-0,3%) y el monotributo social volvió a retroceder con una baja de 5.188 inscriptos (-2,1%).

Comercio e industria concentran la mayor destrucción de empleo

Entre las principales actividades económicas, el comercio volvió a consolidarse como uno de los sectores más afectados. Durante marzo perdió 2.147 puestos registrados respecto del mes anterior y acumuló una caída interanual de 24.275 empleos (-1,9%), alcanzando 1.229.599 trabajadores registrados, el nivel más bajo desde julio de 2024.

El dato adquiere especial relevancia porque el comercio continúa siendo el principal empleador privado del país. Junto con la industria manufacturera, el transporte y la intermediación financiera concentró la mayor parte de la destrucción de empleo formal durante el tercer mes del año.

La industria manufacturera también profundizó su deterioro. Perdió 5.043 puestos de trabajo en marzo (-0,5%) y acumula una baja interanual de 47.647 empleos (-4,1%), reflejando las dificultades que aún enfrenta la actividad fabril pese a la desaceleración inflacionaria.

En contrapartida, los sectores considerados ganadores del actual modelo económico —como minería, petróleo y agro— continúan mostrando incrementos porcentuales en el empleo, aunque con escasa incidencia sobre el mercado laboral total. Durante marzo, ambas actividades incorporaron apenas 1.305 nuevos puestos de trabajo.

Según destacó Campos, estos sectores representan apenas el 7% del empleo registrado del país, mientras que las actividades que hoy muestran retrocesos concentran casi la mitad de los trabajadores formales.

La evolución territorial también muestra un comportamiento dispar. Durante marzo, Neuquén, Río Negro, San Juan y La Rioja registraron aumentos en el empleo privado formal, impulsados principalmente por actividades vinculadas a la energía, la minería y algunos proyectos de inversión específicos.

Sin embargo, si se toma como referencia el inicio de la actual administración nacional, únicamente Neuquén y Río Negro conservan un saldo positivo sostenido, con 9.501 y 3.294 puestos adicionales, respectivamente. San Juan logró recuperar en marzo el nivel de empleo que tenía en noviembre de 2023, mientras que el resto de las provincias continúa por debajo de esos registros.

El monotributo pierde dinamismo por primera vez en cinco meses

Uno de los datos más significativos del informe fue la caída del monotributo, que interrumpió una secuencia de cinco meses consecutivos de crecimiento.

En marzo se registraron 6.322 monotributistas menos respecto de febrero, mientras que el conjunto de trabajadores independientes disminuyó en 16.785 personas debido al retroceso simultáneo del monotributo, el trabajo autónomo y el monotributo social.

En términos interanuales, el régimen todavía mantiene un saldo positivo de 75.344 nuevos inscriptos (+2,7%). No obstante, desde el comienzo de la actual gestión nacional el monotributo social perdió 225.527 contribuyentes producto de las recategorizaciones y modificaciones implementadas sobre ese régimen. Si se excluye esta categoría, el universo conformado por monotributistas y autónomos muestra un crecimiento acumulado de 167.356 personas.

Salarios reales mejoran, pero no compensan la debilidad del mercado laboral

En contraste con la evolución del empleo, los salarios registrados continúan mostrando una recuperación en términos reales.

De acuerdo con la Secretaría de Trabajo, la remuneración bruta promedio del sector privado alcanzó en marzo los $2,2 millones, con un incremento interanual del 31,6%, mientras que la remuneración mediana llegó a $1,54 millones, un 28,1% superior a la de un año atrás.

Los datos preliminares de abril también muestran una mejora del poder adquisitivo. El salario medio del empleo registrado privado avanzó 1,3% respecto de marzo y se ubicó por encima del nivel observado a fines de 2023. Sin embargo, la evolución de los salarios negociados en los convenios colectivos continúa rezagada: el salario conformado promedio de los principales convenios apenas creció 0,3% en abril y todavía acumula una pérdida real cercana a seis puntos porcentuales frente a noviembre de 2023.

El panorama que dejan las estadísticas oficiales muestra así una economía donde los ingresos comienzan a recuperarse, pero con un mercado laboral que aún no logra consolidar una etapa de creación sostenida de empleo. La persistente caída del comercio, el retroceso industrial y la desaceleración del trabajo independiente plantean nuevos interrogantes sobre la capacidad de la recuperación económica para traducirse en mayores niveles de ocupación formal.

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En dos años se perdieron más de 23.500 empleadores privados en Argentina

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En los últimos dos años, Argentina perdió 23.587 empleadores del sector privado, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. El organismo releva a las personas humanas o jurídicas que cuentan con al menos un trabajador registrado bajo cobertura del sistema de riesgos del trabajo.

El informe excluye a los empleadores de la Administración Pública, las organizaciones extraterritoriales y los hogares con servicio doméstico, con el objetivo de analizar exclusivamente el comportamiento del empleo formal en el sector privado.

Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, la cantidad de empleadores privados se redujo un 4,3 por ciento a nivel nacional. Se trata de una caída significativa tanto en términos absolutos como relativos, con impacto extendido en casi todo el país.

De las 24 jurisdicciones relevadas, sólo una registró crecimiento: Neuquén, con un aumento del 0,7 por ciento, equivalente a 59 empresas más. En contraste, el resto de las provincias evidenció retrocesos de distinta magnitud, desde caídas moderadas inferiores al 2 por ciento, como en San Juan y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta descensos de dos dígitos en Catamarca (10,8 por ciento), Tierra del Fuego (10,9 por ciento), Chaco (11,0 por ciento) y La Rioja (15,0 por ciento).

En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires concentró la mayor pérdida, con 5.949 empresas menos, lo que representa una baja del 3,5 por ciento. Le siguen Córdoba, con 4.011 firmas menos (7,7 por ciento); Santa Fe, con 2.414 menos (4,8 por ciento); y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una caída de 2.345 empleadores (1,9 por ciento).

Estas cuatro jurisdicciones explican gran parte de la contracción nacional, ya que concentran el 72 por ciento del total de empresas del país. Por ello, sus variaciones tienen un fuerte impacto en el resultado agregado.

La caída se mantiene en el último año

Si se analiza el período más reciente, entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, la tendencia contractiva se mantiene. En ese lapso, el total de empleadores privados se redujo un 2,0 por ciento, lo que equivale a 10.646 empresas menos en todo el país.

En este caso, sólo dos provincias lograron mostrar mejoras: Neuquén, con un incremento del 0,5 por ciento, y San Juan, con una leve suba del 0,1 por ciento. En el resto de las jurisdicciones continuaron las caídas, con La Pampa registrando la menor baja (0,4 por ciento) y La Rioja la más pronunciada (7,1 por ciento).

En términos absolutos, Neuquén sumó 45 empresas y San Juan otras 8. Por el contrario, las mayores pérdidas volvieron a concentrarse en la provincia de Buenos Aires, con 3.061 empleadores menos; Córdoba, con 1.688; Santa Fe, con 1.053; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 925 menos.

El análisis, elaborado por Politikon Chaco en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, confirma un proceso sostenido de retracción del entramado empresarial formal en el país.

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