Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Posadas reunió a especialistas de ergonomía todo el país para debatir sobre prevención en el trabajo

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La transformación del mundo del trabajo ya no se mide únicamente por la incorporación de nuevas tecnologías o por el crecimiento de la productividad. Cada vez cobra mayor relevancia la calidad de los entornos laborales y el cuidado de quienes sostienen la actividad económica. Bajo esa premisa, Posadas fue sede de la IX Jornada Nacional de Ergonomía, un encuentro que puso en agenda la necesidad de consolidar una cultura preventiva capaz de reducir riesgos, mejorar la salud de los trabajadores y fortalecer la competitividad de las organizaciones.

La actividad reunió a profesionales, estudiantes, representantes de empresas, organismos públicos y privados, además de especialistas vinculados a la seguridad e higiene laboral. El objetivo fue promover el intercambio de experiencias y actualizar conocimientos sobre una disciplina que dejó de ser un aspecto complementario para convertirse en un componente estratégico dentro de las políticas de gestión del empleo.

La apertura contó con la participación de la ministra de Trabajo y Empleo de Misiones, Silvana Giménez; el gerente de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), Darío Costa; representantes de la Asociación de Ergonomía Argentina (AdEA), de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Resistencia y referentes regionales especializados en la materia.

Durante la jornada se destacó que la ergonomía no solo contribuye a disminuir accidentes y enfermedades profesionales, sino que también mejora los procesos productivos, incrementa la eficiencia organizacional y favorece ambientes laborales más saludables. En un escenario donde el bienestar de las personas comienza a ser considerado un activo estratégico para empresas e instituciones, la prevención aparece como una inversión con impacto económico y social.

Las exposiciones abordaron herramientas aplicables a distintos sectores productivos, haciendo foco en la gestión de riesgos, la adaptación de los puestos de trabajo y el diseño de estrategias orientadas a preservar la salud física y mental de los trabajadores. El intercambio permitió compartir experiencias entre especialistas y organizaciones que enfrentan desafíos similares en contextos productivos diversos.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la necesidad de profundizar la articulación entre el Estado, las universidades, las entidades profesionales y el sector privado. Los participantes coincidieron en que la construcción de una verdadera cultura preventiva requiere políticas sostenidas, formación permanente y una visión integral que incorpore la salud ocupacional como parte del desarrollo económico.

La realización de la IX Jornada Nacional de Ergonomía consolida a Misiones como un espacio de referencia para el debate sobre las nuevas condiciones del trabajo y reafirma el compromiso provincial con políticas públicas orientadas a construir entornos laborales más seguros, saludables y sostenibles. En un contexto de profundas transformaciones del mercado laboral, la prevención deja de ser un costo para convertirse en una herramienta de desarrollo humano y productividad de largo plazo.

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Sturzenegger avanza sobre el sistema de Riesgos del Trabajo: eliminan 122 normas para reducir burocracia y anticipan una reforma más amplia

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La reforma del mercado laboral comenzó a mostrar uno de sus primeros movimientos concretos fuera de las leyes de fondo. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció el inicio de una revisión integral del sistema de Riesgos del Trabajo con una medida que apunta a reducir la burocracia acumulada durante décadas: la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) eliminó 122 resoluciones consideradas obsoletas, redundantes o sin aplicación práctica.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 35/2026, firmada por el superintendente Gustavo Morón, y constituye el primer paso de una estrategia más amplia orientada a revisar el costo regulatorio que enfrentan empresas, aseguradoras y trabajadores dentro del sistema creado por la Ley 24.557.

Empezamos a abordar el tema de los riesgos del trabajo. De los múltiples temas que teníamos en el mercado laboral, el costo de los riesgos del trabajo es uno que siempre se menciona con preocupación“, expresó Sturzenegger al presentar la medida. Según explicó, el objetivo es realizar una revisión integral de toda la normativa vigente junto con la SRT.

El ministro sostuvo que la resolución constituye una “limpieza normativa” que prepara el terreno para futuras reformas y destacó que muchas de las disposiciones eliminadas permanecían vigentes desde hacía más de tres décadas, prácticamente desde la creación del organismo.

Entre las normas derogadas figuran resoluciones vinculadas con procedimientos que ya habían sido reemplazados por plataformas digitales, registros administrativos que perdieron utilidad, estructuras internas sin funciones operativas y programas que dejaron de implementarse hace años. La resolución elimina, por ejemplo, el registro de graduados universitarios en Higiene y Seguridad, el comité de seguridad de la información de la SRT y diversos procedimientos presenciales que habían quedado superados por la digitalización administrativa.

Una depuración normativa para reducir costos administrativos

La resolución distingue dos situaciones. Por un lado, reconoce formalmente la pérdida de vigencia de 29 resoluciones que, aunque seguían apareciendo como activas, ya habían sido reemplazadas por normas posteriores, por lo que su derogación era, en los hechos, tácita desde hacía años. Algunas de ellas habían dejado de producir efectos incluso desde 2002 o 2010.

En paralelo, la SRT derogó expresamente otras 93 resoluciones o artículos específicos cuyo objeto ya se había cumplido, cuyos plazos habían vencido o que resultaban redundantes dentro del actual marco regulatorio. Entre ellas aparecen numerosas normas dictadas entre 2015 y 2024 que habían quedado sin aplicación práctica.

Desde el organismo sostienen que esta depuración busca brindar mayor seguridad jurídica, facilitar la consulta del Digesto Institucional y evitar que ciudadanos, empresas y profesionales deban interpretar un entramado normativo compuesto por disposiciones que ya no tenían efectos reales.

El objetivo: un sistema más simple y previsible

La medida se inscribe dentro del proceso de revisión normativa impulsado por el Decreto 90/2025, que ordenó a todos los organismos nacionales identificar regulaciones innecesarias para disminuir cargas administrativas y simplificar los procedimientos estatales.

En ese marco, la propia resolución sostiene que eliminar regulaciones obsoletas contribuye a reducir la incertidumbre jurídica, agilizar los trámites y mejorar la eficiencia administrativa sin afectar derechos adquiridos ni situaciones jurídicas ya consolidadas.

Para las empresas, la decisión implica un marco regulatorio más claro al eliminar obligaciones y procedimientos que ya no tenían aplicación efectiva. Para los estudios jurídicos, asesores laborales y profesionales de higiene y seguridad, la depuración también reduce el riesgo de interpretaciones contradictorias derivadas de normas que permanecían formalmente vigentes pese a haber sido superadas por regulaciones posteriores.

La señal política detrás de la medida

Más allá del alcance administrativo de la resolución, el mensaje político fue explícito. Sturzenegger vinculó la iniciativa con la estrategia general del Gobierno de Javier Milei para reducir regulaciones y simplificar el funcionamiento del Estado.

“La agenda de reducir normas es el camino que nos señala el presidente Javier Milei”, afirmó el ministro, dejando entrever que la depuración normativa constituye apenas la primera etapa de una reforma más profunda sobre el régimen de Riesgos del Trabajo, un sistema que desde hace años acumula reclamos empresariales por sus costos, su litigiosidad y su complejidad regulatoria.

Aunque la Resolución 35/2026 no modifica las prestaciones ni los derechos de los trabajadores, sí marca el inicio de una revisión estructural que podría derivar en futuros cambios sobre uno de los componentes más sensibles del costo laboral argentino.

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El empleo formal volvió a caer en marzo y el comercio marcó su peor nivel en casi dos años

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La recuperación del mercado laboral volvió a mostrar señales de fragilidad durante marzo. Luego de dos meses de relativa estabilidad, el empleo asalariado formal retomó la senda descendente y arrastró también al monotributo, una categoría que hasta ahora había mostrado mayor capacidad de resistencia. Los datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) reflejan que se perdieron 10.728 puestos de trabajo registrados respecto de febrero, mientras que la cantidad de monotributistas disminuyó en 6.322 personas en términos desestacionalizados.

El deterioro del empleo se da en un contexto de reconfiguración del mercado laboral impulsado por el ajuste económico y la desaceleración de distintos sectores productivos. Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, el número de empleos asalariados destruidos supera los 300.000, mientras que también desaparecieron 26.448 empresas empleadoras, equivalente al 5,2% del total registrado, según estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

El economista y especialista en mercado laboral Luis Campos advirtió que la actual fase contractiva comenzó en agosto de 2023 y ya acumula una pérdida de 252.129 trabajadores asalariados, un nivel que se aproxima a la destrucción de empleo registrada durante la crisis de 2018-2019.

En marzo, el sector privado eliminó 7.603 puestos de trabajo (-0,12%), el sector público perdió 2.364 empleos (-0,07%) y el empleo en casas particulares retrocedió en 761 puestos (-0,17%). También continuó la caída entre los trabajadores independientes: los autónomos disminuyeron en 5.275 personas (-1,32%), el monotributo cayó en 6.322 contribuyentes (-0,3%) y el monotributo social volvió a retroceder con una baja de 5.188 inscriptos (-2,1%).

Comercio e industria concentran la mayor destrucción de empleo

Entre las principales actividades económicas, el comercio volvió a consolidarse como uno de los sectores más afectados. Durante marzo perdió 2.147 puestos registrados respecto del mes anterior y acumuló una caída interanual de 24.275 empleos (-1,9%), alcanzando 1.229.599 trabajadores registrados, el nivel más bajo desde julio de 2024.

El dato adquiere especial relevancia porque el comercio continúa siendo el principal empleador privado del país. Junto con la industria manufacturera, el transporte y la intermediación financiera concentró la mayor parte de la destrucción de empleo formal durante el tercer mes del año.

La industria manufacturera también profundizó su deterioro. Perdió 5.043 puestos de trabajo en marzo (-0,5%) y acumula una baja interanual de 47.647 empleos (-4,1%), reflejando las dificultades que aún enfrenta la actividad fabril pese a la desaceleración inflacionaria.

En contrapartida, los sectores considerados ganadores del actual modelo económico —como minería, petróleo y agro— continúan mostrando incrementos porcentuales en el empleo, aunque con escasa incidencia sobre el mercado laboral total. Durante marzo, ambas actividades incorporaron apenas 1.305 nuevos puestos de trabajo.

Según destacó Campos, estos sectores representan apenas el 7% del empleo registrado del país, mientras que las actividades que hoy muestran retrocesos concentran casi la mitad de los trabajadores formales.

La evolución territorial también muestra un comportamiento dispar. Durante marzo, Neuquén, Río Negro, San Juan y La Rioja registraron aumentos en el empleo privado formal, impulsados principalmente por actividades vinculadas a la energía, la minería y algunos proyectos de inversión específicos.

Sin embargo, si se toma como referencia el inicio de la actual administración nacional, únicamente Neuquén y Río Negro conservan un saldo positivo sostenido, con 9.501 y 3.294 puestos adicionales, respectivamente. San Juan logró recuperar en marzo el nivel de empleo que tenía en noviembre de 2023, mientras que el resto de las provincias continúa por debajo de esos registros.

El monotributo pierde dinamismo por primera vez en cinco meses

Uno de los datos más significativos del informe fue la caída del monotributo, que interrumpió una secuencia de cinco meses consecutivos de crecimiento.

En marzo se registraron 6.322 monotributistas menos respecto de febrero, mientras que el conjunto de trabajadores independientes disminuyó en 16.785 personas debido al retroceso simultáneo del monotributo, el trabajo autónomo y el monotributo social.

En términos interanuales, el régimen todavía mantiene un saldo positivo de 75.344 nuevos inscriptos (+2,7%). No obstante, desde el comienzo de la actual gestión nacional el monotributo social perdió 225.527 contribuyentes producto de las recategorizaciones y modificaciones implementadas sobre ese régimen. Si se excluye esta categoría, el universo conformado por monotributistas y autónomos muestra un crecimiento acumulado de 167.356 personas.

Salarios reales mejoran, pero no compensan la debilidad del mercado laboral

En contraste con la evolución del empleo, los salarios registrados continúan mostrando una recuperación en términos reales.

De acuerdo con la Secretaría de Trabajo, la remuneración bruta promedio del sector privado alcanzó en marzo los $2,2 millones, con un incremento interanual del 31,6%, mientras que la remuneración mediana llegó a $1,54 millones, un 28,1% superior a la de un año atrás.

Los datos preliminares de abril también muestran una mejora del poder adquisitivo. El salario medio del empleo registrado privado avanzó 1,3% respecto de marzo y se ubicó por encima del nivel observado a fines de 2023. Sin embargo, la evolución de los salarios negociados en los convenios colectivos continúa rezagada: el salario conformado promedio de los principales convenios apenas creció 0,3% en abril y todavía acumula una pérdida real cercana a seis puntos porcentuales frente a noviembre de 2023.

El panorama que dejan las estadísticas oficiales muestra así una economía donde los ingresos comienzan a recuperarse, pero con un mercado laboral que aún no logra consolidar una etapa de creación sostenida de empleo. La persistente caída del comercio, el retroceso industrial y la desaceleración del trabajo independiente plantean nuevos interrogantes sobre la capacidad de la recuperación económica para traducirse en mayores niveles de ocupación formal.

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En dos años se perdieron más de 23.500 empleadores privados en Argentina

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En los últimos dos años, Argentina perdió 23.587 empleadores del sector privado, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. El organismo releva a las personas humanas o jurídicas que cuentan con al menos un trabajador registrado bajo cobertura del sistema de riesgos del trabajo.

El informe excluye a los empleadores de la Administración Pública, las organizaciones extraterritoriales y los hogares con servicio doméstico, con el objetivo de analizar exclusivamente el comportamiento del empleo formal en el sector privado.

Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, la cantidad de empleadores privados se redujo un 4,3 por ciento a nivel nacional. Se trata de una caída significativa tanto en términos absolutos como relativos, con impacto extendido en casi todo el país.

De las 24 jurisdicciones relevadas, sólo una registró crecimiento: Neuquén, con un aumento del 0,7 por ciento, equivalente a 59 empresas más. En contraste, el resto de las provincias evidenció retrocesos de distinta magnitud, desde caídas moderadas inferiores al 2 por ciento, como en San Juan y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta descensos de dos dígitos en Catamarca (10,8 por ciento), Tierra del Fuego (10,9 por ciento), Chaco (11,0 por ciento) y La Rioja (15,0 por ciento).

En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires concentró la mayor pérdida, con 5.949 empresas menos, lo que representa una baja del 3,5 por ciento. Le siguen Córdoba, con 4.011 firmas menos (7,7 por ciento); Santa Fe, con 2.414 menos (4,8 por ciento); y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una caída de 2.345 empleadores (1,9 por ciento).

Estas cuatro jurisdicciones explican gran parte de la contracción nacional, ya que concentran el 72 por ciento del total de empresas del país. Por ello, sus variaciones tienen un fuerte impacto en el resultado agregado.

La caída se mantiene en el último año

Si se analiza el período más reciente, entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, la tendencia contractiva se mantiene. En ese lapso, el total de empleadores privados se redujo un 2,0 por ciento, lo que equivale a 10.646 empresas menos en todo el país.

En este caso, sólo dos provincias lograron mostrar mejoras: Neuquén, con un incremento del 0,5 por ciento, y San Juan, con una leve suba del 0,1 por ciento. En el resto de las jurisdicciones continuaron las caídas, con La Pampa registrando la menor baja (0,4 por ciento) y La Rioja la más pronunciada (7,1 por ciento).

En términos absolutos, Neuquén sumó 45 empresas y San Juan otras 8. Por el contrario, las mayores pérdidas volvieron a concentrarse en la provincia de Buenos Aires, con 3.061 empleadores menos; Córdoba, con 1.688; Santa Fe, con 1.053; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 925 menos.

El análisis, elaborado por Politikon Chaco en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, confirma un proceso sostenido de retracción del entramado empresarial formal en el país.

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En dos años cerraron 23.000 empresas en el país y casi 900 en Misiones

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Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, el sistema de riesgos del trabajo mostró una caída sostenida en la cantidad de trabajadores cubiertos y empleadores con personal declarado. A nivel nacional se perdieron 334.457 puestos cubiertos y 23.149 empleadores; en Misiones, la baja fue de 11.688 trabajadores y 895 empresas. En el NEA, la retracción alcanzó a 29.607 empleos y 2.837 empleadores.

A contramano de los números que dio el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien dijo que se crearon 400 mil empleos en los últimos dos años, la foto del empleo formal argentino, medida a través de la cobertura del sistema de riesgos del trabajo en unidades productivas, dejó en dos años una señal nítida de retroceso: menos empresas con personal declarado y menos trabajadores cubiertos. La poda fue nacional, pero en Misiones se sintió con más fuerza relativa. Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, la Argentina perdió 334.457 trabajadores cubiertos en unidades productivas y 23.149 empleadores con personal declarado. En el mismo período, Misiones resignó 11.688 trabajadores y 895 empleadores.

Los datos surgen de los boletines estadísticos mensuales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para diciembre de 2023, 2024 y 2025. El de 2025 se conoció este lunes y allí se observa que el total nacional de trabajadores cubiertos en unidades productivas pasó de 9.893.914 en diciembre de 2023 a 9.647.751 en diciembre de 2024 y a 9.559.457 en diciembre de 2025. En paralelo, la cantidad de empleadores de unidades productivas con trabajadores declarados cayó de 512.898 a 499.682 y luego a 489.749. Es decir: el primer año explicó la mayor parte del deterioro, pero 2025 volvió a cerrar en baja.

En términos porcentuales, la contracción nacional fue de 2,49% en trabajadores entre 2023 y 2024, y de otro 0,92% entre 2024 y 2025. En el acumulado de dos años, la baja fue de 3,38%. Del lado empresario, el recorte fue de 2,58% en 2024 y de 1,99% en 2025, para una caída acumulada de 4,51%. Traducido a números duros, el país terminó 2025 con 334.457 trabajadores cubiertos menos y 23.149 empleadores menos que al cierre de 2023.

Misiones mostró una trayectoria más contractiva que la media nacional. La provincia pasó de 139.960 trabajadores cubiertos en diciembre de 2023 a 133.078 en 2024 y 128.272 en 2025. Eso implica una pérdida de 6.882 trabajadores en el primer tramo y de otros 4.806 en el segundo. El saldo acumulado fue de 11.688 trabajadores menos, equivalente a una caída de 8,35%, más del doble de la retracción nacional.

La caída también fue visible en la cantidad de empleadores con trabajadores declarados. Misiones pasó de 9.638 empleadores en diciembre de 2023 a 9.140 en 2024 y 8.743 en 2025. Son 498 menos en el primer año y otros 397 menos en el segundo. En total, desaparecieron 895 empleadores del registro, una baja acumulada de 9,29%. Otra vez, el deterioro provincial superó al promedio argentino, que en ese mismo lapso cayó 4,51%.

La comparación con el NEA también deja una lectura relevante. Si se suman Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, la región pasó de 453.755 trabajadores cubiertos en diciembre de 2023 a 435.016 en 2024 y 424.148 en 2025. Eso significa una pérdida de 29.607 trabajadores en dos años, equivalente a 6,52%. En empleadores, el NEA bajó de 29.930 a 28.217 y luego a 27.093, una reducción de 2.837 empleadores, o 9,48%. Aquí aparece un dato central: Misiones explicó 39,5% de la caída regional del empleo cubierto, porque de los 29.607 puestos perdidos en el NEA, 11.688 correspondieron a la provincia.

En cantidad de empleadores, Misiones conservó el liderazgo regional en los tres años analizados: 9.638 en 2023, 9.140 en 2024 y 8.743 en 2025, siempre por encima de Corrientes y Chaco. Dicho de otro modo: Misiones tiene más empleadores formales que sus vecinos del NEA, pero con una escala media menor en cantidad de trabajadores por empleador.

Ese rasgo también se ve en la relación entre trabajadores y empleadores. En 2025, Misiones tuvo alrededor de 14,7 trabajadores cubiertos por empleador, por debajo del promedio nacional, que se ubicó en 19,5, y también debajo de Corrientes, que superó los 20 trabajadores por empleador. Es un dato que sugiere una estructura más atomizada, con mayor peso de firmas pequeñas y medianas, algo consistente con la matriz económica provincial.

En participación relativa, Misiones también cedió terreno. En 2023 representaba el 1,41% de los trabajadores cubiertos del país; en 2025 bajó al 1,34%. Entre los empleadores, pasó de explicar el 1,88% del total nacional al 1,79%. Dentro del NEA, en cambio, su peso siguió siendo decisivo: concentró el 30,8% de los trabajadores cubiertos de la región en 2023 y el 30,2% en 2025; y mantuvo en torno de un tercio de los empleadores regionales, con una participación de 32,2% en 2023 y 32,3% en 2025. Es decir, aun en retroceso, Misiones siguió siendo la provincia con mayor densidad empresaria formal del Nordeste.

La lectura de fondo es inquietante. No se trata solo de una baja en la nómina de trabajadores cubiertos, sino de una retracción simultánea del entramado empresario que sostiene ese empleo. Cuando cae la cantidad de empleadores, el problema deja de ser únicamente laboral y pasa a ser también productivo: hay menos unidades económicas activas con personal declarado, menos masa crítica para sostener inversión y menos capilaridad formal en el territorio. En el caso de Misiones, esa doble caída fue más intensa que en el promedio nacional y también más severa que la contracción del empleo regional.

Menos trabajo en casas particulares

A ese panorama de caída del empleo formal en empresas se suma otra tendencia silenciosa en el mercado laboral argentino: la reducción del trabajo registrado en casas particulares, uno de los sectores con mayor presencia de empleo femenino y con fuerte peso en la economía doméstica de las familias. Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, el sistema de riesgos del trabajo registró una baja sostenida en la cantidad de trabajadoras cubiertas. A nivel nacional, el total de personas trabajadoras en casas particulares pasó de 627.636 en 2023 a 612.830 en 2024 y a 602.685 en 2025, lo que implica una pérdida acumulada de 24.951 puestos registrados en dos años, equivalente a una caída de 3,97%.

La reducción también se observa del lado de las familias empleadoras registradas. En diciembre de 2023 había 523.692 empleadores con personal de casas particulares declarado dentro del sistema; en 2024 el número bajó a 510.755, y en 2025 descendió a 501.864. En términos nominales, esto significa que 21.828 hogares dejaron de registrar personal doméstico en dos años, una caída de 4,17%. La dinámica reproduce, aunque con menor intensidad, la misma tendencia que se observa en las unidades productivas: menos empleadores y menos personas cubiertas por el sistema formal.

En el caso de Misiones, la evolución del empleo registrado en casas particulares también mostró una tendencia contractiva entre 2023 y 2025. Según los boletines estadísticos del sistema de riesgos del trabajo, la provincia pasó de 7.402 trabajadoras registradas en diciembre de 2023 a 7.158 en diciembre de 2024 y a 6.982 en diciembre de 2025. En términos nominales, esto implica que 420 puestos de trabajo doméstico formal se perdieron en dos años, lo que representa una caída aproximada de 5,7% en el empleo registrado del sector en la provincia.El retroceso también se observa en la cantidad de hogares empleadores registrados. En Misiones había 6.197 empleadores de casas particulares declarados en diciembre de 2023, cifra que descendió a 5.985 en 2024 y a 5.842 en 2025. Es decir, 355 familias dejaron de registrar personal doméstico en el sistema formal, una reducción cercana al 5,7% en dos años. La dinámica provincial reproduce así la tendencia nacional: menos trabajadores domésticos registrados y menos hogares empleadores dentro del sistema formal, en un contexto de deterioro del ingreso familiar y creciente informalización de este segmento laboral.

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