tabaco Misiones

Impulsan un impuesto al vapeo para sostener a las provincias tabacaleras

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El diputado Héctor ‘Cacho’ Bárbaro puso sobre la mesa un debate de fuerte impacto fiscal y productivo para las provincias tabacaleras: la necesidad de incorporar al esquema tributario nacional a los cigarrillos electrónicos, vapeadores, productos de tabaco calentado y nuevas manufacturas de nicotina que hoy ingresan al mercado formal sin aportar al Fondo Especial del Tabaco (FET).

La iniciativa, presentada en la Legislatura provincial, insta a los diputados nacionales a modificar la Ley Nacional del Tabaco N.º 19.800 para incluir estos nuevos productos dentro del artículo 23, que actualmente solo grava con un 7% del precio de venta al público a los paquetes de cigarrillos tradicionales.

La propuesta cobra especial relevancia luego de que, durante la primera semana de mayo de 2026, el Ministerio de Salud de la Nación dictara la Resolución 549/2026 y la ANMAT la Disposición 2543/2026, derogando las prohibiciones absolutas que regían desde 2011 y 2023 sobre la comercialización de cigarrillos electrónicos, vapeadores, productos de tabaco calentado (PTC) y bolsas de nicotina

El Gobierno nacional reconoció que estos productos ya se consumen masivamente en un mercado informal estimado en 150 millones de dólares anuales y con más de 1,2 millones de usuarios regulares.

Sin embargo, pese a la legalización y regulación sanitaria, no se estableció ninguna contribución específica al FET, una omisión que, según Bárbaro, puede traducirse en una fuerte pérdida de recursos para Misiones y el resto de las provincias productoras.

Actualmente, el Fondo Especial del Tabaco se financia exclusivamente con el 7% del precio de venta al público de cada paquete de cigarrillos y sus recursos se distribuyen entre Misiones, Corrientes, Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán y Chaco, sosteniendo a miles de pequeños productores primarios bajo esquemas de minifundio y aparcería.

“El problema es que todos los nuevos productos que ahora serán legales compiten directamente con el cigarrillo tradicional, pero quedan por fuera del sistema. A medida que sustituyan al cigarrillo convencional, la recaudación del Fondo caerá de forma proporcional”, advierte el texto legislativo.

El proyecto propone aplicar una alícuota del 7% sobre los productos de tabaco calentado y sus consumibles, el tabaco picado para armar (RYO), los cigarrillos electrónicos, vapeadores y líquidos para vaporización -con o sin nicotina- y también sobre las bolsas o pouches de nicotina, además de una cláusula residual para futuros productos que ingresen al mercado.

Desde una mirada técnica, el planteo apunta a evitar una distorsión tributaria entre productos que compiten por el mismo consumidor final. Si un cigarrillo tradicional financia el FET pero un vapeador o un pouch de nicotina no lo hace, se genera una transferencia indirecta desde las economías regionales tabacaleras hacia empresas importadoras o multinacionales con escasa integración de materia prima nacional.

El proyecto también advierte sobre la “ventana de oportunidad” actual: una vez que las grandes tabacaleras consoliden su estructura comercial sin carga tributaria vinculada al FET, modificar ese esquema será mucho más difícil política y económicamente.

Para Misiones, donde el tabaco sigue siendo una economía regional clave en numerosas chacras familiares, la discusión excede lo sanitario y entra de lleno en el terreno de la defensa fiscal y productiva. La legalización del vapeo abrió un nuevo mercado; ahora, el debate pasa por definir quién paga y cómo se sostiene el entramado productivo que durante décadas dependió del cigarrillo tradicional.

Bárbaro plantea que no se trata de crear nuevos impuestos, sino de actualizar una ley desfasada frente a las nuevas formas de consumo de nicotina. En términos políticos, el mensaje hacia los diputados nacionales de las provincias tabacaleras es que si el negocio cambia, el esquema de financiamiento también debe hacerlo.

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INTA acelera su ajuste, habilita retiros voluntarios

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El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) oficializó un régimen de retiro voluntario para su personal de planta permanente que estará vigente entre el 4 y el 31 de mayo, con posibilidad de extenderse por otros 15 días. La medida forma parte del proceso de reestructuración del Estado impulsado por el Gobierno nacional y apunta a reducir costos laborales en uno de los organismos técnicos más sensibles para las economías regionales. En Misiones, la decisión genera atención por su impacto potencial sobre la red de asistencia territorial vinculada a la yerba mate, forestación, tabaco, horticultura y agricultura familiar.

La resolución 144/2026 del Consejo Directivo del organismo establece una compensación económica extraordinaria para quienes adhieran al esquema, calculada sobre la base de la antigüedad en planta permanente y con topes según edad.

El dato político detrás de la norma es más profundo que el simple recorte administrativo: el INTA es uno de los pocos organismos nacionales con presencia técnica directa en zonas rurales alejadas de los grandes centros urbanos. En provincias periféricas como Misiones, donde el sistema productivo depende de pequeños y medianos productores, cualquier reducción de personal técnico tiene efectos económicos indirectos sobre competitividad, transferencia tecnológica y productividad.

El ajuste llega a un organismo clave para las economías regionales

El régimen está dirigido exclusivamente a trabajadores de planta permanente con al menos tres años de antigüedad. La gratificación prevista equivale a 1,5 salarios brutos por cada año trabajado, aunque con límites para quienes están próximos a jubilarse.

El esquema excluye a empleados con procesos judiciales, sumarios administrativos o trámites jubilatorios iniciados. También impide el reingreso al sector público nacional durante cinco años para quienes acepten el retiro.

La resolución aparece en un contexto de presión presupuestaria sobre los organismos descentralizados y luego de negociaciones internas entre el INTA, Hacienda y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. El propio organismo reconoció que necesitó gestionar una ampliación de partidas para afrontar el costo inicial del programa. El cálculo incorporó aumentos salariales acumulados del 10,3% entre enero y mayo de 2026.

Por qué el impacto en Misiones puede ser mayor que en otras provincias

En distritos metropolitanos, el INTA suele tener un rol más vinculado a investigación y articulación académica. En Misiones, en cambio, el organismo cumple una función territorial crítica.

La experimental Cerro Azul, las agencias de extensión rural y los equipos técnicos que trabajan con cooperativas yerbateras, forestales y tabacaleras son parte del entramado productivo cotidiano. La eventual salida de profesionales con experiencia puede afectar especialmente áreas donde el conocimiento técnico acumulado tarda años en reconstruirse.

La diferencia regional no es menor: La yerba mate depende de asistencia técnica para manejo de suelos, productividad y control sanitario. La forestoindustria utiliza programas del INTA para genética, manejo forestal y agregado de valor. El sector tabacalero trabaja históricamente con esquemas de transferencia tecnológica coordinados entre Nación, provincia y cooperativas. La agricultura familiar, especialmente en zonas de frontera, suele tener al INTA como único soporte técnico estable.

En provincias con fuerte dependencia de economías regionales, el retiro de cuadros técnicos puede generar una pérdida silenciosa de capacidad estatal. No se traduce inmediatamente en conflicto político, pero sí en menor acompañamiento productivo y menor velocidad de innovación.

La señal hacia los organismos descentralizados

La resolución también funciona como señal hacia otros organismos nacionales con fuerte estructura territorial. El Gobierno busca avanzar en una reducción gradual de plantas permanentes evitando despidos masivos y litigios laborales.

El mecanismo elegido apunta a trabajadores con trayectoria extensa y costos salariales altos. Desde la lógica fiscal, el objetivo es bajar gasto estructural de largo plazo. Desde la lógica productiva, el interrogante es cuánto conocimiento institucional puede perderse en el proceso.

En el caso del INTA, el problema no pasa únicamente por cantidad de empleados sino por perfiles técnicos especializados difíciles de reemplazar en el corto plazo. En economías regionales como la misionera, donde la competitividad ya está condicionada por logística cara, presión impositiva y asimetrías fronterizas con Brasil y Paraguay, la reducción de apoyo técnico estatal agrega una variable adicional de incertidumbre.

Lo que empieza a mirar el sector productivo

En cámaras empresariales y cooperativas del NEA la atención está puesta en tres factores: Cuántos técnicos efectivamente adherirán al retiro voluntario. Qué áreas territoriales quedarán más debilitadas. Y si habrá reposición parcial mediante contratos o reestructuración interna.

El punto crítico será la continuidad operativa de los programas de extensión rural y asistencia técnica en territorio. Allí es donde el impacto económico real puede sentirse más rápido.

A mediano plazo, el desafío para Misiones será sostener capacidades técnicas vinculadas a innovación agropecuaria en un contexto donde Nación reduce estructura y las provincias quedan obligadas a cubrir vacíos operativos con recursos propios. El sector privado seguirá de cerca si el ajuste termina siendo únicamente administrativo o si empieza a afectar la competitividad productiva de las economías regionales.

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Activan un pago de casi $4.000 millones al sector tabacalero

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El Gobierno de Misiones habilitará el próximo 11 de abril el pago N° 01/2026 del Fondo Especial del Tabaco (FET), correspondiente al tramo productivo del 2 al 28 de febrero, con un desembolso total de $3.962.279.114,70 destinado a 2.107 productores de tabaco Burley. El dato no es menor: en un contexto económico donde el financiamiento productivo se vuelve restrictivo, la provincia activa liquidez directa para el sector primario. La pregunta que sobrevuela es si se trata de un mecanismo de contención coyuntural o de una herramienta estructural para sostener la matriz productiva.

El FET como instrumento de política económica

El pago se encuadra en la Resolución 34/26 (grilla 1) del precio FET, que regula la distribución de fondos para el sector tabacalero. En este caso, se liquidan 7.226.196 kilos de producción, con un impacto directo sobre miles de unidades productivas distribuidas en la provincia.

El esquema no es nuevo, pero sí adquiere otra dimensión en el escenario actual. El Fondo Especial del Tabaco funciona como un mecanismo de redistribución que busca equilibrar la cadena, garantizando ingresos a productores frente a la volatilidad de precios y costos. En términos concretos, representa una transferencia directa de recursos hacia economías regionales con alta dependencia de la actividad.

La operatoria involucra al Gobierno provincial y al Ministerio del Agro y la Producción, que canalizan los fondos hacia los productores, consolidando un modelo donde el Estado actúa como intermediario clave en la sostenibilidad del sector.

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El fin de un reclamo politizado que afectó a los productores tabacaleros

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Desde este miércoles, todas las industrias tabacaleras volverán a abrir sus puertas para continuar el acopio de la materia prima. La actividad se reanudará luego de que la Justicia ordenara el desalojo del grupo de “Productores Tabacaleros Autoconvocados”, liderado por el ex candidato a diputado nacional Maximiliano Hoff, que integró la lista encabezada por el ex policía y ladero de Ramón Amarilla, Germán Palavecino. El grupo de manifestantes se encontraba apostado en la entrada de la Cooperativa Tabacalera de Misiones, principal boca de acopio de la provincia, reclamando que los precios pactados por los gremios del sector y los compradores estaban por debajo de los 5.000 pesos por kilo que exigían.

Desde un primer momento se intentó instalar desde las redes sociales, con el tabacalero libertario Hoff a la cabeza, la apariencia de un reclamo espontáneo y masivo, pero en realidad quedó demostrado que la movida tuvo un fuerte trasfondo político y la principal finalidad era generar un clima de descontento generalizado en el sector tabacalero, sin éxito.

Días atrás, el presidente de la Cooperativa Tabacalera de Misiones (CTM), Jorge Kapaun, había cuestionado con dureza la protesta encabezada por Hoff frente a la sede de la entidad. Aseguró que se trataba de un reclamo minoritario, sin sustento económico, que derivó en la paralización del acopio, la suspensión de más de 150 trabajadores y denuncias ante la Justicia federal y provincial. “La verdad es que es un grupito de gente liderado por Maximiliano Hoff y después se suma el policía Amarilla. Son los líderes de la protesta y por eso tenemos mucho disgusto, porque hoy hay cinco empresas que están comprando tabaco y siguen estando frente a la cooperativa”, afirmó.

El titular de la CTM rechazó que el conflicto estuviera motivado por el precio acordado para la campaña 2026 y recordó que el valor fue consensuado en una mesa amplia, con participación de asociaciones, compradores y la supervisión del Gobierno provincia. Subrayó que el reclamo de 5.000 pesos por kilo carece de sustento: “ellos piden 5.000 pesos, pero no saben de dónde va a salir. Con ese precio ya estamos fuera del nivel de los precios internacionales. Para nosotros el reclamo es político, no es un reclamo genuino. Yo me debo a los socios de la cooperativa y no puedo atender a cualquier que corta la calle”, remarcó con mucha indignación.

En la misma línea, el presidente de la Cámara del Tabaco de Misiones, Gustavo Piñeiro, afirmó que el 75% de los productores tabacaleros había aceptado el aumento del 30%. “Todas las economías regionales están muy complejas y la única que todavía se sostiene es el tabaco; lograr un 30% en este momento de crisis económica no es un mal negocio”, afirmó.

Piñeiro advirtió además que el conflicto puso en riesgo inversiones estratégicas para la provincia. Mencionó que una empresa internacional evalúa firmar un contrato a diez años, pero aclaró que “una multinacional va a venir solamente donde haya tranquilidad, acuerdos y paz para trabajar; si perdemos esta oportunidad, tiramos todo abajo y perjudicamos a miles de familias”.

Fuerte malestar de los productores por el bloqueo a la Cooperativa Tabacalera de Misiones

El conflicto tabacalero infligido por el grupo liderado por Maximiliano Hoff se produjo en plena etapa de acopio, un momento clave para la economía de miles de familias rurales de la provincia que dependen del cultivo como principal ingreso inmediato.

La elección de la CTM como punto para realizar la protesta no fue casual. En una entrevista radial, el periodista especializado Jorge Balanda explicó que se trata de la mayor acopiadora de la provincia y concentra un alto volumen de producción, lo que le otorgaba un mayor poder de negociación a Hoff. Según el periodista, de los más de 12 mil productores tabacaleros que tiene Misiones, más del 95% quiere entregar su producción.

El presidente de la CTM detalló que el bloqueo de la cooperativa impidió el normal funcionamiento de la planta. “Tuvimos que suspender a más de 150 empleados porque no dejaban entrar a trabajar. Hay 20 camiones que entraron el primer día y no pudieron salir”. Además advirtió que la paralización favoreció la comercialización ilegal y apuntó contra Hoff y su pequeño grupo: “esta gente está permitiendo el comercio ilegal, porque los productores necesitan plata y empiezan a vender en negro a 2.500 o 2.800 pesos. Después dicen que las empresas pagan mal, pero ellos son los responsables de lo que está ocurriendo”.

Las mentiras de Hoff propagadas a través de las redes sociales

Días atrás, el ex candidato cercano a Amarilla, Maximiliano Hoff, había instalado desde las redes sociales versiones sobre una supuesta reapertura de la negociación por el precio del tabaco en Misiones que rápidamente quedaron envueltas en una fuerte polémica luego de que los gremios y las entidades del sector desmintieran categóricamente las declaraciones del productor que encabezó el bloqueo de la CTM.

Hoff aseguraba que se había logrado el compromiso de retomar el diálogo con las empresas y cámaras a partir del pasado jueves. En ese mensaje afirmaba que “nos han confirmado que nos van a recibir, sentarse a dialogar, a rediscutir el tema del precio del tabaco”.

Pero la polémica no quedó ahí, sino que involucró a la diputada del PRO Analía Labandoczka al confirmar que “una diputada ha hecho esa conexión” para facilitar el acercamiento. Además, aprovechó la oportunidad para convocar a más productores a sumarse al bloqueo para demostrar el descontento con el valor acordado.

Sin embargo, desde las entidades gremiales la respuesta fue inmediata y contundente. El presidente de la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones, Carlos Knoll, negó categóricamente cualquier contacto o convocatoria para reabrir la discusión y calificó la versión difundida por el referente de los autoconvocados como falsa. En un mensaje dirigido a los productores, sostuvo que “con respecto a lo dicho hoy del señor Máximo, esta es una información totalmente falsa” y remarcó que “en ningún momento tuvimos contacto ni llamada o mensaje”.

El dirigente recordó que el precio fue definido en una mesa de negociación realizada días atrás y que el acuerdo alcanzado representa el máximo posible en el actual contexto. En ese sentido, señaló que “el precio que se ha fijado en la mesa de negociación es el precio máximo que hemos podido lograr” y reconoció que “yo sé que por ahí hay muchos productores que capaz consideran insuficiente el precio”, aunque insistió en que fue el mejor resultado alcanzable.

En la misma línea se pronunció el presidente de la Cámara del Tabaco de Misiones, Gustavo Piñeiro, quien también desmintió la existencia de una reapertura de la negociación anunciada por Hoff. El dirigente afirmó que el audio “es totalmente mentiroso, es falso” y aclaró que no existió ningún tipo de diálogo ni acuerdo para volver a discutir el precio.

Desde la Cámara explicaron que el valor fue consensuado y firmado en un acta que involucró a empresas, cooperativas y gremios, tras evaluar la situación del mercado y el contexto regional. “Hemos consensuado y firmado un acta de acuerdo donde las empresas acordamos un promedio de 3.400 pesos por kilo”, sostuvo Piñeiro, y agregó que “en ningún momento el señor Maximiliano se comunicó conmigo ni se habló de una reapertura”.

Reanudación del acopio y desarme de la operación política

La actividad se retomará desde este miércoles, luego de que la Justicia ordenara el desalojo del grupo de productores liderados por Hoff, que se encontraban bloqueando la entrada a la Cooperativa Tabacalera de Misiones. El conflicto con trasfondo político había generado complicaciones en la CTM, que ahora se sumará a las operativas Blasa y Cotavi, permitiendo que miles de familias productoras puedan entregar con normalidad su tabaco.

Desde la CTM, Kapaun había marcado su postura: “no vamos a permitir que se use a la cooperativa políticamente porque no es más que una jugada política de algunos pocos que quieren mostrar su hilacha y perturbar la paz social de la provincia y de la cooperativa. Así que responsabilizamos a este grupo, nos presentaremos ante la justicia con los abogados”. Y agregó: “vamos a ir hasta el fondo de la cuestión. Alguien va a tener que pagar la pérdida que ocasionó más de siete días sin trabajar. Esto es una usurpación de propiedad ajena y la justicia va a actuar”.

La orden dictada por la jueza Selva Raquel Zuetta fue notificada por la Unidad Regional VI y puso fin a dos semanas de protesta impulsada por un pequeño grupo de manifestantes. En el oficio se dispuso que, en caso de acreditarse la obstrucción del ingreso o egreso al predio de la CTM, se procediera al despeje, incluso de manera compulsiva si no había acatamiento voluntario.

La reapertura del acopio busca normalizar la comercialización y evitar mayores pérdidas de calidad en la materia prima almacenada en las chacras.

De acuerdo a las estimaciones, Misiones tendría este año un récord de 37 millones de kilos producidos, cifra que superaría el promedio histórico de 30 millones en los mejores años.

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