El diputado Héctor ‘Cacho’ Bárbaro puso sobre la mesa un debate de fuerte impacto fiscal y productivo para las provincias tabacaleras: la necesidad de incorporar al esquema tributario nacional a los cigarrillos electrónicos, vapeadores, productos de tabaco calentado y nuevas manufacturas de nicotina que hoy ingresan al mercado formal sin aportar al Fondo Especial del Tabaco (FET).

La iniciativa, presentada en la Legislatura provincial, insta a los diputados nacionales a modificar la Ley Nacional del Tabaco N.º 19.800 para incluir estos nuevos productos dentro del artículo 23, que actualmente solo grava con un 7% del precio de venta al público a los paquetes de cigarrillos tradicionales.

La propuesta cobra especial relevancia luego de que, durante la primera semana de mayo de 2026, el Ministerio de Salud de la Nación dictara la Resolución 549/2026 y la ANMAT la Disposición 2543/2026, derogando las prohibiciones absolutas que regían desde 2011 y 2023 sobre la comercialización de cigarrillos electrónicos, vapeadores, productos de tabaco calentado (PTC) y bolsas de nicotina. 

El Gobierno nacional reconoció que estos productos ya se consumen masivamente en un mercado informal estimado en 150 millones de dólares anuales y con más de 1,2 millones de usuarios regulares.

Sin embargo, pese a la legalización y regulación sanitaria, no se estableció ninguna contribución específica al FET, una omisión que, según Bárbaro, puede traducirse en una fuerte pérdida de recursos para Misiones y el resto de las provincias productoras.

Actualmente, el Fondo Especial del Tabaco se financia exclusivamente con el 7% del precio de venta al público de cada paquete de cigarrillos y sus recursos se distribuyen entre Misiones, Corrientes, Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán y Chaco, sosteniendo a miles de pequeños productores primarios bajo esquemas de minifundio y aparcería.

“El problema es que todos los nuevos productos que ahora serán legales compiten directamente con el cigarrillo tradicional, pero quedan por fuera del sistema. A medida que sustituyan al cigarrillo convencional, la recaudación del Fondo caerá de forma proporcional”, advierte el texto legislativo.

El proyecto propone aplicar una alícuota del 7% sobre los productos de tabaco calentado y sus consumibles, el tabaco picado para armar (RYO), los cigarrillos electrónicos, vapeadores y líquidos para vaporización -con o sin nicotina- y también sobre las bolsas o pouches de nicotina, además de una cláusula residual para futuros productos que ingresen al mercado.

Desde una mirada técnica, el planteo apunta a evitar una distorsión tributaria entre productos que compiten por el mismo consumidor final. Si un cigarrillo tradicional financia el FET pero un vapeador o un pouch de nicotina no lo hace, se genera una transferencia indirecta desde las economías regionales tabacaleras hacia empresas importadoras o multinacionales con escasa integración de materia prima nacional.

El proyecto también advierte sobre la “ventana de oportunidad” actual: una vez que las grandes tabacaleras consoliden su estructura comercial sin carga tributaria vinculada al FET, modificar ese esquema será mucho más difícil política y económicamente.

Para Misiones, donde el tabaco sigue siendo una economía regional clave en numerosas chacras familiares, la discusión excede lo sanitario y entra de lleno en el terreno de la defensa fiscal y productiva. La legalización del vapeo abrió un nuevo mercado; ahora, el debate pasa por definir quién paga y cómo se sostiene el entramado productivo que durante décadas dependió del cigarrillo tradicional.

Bárbaro plantea que no se trata de crear nuevos impuestos, sino de actualizar una ley desfasada frente a las nuevas formas de consumo de nicotina. En términos políticos, el mensaje hacia los diputados nacionales de las provincias tabacaleras es que si el negocio cambia, el esquema de financiamiento también debe hacerlo.