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Así se controlará el etiquetado y la publicidad de los productos de tabaco

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El Ministerio de Salud dispuso, mediante la Resolución 2312/2025, que la Secretaría de Gestión Sanitaria asuma la facultad de autorizar o rechazar las solicitudes de etiquetado y publicidad de nuevos productos de tabaco presentadas por fabricantes e importadores. La medida, publicada en el Boletín Oficial, apunta a acelerar los procesos de evaluación y control, en línea con la Ley 26.687 de Regulación de la Publicidad, Promoción y Consumo de Productos de Tabaco.

La Ley 26.687, sancionada en 2011, establece medidas integrales para reducir el consumo de tabaco, prevenir su iniciación —especialmente entre jóvenes— y minimizar los efectos del humo en la salud pública. Entre ellas, prohíbe la publicidad engañosa, el uso de términos como “light” o “suave” y la difusión de información que sugiera beneficios inexistentes en los productos elaborados con tabaco.

El Decreto 602/2013 y la Resolución Ministerial 143/2022 reforzaron estas disposiciones, fijando que toda información al público sobre ingredientes y efectos debe ser aprobada previamente por el Ministerio de Salud, a través del Programa Nacional de Control de Tabaco.

Contenido técnico: cambios en la estructura de control

La resolución firmada por el ministro Mario Iván Lugones delega en el titular de la Secretaría de Gestión Sanitaria la potestad de emitir los actos administrativos que autoricen o denieguen las solicitudes de etiquetado y publicidad.

De este modo, las empresas fabricantes e importadoras deberán presentar ante dicha Secretaría sus propuestas, que serán evaluadas en función de las Normas para la Divulgación de Información al Público Acerca de los Ingredientes de Productos de Tabaco, aprobadas en 2022.

La norma también contempla que esta delegación se mantendrá vigente aun si se producen cambios estructurales en la cartera sanitaria, asegurando la continuidad del proceso.

Según los considerandos, el objetivo de la medida es “brindar mayor celeridad al trámite y obtener mayor agilidad y capacidad de respuesta” en las autorizaciones. Esto permitirá al Ministerio actuar con mayor rapidez ante la aparición de nuevos productos y estrategias de marketing de la industria tabacalera, que buscan eludir las restricciones vigentes.

La Dirección Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades No Transmisibles y el Programa Nacional de Control de Tabaco fueron los organismos técnicos que impulsaron esta decisión.

Repercusiones: impacto en la industria y la salud pública

El nuevo esquema podría endurecer los tiempos de aprobación y control sobre el etiquetado, dificultando el ingreso al mercado de productos que utilicen mensajes ambiguos o atractivos para menores. Para la industria tabacalera, esto supone una mayor exigencia de adecuación a las pautas oficiales antes de lanzar nuevas líneas de productos.

Desde el punto de vista sanitario, la medida fortalece las políticas de prevención y concientización sobre los riesgos del consumo de tabaco, alineándose con las recomendaciones internacionales de la OMS.

La delegación de competencias apunta a consolidar un esquema de fiscalización más ágil, que permita dar respuesta rápida ante los desafíos regulatorios que plantea el mercado del tabaco, especialmente en productos novedosos como los sistemas electrónicos de administración de nicotina.

En los próximos meses, la Secretaría de Gestión Sanitaria deberá definir protocolos operativos para implementar esta delegación y garantizar que los controles mantengan el rigor técnico y científico establecido por la normativa vigente.

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Uso de bioinsumos en chacras de Misiones: mejora del rendimiento y expansión sostenida

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El uso de bioinsumos en las chacras misioneras ha registrado un notable crecimiento en los últimos años, con impactos directos en la productividad, la calidad de los cultivos y la salud del suelo. En particular, el sector tabacalero lidera esta transformación agroecológica, con resultados que entusiasman tanto a productores como a técnicos.

Según datos oficiales, los rendimientos aumentaron hasta un 30% en las chacras que incorporaron bioinsumos, al tiempo que se evidenció una mejora significativa en la calidad de la producción. Este avance fue posible gracias a un programa impulsado por el Gobierno de Misiones, que articula la entrega de productos con la asistencia técnica territorial de Agrosustentable, una red de profesionales que acompaña a los productores en el uso y aplicación de estas herramientas.

La evolución de la política pública es clara: en 2023, el programa alcanzó a 4.000 productores tabacaleros; en 2024, ya son 7.000 los beneficiarios. Para 2025, el objetivo es cubrir la totalidad de la demanda del sector tabacalero. El número de productores crece impulsado por los propios resultados, pero también por el efecto multiplicador que generan las experiencias positivas en las chacras.

Actualmente, se estima que alrededor de 14.000 hectáreas de tabaco son tratadas con bioinsumos en la provincia. Sin embargo, el impacto se extiende más allá de ese cultivo: los productores que utilizan bioinsumos también los aplican en sus plantaciones de yerba mate, maíz, pasturas y hortalizas. Esto diversifica y amplía el alcance del programa, que se adapta a la realidad de cada chacra.

Los productos entregados varían según el tipo de cultivo, el tamaño del lote y las necesidades puntuales de cada productor. En general, se trata de tres bioinsumos distintos por productor, aunque la cantidad exacta depende de las hectáreas trabajadas.

En un contexto donde se buscan alternativas sustentables al uso excesivo de agroquímicos, Misiones se posiciona como una de las provincias pioneras en la promoción de prácticas agrícolas saludables y de bajo impacto ambiental. La apuesta por los bioinsumos no solo mejora los rindes y la calidad, sino que también fortalece la soberanía productiva y el arraigo rural.

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Tabacaleros reclaman pagos atrasados y exigen respuestas a las empresas acopiadoras

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Productores tabacaleros de Misiones denuncian que empresas acopiadoras de tabaco adeudan pagos de hasta tres meses. Tras haber entregado su producción hace meses, muchos aún no cobraron ni un peso, por lo que, desde la Asociación de Productores Tabacaleros Independientes de Misiones (ACTIM), exigen una convocatoria urgente del Gobierno provincial para que las empresas den explicaciones y regularicen la situación.

“Hay productores que hace 90 días no cobran el tabaco que entregaron a las empresas”, advirtió Luis “Tisy” Battirola, presidente de ACTIM a Economis. La situación, explicó, afecta incluso a quienes ya percibieron los fondos del FET (Fondo Especial del Tabaco), pero no recibieron el pago correspondiente por la entrega de su cosecha. “Hay gente que entregó su tabaco y no recibió ni un peso de esta producción”, agregó.

Las firmas señaladas por la deuda incluyen a la Cooperativa de Tabaco de Misiones (CTM), la Cooperativa Tabacalera de San Vicente (COTAVI) y la empresa Tarumá, de la zona norte, entre otras. Según estimaciones preliminares, el volumen impago rondaría los 4 millones de kilos.

“Las empresas no se manifiestan, no ponen fecha, no atienden a la gente. Van llevando, y nosotros estamos exigiendo que el Gobierno convoque a las empresas a sentarnos a una mesa y nos den explicaciones del por qué no pagan”, remarcó el dirigente.

Desde ACTIM también enviaron una nota formal a las empresas acopiadoras solicitando informes precisos sobre los pagos adeudados. “En algunos casos hay demoras de entre 60 y 90 días. Los productores están desesperados por la falta de información”, señala el documento, que además reclama al Ministerio del Agro de Misiones la convocatoria urgente de una reunión con las empresas involucradas.

Cambios en el FET

A diferencia de lo que ocurre con las empresas acopiadoras, el dirigente destacó la normalización en el funcionamiento del Fondo Especial del Tabaco. “En este último pago se verá reflejado el volumen de kilos de este año. Hasta ahora veníamos cobrando por la producción del año pasado”, explicó.

Tal como adelantó Economis, el desembolso de $7.237.965.424,93 correspondiente al pago del Fondo Especial del Tabaco (FET) para el Burley tramo 5, corresponde a la producción entregada entre el 15 de marzo y el 27 de abril de 2025. En esta primera vuelta de liquidaciones fueron beneficiados un total de 5.067 colonos, que entregaron una producción total de 12.750.000 kilogramos de tabaco. El precio promedio abonado por kilogramo será de $567,68.

Misiones pasará a recibir el 32% de los recursos nacionales, cuando en 2023 percibía apenas el 16%. “Este mes se cambió el sistema. Las provincias que recibieron de más deben devolver, como nos tocó a nosotros el año pasado. Ahora las otras deben devolver a Misiones. Estamos conformes con este retorno, Nación está cumpliendo con la Ley”, afirmó.

Por otra parte, Batirola anticipó una importante merma en la producción para este año, producto de la baja rentabilidad y el desánimo en las chacras. “Ya se ve la merma de gente que, por ahí, el año pasado tenía una expectativa muy distinta”, apuntó.

No obstante, reconoció que, dentro de las economías regionales de la provincia, es la que mejor se encuentra, respecto a la yerba mate, el té y la foresto industria, que atraviesan un presente complejo.

“Ahora estamos, dentro de todas las economías, el tabaco todavía, mal o bien, es la única producción que medianamente uno está pudiendo juntar alguna moneda. Porque si vamos a las otras producciones, está complicado”, señaló.

Finalmente, recordó que no se llegó a un acuerdo de precios con la industria para esta campaña. “No estábamos conformes con el precio que ofrecieron por el kilo. Pensábamos que podían pagar un poquito más”, se lamentó.

Batirola manifestó su disconformidad por la postura de las industrias que apelaron a un decreto para acopiar antes de acordar un precio entre las partes, pero entiende que el productor también necesitaba entregar su cosecha.

“Las empresas abrieron el acopio con una ley y un decreto en la mano. Nosotros pedimos que no entreguen la producción, pero la necesidad, la ansiedad y la superproducción nos jugaron en contra”, lamentó.

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Pago tabacalero: más de 7 mil millones de pesos para 5.067 colonos de Misiones

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El Gobierno de Misiones anunció el desembolso de $7.237.965.424,93 correspondiente al pago del Fondo Especial del Tabaco (FET) para el Burley tramo 5, correspondiente a la producción entregada entre el 15 de marzo y el 27 de abril de 2025. El pago estará disponible para los productores a partir del lunes 15 de julio.

Según precisó el Ministerio del Agro y la Producción, en esta primera vuelta de liquidaciones fueron beneficiados un total de 5.067 colonos, que entregaron una producción total de 12.750.000 kilogramos de tabaco. El precio promedio abonado por kilogramo será de $567,68.

Esta liquidación se enmarca en la Resolución 31/25 del FET y forma parte del esquema de pagos escalonados con el que la provincia busca sostener los ingresos de las familias tabacaleras y fortalecer las economías regionales. La regularidad en las fechas y el cumplimiento de los montos son claves para garantizar previsibilidad en el sector, en un contexto de marcada inestabilidad macroeconómica.

Desde el gobierno provincial destacaron la importancia del tabaco como actividad económica central para más de cinco mil familias distribuidas en distintas zonas productoras de Misiones.

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ARCA pidió ser querellante en la causa por lavado contra el “Señor del Tabaco”

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El organismo recaudador reclama intervenir en la causa contra Pablo Otero tras el dictamen del fiscal Taiano que desestimó la denuncia. Denuncian un circuito de $33.600 millones sin justificación entre 2021 y 2023.

ARCA apela al rol de víctima institucional

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) solicitó formalmente a la jueza federal María Servini ser tenida como parte querellante en la causa por presunto lavado de activos contra Pablo Otero, titular de Tabacalera Sarandí S.A., conocido en el sector como el “Señor del Tabaco”. El objetivo del organismo estatal es revertir el dictamen del fiscal Eduardo Taiano, quien recomendó desestimar la denuncia por considerar que no se acreditaron indicios suficientes para continuar con la investigación.

La causa fue iniciada el pasado 3 de abril a partir de una presentación de Felicitas Achábal, jefa de Penal Tributaria en la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales de ARCA. La denuncia apuntó a una trama de ingresos por más de $33.600 millones percibidos por Tabacalera Sarandí entre 2021 y 2023, provenientes de 23 distribuidores identificados como fiscalmente irregulares.

Distribuidores sin respaldo operativo ni capacidad financiera

Entre los distribuidores señalados figuran Ever Friends Distribuciones, con ventas por más de $5.000 millones, y el contribuyente Gustavo Gabriel Palacios, con más de $3.100 millones facturados. ARCA sostuvo que estas operaciones carecen de trazabilidad legítima, fueron realizadas con facturación en intervalos de segundos, no tienen respaldo bancario ni infraestructura verificable, y fueron ejecutadas por personas o entidades sin empleados registrados.

En su denuncia, ARCA argumentó que estas transacciones configurarían un circuito irregular de comercialización mayorista de cigarrillos y podrían encubrir maniobras típicas de lavado de dinero, afectando el orden económico y financiero del Estado Nacional.

Sin embargo, el fiscal federal Eduardo Taiano dictaminó que las ventas fueron debidamente facturadas a través del sistema oficial e-FISCO y que no existían elementos suficientes que indicaran un intento de blanquear activos de origen delictivo. Taiano consideró que las irregularidades fiscales de los distribuidores no podían ser imputadas a Tabacalera Sarandí y que no había prueba concreta de una maniobra de lavado.

La resolución generó preocupación en ARCA, ya que el dictamen no les fue notificado en su calidad de denunciante. La jueza Servini rechazó también su intervención bajo el argumento de que el organismo no se había constituido como parte.

El Estado busca ejercer su rol como víctima institucional

Ante esto, ARCA presentó un recurso de reposición y, en subsidio, una apelación. En su escrito, argumentó que el Estado Nacional es el principal afectado por la eventual comisión del delito de lavado y que el bien jurídico tutelado en esta causa —el orden económico y financiero— exige la participación del Estado en el proceso.

Citando el artículo 80 del Código Procesal Penal, el organismo reclamó ejercer los derechos que le asisten como víctima, sin necesidad de una constitución formal como querellante. “La norma reconoce esos derechos en función del rol institucional, no de un requisito procesal”, subrayó la abogada de ARCA, Vanina Vidal.

Además, cuestionó que la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo especializado en detectar maniobras de lavado, ni siquiera fue notificada de la causa, a pesar de haber sido propuesta como prueba en la denuncia original.

ARCA busca ser notificada del dictamen fiscal para quedar habilitada a pedir su revisión y evitar el archivo definitivo de la causa. La investigación tiene fuerte repercusión en el mercado del tabaco y en la discusión sobre evasión fiscal en sectores de alta informalidad, con potenciales implicancias sobre la recaudación y la trazabilidad comercial.

La causa también pone a prueba el rol de las agencias estatales en la persecución de delitos económicos complejos y la articulación con el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.

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