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Tiene media sanción el monotributo especial para trabajadores cañeros y tabacaleros

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Diputados aprobó con 184 votos a favor y una abstención el monotributo especial para pequeños productores tabacaleros y cañeros, impulsado por representantes de la provincia de Misiones.
El proyecto apunta a simplificar la situación fiscal de estos trabajadores, que pagarán lo mínimo una vez al año y quedarán exentos de impuestos generales; a la vez, el régimen será compatible con otros beneficios sociales, y se pagará el 50% en concepto de jubilación y el 50% en concepto de obra social.
 El nuevo régimen beneficiará a productores cuya actividad principal sea la venta de tabaco o caña de azúcar de un 80% como mínimo, dejando de esa manera un margen de 20% para aquellos productores que tengan ingresos de otra actividad, como la ganadería u otro producto agrícola”.
Un requisito es no haber obtenido en los últimos doces meses un ingreso bruto superior al máximo previsto para la categoría D del Monotributo, que actualmente está en 322.500. 
Ese valor se actualizará todos los años sin tomar en cuenta otros ingresos como asignaciones familiares, jubilaciones, pensiones, o programas de inclusión social.
Los productores quedarán exentos del impuesto integrado que reemplaza el IVA más ganancias, y únicamente deberán pagar aportes jubilatorios (SIPA) y de obra social (Sistema Nacional de Servicios de Salud), pero reducido en un 50% en ambos casos.
Esto significa que por ejemplo en la categoría A que es la mínima, el impuesto integrado queda exento, el aporte jubilatorio será de 384 pesos por mes y el aporte de obra social de 536 por mes, que totaliza 920 pesos, de los cuales los inscriptos a este nuevo régimen pagarán el 50% de ese monto, es decir 460$ por mes.

En paralelo al Presupuesto 2019, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado esta madrugada, con distinto grado de apoyo, tres proyectos complementarios a la “ley de leyes” y un régimen de monotributo especial para pequeños productores cañeros y tabacaleros.
Uno de los proyectos aprobados fue la ratificación de la adenda al Consenso Fiscal, que obtuvo 140 votos a favor, 22 en contra y 23 abstenciones.
El texto fue firmado por 19 gobernadores y apunta a flexibilizar el esfuerzo fiscal al que se habían comprometido las provincias como parte del Consenso Fiscal 2017, pues ahora deberán afrontar el costo del traspaso de los subsidios al transporte público y de la tarifa eléctrica diferencial.
En la adenda, los mandatarios se comprometieron a derogar exenciones totales o parciales del impuesto a las Ganancias para funcionarios y empleados públicos nacionales, provinciales y municipales, así como exenciones sobre actividades de ahorro, de crédito y financieras.
En segundo término, y en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal, se habilita la posibilidad de incrementar el límite del gasto público corriente primario neto para el ejercicio fiscal 2019 en las provincias cuyo gasto en 2018 haya variado menos que el IPC (Índice de Precios al Consumidor).
Asimismo, se permite que los gastos que se deriven del traspaso de subsidios quede excluido de la regla establecida en el artículo 10 de la mencionada ley, que indica que el crecimiento del gasto público corriente primario no podrá superar la variación de la inflación.
Por otra parte, en la adenda se pospuso por un año calendario el cronograma establecido para la reducción progresiva del impuesto a los Sellos -se preveía su eliminación en 2022-.
Por último, el Estado Nacional se comprometió a incluir en el Presupuesto 2019 un artículo por el cual la ANSES transfiera mensualmente a las provincias que suscribieron el Consenso Fiscal y que no transfirieron sus regímenes previsionales a la Nación, en concepto de anticipo a cuenta, “el equivalente a una doceava parte del último monto total del déficit -provisorio o definitivo- determinado”.
Los gobernadores que no suscribieron a la adenda fueron el formoseño Gildo Insfrán, el santafesino Miguel Lifschitz, la santacruceña Alicia Kirchner, el pampeano Carlos Verna y el puntano Alberto Rodríguez Saá.
El resto del paquete
La Cámara baja también aprobó este jueves, con 130 votos a favor, 38 en contra y 8 abstenciones, el proyecto para que el mínimo no imponible del impuesto a los Bienes Personales pase de los $1.050.000 pesos actuales a $2.000.000 a partir de los ejercicios fiscales 2019 y siguientes, y a su vez se establece un esquema de progresividad del tributo.
Así, aquellos que declaren bienes por entre $2.000.000 y $5.000.000 pagarán una tasa de 0,25%; de $5.000.000 a $10.000.000 tributarán 0,50%, y a partir de los $20.000.000, la tasa será de 0,75%.
En el recinto, Cambiemos impuso una modificación para eliminar definitivamente el cobro de Bienes Personales a los inmuebles rurales, luego de haber evaluado, como paso intermedio, la posibilidad del pago a cuenta de Ganancias.
El tercer proyecto que recibió media sanción consiste en actualizar los criterios del revalúo de ganancias de empresas sobre índice de precios, y obtuvo 139 votos a favor, 36 negativos y hubo 8 abstenciones.
De acuerdo a la ley sancionada a fines del año pasado, las empresas podían ajustar por única vez sus balances cuando el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) superara el 100% en tres años -hasta 2020-, o cuando en cada período se superara el 33% anual, lo que sucedió en agosto pasado.
Por eso, con el nuevo proyecto del oficialismo toma en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en lugar del IPIM, y busca que el ajuste por inflación pase del 33% al 40%.
En ese tema el diputado Marco Lavagna hizo una propuesta para exceptuar a las Pymes de dichas modificaciones.
 

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La transferencia automática del FET se aprobaría con el Presupuesto 2019

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Es un presupuesto con poco y nada para celebrar. Pero el Gobierno necesita brindar una señal de “confianza” al Fondo Monetario Internacional y los gobernadores comprenden la importancia de una herramienta fundamental para la gestión. Solo eso explica el consenso alcanzado para emitir el dictamen que se aprobará hoy. Lo único que aumenta realmente es la cantidad de recursos destinado al pago de intereses de la deuda: 600 mil millones de pesos serán el año que viene. El resto, siquiera empata con la inflación proyectada para el año que viene, sin contar con la de este año, que acaricia el 50 por ciento, según las principales consultoras económicas.
Según el proyecto oficialista, la deuda total de la Argentina llegará a 331.971 millones de dólares representando el 75,3% del PIB.
Los diputados de Misiones acompañarán la sanción del presupuesto a sabiendas de que es una herramienta de gobierno y que, aunque no guste el destino, las prioridades las fija el Presidente y no son responsabilidad de la oposición. Sin embargo, el Presupuesto contendrá una o dos buenas noticias para la Provincia: la creación del monotributo especial para tabacaleros y cañeros y la transferencia automática de los recursos del Fondo Especial del Tabaco, una vieja demanda de productores y el Gobierno provincial. Ambas medidas fueron negociadas intensamente por los diputados misioneros de la Renovación con el acompañamiento del radical Luis Pastori, de la alianza Cambiemos. 
También se acordó una mínima compensación por el subsidio al transporte, perdido en el marco del ajuste y, a instancias del diputado Jorge Franco, un aumento en el impuesto a los Bienes Personales, que, en el mejor de los casos redundaría en una coparticipación extra de 741 millones de pesos, lo que cubriría lo perdido por el Fondo de la Soja.
“El presupuesto es una herramienta que hoy es un trámite obligatorio. Es acorde a estos tiempos: ajuste, retracción y retroceso en derechos. Quienes no tienen responsabilidades de gobierno no van a apoyar al presupuesto y quienes sí lo tienen, van a acompañar casi todos teniendo la necesidad de recursos para las provincias”, indicó con desazón uno de los diputados misioneros.
Y tiene razón. Unidad Ciudadana, el espacio que tiene como líder a la ex presidenta, Cristina Fernández, emitió un documento en el que instó a los legisladores a rechazar el Presupuesto “dictado” por el Fondo Monetario Internacional.

En caso de aprobarse el Proyecto de la Ley de Presupuesto 2019, las funciones del gasto público sufrirán una baja, a excepción del pago de intereses de deuda, según prevé el último informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda.


 
 

Para el próximo año se proyecta que los intereses de la deuda aumentarían en $195 mil millones, totalizando unos $596 mil millones, es decir, un crecimiento de 49% con respecto a 2018. 
En este marco, cada $100 destinados a gastos por la deuda, corresponderán $38 a Educación; $25 a Salud; $11 a Protección Social; $7,7 a Ciencia; $4,8 a Vivienda; 4,1 a agua potable; $1,8 a Trabajo y 0,1 a Industria.

“La propuesta del gabinete económico implica una aceleración del ritmo de reducción del gasto. El Gobierno dispone toda su artillería en pos de alcanzar el equilibrio fiscal en 2019, relegando el resto de objetivos que suelen guiar el accionar del Estado”, advierte el informe de la UNDAV.
Asimismo, el comunicado remarca que “el fuerte sesgo ideológico liberal del oficialismo conlleva una sobredimensión de la importancia de la consecución del déficit cero como fin último de la política pública”, además enfatizo en que se omitirán los factores que inciden “sobre nuestra idiosincrasia, extrapolan análisis de manual, inaplicables a la realidad argentina actual”.
Estiman que el porcentaje destinado a deuda subirá en 2019 y ocupará 14,9% del gasto total, en deterioro de otras áreas como por ejemplo: Educación y Cultura (descendió a 1,2 puntos). 

En lo que respecta a Salud, las variaciones se harán palpables en diversos indicadores con recortes en asistencia nutricional con leche (-13.113.200 litros); cobertura médica a pensionados (-1.075.206 beneficiarios a atender); asistencia con medicamentos (-800.824 remedios a entregar); atención oftalmológica (-127.292 atenciones en unidades móviles); prestaciones de discapacidad (-52.233 prestaciones a entregar) y atención odontológica (-28.064 atenciones en unidades móviles).
En lo que respecta a la inversión nacional en Vivienda y Urbanismo se verá un nuevo ajuste, esta partida ya se redujo un tercio de lo que representaba en 2015, donde los pagos de servicios de deuda superan más de 20 veces los asignados a este rubro. 
Ciencia y Tecnología no será la excepción a la norma y mermará casi todas las partidas en comparación a la inflación proyectada, con el agravante de que el presupuesto destinado a cubrir intereses de la deuda superará casi en 13 veces al destinado para esta área.
Ahora bien, en lo que respecta a la proyección inflacionaria, el período 2016-2019 cerrará con una inflación acumulada de 212,5%.

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Garay destrabó en Nación recursos atrasados del Fondo Especial del Tabaco

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El ministro del Agro, José Luis Garay consiguió destrabar recursos retenidos por la Nación del Fondo Especial del Tabaco. Se reunió primero con el subsecretario Santiago Hardie y después con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Guillermo Bernaudo y consiguió la firma de dos resoluciones por casi 750 millones de pesos, que servirán para pagar a los productores hasta fin de año. Mañana se firmaría además el fondo de Caja Verde.

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Ya están los votos para crear el Monotributo especial para tabacaleros y cañeros

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Después de mucho batallar, los diputados del bloque misionerista consiguieron 26 firmas sobre 38 necesarias para que el Monotributo Especial para productores tabacaleros y cañeros, sea tratado en el recinto. “Vamos a la sesión con mayoría”, celebró Jorge Franco, quien viene negociando en la comisión de Presupuesto la continuidad del beneficio para los pequeños productores.
El nuevo régimen beneficiará a productores cuya actividad principal sea la venta de tabaco o caña de azúcar de un 80% como mínimo, dejando de esa manera un margen de 20% para aquellos productores que tengan ingresos de otra actividad, como la ganadería u otro producto agrícola”.
Un requisito es no haber obtenido en los últimos doces meses un ingreso bruto superior al máximo previsto para la categoría D del Monotributo, que actualmente está en 322.500, monto al que se alcanzó después de intensas gestiones del secretario de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán y equipo del ministerio del Agro de Misiones. Ese valor se actualizará todos los años sin tomar en cuenta otros ingresos como asignaciones familiares, jubilaciones, pensiones, o programas de inclusión social.
Los productores quedarán exentos del impuesto integrado que reemplaza el IVA más ganancias, y únicamente deberán pagar aportes jubilatorios (SIPA) y de obra social (Sistema Nacional de Servicios de Salud), pero reducido en un 50% en ambos casos.
Esto significa que por ejemplo en la categoría A que es la mínima, el impuesto integrado queda exento, el aporte jubilatorio será de 384 pesos por mes y el aporte de obra social de 536 por mes, que totaliza 920 pesos, de los cuales los inscriptos a este nuevo régimen pagarán el 50% de ese monto, es decir 460$ por mes, explicó el secretario de la comisión de Presupuesto, el radical Luis Pastori.
Ese pago lo podrán hacer mensualmente, o cuando entregan el producto al acopiador, quien retendrá dicho aporte con carácter de pago único de todo un año, es decir que siguiendo el ejemplo, sería un pago único de 5.522$, que presenta para la categoría A el 5% de sus ingresos brutos.
También se contempla la posibilidad de incorporar a la obra social a otros integrantes del grupo familiar primario de manera voluntaria, quienes tendrán también un descuento de 50% al valor de 536$, es decir 270$ por cada integrante del grupo familiar que el productor pretenda adherir el nuevo régimen especial.
Ejemplo Categoría A.

  Impuesto Integrado
Venta de Cosas Muebles
Aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino Aportes al Sistema Nacional de Servicios de Salud
Régimen Simplificado $ 87,04 $ 384,02 $ 536,35
Régimen Especial EXENTO $ 192,01 $ 268,17*

*En caso de inclusión del Grupo Familiar Primario, se efectúa un aporte adicional de $ 268,17.

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Las tabacaleras se pelean por un impuesto

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La llegada de un nuevo jugador internacional convulsionó el mercado tabacalero argentino. Unos días después de que la firma local Tabacalera Sarandí anunciara una alianza con la multinacional Imperial Tobacco, sus competidores en el país denunciaron un cambio en las reglas de juego que “beneficia a quienes no pagan todos los impuestos “.
La Cámara de la Industria del Tabaco -liderada por las empresas Massalin Particulares y BAT, filiales de Philip Morris International y British American Tobacco- alertó que Sarandí no puede ser considerada una empresa pyme -y por lo tanto quedar excluida del llamado “impuesto mínimo” que rige para las compañías más grandes- a partir del acuerdo que acaba de cerrar con Imperial Tobacco (la dueña de las marcas West y Gauloises, entre otras).
“Hoy [Sarandí] tiene casi 15% del mercado y, de manera contradictoria, sigue esgrimiendo su condición de pyme ante los tribunales, cuando, al mismo tiempo, anuncia asociarse con una empresa multinacional que cotiza en la Bolsa de Londres y factura, según lo comunicado por los medios, 40.000 millones de dólares anuales”.
En Sarandí -que es la dueña de la marca de cigarrillos Red Point- sostienen que si se aplica para todas las empresas el impuesto mínimo, las multinacionales terminarían monopolizando el mercado del tabaco. “Esas medidas impositivas solo alivian la carga fiscal a los cigarrillos de mayor precio, otorgando condiciones preferenciales a las dos grandes empresas hegemónicas en detrimento y claro perjuicio de las empresas nacionales, que venden productos a precios más bajos”, señaló la empresa argentina controlada por el grupo Madero Sur.
El régimen de impuesto mínimo, aprobado por una ley nacional en diciembre pasado, establece un valor mínimo por paquete tomando en cuenta los cinco gravámenes que pesan sobre los cigarrillos y que hacen que la presión impositiva alcance al 70% del precio. El monto se actualiza cuatro veces al año y en la actualidad asciende a 32,48 pesos por paquete de 20 cigarrillos.
Fuente LaNación

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