ARCA pidió ser querellante en la causa por lavado contra el “Señor del Tabaco”
El organismo recaudador reclama intervenir en la causa contra Pablo Otero tras el dictamen del fiscal Taiano que desestimó la denuncia. Denuncian un circuito de $33.600 millones sin justificación entre 2021 y 2023.
ARCA apela al rol de víctima institucional
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) solicitó formalmente a la jueza federal María Servini ser tenida como parte querellante en la causa por presunto lavado de activos contra Pablo Otero, titular de Tabacalera Sarandí S.A., conocido en el sector como el “Señor del Tabaco”. El objetivo del organismo estatal es revertir el dictamen del fiscal Eduardo Taiano, quien recomendó desestimar la denuncia por considerar que no se acreditaron indicios suficientes para continuar con la investigación.
La causa fue iniciada el pasado 3 de abril a partir de una presentación de Felicitas Achábal, jefa de Penal Tributaria en la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales de ARCA. La denuncia apuntó a una trama de ingresos por más de $33.600 millones percibidos por Tabacalera Sarandí entre 2021 y 2023, provenientes de 23 distribuidores identificados como fiscalmente irregulares.
Distribuidores sin respaldo operativo ni capacidad financiera
Entre los distribuidores señalados figuran Ever Friends Distribuciones, con ventas por más de $5.000 millones, y el contribuyente Gustavo Gabriel Palacios, con más de $3.100 millones facturados. ARCA sostuvo que estas operaciones carecen de trazabilidad legítima, fueron realizadas con facturación en intervalos de segundos, no tienen respaldo bancario ni infraestructura verificable, y fueron ejecutadas por personas o entidades sin empleados registrados.
En su denuncia, ARCA argumentó que estas transacciones configurarían un circuito irregular de comercialización mayorista de cigarrillos y podrían encubrir maniobras típicas de lavado de dinero, afectando el orden económico y financiero del Estado Nacional.
Sin embargo, el fiscal federal Eduardo Taiano dictaminó que las ventas fueron debidamente facturadas a través del sistema oficial e-FISCO y que no existían elementos suficientes que indicaran un intento de blanquear activos de origen delictivo. Taiano consideró que las irregularidades fiscales de los distribuidores no podían ser imputadas a Tabacalera Sarandí y que no había prueba concreta de una maniobra de lavado.
La resolución generó preocupación en ARCA, ya que el dictamen no les fue notificado en su calidad de denunciante. La jueza Servini rechazó también su intervención bajo el argumento de que el organismo no se había constituido como parte.
El Estado busca ejercer su rol como víctima institucional
Ante esto, ARCA presentó un recurso de reposición y, en subsidio, una apelación. En su escrito, argumentó que el Estado Nacional es el principal afectado por la eventual comisión del delito de lavado y que el bien jurídico tutelado en esta causa —el orden económico y financiero— exige la participación del Estado en el proceso.
Citando el artículo 80 del Código Procesal Penal, el organismo reclamó ejercer los derechos que le asisten como víctima, sin necesidad de una constitución formal como querellante. “La norma reconoce esos derechos en función del rol institucional, no de un requisito procesal”, subrayó la abogada de ARCA, Vanina Vidal.
Además, cuestionó que la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo especializado en detectar maniobras de lavado, ni siquiera fue notificada de la causa, a pesar de haber sido propuesta como prueba en la denuncia original.
ARCA busca ser notificada del dictamen fiscal para quedar habilitada a pedir su revisión y evitar el archivo definitivo de la causa. La investigación tiene fuerte repercusión en el mercado del tabaco y en la discusión sobre evasión fiscal en sectores de alta informalidad, con potenciales implicancias sobre la recaudación y la trazabilidad comercial.
La causa también pone a prueba el rol de las agencias estatales en la persecución de delitos económicos complejos y la articulación con el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
