Productores y tareferos llevan a Diputados la Ley de Emergencia Yerbatera
Productores y tareferos de Misiones presentarán este miércoles un proyecto para establecer un régimen de emergencia que permita sostener la producción primaria, con un precio mínimo para la hoja verde y nuevas herramientas de control.
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Productores y tareferos de distintos puntos de Misiones presentarán mañana, miércoles 2 de septiembre, el proyecto denominado “Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera” ante la Cámara de Diputados, en Posadas.
Los trabajadores de la yerba mate serán recibidos por la diputada Arabela Soler a las 10 horas en el Poder Legislativo, oportunidad en la que se formalizará el ingreso de la propuesta al Parlamento misionero.
La iniciativa es impulsada por los propios productores y fue elaborada por su asesor jurídico, el abogado Federico Padolsky. Fue socializada en la reunión que mantuvieron con el gobernador Hugo Passalacqua el 30 de julio pasado, de quien recibieron respaldo.
El documento surge como una respuesta institucional ante la grave crisis que atraviesa la principal economía regional de la provincia. Su fundamentación técnica, jurídica y económica detalla el impacto negativo del DNU 70/23 del Gobierno nacional, el cual quitó al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la facultad de regular los precios de la materia prima.
Frente al debilitamiento del organismo nacional, el texto advierte que Misiones conserva las competencias constitucionales para promover la producción, el desarrollo regional, la protección del trabajo rural y la defensa del interés público.
Los ejes del proyecto: control, sanciones y rentabilidad
La normativa propuesta faculta al Ejecutivo provincial a fijar un precio mínimo obligatorio para la hoja verde que cubra los costos de producción eficiente, las cargas laborales, previsionales y fiscales, garantizando, además, un margen de ganancia para los productores.
“No se trata de fijar un precio único ni de impedir la libre negociación por encima del mínimo establecido, sino de asegurar un piso jurídico indispensable para evitar la desaparición de miles de explotaciones familiares”, detalla el escrito.
Para garantizar su cumplimiento, la ley incorpora herramientas de fiscalización, regularización de operaciones y sanciones administrativas. Todo lo recaudado por multas se destinará exclusivamente al fortalecimiento de los controles y a la asistencia técnica del sector.
