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El Norte Grande le pasó la factura a Nación: sin gas, rutas rotas y energía impagable

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La Odisea esta vez no fue la protagonista del IMAX del Centro del Conocimiento, sino hacerle entender al Jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, los reclamos unificados de las diez provincias del Norte Grande. El funcionario nacional llegó con una premisa muy elevada: “El 90 por ciento de los planteos de los gobernadores está resuelto”, dijo antes de la cumbre. “El dato que tengo es que la yerba está exportando mucho”, evadió ante la consulta por la crisis de la producción yerbatera, que lleva 27 meses en rojo, según el semáforo de Coninagro. 

Claramente, los mandatarios que iban entrando al hall del cine donde se realizó la cumbre, no pensaban lo mismo que el ex PRO. 

La coincidencia en el planteo fue la energía y la necesidad de que la Nación vuelva a invertir en las rutas, fundamentales para la seguridad vial y bajar costos a la producción, además de exigir respaldo de la Nación para enfrentar las consecuencias del fenómeno El Niño, que amenaza las poblaciones costeras y la producción de toda la zona. 

Aunque el gas natural es una problemática común -Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán se quejó por el encarecimiento de las tarifas y el flujo más lento desde que dejó de ingresar gas de Bolivia-, el más enfático en el reclamo fue el anfitrión Hugo Passalacqua, quien pidió solucionar esa “deuda histórica” con Chaco, norte de Corriente y Misiones: “Misiones ni siquiera tiene acceso. Estamos como en el siglo XIX, quemando leña para poder producir”, cuestionó. 

El planteo de Passalacqua terminó siendo uno de los ejes de la cumbre. No sólo la falta de gas, sino que la electricidad que consumen las industrias misioneras, del norte correntino y muchas de El Chaco, se ha vuelto impagable para muchas industrias de la región, que quedan fuera de competencia con constante alza de los costos. 

La semana próxima -el 18- habrá una nueva reunión, esta vez en Buenos Aires, con representantes de Nación y ministros de Energía de las provincias para delinear un mecanismo de compensación energética diseñado especialmente para atender las demandas de la industria, además de los usuarios residenciales. 

Nación necesita los votos para aprobar la disminución de los subsidios para las zonas frías y el ministro de Economía, Luis Caputo, había prometido atender la situación del norte, algo que nunca concretó. La posición de los gobernadores es hoy de un peso específico distinto, después de haber frenado la reforma de la ley de Tierras y la del Manejo del Fuego, por eso Santilli no tuvo más remedio que aceptar el reclamo. 

El régimen de Zona Fría había sido creado en 2002 para subvencionar a usuarios residenciales emplazados en regiones donde la severidad climática es indiscutible, como la Patagonia, Malargüe y la Puna.

Sin embargo, en 2021 el esquema se amplió de manera significativa mediante la Ley 27.637, impulsada por Máximo Kirchner, incorporando grandes centros urbanos y regiones cuya pertinencia dentro del régimen siempre fue mucho más discutida desde el punto de vista técnico y fiscal, como gran parte de Buenos Aires, centro y sur de Córdoba, sur de Santa Fe, Mendoza y casi la totalidad de San Luis. Algunas de esas zonas se caracterizan por sus climas templados, importantes niveles de actividad económica y una media/alta densidad poblacional.

Esa ampliación elevó el alcance del régimen hasta abarcar a más de 4 millones de usuarios y convirtió al esquema en uno de los componentes más relevantes dentro de la masa de subsidios energéticos que financia el Estado nacional.

En la Cumbre del Norte Grande en Posadas, la infraestructura vial y logística ocuparon también un lugar central en la mesa. Misiones y Corrientes comparten una agenda marcada por el deterioro de las rutas nacionales y la necesidad de mejorar las condiciones de competitividad de una región alejada de los principales centros de consumo y de los puertos de exportación.

Uno de los reclamos apunta al estado de las rutas nacionales 12 y 14, dos corredores estratégicos para el transporte de cargas, el comercio y el turismo del NEA. Entre los mandatarios del Norte también comenzó a tomar fuerza la posibilidad de reclamar que parte de los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) llegue de manera automática a las provincias, con un mecanismo similar al de la coparticipación, para garantizar financiamiento destinado a infraestructura vial.

La otra demanda compartida por Misiones y Corrientes tiene como eje a la Hidrovía Paraná-Paraguay. Ambas provincias buscan que el corredor navegable incorpore formalmente el tramo del río Paraná comprendido entre Confluencia y Posadas, actualmente fuera del esquema central de la Hidrovía.

El planteo adquiere especial relevancia a partir de la reactivación de la infraestructura portuaria del NEA. Los puertos de Corrientes, Ituzaingó y Posadas comienzan a configurar un nuevo corredor logístico para la región, con particular importancia para el complejo foresto-industrial, que necesita reducir los costos de traslado de grandes volúmenes de carga hacia los puertos de Rosario y Buenos Aires y, desde allí, acceder a los mercados internacionales.

Por eso, el reclamo no se limita a una modificación administrativa del trazado. Misiones y Corrientes buscarán impulsar obras de dragado y mejoras de navegabilidad en el Paraná, particularmente en el tramo comprendido entre Yacyretá y Confluencia, para consolidar una salida fluvial competitiva para la producción regional.

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, puso el foco en una de las principales coincidencias entre Corrientes y Misiones: el déficit de infraestructura que condiciona la competitividad del NEA. El mandatario sostuvo que el Norte necesita las mismas oportunidades de desarrollo que el centro y el sur del país y señaló especialmente la ausencia de una red de gas natural con capacidad para abastecer a la industria. “Acá en Misiones no tenemos problema de gas porque claramente no tenemos gas”, recordó que planteó Hugo Passalacqua durante la cumbre. Valdés advirtió que buena parte de la producción regional depende todavía de biomasa y leña para generar energía, una desventaja que impacta sobre los costos y puede convertirse incluso en una barrera para acceder a determinados mercados como el de Europa, tras el acuerdo con el Mercosur. Mencionó el caso del arroz correntino y extendió el problema a la cadena yerbatera que comparten Corrientes y Misiones. A ese déficit sumó la falta de infraestructura energética y el deterioro de las rutas nacionales como parte de una misma brecha estructural que el Norte Grande busca colocar en la agenda de la Nación.

Otro punto de fuerte coincidencia entre ambas provincias fue la Hidrovía Paraná-Paraguay. Valdés planteó la necesidad de mejorar la profundidad del canal navegable aguas arriba para reducir las limitaciones que hoy enfrentan los puertos del NEA. El objetivo, explicó, es alcanzar al menos entre 12 y 14 pies de calado, una profundidad que permitiría operar con otro tipo de embarcaciones, aumentar la capacidad de carga y ganar competitividad logística, aunque todavía se encuentre lejos de los 34 pies disponibles en otros sectores del sistema troncal. Corrientes viene trabajando esta agenda junto con Misiones y Chaco, en momentos en que las provincias buscan potenciar sus puertos y aprovechar el Paraná como alternativa al costoso transporte terrestre. Para Valdés, la discusión vuelve siempre al mismo punto: que las inversiones nacionales en infraestructura también lleguen al Norte y permitan achicar las asimetrías históricas con las regiones más desarrolladas del país.

La discusión de fondo atraviesa buena parte de la agenda del Norte Grande: cómo reducir el costo de la distancia. Para las provincias del NEA, mejores rutas y una Hidrovía plenamente operativa no son solamente obras de infraestructura, sino herramientas para bajar costos logísticos, atraer inversiones y darle competitividad a una producción que debe recorrer cientos -y en muchos casos más de mil- kilómetros antes de llegar a los principales mercados y puertos del país.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, destacó que la cumbre dejó avances concretos en tres ejes de la agenda regional. Por un lado, señaló que el Consejo Federal de Inversiones trabaja en el proyecto final de una nueva ley de cabotaje –que reserva el transporte de cargas y pasajeros entre puertos nacionales exclusivamente para barcos con bandera argentina, para incluir barcos de bandera extranjera, una iniciativa que, según sostuvo, permitiría mejorar la eficiencia de distintos sectores de la economía y que ya se encuentra bajo análisis del Gobierno nacional. A esto sumó el impulso de la marca Norte Grande como herramienta para posicionar a las diez provincias en mercados externos: el planteo será trabajado con Cancillería y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se comprometió a coordinar las gestiones con el área de relaciones exteriores.

Menos contemplativo fue el tucumano Osvaldo Jaldo, quien, aunque valoró la presencia de Santilli en la cumbre, reclamó más respuestas de Nación. Jaldo puso el foco en la distancia que todavía existe entre los indicadores macroeconómicos y la realidad cotidiana de los hogares. “Hoy la Argentina no está bien. Hoy lo único que se hizo es mejorar algunas variables macroeconómicas, pero ese mejoramiento no llegó abajo, no llegó a la gente, no llegó a la microeconomía”, advirtió. 

Para el mandatario tucumano, el deterioro se refleja especialmente en los ingresos y en el creciente peso de las deudas familiares: “Hoy los sueldos, si bien aquel que tiene la posibilidad de tener un empleo, no llega a fin de mes; y también el que tiene un empleo tiene un nivel de endeudamiento importante”

En ese escenario, señaló como problemas centrales “los salarios bajos, las faltas de incrementos salariales y, ni qué hablar, los niveles de desocupación que tiene hoy la Argentina”.

Jaldo sostuvo que ese escenario obliga a mantener una agenda federal de reclamos y reivindicó al Norte Grande como herramienta de negociación colectiva con la Nación. “Hay problemas muy importantes por solucionar”, afirmó, antes de destacar la continuidad institucional alcanzada por el bloque: “Desde esta asamblea, que es la número 24 que llevamos los gobernadores del Norte, humildemente vamos haciendo nuestros planteos, vamos planteando nuestras necesidades”. El gobernador tucumano defendió además los resultados obtenidos a partir de esa estrategia conjunta: “Muchos problemas hemos solucionado en el ámbito de este tipo de asambleas”, aseguró, al remarcar el valor de sostener una voz común de las provincias del Norte frente al Gobierno nacional.

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Gobernadores del Norte Grande buscan una postura común ante la reforma de Zona Fría y proponen compensaciones energéticas para el NEA

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La discusión por los subsidios energéticos volvió a convertirse en un eje de articulación política entre provincias con intereses y alineamientos muy distintos. Este martes, los gobernadores del Norte Grande se reunirán en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) con el objetivo formal de avanzar en una agenda de desarrollo regional, pero con una prioridad política que domina las conversaciones previas: construir una posición común frente a la reforma del régimen de Zona Fría impulsada por el Gobierno de Javier Milei y abrir el debate sobre mecanismos compensatorios para las provincias del norte argentino.

La convocatoria adquiere relevancia porque reúne a mandatarios que, en el escenario nacional, mantienen relaciones muy diferentes con la Casa Rosada. Estarán presentes el misionero Hugo Passalacqua, el correntino Juan Pablo Valdés, el tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil, el jujeño Carlos Sadir, el salteño Gustavo Sáenz, el formoseño Gildo Insfrán, el riojano Ricardo Quintela y el santiagueño Elías Suárez. La diversidad política de la mesa refleja la dimensión del tema: la energía aparece como uno de los pocos asuntos capaces de generar coincidencias entre gobernadores dialoguistas y opositores.

La preocupación regional surge luego de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto oficialista que modifica el esquema de subsidios al gas natural, una de las piezas centrales de la estrategia de reducción del gasto público que impulsa la administración libertaria. La iniciativa ahora deberá ser tratada por el Senado y, en ese contexto, los mandatarios buscan fortalecer su capacidad de negociación actuando como bloque.

El régimen de Zona Fría fue concebido originalmente para aliviar el costo del gas en regiones donde las bajas temperaturas elevan significativamente el consumo residencial. Durante años benefició principalmente a provincias patagónicas y zonas cordilleranas, otorgando descuentos de entre el 30% y el 50% sobre las facturas. Sin embargo, la ampliación sancionada en 2021 durante la gestión de Alberto Fernández extendió el beneficio a más de cuatro millones de hogares distribuidos en gran parte del país, incorporando cientos de municipios y departamentos de distintas provincias.

Desde su llegada al poder, el Gobierno nacional cuestionó esa expansión argumentando que el esquema perdió su objetivo original y terminó transformándose en un subsidio generalizado financiado por todos los usuarios del sistema energético. Bajo esa lógica, la reforma busca reducir el universo de beneficiarios y generar un ahorro fiscal que, según estimaciones debatidas en el Congreso, podría oscilar entre los 200.000 y los 460.000 millones de pesos anuales.

Para las provincias del Norte Grande, el debate excede la discusión sobre el gas. Los gobernadores sostienen que existe una asimetría estructural en la política energética nacional. Mientras el régimen de Zona Fría reconoce el impacto económico de las bajas temperaturas sobre los hogares del sur argentino, las jurisdicciones del norte enfrentan consumos extraordinarios durante varios meses al año debido a temperaturas extremas que superan frecuentemente los 40 grados.

En ese marco comenzó a tomar fuerza una propuesta informal que algunos dirigentes ya denominan “Zona Caliente”. La idea apunta a diseñar algún mecanismo de compensación para las provincias del NEA y NOA, donde el uso intensivo de sistemas de refrigeración genera elevados costos energéticos tanto para las familias como para sectores productivos, comerciales y de servicios.

Para Misiones, la discusión tiene una relevancia particular. La provincia enfrenta cada verano extensos períodos de temperaturas elevadas y altos niveles de humedad, condiciones que incrementan de manera considerable el consumo eléctrico residencial y empresarial. En ciudades como Posadas, donde los registros térmicos suelen ubicarse entre los más altos del país durante la temporada estival, la energía se transforma en un componente cada vez más significativo dentro de la estructura de costos.

La reunión del CFI también funcionará como una prueba sobre la capacidad de los gobernadores para reconstruir espacios de coordinación regional en un contexto donde la administración nacional concentra buena parte de las decisiones fiscales y presupuestarias. Más allá de los capítulos vinculados a logística, recursos hídricos, educación o industrias culturales previstos en la denominada “Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal”, la energía aparece como el tema con mayor potencial político.

Lo que está en juego no es únicamente la continuidad o modificación de un esquema de subsidios. También se debate el criterio con el que el Estado nacional reconoce las diferencias climáticas y productivas entre regiones. En un país atravesado por fuertes contrastes geográficos, el Norte Grande busca instalar una discusión que trascienda el gas y contemple el costo energético integral que enfrentan las provincias del NEA y NOA.

La verdadera incógnita del encuentro será si los mandatarios logran superar sus diferencias partidarias y presentar una propuesta unificada. Si eso ocurre, la negociación por la reforma de Zona Fría podría convertirse en uno de los principales frentes de discusión entre las provincias y el Gobierno nacional durante las próximas semanas.

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Subsidios energéticos: cerró la consulta pública y el Gobierno acelera el nuevo esquema focalizado

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El Gobierno nacional dio un paso decisivo en el proceso de reducción y reordenamiento de los subsidios energéticos al declarar formalmente cerrado el procedimiento de consulta pública para la implementación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La medida quedó establecida mediante la Resolución 592/2025 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial, y habilita al Poder Ejecutivo Nacional a avanzar con la puesta en marcha definitiva del nuevo esquema tarifario a partir de enero de 2026.

La consulta pública concluyó a las 0:00 horas del 20 de diciembre de 2025, tras un plazo de quince días hábiles administrativos, durante el cual se recibieron presentaciones de usuarios, empresas distribuidoras, entes reguladores, asociaciones de consumidores, cooperativas, federaciones del sector y defensorías del pueblo nacionales y provinciales. El cierre de esta instancia marca la culminación del período de transición previsto en el Decreto 465/2024 y sus prórrogas, y consolida el giro hacia un esquema de tarifas más alineadas con los costos económicos reales de abastecimiento.

Antecedentes normativos y fundamentos del nuevo régimen tarifario

El proceso tuvo su origen en la Resolución 484/2025 de la Secretaría de Energía, que dispuso la apertura de la consulta pública con el objetivo de garantizar la participación ciudadana previa a la aprobación del nuevo régimen. La iniciativa se encuadró en lo dispuesto por las Leyes 19.549, 27.275 y 27.742, el Decreto 1.172/2003 y los principios constitucionales de publicidad de los actos de gobierno y acceso a la información pública.

Según detalla la resolución, la propuesta sometida a consulta incluyó la readecuación de los precios de referencia del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), del gas propano indiluido por redes y del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST), sobre los cuales se aplicarán las bonificaciones del nuevo esquema. La Secretaría de Energía sostuvo que estos precios constituyen un componente estructural del sistema, definido en base a criterios técnicos, económicos y regulatorios.

Durante el procedimiento, la autoridad de aplicación destacó que el SEF busca “equilibrar la atención de las particularidades territoriales con la necesidad de establecer límites claros y reglas generales que aseguren una administración eficiente, equitativa y sostenible del sistema de subsidios energéticos”, sin alterar los lineamientos generales del régimen propuesto.

Cómo funcionarán los Subsidios Energéticos Focalizados y quiénes quedarán alcanzados

El nuevo esquema introduce cambios de fondo en la forma de asignar la asistencia estatal. Entre los principales lineamientos técnicos se destacan:

  • Bonificación de transición: se aplicará un descuento extraordinario durante todo 2026, concebido como una medida transitoria para acompañar la migración desde el sistema vigente hacia el nuevo régimen focalizado.
  • Canasta Básica Energética (CBE): el subsidio se calculará sobre un bloque de consumo básico, determinado según la zona bioclimática de residencia, y no sobre el consumo total del hogar.
  • Criterio de ingresos: el Estado intervendrá únicamente cuando el costo de la CBE supere entre el 10% y el 15% del ingreso total del grupo familiar, cubriendo solo esa diferencia.
  • Umbral máximo: el acceso al subsidio quedará restringido a hogares con ingresos mensuales inferiores a 3 Canastas Básicas Totales (CBT). A valores de diciembre de 2025, ese tope se ubica en aproximadamente $3.640.000, según el INDEC. El límite se reduce frente al esquema anterior, que permitía hasta 3,5 CBT, lo que implica la salida del beneficio de un segmento previamente categorizado como ingresos medios (Nivel 3).

El régimen también incorpora exclusiones automáticas por patrimonio, independientemente del ingreso declarado. Quedarán fuera del subsidio los hogares que posean dos o más inmuebles, vehículos de menos de 10 años de antigüedad (con excepción de personas con discapacidad), embarcaciones o aeronaves, servicios de medicina prepaga no vinculados al empleo o consumos elevados en moneda extranjera.

A nivel operativo, se elimina la segmentación en N1, N2 y N3. El sistema pasa a una lógica binaria de “hogares con subsidio” y “hogares sin subsidio”. Los usuarios registrados en el RASE serán migrados automáticamente al nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (RESEF), aunque la Secretaría de Energía realizará auditorías periódicas y cruces de datos para verificar el cumplimiento continuo de los requisitos.

Observaciones recibidas, ajustes y efectos esperados

Las presentaciones realizadas durante la consulta pública se concentraron principalmente en los topes de consumo subsidiados por zonas geográficas, especialmente en relación con los requerimientos energéticos esenciales que varían según el clima, la infraestructura local y la disponibilidad de fuentes alternativas. También se plantearon objeciones vinculadas a los riesgos de exclusión por barreras digitales, con pedidos específicos para reforzar los mecanismos de atención presencial y los canales de revisión de categorización.

La Secretaría de Energía informó que estos aportes fueron evaluados y que se introducirán mejoras en los procesos de cruce y validación de información, así como en los procedimientos de revisión, para reducir errores de exclusión. El informe técnico de cierre fue elaborado por la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético y elevado al Poder Ejecutivo Nacional junto con todos los antecedentes del proceso.

Desde una perspectiva económica e institucional, el avance del SEF implica un recorte progresivo del gasto en subsidios, una mayor focalización del gasto público y un traslado más explícito del costo de la energía hacia los usuarios con mayor capacidad contributiva. Al mismo tiempo, el esquema preserva mecanismos de protección para los hogares vulnerables en el tramo final del Período de Transición.

Con el cierre formal de la consulta pública, el Gobierno quedó habilitado para definir la reestructuración definitiva de los subsidios energéticos, una de las piezas centrales de la política fiscal y tarifaria para 2026.

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