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Passalacqua recibe al Norte Grande en Posadas: infraestructura, energía y una negociación clave con Nación

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Misiones será este miércoles el escenario de una nueva pulseada política del federalismo argentino. El gobernador Hugo Passalacqua recibirá en Posadas a los mandatarios y representantes de las diez provincias del Norte Grande en la 24ª Asamblea de Gobernadores, un encuentro que pondrá sobre la mesa una agenda que combina infraestructura, energía, desarrollo regional y, de manera indirecta, una negociación de alto interés para la Casa Rosada en el Senado.

La Asamblea se desarrollará en el Parque del Conocimiento y buscará consolidar posiciones comunes frente a problemas estructurales del norte argentino. El financiamiento de infraestructura aparece entre los ejes centrales, en un contexto donde las restricciones sobre la obra pública nacional obligan a las provincias a discutir alternativas para sostener conectividad, competitividad y capacidad productiva.

El otro capítulo estratégico será el energético. Los gobernadores abordarán la Estrategia Federal Energética, con especial atención a las nuevas rutas y tarifas de transporte dentro del sistema de gas. Para Misiones y buena parte del Norte Grande, la discusión tiene una dimensión que excede la infraestructura: el costo y la disponibilidad de energía condicionan directamente las posibilidades de radicación industrial, inversión y expansión de las actividades productivas.

La agenda incorporará además el impacto potencial del fenómeno climático de El Niño, con la necesidad de fortalecer herramientas de prevención y respuesta ante eventos que pueden afectar infraestructura, producción y servicios públicos. También se trabajará sobre la marca institucional Norte Grande, con la intención de profundizar la identidad común y la presencia conjunta de la región.

El Norte Grande vuelve a ser una pieza de negociación para la Casa Rosada

La reunión adquiere una relevancia política adicional porque llega en medio de conversaciones entre el Gobierno nacional y los mandatarios del Norte Grande alrededor del proyecto de Zonas Frías y de una eventual propuesta para las provincias que enfrentan temperaturas extremas durante el verano.

Según el escenario planteado en la información suministrada, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, viene manteniendo contactos con los gobernadores para buscar posiciones que permitan reunir los votos necesarios en el Senado para aprobar el proyecto que ya obtuvo media sanción en Diputados. La estrategia oficial contemplaría discutir posteriormente un esquema específico para las denominadas zonas cálidas.

En ese tablero, la Asamblea de Posadas puede funcionar como una instancia política de coordinación regional. El debate sobre tarifas energéticas, transporte de gas y condiciones diferenciales de acceso a la energía se superpone así con una negociación parlamentaria que necesita de los votos de senadores de las provincias del Norte Grande.

La cuestión tiene particular importancia para Misiones, donde el costo energético y las condiciones de acceso a infraestructura forman parte de una agenda histórica de reclamos federales. La discusión sobre un régimen diferencial para zonas cálidas podría abrir, en ese sentido, un capítulo específico para las provincias del NEA, aunque el material suministrado no precisa todavía los alcances concretos de esa eventual propuesta.

Un bloque regional atravesado por distintas estrategias políticas

El Norte Grande llega a esta Asamblea con una característica que complejiza cualquier intento de presentar al espacio como un bloque político homogéneo. Los gobernadores han sostenido posiciones diferentes frente a la administración de Javier Milei, combinando acuerdos institucionales, reclamos federales y distintos grados de acompañamiento a las iniciativas del Ejecutivo.

El escenario también tiene como telón de fondo el nuevo rol de Gerardo Zamora, quien dejó la gobernación de Santiago del Estero para asumir como senador nacional. De acuerdo con los datos aportados, Zamora conserva peso político en su provincia y continúa siendo una referencia dentro del armado regional, aunque la representación santiagueña en la Asamblea estará a cargo de Elías Suárez.

La diferencia entre los posicionamientos también se expresa en el vínculo con la Casa Rosada. Mientras algunos mandatarios del Norte Grande han mantenido una relación de mayor cooperación con el Gobierno nacional, otros buscan reforzar un perfil opositor o de mayor autonomía política. Esa heterogeneidad vuelve más relevante la capacidad del espacio para construir acuerdos sobre asuntos concretos, aun cuando no exista coincidencia plena en materia partidaria.

En ese contexto, la discusión energética puede transformarse en un terreno de convergencia. Para las provincias, la cuestión no se reduce al precio de una tarifa: involucra competitividad productiva, infraestructura, acceso a servicios y condiciones territoriales diferenciadas.

Zamora y una crítica que tensiona el debate sobre el modelo de desarrollo

El nuevo posicionamiento público de Gerardo Zamora agrega otro componente a la discusión regional. En una columna citada en el material de base, el senador cuestionó iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional y planteó una concepción del desarrollo que pone el foco en la soberanía sobre los recursos naturales, la producción, el empleo y la capacidad estatal para establecer reglas.

Su planteo introduce una discusión de fondo que excede la agenda inmediata de la Asamblea: qué modelo de federalismo económico pretende construir la Argentina y cuánto margen tendrán las provincias para negociar las condiciones de desarrollo de sus territorios.

La tensión aparece especialmente alrededor de la infraestructura y los recursos estratégicos. Mientras el Gobierno nacional impulsa una agenda basada en la desregulación y la reducción de la intervención estatal, las provincias buscan preservar herramientas que consideran necesarias para compensar asimetrías territoriales y sostener inversiones donde los costos estructurales son mayores.

Para Misiones, esa discusión tiene una traducción concreta. La provincia necesita infraestructura y energía competitiva para reducir las desventajas derivadas de su localización, ampliar su capacidad productiva y sostener el crecimiento de sus cadenas de valor. El Norte Grande comparte buena parte de esas restricciones, aunque con realidades productivas diferentes.

Por eso, la Asamblea de Posadas puede ser leída menos como una reunión protocolar y más como una instancia de negociación territorial. La capacidad de los gobernadores para transformar demandas individuales en una agenda común será determinante para medir el peso real del bloque frente a Nación.

Passalacqua será anfitrión de una agenda con impacto federal

Las actividades comenzarán a las 10 con la llegada de los gobernadores al Hangar de la Provincia. A las 10.20 está prevista la fotografía institucional en la explanada del Parque del Conocimiento, mientras que la Asamblea comenzará a las 10.45. A las 12.45 los mandatarios atenderán a la prensa y posteriormente compartirán un almuerzo de trabajo.

Para Passalacqua, la condición de anfitrión ofrece además una oportunidad para colocar los intereses específicos de Misiones dentro de una agenda regional más amplia. La provincia puede utilizar el ámbito del Norte Grande para reforzar reclamos vinculados con energía, infraestructura y conectividad, pero también para buscar acuerdos que permitan mejorar las condiciones estructurales de competitividad.

El desafío estará en que la fotografía institucional de diez provincias se transforme en una agenda efectiva de negociación. En un escenario de recursos fiscales limitados, infraestructura nacional ralentizada y una discusión energética que vuelve a ocupar el centro de la política económica, el federalismo se mide menos por la cantidad de reuniones y más por la capacidad de convertir consensos regionales en decisiones concretas.

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Caminos marcados

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Hay contrastes que pueden parecer sutiles, pero dicen demasiado desde dónde se piensa y se hace política y cómo esas diferencias impactan en la vida cotidiana. 

El debut del reemplazante de Manuel Adorni, eyectado en medio de un escándalo de corrupción, sirvió para refrescar la memoria del decálogo de la gestión de Javier Milei: Adrián Ravier, terminó por explicitar una de las bases filosóficas del programa económico al remarcar que el ajuste no es una consecuencia indeseada, sino una herramienta deliberada para modificar el comportamiento de la sociedad. Al justificar que las tarifas deben duplicarse hasta reflejar los “precios de mercado”, sostuvo que el usuario deberá “abrigarse más que prender el gas” o resignar consumo porque “no hay almuerzo gratis“. En esa lógica, el Estado deja de concebir a los servicios públicos como un instrumento de equidad o desarrollo y traslada íntegramente el costo a cada individuo, bajo la premisa de que quien recibe el servicio debe pagarlo sin subsidios. Incluso admitió que las tarifas seguirán aumentando por encima de la inflación como parte de una “corrección gradual”. La sinceridad del planteo despeja cualquier duda: el objetivo no es únicamente ordenar las cuentas públicas, sino redefinir el contrato social sobre el que se construyó durante décadas el acceso a servicios esenciales en la Argentina.  

El desdén de Ravier sigue la línea argumental del propio Milei. “A vos te daban dos planes sociales, pero uno se lo quedaba un gerente de la pobreza. Entonces, fíjate esto, nosotros sacamos a los intermediarios, eso generó unos problemas muy fuertes al inicio y además duplicamos en términos reales, es decir, por encima de la inflación ese monto. Con lo cual, la persona que lo recibe, digamos, de repente recibió cuatro veces más. De alguna manera es como que nosotros pudimos sacar 14 millones de personas de la pobreza”.

La frase presidencial combina una denuncia atendible -la existencia de intermediaciones opacas en la política social- con una conclusión discutible: que esa corrección administrativa permitió “sacar 14 millones de personas de la pobreza”. Milei presenta el problema como si la pobreza dependiera casi exclusivamente de quién distribuye el plan social y no de salarios, empleo, inflación, tarifas, alquileres, alimentos y caída del consumo. Todos esos indicadores están en negativo durante su gestión.  

El contrato social resquebrajado tiene un enorme impacto en el territorio, ese que miran sin sensibilidad en las oficinas de Buenos Aires. Por eso cobran relevancia las acciones que se toman en las provincias para proteger a sus ciudadanos. La suba de tarifas endeudó a miles de familias, que hoy no tienen cómo enfrentar el colapso de sus finanzas. Lejos de desentenderse, el Gobierno de Misiones decidió extender durante todo julio el programa de refinanciación de deudas acordado con Banco Macro, incorporando además nuevos beneficiarios y flexibilizando las condiciones de acceso.

El anuncio fue realizado por el gobernador Hugo Passalacqua, quien confirmó la continuidad de la operatoria especial destinada a trabajadores públicos provinciales y municipales, jubilados, pensionados y retirados provinciales. La principal novedad es que, por primera vez, también podrán acceder al beneficio los jubilados y pensionados de ANSES, que dependen del Estado nacional.

Esa misma lógica se traslada a las obras públicas y el acceso a servicios esenciales, que fueron dejados de lado por el Estado nacional. Las rutas nacionales están siendo reparadas -y mejoradas- con fondos provinciales y aún con escasos recursos, la prioridad es la cercanía con el vecino. 

En ese escenario se mueve con soltura Passalacqua, quien hace del mano a mano una cualidad de gestión y su principal activo en momentos en que comienza a definirse el futuro político que lo tiene como protagonista central de cara a 2027. 

El movimiento que diseña Passalacqua no desdeña edades y valora la experiencia. Sabe que hará falta mucha paciencia y un trabajo de orfebre para la construcción de un nuevo tiempo que contenga e incluya. Y esa visión está despertando una enorme adhesión, dentro de lo que fue la Renovación y también por fuera, con dirigentes y actores políticos y empresariales que coinciden con sus posiciones. 

Passalacqua está marcando su ritmo político. Renunció formalmente al aporte partidario a Encuentro Misionero -el espacio que venía a reemplazar a la caduca Renovación- y lo mismo hicieron funcionarios y dirigentes de primera línea. Pero va más allá en la diferenciación. Ordenó un plan para resolver los litigios pendientes de dos privatizaciones emblema de los 90 -el ex banco Provincia y el Instituto del Seguro- y puso fin al cobro anticipado de Ingresos Brutos en los controles de ingreso a Misiones, el fin de la mal llamada Aduana Paralela. También decidió recuperar el hotel de Turismo del Instituto de Previsión Social, que estaba en manos del grupo Bagú, en una fallida concesión que terminó en desbandada, maniobras fraudulentas y un tendal de deudas. La prioridad, marcó, fue cuidar el activo provincial y la integridad de los trabajadores.

Pero quizás el dato más saliente es que después del escándalo del streaming porteño Blender, que despidió a buena parte de su equipo en medio de trascendidos de vínculos financieros con Misiones, a través de holding empresarial que opera la aplicación Alegramed en el Parque de la Salud de Misiones, en la Gobernación se trabaja en la búsqueda de alternativas para desarmar la concesión y destinar esos recursos al servicio de salud.

El ministro de Desarrollo Social, Fernando Meza, quien iba a ser candidato a intendente de Posadas por Encuentro Misionero, sorprendió el viernes con una definición: “Voy a trabajar para que Hugo Passalacqua sea reelecto gobernador porque es el mejor hombre para transitar este tiempo distinto, mostrando la cercanía y templanza que necesita nuestra sociedad”, afirmó.

”No necesitamos un gobierno que prometa un final feliz; necesitamos un gobierno que se ocupe de cuidar, proteger y respetar a nuestro pueblo. Gobernar es priorizar y hoy necesitamos priorizar con racionalidad el cuidado de los sectores más desprotegidos. La situación social exige un gobierno que escuche, que camine los barrios y que esté cerca de la gente, conociendo de primera mano sus necesidades”, expresó.

La gestión de Passalacqua se distingue por el equilibrio económico con la prioridad puesta en generar soluciones. No es de ahora. Ya supo lidiar con otras crisis económicas nacionales desde su primer mandato. Ahí nacieron los Ahora, con el debut del Ahora Pan, que logró morigerar los aumentos que comenzaban a hacerse insoportables en el ocaso del gobierno de Mauricio Macri. Pequeñas medidas que impactan en la vida cotidiana. 

Ahora tiene que lidiar con las consecuencias de la desregulación yerbatera, un deseo de Macri que Milei hizo realidad. Y aunque sabe que la solución a la crisis de la producción no depende de herramientas provinciales, es constante la búsqueda de alivio. Hace unas horas recibió en Casa de Gobierno a representantes de empresas y cooperativas yerbateras de Misiones que fueron distinguidas en el primer Mundial de la Yerba Mate que se realizó en Buenos Aires. Durante el encuentro presentó una línea de créditos por más de $200 millones destinada al crecimiento de estas empresas y cooperativas.

La línea de créditos contará con requisitos flexibles y permitirá financiar inversiones en compra de materia prima, packaging, ampliación de la capacidad productiva, logística de comercialización y otras mejoras orientadas a responder al incremento de la demanda y consolidar la presencia de las marcas misioneras en nuevos mercados. “La yerba mate está en la profundidad de nuestra historia como misioneros, nos sigue apoyando, proyectando y representando como misioneros”, agregó. 

Mientras la Provincia se ocupa, Nación desprecia el reclamo de los productores y desdeña los datos que ponen en evidencia el fiasco de la desregulación. En su breve paso por Misiones este sábado, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ratificó que no hay ninguna posibilidad de revisar el dogma libertario. “Nuestra agenda es desregular, o sea, esto lo ha de haber explicado hasta el cansancio Adrián (Núñez), Diego (Hartfield), Maura (Gruber). Sabemos la postura que tenemos sobre el tema. Nosotros creemos que abriendo el comercio, generando más exportaciones, no tiene que intervenir el Estado. A la larga no tiene que intervenir el Estado, va a ser lo más beneficioso, por más que la transición por ahí un poco cueste, va a ser lo más beneficioso”, remarcó Menem, echando por tierra la posibilidad de que la reunión a la que accedió Federico Sturzenegger para el miércoles, sirva para provocar algún cambio. 

No alcanza simplemente con “creer”. Los datos marcan lo contrario. Entre enero y mayo reflejan una caída simultánea en la producción, consumo y exportaciones. El resultado es una contracción general del mercado que confirma las advertencias que vienen realizando productores, cooperativas e industrias sobre el deterioro de la cadena. La combinación de menores ventas internas y exportaciones en retroceso impactó directamente sobre el volumen total comercializado por la cadena. Entre enero y mayo de 2026, las salidas de molino destinadas al mercado interno y al exterior sumaron 131,90 millones de kilos. En igual período de 2025 habían alcanzado 135,79 millones de kilos.La diferencia es de 3,89 millones de kilos, equivalente a una caída cercana al 2,9% interanual.

Menem exteriorizó la plataforma electoral de la Libertad Avanza para Misiones. Formó parte de la comitiva de Karina Milei, quien en Posadas confirmó que trabajará por la reelección de su hermano, campaña que se lanza apenas unas horas después de que despidieran con honores a Manuel Adorni, en medio de un escándalo de corrupción que todavía no tiene escrito su final. 

La desregulación yerbatera es uno de los pilares del plan para Misiones. Los otros serán diseñados por el equipo de directores académicos de la “Escuela” presentada por Karina. Ese equipo está integrado por Gerardo Alonso Schwarz, quien ya había trabajado en la plataforma de Patricia Bullrich, Eduardo Cazenave, Daniel Ricardo García -abogado y especialista en derecho tributario- y el abogado peronista Martín Ayala. Valeria Soczyuk (¿candidata a vice?) será la “coordinadora” de la Escuela.

Los nombres de dirigentes de otros partidos no deben sorprender. El gabinete de Milei es hoy una colección de funcionarios con larga tradición. De la promesa de ponerle fin a la casta a nutrirse de ella. El nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, tiene origen peronista y viene del PRO, lo mismo que Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno. Federico Sturzenegger es el de mayor “trayectoria”, con pasado en la alianza radical y Cambiemos, curriculum que compartía con la ahora senadora Patricia Bullrich, quien se inició como montonera, pasó por la alianza y Cambiemos, antes de ser ministra de Milei y ahora posible rival interna. Su sucesora en Seguridad Alejandra Monteoliva también es del PRO, lo mismo que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Casi el segundo tiempo que prometía Macri. 

Pero como en aquel primer tiempo, el deterioro social y económico comienza a ser un factor político clave. 

Si el Gobierno apuesta a que la desaceleración de la inflación alcance para sostener el respaldo político, las encuestas comienzan a mostrar que esa ecuación perdió eficacia. La inflación sigue siendo la principal preocupación de los argentinos, pero ya no monopoliza el humor social. Una encuesta nacional de Management & Fit revela que la desaprobación de la gestión de Milei alcanzó el 58,2%, el nivel más alto desde el inicio de su mandato, mientras que la aprobación cayó al 37,3%. Más significativo aún es el cambio de prioridades: la corrupción escaló hasta convertirse en el segundo problema que más preocupa a la sociedad, apenas por detrás de la inflación, y siete de cada diez consultados sostienen que el escándalo Adorni afecta su confianza en el Gobierno.

El dato resulta especialmente revelador porque coincide con una economía que, aunque exhibe una inflación en descenso, todavía no logra traducir esa mejora macroeconómica en una recuperación palpable del bienestar cotidiano. Más del 84% de los encuestados admite haber modificado sus hábitos de consumo durante el último año; la mayoría postergó compras, redujo el consumo de carne o reemplazó productos por opciones más económicas. La dificultad para llegar a fin de mes y los bajos ingresos continúan encabezando las preocupaciones personales, mientras cuatro de cada diez argentinos califican negativamente su situación económica. La estabilidad de los precios, por sí sola, dejó de ser suficiente cuando el bolsillo sigue sin percibir alivio.

Sin embargo, el panorama político conserva una paradoja que explica buena parte de la fortaleza del oficialismo. Pese al desgaste de la gestión y al aumento del malestar social, la oposición todavía no consigue consolidar una alternativa competitiva. Un 41,4% de los consultados votaría por alguna forma de continuidad del actual Gobierno -aunque la mayoría reclama cambios en la política económica-, mientras dos tercios aseguran que volverían a votar igual que en 2023. Es un respaldo menos entusiasta y más condicionado que hace un año, pero suficiente para demostrar que el principal desafío de Milei ya no es únicamente sostener la baja de la inflación: es reconstruir la confianza antes de que el desgaste económico y los cuestionamientos éticos terminen erosionando el activo político que aún conserva.

Ese es el escenario de cara a 2027. Sin liderazgos claros en la oposición y con un Gobierno nacional que se desentiende de la suerte de las provincias. 

En ese camino, una encuesta de  MRVT Consultora, revela que Passalacqua consolida un contundente 62% de imagen positiva. El informe explica cómo las medidas microeconómicas clave de fin de junio (eliminación del cobro anticipado de Ingresos Brutos en Ruta, programas Ahora y exenciones a billeteras virtuales) blindaron su gestión frente a la crisis nacional. 

En marcado contraste, la imagen negativa de Milei trepó al 64% y su positividad cayó al 32% (un diferencial neto de -32 puntos), arrastrada por el impacto de las tarifas y el ajuste. 

Otro dato es el “Fin de la Neutralidad”: el segmento de indecisos cayó a su mínimo histórico (4%), volcándose directo hacia la desaprobación de la gestión nacional.

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Energía extiende subsidios y busca amortiguar el impacto tarifario del invierno

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El Gobierno nacional resolvió sostener y ampliar parcialmente las bonificaciones extraordinarias sobre tarifas de electricidad y gas para los usuarios alcanzados por el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), en un contexto de mayor demanda por las bajas temperaturas y creciente sensibilidad social frente al costo de los servicios públicos.

La medida quedó formalizada este miércoles mediante la Resolución 121/2026 de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. La norma prorroga durante junio la bonificación adicional del 25% para usuarios de gas natural y gas propano por redes, mientras que para la electricidad fija un nuevo esquema extraordinario del 11,97% sobre el consumo base subsidiado.

La decisión aparece en un momento delicado para la política tarifaria del Gobierno de Javier Milei. Aunque la administración nacional mantiene su estrategia de reducción de subsidios y recomposición de precios relativos, el incremento del consumo energético en invierno obliga a introducir mecanismos de contención para evitar un deterioro más acelerado del ingreso disponible de los hogares.

Un esquema de subsidios que busca sostener la gradualidad

El SEF fue creado por el Decreto 943/2025 como parte de la reorganización integral de los subsidios energéticos nacionales. El sistema unificó beneficios sobre electricidad, gas natural y gas propano bajo un esquema focalizado, con bonificaciones segmentadas según nivel de ingresos y consumos base.

Ahora, la Secretaría de Energía decidió mantener para junio el refuerzo extraordinario del 25% aplicado sobre las tarifas de gas. Según los fundamentos oficiales, el aumento del consumo estacional y los mayores costos de abastecimiento —incluidas importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) y combustibles sustitutos expuestos a precios internacionales— justifican la continuidad del alivio tarifario.

En el caso de la electricidad, la cartera energética modificó el porcentaje extraordinario que había sido fijado previamente para mayo, junio y julio. Para junio, la bonificación adicional pasará a ser de 11,97% sobre un consumo base de hasta 300 kWh mensuales para usuarios residenciales beneficiarios del SEF.

La resolución sostiene que el objetivo es “morigerar el impacto tarifario” y preservar criterios de “gradualidad, razonabilidad y previsibilidad” en el proceso de reestructuración de subsidios.

La medida alcanza a usuarios residenciales incluidos dentro del régimen SEF y también a entidades sin fines de lucro contempladas por las leyes de Clubes de Barrio y Entidades de Bien Público.

En términos prácticos, el Gobierno evita por ahora un traslado pleno del costo energético durante el pico de demanda invernal. El alivio será especialmente relevante en gas natural, donde el consumo residencial suele dispararse durante junio y julio.

La resolución también instruye al nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad —creado tras la unificación del ENRE y ENARGAS— a reflejar los cambios en los cuadros tarifarios y mecanismos de facturación.

La consolidación del nuevo ente regulador marca además un movimiento institucional relevante dentro de la reforma energética impulsada por Economía. Con la integración de las funciones regulatorias, el Ejecutivo busca centralizar decisiones y acelerar la implementación de la nueva política tarifaria.

La tensión entre ajuste fiscal y contención social

La resolución expone una de las tensiones centrales de la política económica actual: cómo avanzar en la reducción de subsidios sin provocar un deterioro abrupto del consumo y del poder adquisitivo.

El Gobierno sostiene públicamente la necesidad de sincerar tarifas para reducir el peso del gasto público energético. Sin embargo, el incremento estacional del consumo obliga a moderar parcialmente el ritmo del ajuste para evitar un impacto más severo en hogares de menores ingresos.

La decisión también muestra que el proceso de segmentación aún requiere mecanismos compensatorios extraordinarios, incluso en un escenario de fuerte disciplina fiscal.

En paralelo, la resolución reconoce indirectamente otra variable sensible: la volatilidad internacional del mercado energético. El costo del GNL importado y de combustibles sustitutos continúa condicionando la estructura tarifaria argentina y limita el margen de maniobra fiscal.

En Misiones, donde el consumo eléctrico residencial suele incrementarse tanto en invierno como en verano por cuestiones climáticas, las bonificaciones adicionales pueden contribuir a amortiguar subas en las facturas durante junio.

El caso del gas presenta una particularidad regional: gran parte del NEA aún no cuenta con cobertura masiva de gas natural por redes, por lo que el alcance efectivo del beneficio dependerá del tipo de abastecimiento disponible en cada localidad.

La resolución también incorpora a cooperativas, distribuidoras provinciales y organismos locales dentro del esquema operativo de implementación, un aspecto relevante en provincias donde el sistema energético tiene fuerte participación de prestadores públicos y cooperativos.

Un invierno con presión sobre tarifas y consumo

La continuidad de las bonificaciones extraordinarias deja abierto un interrogante central para los próximos meses: hasta dónde podrá sostener el Gobierno mecanismos de compensación tarifaria mientras mantiene su programa de ajuste fiscal.

La evolución de las temperaturas, el costo internacional de la energía y el comportamiento del consumo residencial serán variables determinantes en el segundo semestre.

Por ahora, Economía optó por una estrategia intermedia: sostener el sendero de reducción de subsidios, pero evitando un shock tarifario pleno en el momento de mayor demanda energética del año.

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Las tarifas eléctricas y de gas profundizan la brecha regional y exponen el costo desigual de la quita de subsidios

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La reconfiguración del esquema de subsidios energéticos y la actualización de tarifas impulsada por el Gobierno nacional consolidaron un mapa de fuertes asimetrías en el costo de la electricidad y el gas entre provincias argentinas. Según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, las diferencias entre jurisdicciones alcanzan niveles significativos incluso dentro de un mismo segmento de usuarios.

Los datos muestran que la combinación entre quita de subsidios, precios estacionales de la energía, costos de distribución y condiciones regionales generó un escenario de tarifas fragmentadas, donde el lugar de residencia se volvió determinante para el peso de los servicios públicos sobre los ingresos familiares.

La Patagonia concentra las tarifas más altas

En electricidad, Neuquén registró en mayo la factura promedio más elevada del país entre usuarios con subsidio: $88.924 mensuales. Detrás quedaron Río Negro ($84.549), Puerto Madryn ($76.823) y Salta ($69.343).

En el caso de usuarios sin subsidios, la diferencia se amplía todavía más. Neuquén volvió a liderar con boletas promedio de $153.580, seguida por Río Negro ($115.282), Puerto Madryn ($109.618) y Santa Fe ($101.213).

En contraste, las facturas más bajas se registraron en Formosa ($25.321), La Rioja ($27.191) y las áreas de Edenor y Edesur en el AMBA, donde las boletas subsidiadas rondaron entre $28.000 y $29.000.

El informe atribuye parte de estas diferencias al esquema de actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), que varía según cada provincia, y a la transición dispar hacia el nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados.

Gas: la brecha regional se vuelve todavía más marcada

La desigualdad tarifaria se profundiza en el servicio de gas por red, donde las diferencias climáticas y los criterios regulatorios generan una dispersión aún mayor.

Entre los usuarios sin subsidios, Tierra del Fuego encabezó el ranking con facturas promedio de $209.502 mensuales. Le siguieron Santa Cruz ($200.941), Chubut Sur ($128.359) y Neuquén ($104.503).

En el extremo opuesto quedaron Tucumán ($36.979), el norte bonaerense ($41.660), Salta ($44.004) y La Puna ($44.174).

Para los usuarios con subsidios, la lógica se mantuvo: Tierra del Fuego registró boletas promedio de $127.893 y Santa Cruz de $123.423, mientras que Tucumán mostró los valores más bajos, con $30.148.

El IIEP explicó que el nuevo esquema tarifario distingue entre usuarios con y sin subsidios. Los primeros reciben una bonificación del 50% más un 25% adicional sobre el costo de abastecimiento del gas hasta determinados umbrales de consumo regional.

El trasfondo político del nuevo esquema energético

La discusión excede lo técnico. La política tarifaria se convirtió en uno de los pilares centrales del programa económico del Gobierno de Javier Milei, que busca reducir subsidios para consolidar el equilibrio fiscal y corregir precios relativos.

Sin embargo, el informe también deja expuesta una tensión estructural: la transición hacia tarifas más cercanas al costo real impacta de manera desigual según ubicación geográfica, condiciones climáticas y estructura distributiva de cada provincia.

El esquema actual combina decisiones nacionales —como la Resolución 109/26 que fijó los precios estacionales de la energía desde mayo— con regulaciones provinciales vinculadas al VAD y a los cuadros tarifarios locales.

Ese entramado termina configurando un mapa energético donde los costos finales pueden duplicarse o triplicarse entre jurisdicciones.

El informe del IIEP vuelve a poner sobre la mesa una discusión histórica del sistema energético argentino: hasta qué punto el esquema de subsidios y tarifas puede sostener criterios homogéneos en un país con fuertes diferencias climáticas, demográficas y productivas.

Mientras el Gobierno avanza en la reducción del peso fiscal de los subsidios, las provincias continúan ajustando sus cuadros tarifarios y adaptando los mecanismos de segmentación.

La evolución de los precios de la energía, el ritmo de actualización del VAD y el impacto social de las facturas serán variables clave para medir hasta dónde puede sostenerse el actual proceso de reordenamiento tarifario sin profundizar tensiones regionales.

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Tarifas de energía: el nuevo sistema de subsidios regirá desde febrero y cambia el criterio de acceso

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El Ejecutivo nacional demoró la puesta en marcha del nuevo esquema de subsidios a las tarifas de gas, electricidad y garrafas, que finalmente entraría en vigencia en febrero. La postergación responde a pasos administrativos pendientes y trasladará el impacto en las boletas recién a marzo, en el marco de un rediseño profundo del sistema de asistencia energética que elimina la segmentación por ingresos y avanza hacia un modelo focalizado.

La decisión introduce un compás de espera en una de las reformas clave de la política energética, con impacto directo sobre hogares, empresas distribuidoras y las cuentas públicas. Si bien el nuevo régimen ya fue definido por decreto, su aplicación efectiva quedó sujeta a la reglamentación y a la actualización formal de los precios mayoristas de la energía.

Demoras administrativas y nuevo cronograma de aplicación

Según confirmaron fuentes oficiales, la implementación del nuevo esquema de subsidios se retrasó debido a que aún resta la publicación de un decreto reglamentario y, posteriormente, la Secretaría de Energía debe oficializar los nuevos precios del gas y de la generación eléctrica. La falta de cumplimiento de esos pasos administrativos impidió que el régimen entre en vigencia en enero, como se preveía inicialmente.

Con ese escenario, el Gobierno ahora apunta a que el nuevo sistema comience a regir en febrero, mientras que el impacto en las facturas se reflejaría recién a partir de marzo, una vez que los cuadros tarifarios actualizados lleguen a los usuarios finales.

En el Ejecutivo confían en completar el proceso normativo en las próximas semanas para evitar nuevas dilaciones, en un contexto de fuerte presión fiscal y de revisión integral de los subsidios económicos.

Fin de la segmentación y nacimiento de los Subsidios Energéticos Focalizados

Aunque su aplicación quedó demorada, el nuevo esquema ya fue establecido por el Decreto 943, publicado el 2 de enero en el Boletín Oficial, y marcó un punto de inflexión en la política tarifaria. La norma puso fin al sistema de segmentación por ingresos vigente desde 2022, que dividía a los usuarios residenciales en tres niveles, y lo reemplazó por un modelo simplificado de dos grupos: hogares que reciben subsidios y hogares que pagan el costo pleno de la energía.

El régimen fue denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y tiene como objetivos centrales trasladar de manera gradual los costos reales de la energía, promover un consumo más eficiente y garantizar un acceso básico para los sectores más vulnerables.

Según el decreto, el acceso a la asistencia estatal quedará limitado a los hogares con ingresos mensuales inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), tomando como referencia los valores del Indec a noviembre de 2025. Este criterio redefine el universo de beneficiarios y apunta a concentrar el gasto público en los sectores de menores recursos.

Topes de consumo, control y un registro unificado de beneficiarios

Además de redefinir quiénes acceden al subsidio, el nuevo esquema introduce bloques de consumo base diferenciados para la electricidad. Durante los meses de enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre, el consumo subsidiado será de hasta 300 kilovatios hora (kWh) mensuales. En cambio, en marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre, el tope se reducirá a 150 kWh mensuales.

La normativa también habilita a la Secretaría de Energía a fijar consumos diferenciados para zonas frías y regiones más cálidas, reconociendo las particularidades climáticas del país. Asimismo, la autoridad energética podrá revisar periódicamente los volúmenes subsidiados y las bonificaciones, con el objetivo de sostener la gradualidad del esquema y acompañar la adopción de hábitos de consumo más eficientes.

En paralelo, el Gobierno creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que dependerá del Ministerio de Economía y se apoyará en la base de datos del Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), vigente desde 2022. Las personas que ya estaban inscriptas no deberán realizar un nuevo trámite, ya que la información será migrada automáticamente, aunque podrán actualizar sus datos mediante una declaración jurada.

Impacto esperado y señales al mercado energético

La postergación del nuevo esquema introduce una breve tregua para los usuarios residenciales, pero mantiene latente el debate sobre el impacto en las boletas y la reducción del gasto en subsidios, uno de los objetivos centrales de la política económica. Para las empresas del sector energético, la definición de los nuevos precios mayoristas será clave para recomponer ingresos y previsibilidad, mientras que para el Estado el desafío pasa por sostener la asistencia sin profundizar el desequilibrio fiscal.

Con la mira puesta en febrero y marzo, el Gobierno busca avanzar en un rediseño estructural de los subsidios energéticos, en un contexto de ajuste gradual, revisión del rol del Estado y presión sobre los ingresos de los hogares.

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